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jueves, 23 de octubre de 2025

LA «FLOTA OSCURA y el GOBIERNO TRANSA»: «REUTERS HIZO su CHAMBA y RECONSTRUYO la RUTA HUACHICULERA del BUQUE TORM AGNES para DESCUBRIR al CJNG detras de la TRANSA»…y los que debian impedirla,bien embarrados.


En la tarde del 8 de marzo, un petrolero llamado Torm Agnes entró al puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120,000 barriles de diésel.

Tal embarcación era una vista rara en ese puerto, que principalmente recibe cruceros, yates de lujo y barcos de carga. Ensenada carece de la infraestructura necesaria para descargar cargamentos de hidrocarburos inflamables de manera segura, lo que hace que lo que ocurrió más tarde ese día fuera aún más extraño.

Oleadas de camiones cisterna de combustible llegaron al muelle para llevarse gran parte de la carga del Torm Agnes. Los trabajadores se apresuraron llenando los enormes tanques de los vehículos, hasta seis a la vez, usando mangueras conectadas a una manguera principal unida al barco. La operación, aunque arriesgada, transcurrió como un reloj, según un testigo y una foto y video de la escena compartidos con Reuters.

“Tenían un equipo, sabían exactamente qué hacer y eran muy rápidos”, dijo la persona. “Trabajaron horas insanas, como toda la noche.”

El audaz movimiento fue obra de contrabandistas vinculados a cárteles, según tres fuentes de seguridad mexicanas y tres personas familiarizadas con la operación, parte de una ola de traficantes que están trastocando el mercado de combustibles de México con una avalancha de combustible barato adquirido principalmente en Estados Unidos y disfrazado en declaraciones aduaneras como otra cosa.

VIDEO: Imágenes de celular proporcionadas a Reuters muestran camiones cisterna acercándose al petrolero Torm Agneshoras después de su llegada al puerto de Ensenada el 8 de marzo de 2025. El barco descargó diésel directamente en los camiones en una operación arriesgada que continuó durante toda la noche.

Los delincuentes mexicanos no actuaron solos. Una compañía de Houston llamada Ikon Midstream desempeñó un papel clave en la operación multimillonaria de Ensenada, según descubrió Reuters. La empresa compró el diésel en Canadá, declaró en documentos que era lubricante y fletó el barco para entregarlo a un cliente que las autoridades mexicanas alegan es una fachada de uno de los cárteles más grandes y violentos del país.

Ikon Midstream y su director ejecutivo, Rhett Kenagy, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. El abogado Joseph O. Slovacek, que representa a la empresa y a Kenagy, dijo a Reuters en un correo del 18 de octubre que dejaran de contactar a sus clientes.

“¡Nadie hablará con su reportero!”, dijo Slovacek.

El puerto de Ensenada no respondió a solicitudes de comentario. Torm, con sede en Dinamarca, que administra una de las flotas de petroleros más grandes del mundo, incluyendo el Torm Agnes, dijo que dejó de hacer negocios con Ikon Midstream solo semanas después del incidente en Ensenada.


El auge del contrabando de combustible

Aunque las drogas siguen siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, el combustible ilegal y el petróleo crudo robado se han convertido en su mayor fuente de ingresos no relacionada con drogas, según el Departamento del Tesoro de EE. UU. Los narcos han construido este lucrativo negocio infiltrándose en el vasto sector energético norteamericano y dominando la logística del transporte de productos petroleros por camión, tren y, más recientemente, por barco. Algunos funcionarios estadounidenses se refieren a los petroleros que transportan combustible ilegal como una nueva “flota oscura”, término más comúnmente asociado con el transporte ilícito de crudo ruso o iraní para evadir sanciones.

El contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales ya representan hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, arrebatando ganancias a algunas de las mayores empresas petroleras del mundo, dijeron cinco fuentes gubernamentales mexicanas a Reuters. El combustible ilegal que entra al país ahora se valora en más de 20 mil millones de dólares al año.

