En los últimos 10 años, mil 25 miembros de las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y Marina han caído en prisiones federales.
Un tercio de ellos fueron apresados en 2015 y siete de cada 10 uniformados han sido acusados de delincuencia organizada.
Una solicitud de información titulada Personal privado de su libertad que laboraron en Seguridad Pública, Defensa Nacional o Marina que ingresaron a centros penitenciarios federales, del periodo comprendido de 2006-2016”, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y en manos de EL UNIVERSAL, destaca que los militares encarcelados en su mayoría son cabos. Se registran un ex teniente coronel, un teniente y siete sargentos, detenidos por delitos contra la salud.
Una solicitud de información titulada Personal privado de su libertad que laboraron en Seguridad Pública, Defensa Nacional o Marina que ingresaron a centros penitenciarios federales, del periodo comprendido de 2006-2016”, expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y en manos de EL UNIVERSAL, destaca que los militares encarcelados en su mayoría son cabos. Se registran un ex teniente coronel, un teniente y siete sargentos, detenidos por delitos contra la salud.
Los marinos presos presentan cargos en su contra por delincuencia organizada y extorsión, y los encarcelados de Seguridad Pública en su mayoría son policías municipales acusados de homicidio y delincuencia organizada.
La información entregada por el OADPRS fue desglosada por prisiones federales y sólo en algunas de ellas se dio información sobre el rango de los presos. Las prisiones son los Centros Federal de Readaptación Social números 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 13.
En los 10 años reportados se cometieron más de mil 500 delitos por parte de quienes alguna vez trabajaron en la seguridad de la población. Eso quiere decir que cada uno de ellos cometió 1.5 delitos en promedio, aunque se registran casos con más de cinco ilícitos.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica que en la lucha contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe Calderón, los militares estuvieron más expuestos y con mayor factibilidad de incurrir en irregularidades vinculadas con el crimen organizado.
“Esta exposición, no sólo al enfrentar a la delincuencia organizada, los ponía en una situación de riesgo de poder, incluso de incorporarse a las filas de organizaciones delictivas”.
El total de ex militares recluidos representa 15% de los trabajadores de la Sedena, la mayoría por delitos contra la salud.
En instituciones de Seguridad Pública cometieron ilícitos como secuestros, homicidios y delitos contra la salud, mientras que la mayoría de los militares tienen acusaciones de actos contra la salud, por narcomenudeo o por permitir el paso de drogas. Los marinos están presos por delincuencia organizada y extorsión.
“Esto habla de la colusión de la delincuencia organizada con ciertos segmentos de las fuerzas federales, de las formas de reclutamiento de soldados, marinos y policías, y también contra la expectativa, sí hay un número menor de Fuerzas Armadas que están siendo procesadas en el fuero civil”, comenta Alejandro Hope, experto en seguridad.
De los presos, 87% están en prisión por delitos del fuero federal; 7.9% por fuero común, y 4.9% por el militar. Para Hope, esto significa que no hay espacios en las prisiones castrenses y por eso los militares cumplen sus condenas en penales federales.
En septiembre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que mil 63 militares cumplen su pena en cárceles castrenses. La mayoría, 55%, todavía no tiene una sentencia.
“Habría que darle un seguimiento a los procesados para ver a cuántos se les sentencia y que no pase como en el michoacanazo (38 funcionarios y jefes policiales en Michoacán fueron aprehendidos por sus presuntos nexos con el crimen, pero todos salieron libres), que no se les pudo comprobar los cargos. Muchas veces la impotencia en la capacidad de investigación de las autoridades la compensan con prolongadas prisiones preventivas, eso como sociedad nos debe de inquietar.
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“Primero porque sea un porcentaje significativo de personas vinculado con el aparato de seguridad y en modalidad de delincuencia organizada, y porque es inquietante que no se haga una investigación para realmente cumplir los fines del sistema penal. Es procurar que el inocente no padezca en el proceso y quienes son realmente responsables no resulten absueltos por una mala investigación”.
El desglose
En el periodo con el mayor número de ingresos a centros penitenciarios federales en los últimos años, 2014-2016, se concentra 58.9% de las capturas. “En los años que hay mayor detención es cuando ha habido mayor combate en las fuerzas federales. Eso habla también de la intensificación de la participación de las Fuerzas Armadas, federales en general, en el combate a la delincuencia organizada. Podría aumentar esta cifra. Probablemente sea gente que está en primera línea”, destaca Hope.
En el desglose se observa que en los primeros cuatro años del gobierno del ex presidente Felipe Calderón no hubo un gran número de apresados de estas áreas, ya que de 2006 a 2010 sólo se concentra 6% del total.
Guillermo Zepeda Lecuona, académico del ITESO, comenta que esto se entiende porque “se dedicaron 11 mil millones de pesos a la construcción de penales federales en el sexenio de Calderón (…). Pasaron de 25 mil internos federales a 47 mil, casi se duplicó porque era la meta de entonces: que los internos federales estuvieran en centros penitenciarios federales”.
Los penales con más reclusos con currículum en dependencias de seguridad son el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, con 201: 155 de seguridad pública y 46 de la Sedena; el Cefereso número 5 Oriente, con 166: 71 de seguridad pública y 95 de Sedena; el 14, con 108: 97 de seguridad pública, 10 de Sedena y un marino, y el número 12, con 105: 89 de seguridad pública, 14 de Sedena y dos marinos.
En las últimas semanas surgieron casos de policías cometiendo delitos dentro y fuera de sus horarios de trabajo.
Uno de los casos más recientes es el del presunto responsable del asesinato del director de cine León Serment, quien era policía preventivo en la Ciudad de México.
La Procuraduría General de la República indaga a las policías municipales de Badiraguato y Culiacán, Sinaloa, sobre la posible participación en la emboscada contra militares, que, de confirmarse, sería otro caso.
Más de 60% de la población mexicana considera que las policías estatales son corruptas, reportó el mes pasado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Una encuesta realizada por la organización civil Causa Común, que se dedica al estudio de instituciones policiacas, muestra que en México siete de cada 10 policías no sienten reconocimiento a su labor y que ocho de cada 10 nunca han tenido un ascenso.
El investigador Juan Pablo Arango asegura: “Para ellos representa lo mismo estar en el crimen organizado que en la policía, porque el nivel de riesgo es el mismo, y por lo menos en el crimen organizado tienen ciertas garantías respecto a sus ingresos, ya que si morían les garantizaban una cuota para su familia. El propio sistema de gobierno los orilla a que se cometan ese tipo de situaciones”.
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