En Morena ya no alcanza con la liturgia de la unidad ni con las sonrisas de ocasión: tuvo que entrar Claudia Sheinbaum a enderezar el barco antes de que la tripulación terminara chocando por sus propios apetitos políticos. La presidenta movió las piezas para poner a Citlalli Hernández al frente de la Comisión de Elecciones y Alianzas, una jugada que no solo revela desconfianza en la actual dirigencia, sino también la urgencia de meter orden en un partido que ya estaba oliendo a pelea por candidaturas, cuotas y bendiciones anticipadas.
El mensaje es claro: en Morena la sucesión de 2027 no se va a resolver a empujones, ni con filtraciones, ni con encuestas convertidas en tómbola de conveniencia. Sheinbaum decidió apretar el control sobre el reparto de candidaturas, vigilar encuestas, tiempos y casas encuestadoras, y de paso mandar un recordatorio a los grupos internos de que el partido no es un botín de facciones con hambre de cargo. Citlalli, con experiencia en la cocina partidista, llega como la operadora bisagra para intentar que la disputa no termine en derrumbe público.
Un partido con grietas
La movida también deja ver que la relación entre Morena y sus socios, PT y PVEM, ya venía rechinando en el Congreso y en los estados. La propia Sheinbaum había dicho que le tocaba a Morena definir las alianzas rumbo a 2027, justo después de los desencuentros legislativos con ambos partidos por la reforma electoral. Dicho sin anestesia: los aliados ya no se comportan como aliados, sino como socios que se espían el plato y se preparan para comer solos si la mesa se pone fea.
En estados como San Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca y Tabasco, el bloque oficialista muestra señales de fragmentación, con el Verde y el PT tanteando rutas propias cuando les conviene y recordándole a Morena que la disciplina solo dura mientras no estorbe la ambición local. La lectura interna es obvia: si en la cúpula no amarran acuerdos, en las bases cada quien va a sacar su propio machete electoral.
La mano presidencial
Lo más jugoso del asunto no es solo el acomodo de Citlalli, sino el hecho de que Sheinbaum haya decidido meter la mano de lleno en la vida interna de Morena. Eso significa que la presidenta no quiere ver un partido convertido en arena de pleitos prematuros, con candidaturas secuestradas por tribus, padrones amañados o acuerdos de pasillo. En otras palabras: si Morena va a repartir el pastel, será con supervisión de Palacio y no con la glotonería de siempre.
Ese blindaje también tiene lectura política: Sheinbaum busca reafirmar autoridad dentro del movimiento y evitar que la maquinaria partidista se le descomponga antes de llegar a 2027. La ironía es que, para poner orden en un partido que presume cohesión, tuvo que echar mano de una operación que suena más a intervención quirúrgica que a relevo normal. Y cuando un partido necesita que le acomoden las costuras desde arriba, es porque abajo ya empezaron a rasgar la tela.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/ELIA CASTILLO/ERNESTO NUÑEZ/
Durante la conferencia matutina del dia de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía,Marcelo Ebrard Casaubón, abordó el alojamiento de su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, en la embajada de México en Reino Unido entre 2021 y 2022, caso dado a conocer por el periodista Claudio Ochoa Huerta en su columna“Los huéspedes VIP de la embajada de Londres” por EL UNIVERSAL.
El funcionario reconoció que su hijo permaneció aproximadamente seis meses en la sede diplomática por motivos de estudio y explicó que, aunque buscaba extender su estancia en Londres, regresó a México. Asimismo, sostuvo que no existió abuso ni uso indebido de recursos públicos.
La conducta, vista con el lente de la ética pública, no es menor:el problema no es solo si hubo o no “recursos públicos” en sentido contable, sino el olor a privilegio, la sombra de un trato especial y la normalización de que la investidura sirva de paraguas familiar. En términos morales, el mensaje es devastador: “para los demás, austeridad; para mi casa, excepcionalidad”.
Lectura ética y política
En política, la ética no se agota en decir “no me pagaron un boleto”. También exige evitar cualquier apariencia razonable de favoritismo, conflicto de interés o uso indirecto del aparato estatal para beneficio privado. Si un hijo de un alto funcionario vive en una residencia diplomática, el estándar no es la comodidad del relato, sino la obligación de demostrar que no hubo ventaja indebida, ni presión jerárquica, ni instrumentalización del cargo.
