Hace unos días la presidencia de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Conducef), a cargo de Mario Di Costanzo, recibió una extraña queja “por discriminación de la banca” al negarle la prestación de servicios financieros a una empresaria.
El abogado que entregó dicho recurso acreditó ser el representante legal de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, aquella mujer que estuvo recluida varios años en una prisión de alta seguridad por los delitos de delincuencia organizada (liderar una banda del narcotráfico) y lavado de dinero producto del tráfico de drogas.
Apenas a principios del año pasado, Ávila Beltrán recuperó su libertad después de permanecer 7 años en reclusión. Un magistrado la absolvió por falta de pruebas y la Reina del Pacífico recuperó sus derechos ciudadanos, mismos que ahora le niegan los bancos extranjeros que operan en México, por considerarla todavía “una persona peligrosa”.
Los bancos que le han negado a Ávila Beltrán servicios –como apertura de cuentas, expedición de chequera y hasta el uso de tarjetas de crédito y de débito– lo que menos quieren es recibir alguna sanción de las autoridades financieras fiscalizadoras del país, que en este caso serían la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que organismos internacionales como la OFAC (Oficina Federal para el Control de Activos del Tesoro estadunidense) han advertido a sus bancos que fiscalicen a sus clientes a fin de evitar el blanqueo de capitales, por lo cual les han autorizado negar el servicio bancario a quien consideren peligroso o que su dinero es de dudosa procedencia.
Fue en la columna IQ Financiero, de Claudia Villegas, en donde se conoció por primera vez esta discriminación a la que nos tienen acostumbrados los bancos extranjeros que operan en México, en donde la periodista comenta que ahora resulta que Sandra Ávila, quien en todo momento ha sostenido que su dinero es lícito producto de sus actividades empresariales, al recuperar su libertad en febrero de 2015 y ser totalmente absuelta, buscó también recuperar su vida y sus negocios, pero éstos derechos le han sido negados por decisión de empleados bancarios.
Por supuesto que este caso de maltrato de la banca a sus clientes es uno más de los muchos documentados por la prensa, pues es común que los servicios financieros sean negados a quienes aparecen en la lista de las personas políticamente expuestas (Ppes). Un amigo abogado me comentó que acudió al banco para abrir una cuenta de cheques y solicitar una tarjeta de crédito, pero la institución financiera revisó sus listados y le informó que no podía proporcionarle el servicio. Al preguntar el litigante el motivo, el empleado le dijo que aparecía como una persona políticamente expuesta y eso significaba que no podía proporcionarle el servicio. Sorprendido, el abogado se dio la vuelta y se enfiló a la salida del banco, pero antes alcanzó a decir: “Al fin que ni quería”.
Lo preocupante de todo esto es que las autoridades poco o nada hacen para solucionar estos abusos de las instituciones financieras, las cuales además de dar un pésimo servicio a la población que requiere sus servicios, se abrogan el derecho de rechazar a quienes las autoridades hacendarias consideran como Ppes, de tal manera que gobierno y banca abusan de los usuarios en lugar de perseguir en realidad a los verdaderos blanqueadores de dinero sucio, que en la mayoría de los casos son los propios prestadores de servicios financieros, quienes ocultan y protegen las cuentas bancarias que son abultadas con dinero del narcotráfico, de la corrupción gubernamental y de los grandes fraudes financieros.
Nos cuentan que el abogado que llegó hasta la presidencia de la Conducef llevaba bajo el brazo la queja que presentaría en contra de varias instituciones de crédito, desde las más importantes como Citibank-Banamex hasta pequeños bancos que le negaron la posibilidad de aperturar una cuenta para su cliente.
La pregunta es si la banca tiene el derecho o las bases legales para negarle el servicio a una empresaria que ya fue exonerada por la autoridad judicial, y aún más considerarla como “un riesgo” y una “publicidad negativa” para aquel que se atreva a prestarle servicios financieros.
La pregunta es si la banca tiene el derecho o las bases legales para negarle el servicio a una empresaria que ya fue exonerada por la autoridad judicial, y aún más considerarla como “un riesgo” y una “publicidad negativa” para aquel que se atreva a prestarle servicios financieros.
Sandra Ávila Beltrán siguió todos los procedimientos que ofrece la Condusef en el caso de instituciones que se niegan a dar servicios a ciertos clientes; sin embargo, hasta ahora no ha logrado el servicio de la banca porque los bancos sostienen que no pueden bajo ninguna circunstancia permitir el registro en sus sistemas y en sus circuitos de personas con el perfil de la Reina del Pacífico, pues las consecuencias serían muy costosas, según ellos.
Uno de los bancos con capital estadunidense que se negó a abrir la cuenta de Sandra Ávila argumentó que de acceder a la petición de servicio por parte del abogado de Ávila, corría el riesgo de ser sancionado por el gobierno de su país, que prohíbe toda relación con personajes vinculados con actividades ilícitas. Pero Sandra Ávila fue exonerada por la justicia mexicana, argumentó ante la Condusef el litigante que también encabeza otros casos pues busca recuperar derechos y activos de Ávila en varias instituciones.
Los abogados de Ávila se ocupan de otros casos ante aseguradoras con las cuales su cliente abrió hace casi 10 años contratos y que ahora argumentan desconocerlos, porque aseguran que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita, y así pretenden quedarse con dichos fondos.
Al inicio de su proceso, Ávila Beltrán se declaró culpable de apoyar a su novio Diego Espinosa Ramírez, alias el Tigre, un narcotraficante arrestado en 2009. Ávila fue extraditada de una prisión en Estados Unidos, pasó por cárceles de Miami, Lousiana y Texas.
Bancos como Citibank han sido sancionados e investigados por el Congreso de Estados Unidos y por el Departamento del Tesoro luego de permitir en sus circuitos financieros el movimiento de dinero de procedencia ilícita. Desde el escandaloso caso de Raúl Salinas de Gortari que movió dinero sucio en Citibank, éste ha estado bajo la mira de las autoridades que vigilan el blanqueo de capitales en ese país. En julio de 2015, Banamex decidió cerrar las operaciones de Banamex USA y ahora se ha anunciado que en México dejará de llamarse Banamex y pasará a ser Citibanamex.
Fuente.-Miguel Badillo
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