«DIPUTADO de MORENA ACUSADO de ABUSO SEXUAL,DUEÑO del LAMBORGHINI COLOR CHINGAME la PUPILA,VA por la REELECIÓN»…otro candidato,pero a la extradición

En Coahuila, donde la memoria política suele ser corta pero los expedientes largos, Morena y el PT decidieron apostar por la amnesia selectiva: registraron para la reelección al diputado local Antonio “Tony” Flores Guerra, personaje mejor conocido por dos credenciales públicas: una orden de aprehensión en Texas por abuso sexual (vigente desde abril de 2010) y una afición nada discreta por los lujos, cortesía del erario indirecto.

Sí, ese mismo “Lord Lamborghini” que en 2024 paseó un deportivo color guinda de 7.5 millones de pesos por las calles de Múzquiz, como si la austeridad republicana fuera un chiste interno. El mismo que hoy pretende repetir en el Distrito 06, bajo las siglas de quienes dicen combatir los excesos… mientras postulan a quien los presume.

De contratos públicos a fama viral

La fortuna del diputado no brotó de la nada ni de la inspiración empresarial. Entre 2020 y 2024, sus empresas fueron beneficiadas con contratos de la CFE —entonces dirigida por Manuel Bartlett— por más de 6 mil millones de pesos para la compra de carbón. Un negocio redondo: energía pública, ganancias privadas y opacidad estructural.

El resultado: un político regional con músculo económico, visibilidad mediática y un gusto particular por convertir el poder en exhibición.

Acusaciones que no prescriben en lo público

La bomba que incomoda la campaña y que le podria terminar en una solicitud de extradición ,no vino de la oposición tradicional, sino de Mónica Escalera (MC), quien hizo pública la orden de aprehensión en Texas. No es un señalamiento menor ni reciente: data de 2010 y, aunque no ha impedido su carrera política en México, sí plantea preguntas elementales sobre filtros, complicidades y estándares éticos.

Escalera no es una crítica neutral: en 2024 fue brutalmente agredida en Múzquiz, ataque del que responsabilizó directamente a Tony Flores y a su hermana, la exalcaldesa Tania Flores. Es decir, el conflicto no es solo político; también es personal y violento.

Campaña exprés, memoria selectiva

Como si nada de esto pesara, “Tony” tiene programado arrancar campaña a las 23:30 en la plaza principal de Múzquiz, minutos antes del banderazo oficial. El timing es perfecto: suficiente ruido, poca reflexión.

Mientras tanto, el Instituto Electoral de Coahuila validará candidaturas en un contexto donde la legalidad formal suele ir varios pasos detrás de la legitimidad pública.

El contexto: una elección con cuentas pendientes

La elección del 7 de junio no ocurre en el vacío. Tras el fracaso de Morena-PT en 2023 para arrebatar la gubernatura al PRI, ahora buscan disputar el Congreso local, todavía bajo control del tricolor y sus aliados. En ese tablero, postular a un candidato con señalamientos graves no parece un error: parece una apuesta calculada donde el costo reputacional se considera menor que el beneficio electoral.

El Partido Verde, por cierto, decidió competir solo. Quizá por estrategia… o por no cargar con ciertas maletas.

El resumen incómodo

• Diputado en funciones que busca reelegirse.
• Orden de aprehensión en Texas por abuso sexual desde 2010.
• Señalamientos de violencia política y personal en su entorno local.
• Fortuna ligada a contratos públicos por más de 6 mil millones con la CFE.
• Símbolo ambulante de la contradicción entre discurso de austeridad y práctica de lujo.

En Coahuila, la boleta no solo mide preferencias electorales: también revela hasta qué punto el sistema político está dispuesto a normalizar lo que en cualquier democracia funcional sería, por lo menos, un escándalo inhabilitante.

Con informacion: ELNORTE/

«HARFUCH NO LEE VALORTAMAULIPECO: «TORPE INTELIGENCIA FEDERAL de CURRICULA TATEMADA CONFIESA que NO TENIA SOSPECHAS de ROCHA MOYA»…ya tiene escolta, pero no para cuidarlo,es para vigilarlo y capturarlo cuando reviente la paciencia de EE.UU

En México, la inteligencia federal tiene una curiosa habilidad:ver todo… excepto lo evidente. Mientras en Estados Unidos se arma un expediente que, según reportes periodísticos, “chorrea pudrición” sobre presuntos vínculos entre el exgobernador sinaloense Rubén Rocha y “Los Chapitos”, en territorio nacional la versión oficial es casi enternecedora: no había ni un solo indicio.