Las agencias de seguridad de ambos lados de la frontera están alarmadas. El gobierno de EE. UU. ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre delitos de combustible relacionados con los cárteles. En México, el contrabando mediante barcos ha provocado un escándalo de corrupción que sacude a la Marina, que administra los puertos y ha sido considerada una de las instituciones más confiables del país. El 7 de septiembre, el jefe de la Marina, Raymundo Morales, anunció una investigación interna y declaró:

“No toleraremos la corrupción bajo ninguna circunstancia.”

Para descubrir cómo funciona el contrabando de combustible hacia México, Reuters entrevistó a más de 50 personas con conocimiento del negocio ilícito: desde personas involucradas en cargamentos ilegales, hasta funcionarios de seguridad mexicanos y estadounidenses, ejecutivos actuales y anteriores de la industria petrolera, comerciantes de energía y especialistas en cumplimiento. Muchos hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.

Reuters es el primer medio en publicar un relato completo del viaje del Torm Agnes, desde su carga en Canadá hasta su descarga en Ensenada y otro puerto mexicano del que huyó apresuradamente.
La investigación se basa en información de siete personas involucradas en la logística o en la investigación del caso, así como en datos de rastreo satelital, documentos de envío internos, registros aduaneros y portuarios.

A partir de estos documentos y fuentes, Reuters reconstruyó con detalle inédito cómo funciona el esquema y cómo explota vacíos legales del sector energético estadounidense, involucrando a grandes petroleras, navieras y agencias gubernamentales.

Funcionarios estadounidenses reconocen que jugadores en EE. UU. ayudan a los cárteles a conseguir y transportar los productos, algunos sin saberlo y otros participando activamente.
El senador estatal de Texas Juan Hinojosa, demócrata, dijo que su estado productor de petróleo se ha convertido en un hervidero de operadores turbios.

“Los cárteles han infiltrado muchos negocios legítimos a lo largo de la frontera y más al norte”, dijo Hinojosa, quien promovió una ley para endurecer las regulaciones sobre depósitos y transportistas de combustible cerca de la frontera.
El proyecto está detenido en el senado de Texas, pero podría revivirse en el futuro.

LA CONEXIÓN AMERICANA

En el centro de ese acuerdo había una empresa estadounidense: Ikon Midstream, un comerciante de combustibles con sede en Houston. La compañía compró el diésel canadiense y fletó el Torm Agnes para entregarlo a México, según cuatro de las personas y documentos internos de Ikon Midstream vistos por Reuters.

Además del envío a Ensenada, Ikon Midstream organizó al menos otros cuatro envíos marítimos de diésel a México este año, según descubrió Reuters. Entre el 8 de enero y el 4 de marzo, la empresa usó otro petrolero de la misma flota — el Torm Louise — en cuatro ocasiones distintas para transportar carga desde Texas al puerto de Tampico, en la costa del Golfo de México, de acuerdo con datos de rastreo de buques y con Torm, la compañía naviera que administra tanto el Torm Agnes como el Torm Louise.

Torm dijo a Reuters que ambos buques estaban cargados con diésel. Añadió que el Torm Louise, en tres de sus viajes, también transportó nafta. En México, los contrabandistas frecuentemente usan ese hidrocarburo altamente inflamable para fabricar gasolina de baja calidad.

Sin embargo, en las declaraciones a la aduana mexicana, Ikon Midstream afirmó que los cinco envíos eran “aditivos para lubricantes”, no sujetos al impuesto IEPS, según registros portuarios mexicanos obtenidos por Reuters mediante solicitudes de transparencia.

El producto declarado en las facturas de embarque de exportación de Estados Unidos para dos de los envíos del Torm Louise también era lubricante, según Kpler, un proveedor de datos marítimos con sede en Bruselas. Reuters es el primer medio en informar que Ikon Midstream etiquetó estos envíos de diésel como lubricantes en declaraciones aduaneras estadounidenses.

Kpler dijo que no podía compartir los documentos fuente debido a acuerdos de confidencialidad con sus proveedores de datos.

