«ASI NO se LAVA el ROSTRO»: CON DINERO de la UAT el RECTOR DETENIDO en 2022 DISFRAZA BOLETIN con ESTEROIDES y lo CONVIERTE en NOTICIA»…imposible tapar escándalos propios y del primo.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas,aun a cargo de Damaso Anaya, primo de Americo Villarreal Anaya, gobernador de MORENA en la entidad que navega entre escándalos ,presume haber alcanzado el “100% de excelencia académica” como si hubiera descubierto la cura contra la mediocridad del sistema educativo. La frase suena grandilocuente, pero en realidad pertenece al género favorito de muchas instituciones públicas: el boletín con esteroides, cargado de adjetivos y pobre en contexto. El problema no es que la UAT celebre acreditaciones; el problema es convertir un avance administrativo en una épica institucional con dinero de la educación.

Porque una cosa es decir que todos sus programas están acreditados, y otra muy distinta vender eso como si la universidad hubiera entrado al Olimpo del conocimiento. 

La acreditación es un estándar importante, sí, pero no agota por sí sola la discusión sobre calidad, investigación, docencia, deserción, infraestructura, libertad académica o resultados reales para los estudiantes. Traducido al idioma de la propaganda: tener sellos de calidad no equivale automáticamente a tener una universidad de excelencia.

El truco del lenguaje

El texto publicado por la prensa de prepago juega a inflar el logro con palabras como “histórico”, “fortaleza”, “determinación” y “comunidad universitaria”, un repertorio muy útil para maquillar una nota institucional que busca sacudirse el rastro que le afecta el rostro.

No hay nada más cómodo que celebrar procesos de acreditación presentándolos como una hazaña casi patriótica, cuando en realidad obedecen a evaluaciones periódicas y a reglas conocidas por cualquier universidad que se toma en serio su trabajo.

Dámaso Anaya,detenido en 2022 como publicó REFORMA, aparece como el protagonista de una narrativa donde el rector no administra una institución: la conduce al amanecer de una nueva era. Pero el dato duro, no el decorado, es que la propia cobertura señala que la UAT obtuvo reconocimiento por programas acreditados y estudiantes en programas de calidad; es decir, un resultado relevante, sí, pero perfectamente insertado en el lenguaje de gestión que suele adornarse hasta parecer epopeya.

Lo que sí significa

La UAT puede presumir, con razón, que sus programas evaluados han sido acreditados por organismos externos, y eso no es menor. También es cierto que ese tipo de reconocimiento puede fortalecer la posición de una universidad pública frente a su comunidad y frente a otras instituciones de educación superior. Pero de ahí a declarar “excelencia académica total” hay un trecho enorme, y ahí es donde el discurso se pone cómodo, inflado y, francamente, autocomplaciente.

Si se quiere hablar en serio, la pregunta no es cuántos aplausos cabe en una conferencia, sino cuántos indicadores sostienen esa narrativa: tasas de titulación, deserción, empleabilidad, producción científica, posgrados, movilidad, financiamiento, transparencia y condiciones reales para estudiar e investigar. Sin eso, el “100%” corre el riesgo de ser más un eslogan de temporada que una radiografía honesta de la universidad.

La UAT no alcanzó la perfección académica; alcanzó, según su propia narrativa, un conjunto de acreditaciones que le permiten presumir una fotografía favorable. Celebrar eso es válido. Venderlo como un “hito histórico” con tono de catecismo institucional es otra cosa: es propaganda con toga académica en momentos que tanta falta hacen noticias menos desagradables del primo gobernador.

Con informacion: OPINION PUBLICA/

«SOMOS ALIADOS,NO CRIADOS ?»: EL «TUCAN VERDE ENGALLADO se NIEGA a CANTARLE a MORENA y AMAGA NO REGALARLE CANDIDATURAS»…ya huelen que el guinda empieza a desteñirse.

El senador chiapaneco Luis Armando Melgar amaneció con las plumas alborotadas y el pecho inflado: el tucán ya no quiere compartir rama con Morena. “Somos aliados, pero no sus criados”, vino a decir desde el Senado, ondeando las alas verdes como si en ellas cargara la autonomía que el guinda insiste en domesticar.