Nada. Cero. Ni una sospecha.

El secretario, el estratega sesudo de curricula tatemada, que nunca aprobó un examen de confianza y menos uno de conciencia, Omar García Harfuch, con la serenidad de quien no ha leído ni los encabezados, asegura que durante toda la estrategia de seguridad jamás hubo obstrucción alguna por parte del gobierno estatal. Una afirmación que suena más a acto de fe que a resultado de inteligencia. Porque si algo sobra en Sinaloa no es precisamente la discreción del crimen organizado ni la opacidad de sus alianzas políticas.

Pero en el Gabinete de Seguridad —ese que presume resultados, detenciones y operativos— parece que la realidad se procesa con filtros especiales: todo lo que incomoda simplemente no existe.

El expediente incómodo que nadie vio

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no comparte esa ceguera institucional. Solicita la detención provisional con fines de extradición de Rocha y otros funcionarios, bajo la acusación de haber tejido una relación con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, intercambiando protección por favores electorales en 2021.

Una acusación grave, documentada y formal.

Pero en México, la respuesta es un encogimiento de hombros con uniforme: “no teníamos ningún indicio”.

La pregunta no es si sabían o no. La pregunta es qué tipo de “inteligencia” opera en un país donde las agencias extranjeras parecen tener más claridad sobre lo que ocurre dentro del territorio que las propias autoridades nacionales.

Escoltas sin amenazas, amenazas sin inteligencia

Y como en todo buen teatro burocrático, la lógica termina de romperse sola: aunque no hay indicios de amenaza contra Rocha, se le asigna escolta, pero ni crean que es para cuidarlos para vigilarlo y cuando revienten la paciencia de EE.UU,tenerlo a la mano para vender su captura como victoria.

La coreografía del poder

En la escena final aparecen los elementos de siempre: mandos militares reportando decomisos, discursos sobre “la paz y la tranquilidad”, y una gobernadora interina agradecida por participar en la “construcción de paz”.

Todo perfectamente alineado. Todo institucionalmente impecable.

Salvo por un pequeño detalle: la realidad.

Porque mientras el discurso oficial insiste en que todo está bajo control y libre de sospecha, los expedientes internacionales cuentan otra historia. Y en esa historia, la inteligencia mexicana no queda como protagonista, sino como espectador desinformado… o convenientemente distraído.

La pregunta final y que van a decir cuando EE.UU,nos repita la dosis con Américo Villarreal.

Con informacion: ELNORTE/

«SINALIVIO y BAJO FUEGO»: «ESTRATEGIA FALLIDA y FALLANDO de HARFUCH CARCOME la VIDA de CULIACAN en MEDIO de la GUERRA»…militarización vendida como solución, terminó siendo escenografía

En Culiacán, la estrategia militarizada no pacificó nada: apenas maquilló el desastre mientras la guerra se mudaba de esquina. La emblemática Avenida Álvaro Obregón —antes vitrina de prosperidad— hoy es un catálogo de persianas abajo, letreros de “Se renta” y “En venta”, y silencios incómodos que empiezan a caer desde las ocho de la noche, cuando la ciudad se repliega como si obedeciera un toque de queda no declarado.

La postal es brutal: jeeps artillados patrullan lo que ya no queda, soldados vigilando una economía que se desangra. Porque sí, hay botas en la calle, pero también más de 200 locales cerrados en lo que va del año y cerca de 2 mil 500 negocios que han bajado la cortina desde que la captura de “El Mayo” Zambada desató la guerra interna entre “Chapitos” y “Mayiza”. La militarización, vendida como solución, terminó siendo escenografía: mucho uniforme, poca gobernabilidad.

El argumento oficial —ese de “recuperar territorios”— se estrella contra la realidad: el territorio no se recupera cuando la gente deja de salir, cuando el comercio se vuelve inviable y cuando el miedo dicta horarios. La seguridad no es la ausencia de balas a ciertas horas, sino la presencia constante de vida. Y en Culiacán, la vida económica se está extinguiendo a la vista de todos.

Como si faltara gasolina al incendio, la crisis política terminó de dinamitar la confianza. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, se aparta del cargo bajo la sombra de acusaciones de narcotráfico ventiladas desde tribunales estadounidenses. 