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que posee copias de esos documentos, inicialmente rechazó una solicitud de acceso a la información presentada por Reuters en junio para obtenerlos. En octubre, el CBP indicó que la información solicitada estaba disponible en manifiestos de carga en papel que tendrían que solicitarse en persona en cada puerto de exportación, un proceso que describió como “lento” y sujeto a más demoras.

En un correo electrónico del 5 de agosto, Torm dijo que no era responsable ni estaba involucrada en completar la documentación aduanera de los envíos. Todos los documentos que recibió de Ikon Midstream, añadió Torm, declaraban consistentemente que los productos transportados en sus buques eran “ULSD y/o nafta”. ULSD es el acrónimo industrial de diésel con ultra bajo contenido de azufre.
Torm declinó compartir con Reuters los documentos que dijo haber recibido de Ikon Midstream, citando obligaciones contractuales.

“Con base en lo que ha salido a la luz, hemos decidido no seguir haciendo negocios con Ikon Midstream”, dijo Torm sin dar más detalles en un correo electrónico del 27 de agosto a Reuters.
Torm rompió las relaciones comerciales con Ikon Midstream a comienzos de abril y canceló dos contratos futuros con la empresa, indicó un portavoz de Torm en un correo posterior del 5 de septiembre.

Como parte de los esfuerzos de Reuters para obtener comentarios de Ikon Midstream, un reportero visitó la sede de la empresa en Houston en agosto, pero fue rechazado por un hombre que dijo trabajar para Ikon Midstream y se identificó únicamente como Daniel.

Kenagy, como muchos ejecutivos involucrados en el comercio global de petróleo —una industria de más de un billón de dólares—, proyecta una imagen de éxito. A comienzos de este año, compró una mansión en Houston con terrenos valuados en más de 6 millones de dólares, según registros de propiedad locales. Su cuenta de Instagram está llena de imágenes de autos deportivos, motocicletas exóticas y jets privados.

Él y su esposa, Janelle Alexis Flatt, aparecieron en un episodio de 2022 del programa de telerrealidad Below Deck Sailing Yacht, que relata las vidas de la tripulación de un yate de lujo y sus experiencias con los huéspedes que lo alquilan.

Flatt no respondió a solicitudes de comentarios.

Kenagy también figura como agente registrado de al menos media docena de empresas ya inactivas, incluidas iniciativas en minería, construcción y entretenimiento, según los registros comerciales de Texas.

En México, una empresa con sede en Monterrey llamada Intanza fue la receptora de la carga del Torm Agnes, de acuerdo con los registros portuarios mexicanos y con una factura del envío vista por Reuters.

Las autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según tres fuentes de seguridad mexicanas y un segundo documento sin fecha de las fuerzas de seguridad del gobierno visto por Reuters que detalla los vínculos del cártel con el contrabando de combustible.

Intanza no tiene sitio web ni presencia en redes sociales que Reuters pudiera identificar. Una carta enviada por Reuters a la dirección de Monterrey que figura en la factura de Intanza no pudo ser entregada, ya que el servicio de mensajería no encontró presencia de la empresa en ese lugar.

El nombre de Intanza volvió a aparecer después de que las autoridades mexicanas confiscaron otro petrolero, el Challenge Procyon, el 21 de marzo en el puerto de Tampico, estado de Tamaulipas. El 27 de marzo, Intanza presentó una demanda en un tribunal de Tamaulipas pidiendo a un juez que liberara ese cargamento, alegando que eran lubricantes incautados erróneamente; el juez rechazó la solicitud.
El 31 de marzo, el ministro de Seguridad Omar García Harfuch publicó en redes sociales que se habían encontrado 10 millones de litros (unos 63 000 barriles) de diésel a bordo del Challenge Procyon.

García Harfuch calificó esa incautación como

“una de las más grandes de la historia”, mientras anunciaba el arresto de 14 personas, incluidos ejecutivos, exfuncionarios de aduanas y oficiales navales activos y retirados, como parte de las investigaciones sobre el Challenge Procyon y otros presuntos casos de contrabando de combustible.
El gobierno identificó a los detenidos solo por sus nombres de pila, como es costumbre en México.