Melgar, que hasta hace poco cacareaba en el mismo gallinero que Palacio, decidió marcar territorio político con el pico bien afilado. “La confianza de la gente se gana trabajando, no se regala”. Y con esa línea se inventó su propio eslogan de independencia, mientras disimulaba el historial de vuelos coordinados con la misma mano que hoy pretende desafiar.

La dirigencia del PVEM, con Karen Castrejón al frente, ya se subió al mismo árbol. Dicen que el Verde irá solo en algunos estados, porque los votantes así se lo piden… o porque los verdes ya huelen que el guinda empieza a desteñirse. En términos selváticos, el tucán ha decidido probar qué tan alto puede volar sin padrino presidencial que lo empuje.

“Donde tengamos músculo, vamos solos”, advirtió Melgar. El problema es que ese músculo electoral suele inflarse a base de alianzas oportunistas y ejercicios de yoga presupuestal. Pero el senador insiste: que nadie se confunda, el Verde tiene “liderazgos propios”. Claro, propios de cada coyuntura.

Así que el tucán engallado se perfila para el próximo encontronazo electoral —ese en que muchos aliados del régimen descubrirán que el matrimonio guinda-verde siempre fue más de conveniencia que de convicción. Los plumajes han cambiado, pero las especies se reconocen por el vuelo: oportunista, ruidoso y siempre cerca del árbol del presupuesto.

Con informacion: ELNORTE/

«DENLE OTRA MEDALLA»: «GENERAL EX-SECRETARIO de DEFENSA CONSIDERADO SEPTIMO MAS CORRUPTO del GABINETE de AMLO FUE ATRAPADO OTRA VEZ con los DEDOS en la PUERTA»…el de la casita de antes y el penthouse después.

Durante aproximadamente dos años, de octubre de 2022 a septiembre de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, realizó compras para la Guardia Nacional por casi 2 mil millones de pesos; esto a pesar de que el marco jurídico y constitucional impedía que la dependencia administrara los recursos de este cuerpo policiaco, en un esquema que hoy alcanza incluso a perfiles vinculados con el entorno político del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

La ahora autodenominada Defensa disfrazó estas compras con contratos para equipamiento de su Policía Militar, un órgano interno especializado y encargado de vigilar que los militares cumplan reglamentos y leyes dentro de sus cuarteles e instalaciones. En específico, esta “Policía” tiene como tareas custodiar bases militares, regular el tránsito de vehículos militares, vigilar prisiones militares y cooperar en investigaciones de delitos de los integrantes del Ejército Mexicano.

Aunque los títulos de los contratos omitían el nombre de la Guardia Nacional, en los documentos de especificaciones de los productos solicitados se especificaba que eran para uso de esa corporación policiaca, y algunos exigían las siglas GN estampadas en el equipo a comprar.

En este contexto, ayer martes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, dio a conocer un comunicado en el que informó la inhabilitación por cuatro meses de las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc., así como una multa para ambas compañías de 236 mil pesos, por incumplir uno de esos contratos firmados en 2022.

Se trata de un contrato que no sólo forma parte del esquema de adquisiciones cuestionadas por su ilegalidad, sino que también presenta vínculos directos con el entorno político del actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

En diciembre de ese año, la Defensa Nacional, como resultado de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados LA-007-000999-E818-2022, adjudicó el contrato D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022 a dichas empresas, por la adquisición de 2.8 millones de proyectiles antidisturbios (gas lacrimógeno, bombas de humo y de pintura) para la Policía Militar; todo por un monto de 325 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, las firmas incumplieron con dicho acuerdo, por lo que ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Lo importante a destacar es que este contrato es uno de los que precisamente fueron violatorios del marco jurídico de ese entonces, pues, aunque desde 2019 por decreto presidencial la Defensa sí tenía facultades legales para comprar equipamiento, armamento y vehículos a la Guardia Nacional, el 21 de octubre de 2022 la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías, otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México contra dicho decreto.

La resolución impedía la transferencia del control operativo y administrativo de la GN a la Defensa, a quien obligaba a suspender cualquier transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales pertenecientes al cuerpo de seguridad pública. No obstante la restricción judicial, la Sedena mantuvo vigente la licitación y entregó el contrato por los proyectiles antidisturbios.