No es un detalle menor: es la confirmación de lo que durante años se ha susurrado y negado. La sospecha de un “narco-gobierno” ya no es consigna opositora; es un riesgo financiero reconocido por Standard & Poor’s, que puso a Sinaloa en revisión negativa. Traducido: menos crédito, más incertidumbre, y una economía aún más asfixiada.

El diagnóstico es claro aunque incómodo: cuando el poder político está bajo sospecha y el poder criminal fragmentado entra en guerra, la militarización no corrige la raíz del problema. Apenas contiene, desplaza, administra el caos. Y mientras tanto, el costo lo pagan los comerciantes que no venden, los trabajadores que pierden ingresos y los ciudadanos que reorganizan su vida alrededor del miedo.

Porque la violencia no se fue; se volvió rutina. Siete asesinatos en un día, ataques coordinados en viviendas, balaceras en zonas comerciales. La normalización de lo excepcional. El país de los operativos permanentes donde la excepción se volvió política pública.

Culiacán hoy es la evidencia más incómoda del fracaso: ni la fuerza armada logró pacificar, ni la política logró gobernar, ni la economía resistió el embate. Y entre discursos de “estrategias integrales” y “coordinación institucional”, la ciudad sigue llenándose de letreros de renta… como si también estuviera desalojando la esperanza.

Con informacion: ELNORTE/

EL «AMIGO EMBRONCADO y AMERICO INVITADO»: «PERIODISTA SINALOENSE NOS CUENTA de AQUEL DIA que EXTRADITABLES se JUNTARON con AMLO en BADIRAGUATO»…la vida les dio las cartas y ellos decidieron como jugarlas, ni se quejen.

El 15 de diciembre de 2021 hubo una comilona en Batequitas, Badiraguato (Sinaloa). Fue en la casa de “los Inzunza”. Dieron de comer barbacoa de hoyo, frijoles puercos, sopa fría y tortillas, un plato tradicional sinaloense que se sirve normalmente en fiestas y la razón era el inicio de una era, la de Rubén Rocha Moya, quien arrancaba la precampaña a gobernador en su pueblo natal.

-¿Por qué en esta casa?, le preguntó este reportero.

-Porque somos como familia. A mí me tocó ver a Enrique (Inzunza Cázarez) nacer y luego cuidarlo en Culiacán para que se fuera a estudiar Derecho.

Se refería al Senador quien, junto con él, ahora forman parte de la mayor acusación por narcopolítica que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra un gobernador mexicano, comparable a la que años atrás se formalizó contra Genaro García Luna, el superpolicía del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los invitados eran la gente del pueblo y políticos del régimen, entre ellos Américo Villarreal, quien aquel tiempo vivió temporalmente en Sinaloa para coordinar la campaña como representante de Morena. A día de hoy, es gobernador del Estado de Tamaulipas, donde la extorsión, el trasiego de drogas, la trata de personas y el huachicol fiscal son el dolor de cabeza nacional.

“Un compañero senador, Rubén Rocha Moya, que me he complacido de poderlo conocer en el senado de la república y ver su capacidad, su conocimiento de su entidad”, dijo Villarreal en su discurso de apertura de la campaña política que luego le significó un trampolín para tener una propia.

Ese fue el inicio de la era rochista, pero llegar a ese punto no fue de improviso, sino el resultado de una carrera larga, de complicidades, venganzas, favores y el padrinazgo de uno de sus amigos políticos más importantes: Andrés Manuel López Obrador.

ROCHA, DEL INTENTO DE GUERRILLERO A REFUGIADO DEL PRI

El de Batequitas suele contar escenas personales en público, como que su familia era tan pobre que tuvo que migrar de casa en casa para sobrevivir, o de cuando se fue a estudiar en la Normal Rural Plutarco Elías Calles, conocida como “El Quinto”, en Etchojoa, Sonora.

Fue en esa escuela donde tuvo un primer acercamiento con la izquierda guerrillera, sindicalista y obrera. Saltó a la Normal Superior de Oaxaca para estudiar la licenciatura en Matemáticas y luego se dedicó a dar clases como profesor de preparatorias en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

A Rocha le gustó la vida académica, pero no tanto como la política. En la década de 1980 se convirtió en líder del sindicato de la UAS y después de eso no hubo quién lo detuviera. Ese espacio en la vida pública le resultó fácil, era un movilizador nato y un negociador ideal para las rectorías en turno. Fue en esa misma década que la Universidad fraguó un conflicto con el gobernador Antonio Toledo Corro, un priista que oprimió a la institución para quitarle la autonomía. No faltó a las marchas, mítines y protestas, sino que las encabezó.

