La versión es de una muy buena fuente; la confirmación, de una muy buena también. En septiembre pasado, luego de que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara el documento Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones, volvió a tomar fuerza la exigencia de que éstos se entrevistaran con elementos del Ejército mexicano para completar información sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Voces en el gobierno del presidente Peña Nieto propusieron evaluar costos y beneficios de ese eventual encuentro con mandos, jefes y soldados.
Se le pidió de inmediato una opinión al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El general respondió que no podría oponerse a una orden del Presidente de la República, pero que si extranjeros interrogaban a sus soldados sin mandato legal de por medio, su obligación con ellos y el Ejército era renunciar. Nadie en el gobierno volvió a poner el tema sobre la mesa.
Medio año después, y a ocho semanas de que los expertos concluyan su trabajo y se marchen del país, la entrevista con los militares resurge como demanda central de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Quieren una reunión de los expertos con el general de División, Alejandro Saavedra Hernández, quien fuera comandante de la 35 Zona Militar y no ha rendido declaración ministerial. El general Saavedra Hernández fue promovido en diciembre de 2014 a la comandancia de la IX Región Militar, con sede en Acapulco. Exigen entrevistarse con el ex comandante del 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala, José Rodríguez, rotado del cargo en julio. Varios testimonios refieren que Rodríguez llevaba una afectuosa relación personal e institucional con el ex presidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda.
La lista se completa con un teniente, un subteniente, un capitán y tres soldados. Piden, además, expedientes sobre una docena de policías que formaron parte de las Fuerzas Armadas y están detenidos como presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. Y documentos de comunicaciones, radiogramas, reportes de actividades y logística.
“La reunión sería absolutamente legal y el Ejército no puede estar exento de la supervisión internacional en derechos humanos”, insisten los representantes de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa: “Está demostrado que elementos del 27 Batallón presenciaron la agresión y que el 26 de septiembre el Ejército operó con un cuerpo irregular, cuya intervención debe indagarse, porque la investigación de la PGR a los militares no ha sido exhaustiva”.
Supongo que por más que suba la presión, ninguna voz en el gobierno volverá a insinuarle al general Cienfuegos que atienda esta demanda de padres y expertos.
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