Dentro de las peculiaridades de este contrato y la inhabilitación que se da a conocer, se encuentra la vinculación de la representante legal de la empresa Soluciones Militares Tácticas Superior con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. En la documentación de la compra aparece Anakaren García Sifuentes, quien fungió como regidora priista durante los dos primeros trienios del actual alcalde regiomontano (2015-2018 y 2018-2021), con participación importante en las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipales, y Gobernación y Reglamentación.

Las sanciones de la Secretaría Anticorrupción no sólo aplican a las empresas, sino que también para las personas físicas que las representaron: García Sifuentes y Luis Aguirre León, quienes no podrán participar en contrataciones públicas aunque representen a otras empresas. El caso abre una arista política para el grupo de Adrián de la Garza, ahora vinculado a un esquema de contrataciones federales que se mantuvo vigente pese a una suspensión judicial expresa.

Con informacion: Mario Maldonado/EL UNIVERSAL+

«ANDABA BIEN RECIO»: «PENILLA le OFRECIO a AMLO PACIFICAR al PAIS con AYUDA del Z-40 SI NO lo EXTRADITABAN y SI CANTA CAE TODO el MORENISMO NARCO»…egresado de la UAT subió como las palmas y esta cayendo como los cocos.

Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, líder de una de las organizaciones criminales más violentas y sanguinarias de México, evitó en más de 70 ocasiones su extradición a Estados Unidos.

A lo largo de 12 años, Treviño logró una y otra vez suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales de distintos estados. En ese tiempo fue transferido 15 veces a distintos centros penitenciarios. Desde 2014, el gobierno de Estados Unidos había iniciado el proceso para su extradición.

El puente entre el Z-40 y los jueces que lo protegieron fue el abogado tamaulipeco Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de señalar como intermediario del capo y los actuales jefes del Cártel del Noreste, organización en la que se reagruparon varios integrantes de alto perfil del grupo conocido como Los Zetas.

Penilla acaba de ser sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, al lado de otras personas vinculadas con una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo que, según el gobierno de Estados Unidos, era operada por el Cártel del Noreste.

La OFAC sancionó también dos casinos vinculados con ese grupo: el Casino Centenario, de Nuevo Laredo, así como el Diamante Casino, de Tampico, Tamaulipas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el primero de estos es empleado como depósito de drogas, sirve para lavar ganancias ilícitas y tiene áreas internas que son utilizadas como cuartos de tortura.

El abogado Penilla Rodríguez se colocó en el ojo público cuando, poco después de su misteriosa entrega al gobierno de Estados Unidos, el capo sinaloense Ismael El Mayo Zambada lo señaló en una carta como encargado de su defensa legal. Él llevaba, sin embargo, varios lustros haciendo ese tipo de trabajo: la defensa de narcotraficantes de alta gama, al lado de su socio Sergio Arturo Ramírez Muñoz, registrado como militante de Morena en 2018 y candidato a diputado suplente por ese mismo partido en 2021.

Más tardó en hacerse pública la carta de El Mayo que en circular el nombramiento de Penilla como asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un documento firmado por el propio gobernador.

Más tardó en hacerse pública la carta de El Mayo que en aparecer fotografías del abogado al lado de toda la élite de Morena: fotos con Claudia Sheinbaum, con Citlalli Hernández, con Arturo Zaldívar, con Mario Delgado, con Ricardo Monreal, con Martí Batres, con Félix Salgado Macedonio, con Clara Brugada, con Sergio Gutiérrez Luna y con Pedro Haces.

Más de 40 fotografías que mostraban su acceso pleno a la más alta cúpula gobernante. En 2019 la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero subió a redes sociales una foto con él y con el subsecretario Ricardo Peralta en su oficina de Bucareli. Según el texto que acompañó la imagen, analizaba al lado de estos “estrategias para mejorar la implementación de justicia”.

Penilla fue negado por el gobierno de Américo Villarreal, que sostuvo que el nombramiento, ya firmado por el propio gobernador, no se había concretado “tras una valoración”. Fue negado por quienes posaron a su lado en decenas de fotos, y que rechazaron tener cualquier tipo de relación con él.