Esa visibilidad le ayudó para ser candidato –por primera vez– a gobernador de las izquierdas. El Partido Socialista Unificado de México (PSUM) lo presentó para las elecciones de 1986, teniendo una estrepitosa derrota. Luego intentó ser rector de la UAS, pero el movimiento político que dominaba prefirió votar por David Moreno Lizárraga.

Rocha Moya aceptó porque fue nombrado secretario general, un cargo del que fue destituido después de dos años. Moreno Lizárraga lo vio como un rival político, y así fue. Cuando llegó el momento de las elecciones universitarias, el de Batequitas resultó ganador y como primer acto de Rectoría inició una persecución judicial contra Enrique Rangel y Victoriano Martín, los hombres más cercanos del ex rector. Los señaló de presuntos actos de corrupción. Así se deshizo de sus opositores.

A su salida de la Rectoría se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 1999 se jugó por segunda vez la candidatura a la gubernatura. Ahí conoció a Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del partido.

De nueva cuenta fracasó, aunque fue la primera vez que la izquierda ganaba espacios en la cámara de diputados de Sinaloa y él ganaba el aprecio de López Obrador.

Rocha Moya dejó de verse frente a los reflectores a principios de la década del 2000, pero comenzó una nueva faceta, la de ser refugiado del PRI. En 2005 fue el jefe de asesores del priista Jesús Aguilar Padilla. Al término de ese periodo asumió una dirección en el ISSSTE y en 2017 volvió al gobierno de Sinaloa como coordinador de asesores, esta vez de otro priista, Quirino Ordaz Coppel. Un año más tarde dejó ese lugar.

“Andrés Manuel me invitó a ser Senador”, dijo Rocha Moya días después de su renuncia. Ese año se convirtió en el primer senador electo por un partido de izquierda en Sinaloa, aunque ese triunfo no se puede explicar sin el apoyo y campaña presidencial del líder y fundador de Morena.

EL GOBERNADOR DE AMLO

Dos años después, Rubén Rocha Moya renunció, fue designado por el presidente López Obrador como candidato a la gubernatura

“Somos amigos, de cuando nos conocimos en la campaña del 99 y él me lo pidió”, dijo el morenista a este reportero.

Pero él no iba a ser el gobernador. Las encuestas internas de Morena Sinaloa ponían por delante a Luis Guillermo Benítez Torres, Jesús Estrada Ferreiro y Gerardo Vargas Landeros, conocidos localmente como sus rivales internos.

El de Badiraguato, sin embargo, fue impuesto, tanto que todavía el día – 6 de junio de 2021– de las elecciones llegó nervioso. Esa fecha es conocida por dos cosas: ganó con más de 15 puntos sobre el segundo lugar y porque fue la contienda más violenta de la historia reciente de Sinaloa, fue cuando al menos 50 operadores del PRI fueron secuestrados para evitar movilizaciones de votantes a las urnas.

Fue electo y, contra todo pronóstico, sumó a su rival político más grande: Héctor Melesio Cuén Ojeda, también ex rector de la UAS, fundador del Partido Sinaloense y quien la dirigencia nacional de Morena le impuso desde la campaña en una alianza local. Tras ganar lo nombró secretario de Salud y después de ocho meses lo despidió. La rivalidad salió a flote de nuevo, pero esta vez de manera encarnada, porque ambos querían ser el cacique de la UAS.

Rocha Moya hizo una cruzada para deshacerse de sus rivales, cada uno –Benítez, Estrada, Vargas y Cuén– fue llevado a tribunales por presuntos actos de corrupción, la misma estrategia de cuando fue rector. A casi todos desactivó de manera política, menos a uno, al líder del Partido Sinaloense.

Este último dejó de ser rival cuando fue asesinado en Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2025, el mismo día y lugar donde fue secuestrado Ismael Zambada García, “El Mayo”. La versión conocida por Zambada en una carta es que él fue llevado con engaños para negociar el cacicazgo de la UAS y que ahí estaría su amigo Cuén y el gobernador Rocha Moya.

El amigo de Andrés Manuel López Obrador lo ha negado, pero Estados Unidos cree lo contrario y que, incluso, fraguó una presunta alianza con los opositores de El Mayo dentro del cartel de Sinaloa para fortalecerlos y protegerlos a cambio de favores políticos, venganzas y sobornos.