La respuesta pública de Ebrard, al reducirlo a “la procuración de un papá por un hijo”, intenta convertir una posible irregularidad institucional en un drama doméstico. Ese giro retórico puede funcionar en una sobremesa; en el escrutinio público suena a coartada sentimental.
Conductas atípicas y culpables
Aceptar, o permitir, que un familiar directo resida en una embajada mientras el padre es el titular de la Cancillería. Eso activa una alarma evidente de privilegio y trato diferencial.
Normalizar que una residencia diplomática opere como extensión del círculo personal del funcionario, aunque sea temporalmente. La residencia oficial no es casa de huéspedes privada.
Minimizar el hecho bajo el argumento de que “no hubo abuso” porque no se detectó un cobro directo. En ética pública, la ausencia de factura no limpia la apariencia de favoritismo.
Desviar el debate hacia la intención paternal, en lugar de responder con transparencia sobre autorización, condiciones de estancia, costo, responsables y justificación institucional.
Invocar la figura de una invitación de terceros para diluir la responsabilidad política. La cortesía ajena no cancela el deber de evitar beneficios impropios.
Pretender que la falta de “uso ilegal” equivale a inocencia moral. Eso es un viejo truco: confundir legalismo defensivo con probidad.
Colocar a la opinión pública ante una falsa dicotomía entre afecto familiar y crítica política. Un funcionario no deja de ser funcionario cuando habla como padre.
El ángulo jurídico
Desde la óptica legal, la pregunta relevante no es si alguien durmió gratis, sino si hubo desviación de recursos, uso de instalaciones oficiales con fines particulares, violación de normas administrativas o aprovechamiento del cargo para obtener una ventaja no disponible para cualquier ciudadano. La discusión pública misma ya señala ese eje: peculado, falta administrativa, nepotismo o, en el mínimo, abuso del entorno institucional.
Un fiscal serio ,en cualquier pais medianamente decente, empezaría por documentar cuatro cosas: quién autorizó la estancia, bajo qué norma, con qué justificación, y si existió contraprestación o reporte administrativo. Si no aparece trazabilidad limpia, el problema no es “mala interpretación”; el problema es que el poder se comportó como si el Estado fuera patrimonio de la familia.
La negativa de fondo
La negativa de Ebrard a reconocer inmoralidad no parece una defensa técnica: es una negativa de responsabilidad simbólica. Es decir, no niega solo el hecho; niega el principio de que un funcionario debe cuidarse incluso de aquello que, sin ser delito claro, lo exhibe como beneficiario de privilegios que predica combatir.
En su versión más cruda, esa postura dice: “si puedo explicarlo como gesto de padre, entonces no debo rendir cuentas como servidor público”. Y esa es precisamente la inmoralidad política: convertir el poder en un escudo emocional para evitar el juicio ético que sí aplica.
En Tamaulipas, la alternancia política terminó pareciéndose más a un relevo de estilos que a una ruptura de fondo. Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) y Américo Villarreal Anaya (MORENA-EX-PRI), aunque se presentan como antítesis ideológicas, comparten un rasgo incómodo: ambos cargan con señalamientos persistentes sobre la forma en que ejercen —o han ejercido— el poder de manera política y criminalmente organizada en perjuicio de gobernados.
El primero llegó vendiéndose como el “Viento de Cambio”, pero ya traía cola financiera antes de tocar Palacio de Gobierno. De acuerdo con El Financiero, su patrimonio creció de manera significativa durante su trayectoria como servidor público, acumulando bienes por cientos de millones de pesos, lo que desde entonces levantó sospechas sobre el origen de esa prosperidad repentina.
CDV no era precisamente un sujeto pobre que venia de fuera a tocar la puerta del poder, sino otro nuevo rico de los que fabricá la politica y que vivió endeudado e hipotecado y que ahora aparte de dinero,acumula preguntas sin resolver.
El 11 de Marzo de 2008,el periódico CRONICA difundia una nota que ya borró, que el “Rancho Valle Hermoso”, modesto por cierto, le fue hipotecado a la madre y el padre del ex-mandatario por cuyo incumplimiento de pagos salio a remate en el mes de diciembre de 2007,cuando Cabeza de Vaca, fiel a su inmoralidad y pese al adeudo,”YA lo HABIA VENDIDO”.
Pero,yaa en el gobierno, el discurso de orden y seguridad convivió con una narrativa paralela mucho más oscura: la de un estado marcado por mensajes del crimen organizado —narcomantas— que, lejos de disiparse, se volvieron parte del paisaje político.
