La trayectoria de Eduardo Medina Mora engloba los más oscuros episodios de la historia reciente del país: espionaje político, represión a movimientos sociales, militarización de policías, fabricación de culpables, carpetazo a tragedias multitudinarias, acuerdos internacionales que inundaron de armas el país y manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales.
Mexico,D.F 08/Mar/2015 (Proceso) Propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Medina Mora y el mandatario tiene un punto de convergencia que si bien designa una pequeña comunidad mexiquense, es el símbolo de la brutalidad policiaca y militar de la que ambos son responsables: San Salvador Atenco.
Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y Medina Mora titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cuando en 2006 se lanzó el operativo policiaco-militar que devino en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad; la expulsión de cinco extranjeros y las agresiones sexuales contra 26 mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la SCJN determinaron (recomendación 38/2006 y dictamen 3/2006, respectivamente) que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los dos órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del desalojo.
Así se inauguró el sexenio mexiquense de Peña Nieto y comenzaba el breve paso de Medina Mora por la SSP, que continuaría con el rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, que resultó en la muerte de dos obreros.
Una vez más la SSP de Medina Mora se vio señalada por violaciones a los derechos humanos, luego de que la CNDH emitiera la recomendación 37/2006 por esos hechos.
Entonces pocos sabían que la Policía Federal Preventiva de la SSP estaba compuesta por efectivos de la Primera, Segunda y Tercera Brigadas de Policía Militar, que acudían a los operativos con uniforme de policía civil. Es decir, eran soldados disfrazados (Proceso 1662).
Fue también en febrero de 2006 cuando un siniestro en Pasta de Conchos, Coahuila, mató a 65 mineros. Medina Mora dio carpetazo a la investigación, pues en 2008 rechazó la recomendación 64/2008, que determinó ejercicio indebido de la función pública y violaciones a diferentes garantías.
No fue el único caso de escándalo por sus omisiones. Por ejemplo, se le señaló por no ejecutar las órdenes de aprehensión contra los agresores de la periodista y activista Lydia Cacho; y él mismo admitió que a pesar de las denuncias, no investigó al tío de Peña Nieto y exgobernador mexiquense Arturo Montiel.
Destacan también sus posiciones respecto a la interrupción del embarazo. Luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara la despenalización del aborto, Medina Mora se plegó a los argumentos de la Iglesia católica e interpuso una acción de inconstitucionalidad, la cual a la postre sería desechada por la SCJN.
No sería la única vez. Tiene un récord poco conocido: durante su gestión en la PGR emitió 236 acciones de inconstitucionalidad con el objetivo de socavar acciones en los estados y municipios. Mientras estuvo en el cargo presentó unas siete acciones similares al mes, alrededor de dos por semana.
La guerra
El 7 de diciembre de 2006 asumió la titularidad de la PGR y al siguiente día, Felipe Calderón declaró su “guerra al narco”.
La senadora perredista Dolores Padierna lo resume: “Como procurador fue uno de los inventores de la llamada guerra contra el narco, un baño de sangre en el que organizó operativos militarizados, cateos sin orden judicial, retenes violando derechos fundamentales. Provocó desapariciones forzadas que se volvieron uso y costumbre a lo largo del sexenio de Calderón y las cifras de muertos, decapitados, incinerados, crecieron. Dilapidó recursos. Fabricó culpables. Metió a la cárcel a gente inocente”.
Entre estos casos destaca el de las indígenas otomíes Jacinta, Teresa y Alberta, acusadas de secuestrar a seis efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones. Permanecieron presas tres años, hasta que la justicia constitucional determinó su inocencia.
Los mecanismos imitados del extranjero –como los de los testigos protegidos– fueron un fiasco. Un caso sonoro fue el de su testigo Jennifer, a quien utilizó para numerosas acciones, como la de las mencionadas indígenas. En diferentes casos sus testigos protegidos terminaron muertos.
En 2008 realizó la llamada Operación Limpieza, a partir de la cual se encarceló al director de la Interpol México, Rodolfo de la Guardia; al comisionado interino de la Policía Federal, Gerardo Garay, y a Javier Herrera Valles, excoordinador regional del mismo cuerpo, en aparentes venganzas políticas. Los tres recuperaron su libertad por violaciones a sus garantías.
Se encargó de las acusaciones del michoacanazo, que mantuvo presos a 11 alcaldes, 16 funcionarios y un juez de Michoacán en mayo de 2009, en el contexto de la construcción de la candidatura al gobierno de la entidad de Luisa María Calderón, hermana del presidente. Todos salieron libres por falta de pruebas y violaciones a garantías.
Tras el michoacanazo Medina Mora debió renunciar a la PGR. Se le incorporó precipitadamente al servicio diplomático como embajador ante el Reino Unido. Su calidad de internacionalista se acreditaba sólo en su participación en la negociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en las negociaciones de la Iniciativa Mérida.
Dejaba atrás una cauda de acciones que facilitaron la presencia de agentes extranjeros armados en el país, que participaban en detenciones, investigaciones y acuerdos que, entre otros casos, facilitaron la adquisición de armas por los cárteles de la droga.
En noviembre de 2007, entonces procurador general, fue informado por las autoridades estadunidenses de las operaciones de “tráfico controlado” de armas a México.
El memorándum interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos –“Reunión del fiscal general con el procurador general de México Medina Mora”, fechado el 16 de noviembre de 2007 y dado a conocer aquí por la periodista Carmen Aristegui– considera de “particular importancia” que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) “trabaje de manera conjunta con México en el primer intento por tener una entrega controlada de armas que están siendo contrabandeadas”.
El documento –el cual se anexó como evidencia con el número 230 al informe del Congreso estadunidense titulado F&F: Anatomía de una operación fallida– señala: “Mientras que los primeros intentos de estas entregas controladas no han tenido éxito, la investigación prosigue y a la ATF le gustaría ampliar las posibilidades de estas investigaciones conjuntas y entregas controladas, dado que sólo entonces será posible investigar a redes completas de contrabandistas de armas, en lugar de arrestar simplemente a un solo traficante”.
Y añade: “El agregado de la ATF en la ciudad de México ha informado al procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas y le ha subrayado la importancia de que sean asignadas esas unidades con exámenes de confianza verificados”.
Medina Mora envió una carta a Aristegui en la cual sostuvo que la operación Rápido y Furioso no se llevó a cabo durante su gestión como procurador.
Afirmó que cuando estuvo en este cargo no sólo no autorizó, sino que ni siquiera estuvo enterado de operación alguna de trasiego “controlado” de armas. Fue una clara referencia a los dos operativos que Estados Unidos aplicó durante los años en que Medina Mora estuvo al frente de la PGR: el Gunrunner (Contrabandista de Armas) y el Wide Receiver (Receptor Abierto).
En septiembre de 2012 la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadunidense publicó los resultados de una amplia investigación sobre los fallidos programas de rastreo de armas de la ATF, y en la cual descubrió que las autoridades mexicanas –es decir Medina Mora– sí estaban enteradas.
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