La expulsión de tres candidatos del PRI a alcaldías de Tamaulipas revela dos duras realidades: la intromisión del narco en las elecciones y la falta de filtros en los partidos para revisar los antecedentes de sus políticos.
Todo
indica que el narco se ha enseñoreado –otra vez- de las elecciones en algunos
estados.
La expulsión de
tres candidatos del PRI a alcaldes en Tamaulipas, destapó lo que es una
sospecha generalizada en esa entidad: el narco es el actor principal en ese
escenario.
El hecho también
destapó otra realidad: los partidos políticos carecen de mecanismos que les
permitan tener certeza de que sus candidatos están libres de vínculos con el
crimen organizado.
Ya en el pasado
la participación del crimen en las elecciones ha traído eventos desafortunados
en los estados.
El asesinato de
un candidato a gobernador o el descubrimiento de que un alcalde tenía vínculos
con el crimen organizado y “entregó” la policía a los grupos criminales, han
sido pruebas fehacientes de que la delincuencia organizada tiene interés en
entrar al gobierno de las comunidades.
Como en cada
proceso electoral, los discursos de los dirigentes de los partidos políticos y
las autoridades electorales aseguran que todas las etapas de la elección están
blindadas.
La falta de
protocolos establecidos y garantizados para evitar la infiltración del crimen
en las elecciones, ha politizado el tema.
Líderes de
partidos y autoridades federales se culpan y se retan mutuamente para que el
crimen organizado no participe en las elecciones. Lo único cierto es que nadie
tiene la capacidad de evitar que esto suceda.
El Instituto
Nacional Electoral (INE) ha alertado sobre algunos estados donde se tienen
localizados puntos de conflicto por la presencia de cárteles de la droga.
Se trata de los
estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
“Hay algunas
entidades donde estamos teniendo problemas de criminalidad organizada y
entonces tenemos que desplegar una capacidad de amoldamiento y de
establecimiento de protocolos que nos permitan sortear el tema”, reveló Lorenzo
Córdova, presidente del INE, en abril pasado.
En estas
entidades, algunos partidos han pedido, incluso, que el Ejército patrulle las
calles el día de la elección, para evitar que los grupos criminales amedrenten
a los votantes.
México está a
merced de los grupos delincuenciales que han infiltrado la política nacional.
Tamaulipas
el foco más rojo
Era un día
cualquiera de campaña. Rodolfo Torre Cantú se dirigía por la mañana al
aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a Matamoros y continuar con sus
cierres regionales. Ya no llegó.
Era 28 de junio
del 2010 cuando un comando armado acabó con la vida del candidato puntero
(PRI-PVEM-Panal) a la gubernatura de Tamaulipas.
Con Torre Cantú,
otras seis personas fueron asesinadas. Faltaban solo seis días para las
elecciones.
La imagen de su
cadáver, que yacía ensangrentado en el acotamiento de la carretera, era el vivo
retrato de la crisis de inseguridad que azotaba no solo a Tamaulipas, sino al
país entero.
Años después se
dijo que el asesinato del candidato había sido por obra de Eduardo Costilla
Sánchez, alias “El Coss”, líder del Cártel del Golfo, porque supuestamente
Torre Cantú se había negado a proteger inversiones en la industria de la
construcción que permitían el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La entidad se
vio entonces sumida en una espiral de violencia: enfrentamientos, balaceras,
secuestros y asesinatos que han cobrado la vida de cientos de personas, muchas
de ellas sepultadas en fosas clandestinas.
Los sobresaltos
son cosa de todos los días en la entidad, a la que coloquialmente se le conoce
con el nombre de “Mataulipas”.
En este 2016,
esa entidad nuevamente acapara las portadas de los periódicos la supuesta
participación del crimen organizado en la elección.
En un hecho
inédito, tres candidatos del PRI que buscaban llegar a la alcaldía de tres
municipios diferentes, fueron expulsados de ese partido por supuestamente estar
involucrados con el crimen organizado.
Se trata de
Reyes Zúñiga Vázquez, candidato a la alcaldía de Hidalgo; Luis Cesáreo Aldape
Lerma, aspirante a la presidencia municipal de Mainero; y Gustavo Estrella
Cabrera, al municipio de Villagrán.
Sin embargo, no
se trata de un involucramiento directo que haya sido comprobado por autoridades
de investigación.
‘Tenemos
denuncias’
Manlio
Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, tomó la determinación de quitar
la candidatura y expulsar a estos tres priistas del partido, por haber
expresado abiertamente su apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca, candidato
del PAN a la gubernatura. Algo que hicieron por dinero o por coerción, según el
líder.
“Tenemos
denuncias sobre de ellos, que han sido amenazados, chantajeados o comprados por
la delincuencia para apoyar al candidato del PAN. Eso es muy grave y nosotros
vamos a investigarlos, y lo que resulte de ahí, lo habremos de poner a
disposición de las autoridades”, dijo Beltrones el sábado pasado, en
Tamaulipas.
“Como partido
político, el PRI no quiere que se le aparezca, como al PRD y a López Obrador se
le apareció, un Abarca en Iguala”, reiteró el líder tricolor este lunes en
entrevista con Grupo Imagen.
Beltrones narró
que en Tamaulipas era vox populi que estos tres candidatos habían sido
presionados para hacer campaña a favor del abanderado panista a la gubernatura,
lo que parecía “totalmente incongruente”.
Así, en ese
estado, el líder partidista se reunió con habitantes de esos municipios y con
personas cercanas a los candidatos, y pudo determinar que los tres habían sido
obligados o comprados para hablar bien de García Cabeza de Vaca.
“Preferimos
quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos”, sentenció
Beltrones.
El
escándalo comenzó en esos municipios cuando, a finales de abril, un grupo de
hombres identificados como parte del grupo Columna Armada Pedro José Méndez
expuso en mantas su “saludo fraternal” a García Cabeza de Vaca como su
candidato a la gubernatura.
“Juntos
venceremos”, decía una de las mantas. “A Dios rezando y con la cuarenta y cinco
dando”, se leía en otra.
Dicho
grupo es identificado como brazo armado del Cártel del Golfo.
Ese mismo día,
una de las mantas sostenía que “El PRI de Hidalgo, Villagrán y Mainero apoya
incondicionalmente a Cabeza de Vaca”.
Política
infiltrada
La PGR
respondió que “no se encuentra dentro de sus atribuciones verificar los
antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular, ni algún otro
requisito de elegibilidad que señalan las leyes respectivas”.
Explicó, además,
que no podía revelar si hay alguna indagatoria contra una persona que estuviera
compitiendo en una elección.
Para 2016, tanto
el PAN como el PRD acordaron pedir a la Secretaría de Gobernación que revise
los antecedentes de los candidatos.
Sin embargo, fue
el PRD quien pidió a la Secretaría de Gobernación y al Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN) que revisara a sus candidatos.
La respuesta de
Gobernación fue que no dará información a los partidos y que, si encuentra algo
irregular, darán aviso a las autoridades.
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