Con informacion: MARCOS VIZCARRA/REVISTA ESPEJO/

SU «SOBERANIA es la CAPA que TODO les TAPA»: «INTERPRETACIÓN de VALORES de FISCAL de FGR NO son GARANTIA son COARTADA…una promesa que encubre —más que combate— la persistencia de la impunidad.

La mas reciente editorial de Ernestina Godoy , fiscal de la Republica (FGR) ,no es un diagnóstico del sistema de procuración de justicia; es, más bien, un ejercicio de blindaje discursivo. Bajo una retórica cargada de solemnidad —“momento histórico”, “visión de Estado”, “justicia social”— se despliega un lenguaje que no informa ni rinde cuentas, sino que encapsula la realidad en una narrativa autocontenida donde la institución se declara a sí misma legítima.

El primer indicio de sesgo aparece en la apropiación del concepto de “derecho” como eje de transformación. No se trata aquí del derecho como límite al poder, sino del derecho como instrumento del poder. La fiscal invoca la ley no como contrapeso, sino como legitimador de una agenda política que se presenta como incuestionable: soberanía, bienestar, interés general. 

El problema es evidente: cuando el Estado se erige como intérprete exclusivo de esos valores, la legalidad deja de ser garantía y se convierte en coartada.

La pieza insiste en que la FGR “no da respuestas políticas”. Sin embargo, todo el texto es, en sí mismo, una respuesta política. La negación funciona como mecanismo clásico de propaganda: afirmar la neutralidad para desactivar el escrutinio. 

En un país donde los casos emblemáticos —corrupción de alto nivel, vínculos entre autoridades y crimen organizado, militarización de la seguridad— arrastran años sin resolverse o se judicializan selectivamente, la supuesta asepsia institucional no es un hecho verificable, sino una declaración performativa.

El concepto de “legitimidad” se repite como mantra, pero nunca se somete a prueba empírica. Se nos dice que la legitimidad “se construye todos los días”, sin mencionar indicadores concretos: tasas de judicialización, sentencias condenatorias, independencia pericial, o control judicial de las actuaciones ministeriales. La omisión no es menor. En ausencia de métricas, la legitimidad deja de ser un resultado y se vuelve una narrativa autorreferencial.

Más aún, la promesa de “cero impunidad” es presentada como horizonte técnico —mejores investigaciones, carpetas sólidas, análisis de redes— cuando en realidad es un eslogan político. En México, la impunidad no es un fallo metodológico, sino estructural: redes de protección política, captura institucional, incentivos perversos en ministerios públicos y fiscalías. Sin abordar estos factores, la “cero impunidad” no es política pública, es branding.

El texto también recurre a una estrategia de desplazamiento: reconoce la exigencia social de verdad y justicia, pero la reconfigura como un problema de percepción (“coyuntura promovida para la opinión pública”) en lugar de admitir déficits reales. Así, la crítica ciudadana se diluye en una insinuación de presión mediática, mientras la institución se coloca como víctima de expectativas externas, no como responsable de resultados.

Particularmente reveladora es la afirmación de que “no habrá persecución política contra nadie, pero tampoco habrá impunidad”. La frase busca ocupar ambos extremos del espectro moral sin resolver la tensión entre ellos. 

En contextos donde la selectividad penal ha sido documentada —casos que avanzan con celeridad frente a otros que se congelan— esta declaración funciona más como escudo retórico que como garantía institucional.

Finalmente, la editorial apela a la soberanía como argumento de cierre. Este recurso, recurrente en discursos oficiales, opera como una “capa que todo tapa”: invocar la nación para desactivar críticas concretas. Bajo ese paraguas, cualquier cuestionamiento puede ser reinterpretado como ataque externo o deslealtad interna, desplazando el foco desde la rendición de cuentas hacia la defensa simbólica del Estado.

En síntesis, el texto de la fiscal no describe un sistema que rinde cuentas, sino uno que se narra a sí mismo como virtuoso. La distancia entre discurso y realidad no se resuelve con declaraciones de principios, sino con evidencia verificable: investigaciones independientes, procesos transparentes y resultados medibles. Mientras eso no ocurra, la “legitimidad” seguirá siendo una construcción retórica y la “cero impunidad”, una promesa que encubre —más que combate— la persistencia de la impunidad.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/ERNESTNA GODOY