La Marina mexicana y la Fiscalía General dijeron que no podían comentar sobre investigaciones en curso y remitieron a Reuters a comunicados públicos sobre el tema. El Ministerio de Seguridad no respondió a solicitudes de comentario.

Ramiro Rocha, registrado como representante legal de Intanza en el padrón oficial de empresas de México, dijo que no tiene relación alguna con la compañía y que pudo haber sido víctima de robo de identidad.

UN CÁRTEL ZARPA

Durante décadas, pequeños ladrones han robado gasolina, diésel y petróleo crudo de Pemex. Con el tiempo, a medida que el comercio creció en escala y rentabilidad, atrajo la participación de los cárteles de México. Pero el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llevado el esquema a un nuevo nivel y es el líder indiscutible en el contrabando de combustible y petróleo crudo, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses.

El cártel, cuyo territorio de origen es el estado centro-occidental de Jalisco, se ha expandido por todo México. Las autoridades dicen que ha construido una formidable operación de contrabando en Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Texas.
Desde allí, aseguran, envía petróleo crudo mexicano robado a Estados Unidos y trae productos refinados estadounidenses a México por camión, tren y barco.
Afirman que el CJNG —como se le conoce por sus siglas— es el único cártel que actualmente utiliza petroleros.

Las autoridades detectaron por primera vez el contrabando en barco alrededor de 2020, según un documento gubernamental mexicano de 2021 visto por Reuters, que describe las investigaciones iniciales sobre el esquema, aunque entonces no atribuía el desarrollo a un cártel específico.

El salto de camiones y trenes a barcos refleja un nivel de sofisticación empresarial y poder de inversión muy superior a lo que se había visto antes, dijo Marisol Ochoa, experta en crimen organizado de la Universidad Iberoamericana de México.

“Tienes que tener un alto nivel de sofisticación y redes extensas y conexiones en logística operativa”, dijo.

Desde septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido dos rondas de sanciones contra una docena de ciudadanos mexicanos y casi 30 empresas mexicanas presuntamente vinculadas al CJNG y a sus operaciones de robo y contrabando de combustible.

Greg Gatjanis, exfuncionario de alto rango de OFAC, dijo que estaba

“asombrado por la cantidad de empresas” conectadas al presunto esquema. Las empresas incluyen gasolineras, firmas de transporte, una compañía de impresión 3D y una panadería de baguettes, según OFAC.

La administración Trump, en febrero, designó a varios cárteles mexicanos —incluido el CJNG— como organizaciones terroristas extranjeras. Eso permitió movilizar más personal y recursos en la lucha contra los cárteles y facilitó que los fiscales estadounidenses procesaran a individuos y compañías que hicieran negocios con ellos.

En mayo, un padre e hijo de Utah —James Lael Jensen y Maxwell Sterling Jensen— fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada. Las autoridades alegan que los Jensen trabajaron con el CJNG para contrabandear petróleo crudo a Estados Unidos.

Los abogados de James Jensen no respondieron a solicitudes de comentario. El abogado Robert Guerra, que representa a Maxwell Jensen, declinó hacer comentarios.

“Tienes que tener un alto nivel de sofisticación y redes extensas y conexiones en logística operativa.”
— Marisol Ochoa, experta en crimen organizado de la Universidad Iberoamericana de México, sobre el contrabando de combustible por barco.

Funcionarios estadounidenses también se reunieron con refinerías en el área de Houston este año para explicar la involucración del crimen organizado mexicano en el negocio de combustibles y enfatizar la importancia de conocer a sus proveedores y clientes, dijeron tres fuentes de la industria y un funcionario estadounidense.
Ese funcionario dijo a Reuters que los violadores de sanciones estadounidenses a lo largo de la cadena de suministropodrían enfrentar sanciones civiles y penales.