A eso se suman antecedentes incómodos que sus críticos no han dejado de recordar, como el episodio juvenil en Texas en los años ochenta, utilizado como símbolo de una biografía que, dicen, nunca terminó de cuadrar con la investidura.
Americo Villarreal ; cuando la reversa también es cambio
Pero si alguien pensó que el relevo traería limpieza, el “humanismo transformador” de Américo Villarreal ha demostrado que el problema no era solo de partido, sino de sistema.
Porque Villarreal tampoco llegó con las manos limpias en términos de percepción pública, aunque si con las arcas vacías si atendemos su declaración patrimonial previa como Senador ,donde asentó por escrito que no tenia nada.
Pero desde antes de asumir el cargo ya acumulaba señalamientos graves, fue indagado por delincuencia organizada en informes militares que nunca llegarón a nada, pues eran un ejercito «Moreno», como nos lo explico con manzanas el «Jefe Diego» en 2022.
Pero en vez de estarse quieto, Americo decidió multiplicar sus ganancias lo mismo que la conducta criminal,pues ya en el poder de gobernador de Tamaulipas,fue aliado de la Delincuencia Organizada en eso de traficar con el contrabando de combustibles desde Texas y con ayuda militar en las aduanas, llenas de uniformes con estrellas embarradas de chapopote por los derrames de dolares.
Ni que decir de las acusaciones de su estrecha cercanía con otros liderazgos de grupos de crimen organizado,como la llamada “Columna Armada”— aliada del Cartel del Golfo ,cuyo vinculo es respaldado en audio difundido y donde nos quedó mas que clara su incipiente conducta criminal, que al igual como ocurrió con CDV, los ciudadanos emocionados desestimarón.
Ni quien olvide la cena con el «Gerry», mando Zeta desparecido junto con dos marinos que lo escoltaban luego de disfrutar de comilona en el restaurante «Cambalache» de CDMX,donde también estuvo el ex-militar Mario Guitian Rosas,alias La Chispa,lugarteniente del Cartel del Golfo ligado al «Primito» en Reynosa y que abraza en imagen al gobernador sonriente.
La vida criminal de «Don Americo» difícilmente puede resumirse en este espacio digital,o al menos en una sola entrega, pero debe aterrizarse en una carpeta federal para indiciarlo por delincuente politicamente organizado mas que por presunción, y encarcelarlo en Mexico antes de extraditado a EE.UU.
Porque su colusión no solo ha sido con capos de talla local ,bastaría con esculcar a Norberto Barrón ,su Secretario particular,constituido en la pieza que Mexico no quiere, pero que Washington necesita, (…aunque ya no tanto, ya tienen todo), para desenredar mas la madeja de complicidades.
Claro esta, sin dejar de soslayar que el sujeto que le pagaba su sueldo el Cartel del Golfo antes de ser estrella de la política y convirtió a su mama que era enfermera, ahora en Subsecretaria de Salud,un puesto inventado, guarda estrecha cercanía sentimental con joven funcionaria ligada al área de giras de la presidenta Sheinbaum.
En Sinaloa ,el apellido Villarreal es conocido por Los Chapitos,pues en su calidad de Delegado del Partido en 2021,fue parte del lodazal que llevó a Ruben Rocha Moya al poder y que ahora los ciudadanos pagan con cuota de sangre saldo de una primera traición que antecedió a la del Mayo Zambada.
El caso más reciente de la inmoralidad delictiva de Villarreal Anaya, esta vinculado a su ex-asesor Juan Pablo Penilla,un personaje señalado por autoridades estadounidenses por actividades relacionadas con el crimen y volvió a colocar al gobernador en medio de la podredumbre que sigue dejando explicaciones pendientes. Porque cuando los nombres se repiten —abogados, operadores,lugartenientes, intermediarios— y orbitan cerca del poder, la duda deja de ser anecdótica y se convierte en patrón.
Pese al cumulo de evidencias,el calculo politico convertido en inacción ,se esconde detras de una presidenta beneficiaria indirecta del desorden institucional que le antecedió ,este ha impedido las carpetas y las eventuales sentencias firmes que cierren el caso en términos judiciales.
Pero en política, la acumulación de indicios, versiones y escándalos termina pesando tanto como una resolución legal. Y ahí es donde la narrativa oficial empieza a hacer agua.
Así, Tamaulipas pasó de un gobernador que prometía barrer la corrupción a otro que prometía humanizar el poder… pero ambos atrapados en la misma sospecha estructural: la del poder político entreverado con intereses oscuros y que ya ha desmenuzado la brillante profesora Ma. Guadalupe Correa-Cabrera, catedratica de la Universidad de George Mason en EE.UU.