Los mismos que lo negaron lo habían premiado dos veces en el Congreso (Lucía Trasviña y Ana Lilia Rivera le otorgaron el Premio Pro Humanitas, “por contribuir a la transformación”).

Fuentes de inteligencia reportan que Penilla fue el encargado de transmitir al gobierno de López Obrador una propuesta de su cliente, el Z-40, quien ofrecía colaborar en la “pacificación” de Tamaulipas a cambio de que no se le extraditara a los Estados Unidos.

A lo largo del sexenio, en al menos 60 veces, el Z-40 obtuvo amparos contra esta y siguió manejando a su grupo desde la prisión.

Según los reportes de agencias de Estados Unidos, Penilla fue llamado a Gobernación a través de Ricardo Peralta en tiempos en los que AMLO buscaba la manera de amnistiar narcotraficantes como una forma de “serenar el país”.

En círculos políticos de Tamaulipas se sabe que el abogado del Z-40 fue propuesto para quedar al frente de la aduana de Nuevo Laredo (una aduana que su cliente manejaba desde años atrás), pero que el grupo de la viuda de Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, operó en el gobierno de Américo Villarreal para que esto no ocurriera.

El asesor honorífico, el premiado en el Congreso, el que llegó decenas de veces con las más altas figuras del régimen, es considerado ahora por el gobierno de Estados Unidos como colaborador de una organización terrorista, cargo que podría extenderse a cualquier persona que haya tenido tratos con él.

Las aguas vuelven a sacudirse. Como abogado de narcotraficantes, Penilla tiene información en varios frentes. Y todos esos frentes apuntan al mismo sitio, al mismo partido, al mismo sexenio.

Con informacion: HECTOR DE MAULEON/ELUNIVERSAL+/

LA «OFAC HABLÓ y MARIACHIS CALLARÓN»:»TRAS ESCANDALO de PENILLA NARCO ASESOR de AMERICO SILENCIAN la PRENSA para ENGAÑAR CONTRIBUYENTES»…paradogicamente,con su mismo dinero.

Luego de escandalo desatado tras la sanción de la OFAC,por parte del Departamento del Tesoro de los EE.UU,que involucra al abogado Morenista,ex-asesor de Americo Villarreal Anaya,gobernador de Tamaulipas,citado profusamente por la prensa nacional, no fue asi en la prensa tradicional tamaulipeca como se advierte en los rastreos visibles, el eco ha sido más bien tímido, sin menciones al mandatario, casi como si los mariachis hubieran guardado la trompeta por orden de algún dueño de la plaza.

Lo que no sorprende, pues una operación en marcha desde el epicentro de la Comunicación Social del Gobernador de Tamaulipas, trabaja a marchas forzadas,dia y noche, para silenciar a los medios de difusión y alentar los de confusión, todo con el propósito de engañar a los contribuyentes, paradogicamente,con su mismo dinero,como advierte la evidencia. 

En Tamaulipas no faltan voces, faltan corajes 

Cuando Washington puso en la vitrina a Juan Pablo Penilla —abogado, operador y exasesor honorífico del gobierno de Américo Villarreal— la señal fue brutalmente clara: no era un personaje de utilería, sino alguien a quien la OFAC identifica como facilitador de servicios ilegales para el Cártel del Noreste y pieza útil para sostener la operación criminal desde la comodidad de un despacho.

Lo verdaderamente grotesco no es solo la sanción; es el teatro posterior. Aquí, donde se supone que la prensa local vigila al poder, la reacción luce como coro afinado de silencios, con notas muy cuidadas para no incomodar a quien reparte el oxígeno institucional y, de paso, el presupuesto público en forma de «cochupo,chayote o embute».

Porque el problema no es únicamente Penilla. El problema es lo que su caso destapa: una red de relaciones, fotos de la presidenta Sheinbaum pa’bajo, cargos honoríficos y puertas giratorias que durante años se maquilló como normalidad política, mientras desde Estados Unidos se describía una estructura donde el dinero, la violencia y la influencia institucional se mezclan con una facilidad obscena.

Y ahí entra la parte más cínica: si la operación de silencio existe, no solo engaña a los contribuyentes; también los financia con su propio dinero, porque la propaganda, los boletines y las lealtades compradas rara vez se pagan solas. El resultado es una prensa domesticada que a veces informa menos de lo que administra el daño reputacional del gobernante de turno.