Eso representa

“un enorme riesgo empresarial” para los actores estadounidenses, dado el éxito de los cárteles en usar empresas fachada e intermediarios para hacer su trabajo sucio, dijo Gatjanis, el exfuncionario de OFAC.

En México, la escala y sofisticación crecientes del contrabando de combustible han generado acusaciones de participación de altos políticos.

Durante la campaña presidencial del año pasado, la candidata opositora Xóchitl Gálvez acusó al partido gobernante Morena de recibir fondos de Sergio Carmona, un empresario tamaulipeco conocido por la prensa mexicana como “El Rey del Combustible Ilegal.”

Carmona fue un gran traficante vinculado al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste, según informes de medios mexicanos. Fue asesinado a tiros en una barbería del norte de México en 2021 por atacantes desconocidos. Nadie ha sido arrestado por su muerte.

Según un segundo documento sin fecha de las fuerzas de seguridad del gobierno revisado por ReutersCarmona presuntamente ayudó a financiar campañas electorales de Morena, incluida la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia en 2018.

Ni López Obrador ni Morena respondieron a solicitudes de comentarios.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, del partido Morena, ha convertido la lucha contra el contrabando de combustible y el robo de crudo en una prioridad de seguridad para su administración.

“No protegeremos a nadie,” dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el 8 de julio, cuando se le preguntó sobre la supuesta implicación de políticos en el comercio ilícito.

Su oficina no respondió a una lista detallada de preguntas para este reportaje.

Desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, las autoridades dicen haber incautado unos 500,000 barriles de combustible y crudo ilegales —más que lo decomisado por el gobierno anterior en todo su sexenio—.
Eso es apenas una gota en el torrente de combustible de contrabando que entra al país.
Aun así, la lucha está resultando peligrosa.

El 4 de agosto, el fiscal federal Ernesto Vázquez, del estado de Tamaulipas, fue asesinado después de que su camioneta blindada fue atacada con una granada incendiaria en una calle concurrida de Reynosa.
Imágenes transmitidas en televisión nacional mostraron a Vázquez escapando del vehículo en llamas, solo para ser disparado desde un coche cercano.

En un comunicado al día siguiente, la Fiscalía General dijo que el asesinato probablemente fue obra del crimen organizado, luego de que el gobierno incautara, a fines de julio, más de 1.8 millones de litros (unos 11,300 barriles) de combustible ilegal, camiones, bombas y otro equipo en Reynosa, justo al otro lado de la frontera con McAllen, Texas.


UN RASTRO DE PAPEL DE EVASIÓN FISCAL

El comercio de petróleo crudo y combustibles suele implicar una compleja cadena de custodia. Las transacciones pueden involucrar múltiples compradores, vendedores e intermediarios. Los documentos de importación y exportación con frecuencia están incompletos o directamente falsificados por actores corruptos, dijeron expertos en comercio y funcionarios de seguridad a Reuters.

El Torm Agnes comenzó a cargar en la terminal marina de Vancouver Wharves, en Canadá, el 2 de marzo, según el proveedor de datos marítimos Kpler.
El petrolero cargó unos 120,000 barriles, calculó Kpler, con base en datos transmitidos por el propio buque que mostraban cuán bajo se encontraba en el agua.
Siete fuentes familiarizadas con el acuerdo confirmaron que transportaba diésel.

Ese diésel provenía de Imperial Oil, una compañía canadiense de petróleomayoritariamente propiedad de ExxonMobil, según cuatro de las fuentes.

Imperial Oil no respondió a solicitudes de comentario. ExxonMobil declinó comentar.

Los documentos de envío revisados por Reuters contaban una historia distinta sobre el contenido del barco.
Una factura del 28 de febrero, con el logotipo y dirección en Houston de Ikon Midstream, afirmaba que la carga eran lubricantes, no diésel, y que había sido vendida a Intanza.
El valor declarado era de 1.3 millones de dólares, o alrededor de una décima parte del valor real de 120,000 barriles de diésel en ese momento.
Un manifiesto de carga revisado por Reuters también mostraba que la carga eran lubricantes cargados en Vancouver en el Torm Agnes con destino a México, con Ikon Midstream como remitente e Intanza como destinatario.