La especialista en el fenomeno del crimen organizado hizo un puntilloso señalamiento cuando de manera coloquial hablaba en torno a Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y de por qué el crimen organizado en Tamaulipas y el pais, «no se explica sin la relación con los políticos» y «nadie puede ocupar un cargo publico sin el permiso del Cartel».
El resultado es una constante que los tamaulipecos conocen demasiado bien: cambian los colores, cambian los discursos, cambian los slogans… pero el tufo permanece.
Y quizá la tragedia no es solo que los gobernantes fallen, sino que el electorado termine eligiendo entre versiones distintas del mismo problema: uno que se presenta como cambio y otro como transformación, pero que en el fondo reproducen la misma lógica de opacidad, complicidades y poder sin rendición de cuentas.
Porque si el primero fue un “viento” que nunca cambió nada, salvo la impune cantidad de ceros de la chequera,el segundo es un medico que prometió curar… y terminó administrando la enfermedad de la que ha sido parte del problema,en vez de la solución.
En San Pedro de las «Ejecuciones» Garza García,N.L —ese escaparate donde la seguridad se presume en gráficas nacionales del INEGI— las cámaras corporales de los policías viales parecen cumplir una función más estética que operativa: existen en el reglamento, se pagan con presupuesto público… pero desaparecen justo cuando más se necesitan.
Porque aunque el manual es clarísimo —el agente debe encender su bodycam en cada interacción—, en el caso del hombre ejecutado a balazos afuera de Arboleda no hay video, no hay audio, no hay evidencia. Nada. Como si la tecnología se hubiera esfumado en el momento exacto en que podía incomodar a alguien.
¿Falla técnica? ¿Olvido conveniente? ¿O simple cultura de impunidad con artefacto incluido?
Una fuente cercana al caso lo resume sin rodeos: ese material no está en la carpeta de investigación. Y lo verdaderamente delicado no es solo su ausencia, sino la duda que abre: o el agente no activó la cámara —violando el reglamento— o alguien decidió que esas imágenes no debían ver la luz.
Mientras tanto, las cámaras privadas del sector sí hicieron su trabajo. Esas, que no dependen del discurso oficial, captaron lo que incomoda: el policía no estaba en su patrulla, como se dijo inicialmente, sino frente a frente con la víctima, conversando durante al menos 20 minutos a través de la ventanilla de la Grand Cherokee blindada. Es decir, no fue un encuentro casual ni fugaz: hubo tiempo, contexto… y negociación.
Porque esa es la otra capa del asunto. El propio agente, al ser interrogado, tuvo que ajustar su versión: primero dijo que revisaba documentos; después admitió lo que todos sospechan cuando un tránsito se toma demasiado tiempo: estaba gestionando un “arreglo”. Un moche, para decirlo sin eufemismos.
Y en medio de esa negociación informal —fuera de reglamento, pero dentro de la costumbre— llegaron los disparos.
Aquí el problema ya no es solo la corrupción cotidiana, sino el colapso total del modelo de seguridad “tecnológico”. Porque además de la bodycam inexistente, la patrulla 701 también contaba con cámaras. Varias. Todas igual de invisibles al momento clave.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto cuesta equipar a una policía con tecnología que nunca aparece cuando hay que rendir cuentas?
El reglamento municipal no deja espacio a interpretaciones: no portar o no usar la bodycam conforme al protocolo es motivo de sanción. Pero en la práctica, la norma parece ser decorativa, como tantas otras en el catálogo institucional.
Mientras tanto, la administración del alcalde Mauricio Farah guarda silencio selectivo. Dice colaborar con la Fiscalía, pero evita explicar por qué su modelo de vigilancia falló en cadena: no hubo prevención, no hubo reacción, y ahora tampoco hay evidencia.
Para rematar, el Secretario de Seguridad ofrece una explicación que roza lo insultante: el agente no actuó porque “entró en shock”. Una justificación que especialistas desmontan con facilidad: cualquier policía mínimamente entrenado está obligado a reaccionar, no a paralizarse, especialmente cuando está armado y en medio de un ataque directo.
Así que el balance es brutalmente simple: tecnología que no registra, protocolos que no se cumplen, versiones que cambian y una ejecución a plena luz del día con un policía como testigo… y posiblemente como parte del contexto.
Pero eso sí: la inversión en seguridad sigue fluyendo.