Tamaulipas: donde los mariachis callan y la OFAC habla

La sanción del Departamento del Tesoro contra Juan Pablo Penilla dejó al descubierto algo más grave que un nombre en la lista negra: exhibió la costumbre del poder tamaulipeco de convivir con personajes que después intenta borrar de la foto. Penilla no era un desconocido; fue presentado como asesor honorífico de Américo Villarreal, y hoy Washington lo coloca como pieza funcional en la red de apoyo al Cártel del Noreste.

La prensa tradicional tamaulipeca, por su parte, parece haber entrado en modo bolero: mucho arreglo, poca letra. El asunto amerita preguntas elementales que nadie en el circuito oficialista quiere formular con precisión: ¿quién lo llevó, quién lo protegió, quién lo legitimó y quién recibió la orden de bajar el volumen cuando estalló la sanción ?.

Porque aquí no estamos frente a una anécdota, sino ante una operación política de encubrimiento por omisión. Y si el dinero público sostiene a quienes callan, entonces el contribuyente termina pagando la mordaza con la misma caja chica con la que se compra la simulación.

Con informacion: @Redes/ medios/

"ENTRÓ en SHOCK...JUSTO a TIEMPO": "POLICIA de TRANSITO de SAN PEDRO de las EJECUCIONES N.L CAMBIÓ su DECLARACIÓN TRAS ASESINATO"...lo dejan en libertad, pero detenido su teléfono chismoso.

El lunes pasado, en plena zona de confort de San Pedro Garza García, un sinaloense fue ejecutado dentro de una Grand Cherokee blindada, justo enfrente de una patrulla municipal. No fue un atentado relámpago ni un crimen a la distancia: fue una ejecución con precisión quirúrgica, realizada a pie, a plena luz del día, con un policía armado mirando desde unos metros atrás. Y, como dicta el manual del absurdo regio, el agente no disparó, no persiguió, no se movió. “Cayó en shock”, justificó el Secretario de Seguridad José Luis David Kuri. Qué conveniente.

El oficial —cuyo nombre la autoridad no ha querido revelar, aunque eso ya es una confesión de complicidad institucional— primero declaró ante la Fiscalía que revisaba los documentos del vehículo del ejecutado, Juan Carlos García Núñez. Luego cambió su versión: no revisaba, negociaba un “arreglo”. Un moche. Porque claro, nada más natural que detener una camioneta blindada y pedir dinero para “regularizar papeles”… justo antes de que un sicario aparezca y ejecute a su ocupante con cinco balazos en la cabeza.

Y mientras las versiones oficiales se desmoronan, surge la pregunta incómoda: ¿a quién servía el policía vial? Porque no se trata sólo de negligencia, sino de un patrón clásico de delación: distraer, entretener, “aflojar” el objetivo para que el ejecutor llegue sin resistencia. Lo llamó “shock”, pero en los códigos del crimen eso se llama cubrir el trabajo.

Expertos en seguridad —de esos a quienes la Secretaría sólo escucha cuando necesita justificar el desastre— recuerdan lo obvio: ningún policía medianamente entrenado se paraliza al ver un arma. Por instinto de supervivencia, desenfunda. El hecho de que este agente no lo hiciera sugiere que no era amenaza lo que veía, sino ejecución pactada.

Pero las autoridades, hábiles para la opacidad, siguen jugando al escondite. El Fiscal estatal Javier Flores reconoció que el agente fue detenido “por falsedad de declaraciones”, aunque liberado bajo reserva y con su teléfono en revisión voluntaria —otro gesto casi poético de buena fe en medio de un homicidio doloso. Según Flores, “en tiempo breve” se ofrecerá información más exacta. Tradúzcase: cuando la versión oficial esté bien planchada.

Mientras tanto, las cámaras de la Avenida Roble —al menos 63— podrían contar una historia menos conveniente: la de un policía que entregó al ejecutado, una víctima que bajó la ventanilla al creer que trataba con autoridad, y un sicario que actuó sin miedo porque sabía exactamente que nadie iba a intervenir.

San Pedro no vivió una ejecución cualquiera. Vivió un homicidio asistido por el silencio táctico de un uniforme.

Con informacion: ELNORTE/