Como si fueran piñatas, el Presidente rellena las instituciones con lo que tiene a la mano. Las más recientes víctimas de su abollado criterio (o de la necesidad de cubrir la retirada) son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
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Las redes sociales aún ardían por la extraña declaración de que no se despierta pensando en joder a México, cuando Peña Nieto se dio el lujo de hacer dos nombramientos a los que ya les han llovido duras críticas y documentados cuestionamientos: Arely Gómez a la SFP y Raúl Cervantes a la PGR. Ambos, por cierto, senadores del PRI.
Una más en la dinámica de quien lleva un rato lanzando puras bolas malas y se da el lujo de pedir que le canten una buena. De hecho, prácticamente un anuncio de que en los Pinos comienzan a mover los peones con los que buscan asegurar la impunidad. Así, entre otras características, el de Peña Nieto es un gobierno de maltrato a las instituciones por la vía de las designaciones. En especial a las que se encargan de asuntos jurídicos delicados.
Y es que la mirada de estadista del Presidente en este asunto apenas le alcanza para voltear hacia Toluca. Si bien nos va, quizá busque a alguien de su círculo íntimo. Ver más lejos o fuera de esas listas luce un esfuerzo político superior.
Las pruebas están ahí. La Secretaría de la Función Pública, que es la institución responsable del tema de corrupción en el gobierno federal, estuvo sin titular la friolera cantidad de 26 meses.
Si el vacío en una institución encargada de combatir la corrupción es grave, qué decir del sometimiento. Tuvo que estallar el conflicto de interés por las casas en Malinalco y las Lomas, para que Peña Nieto decidiera nombrar un secretario en la Función Pública. ¿Qué hizo? Nombró a un amigo personal sin credenciales ni mérito para el cargo: Virgilio Andrade.
El tema de Andrade se ha abordado hasta el cansancio. Renunció hace 3 meses, no sin antes dejar tras de sí un par de escándalos por abuso de autoridad y gastos suntuarios con cargo al presupuesto. Ahora llega a conducir ese remedo de institución Arely Gómez, quien puede presumir en su currículum que desde la PGR estiró la simulación sobre el caso Ayotzinapa y visitó el túnel por el que escapó el Chapo.
Peña Nieto ha logrado incluir los puestos públicos en el mercado del intercambio, el chantaje y el favoritismo. Con el país inmerso desde hace casi una década en una crisis de violencia y seguridad, le tomó cinco meses nombrar a un Subsecretario de Prevención del Delito. Cuando lo hizo eligió Arturo Escobar, cuyos escándalos en el manejo de recursos públicos y actividades electorales ilícitas, tienen amplia documentación. De hecho, a escasos meses de asumir el encargo, Escobar se vio forzado a renunciar por las acusaciones que en su contra
La lista de instituciones que Peña Nieto no haya dejado maltrecha con el envío de sus compadres se reduce. Ahí está Alfredo Castillo, que un día amanece de Procurador Federal del Consumidor, otro de Comisionado en Michoacán o de titular del deporte nacional. O Bazbaz en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Cuando hubo que nombrar el pleno del INAI, Peña Nieto echo mano del inventario de mexiquenses incondicionales. A la Suprema Corte le agarró coraje y se empeñó en filtrarle amigos. Primero Medina Mora y –a pesar de los costos para la legitimidad del Máximo Tribunal- después se permitió la intentona de designar a Alejandro Gómez Sánchez.
Como se aprecia, el asunto no puede verse aislado. Esos son el tipo de nombramientos, designaciones y postulaciones que anteceden al de Cervantes en la Procuraduría General de la República. Una designación así (y el diseño de la PGR misma) requiere un amplio debate nacional, como lo han pedido mas de 200 personas y 50 organizaciones especialistas en temas de derecho penal y procuración de justicia.
El horno no está para bollos. De acuerdo con el Centro de Estudios del Sector Privado, el nivel de honestidad del MP es de alrededor de 37%, es decir, que sólo en tres de cada 10 ocasiones actúa honestamente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la seguridad pública, 2013, coordinada por el INEGI, muestran que 65% de quienes tienen 18 años o más cree que los Ministerios Públicos son corruptos.
El Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2015) encontró que cuando se trata de investigar delitos, la gente no confía en las autoridades ni para el primer paso: la denuncia. El informe sostiene que 61% de los mexicanos que fueron víctimas de un delito o que viven con una víctima del delito no denunciaron. 63% de los mexicano no denunció porque “no sirve de nada”; y 52% “por falta de confianza en las autoridades”.
Con un poder legislativo complaciente y sin asumir su papel de contrapeso, las instituciones se siguen alejando de la ciudadanía. Mientras, a Peña Nieto le queda corto el número de puestos para tanto compadre por acomodar.
Fuente.-Miguel Pulido
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