En los últimos años, México ha registrado picos irregulares en las importaciones declaradas de lubricantes, un fenómeno que el gobierno ha vinculado al contrabando.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un documento de 2022, dijo que estos productos se usan “como un medio de evasión fiscal” porque no están sujetos al impuesto IEPS.

La demanda en México de los llamados aceites base para lubricantes es de aproximadamente 1 millón de toneladas por año, según Michael Connolly, jefe de análisis de refinación y aceites base en la empresa de información de materias primas ICIS.
Sin embargo, los datos oficiales de comercio de EE. UU. muestran que el país exportó hasta 3.5 millones de toneladas a México el año pasado, una cifra que Connolly considera incoherente.

“Simplemente hay un nivel mucho más alto de importaciones de lo que esperaríamos”, dijo.

Solo Ikon Midstream declaró haber enviado lubricantes desde EE. UU. a México 149 veces entre el 11 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2025, con 67 de esos cargamentos por barco, según datos comerciales compilados para Reuterspor la empresa tecnológica Altana.

Intanza, el cliente mexicano del cargamento del Torm Agnes, tiene una lista de objetos sociales que van desde la producción de bebidas alcohólicas hasta la investigación científica, según el registro de empresas de México.

Su dirección en Monterrey, según la factura de envío, corresponde a una unidad en un pequeño complejo residencial de dos pisos junto a una guardería. Cuando un reportero de Reuters visitó la dirección, no vio ningún letrero de Intanza.

Rocha, el representante legal listado de Intanza, vive en un barrio obrero a unos 40 kilómetros de la ciudad, según su dirección en el registro.

De cabello canoso, Rocha se volvió una pequeña celebridad en línea en los últimos años por publicar videos de sí mismo durmiéndose en lugares aleatorios.
Los fans apodaron al rechoncho Rocha “Don Pug.” Su popularidad resurgió en febrero cuando, en redes sociales, negó informes de prensa que decían que había muerto de un infarto durante un baile erótico en un club nocturno de Monterrey.

Rocha dijo a Reuters que trabaja como guardia de seguridad, que no tiene nada que ver con Intanza, y que los datos que figuran a su nombre en el registro —incluyendo su dirección y tres formas de identificación— podrían haber sido robados.


UNA OPERACIÓN IMPECABLE, LUEGO UNA HUIDA

En la tarde del 8 de marzo, el Torm Agnes entró al puerto de Ensenada. En cuestión de horas, la fila de camiones cisterna se extendía a lo largo del muelle y más allá del recinto portuario, dijo el testigo de la operación.

Algunos de esos vehículos llevaban el logotipo de una empresa de transporte llamada Mefra Fletes, según el testigo y una fotografía de la escena vista por Reuters.

Ikon Midstream y Mefra Fletes han colaborado en transferencias de combustible de barco a camión en al menos tres puertos mexicanos distintos en los últimos años, según dos fuentes familiarizadas con esas operaciones.
El empleado de la sede de Ikon Midstream en Houston que se identificó como Daniel dijo a un reportero de Reuters en agosto que solía trabajar con Mefra Fletes en México.

Mefra Fletes fue constituida en 2015 en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y se dedica al transporte de productos petroleros, según el registro mercantil de México.
No hay dirección ni contacto disponibles en el registro ni para la empresa ni para Roberto Blanco, su propietario mayoritario. Reuters no encontró sitio web ni redes sociales para Mefra Fletes.

Reuters no recibió respuesta a una carta enviada por mensajería con preguntas detalladas para Blanco a una dirección en Jalisco que aparece en uno de los camiones de la empresa.
Los reporteros tampoco pudieron localizar al representante legalMario Castro.

El Torm Agnes descargó gran parte de su carga, pero no toda, en Ensenada.
Desde allí, el barco se dirigió al puerto de Guaymas, en el Golfo de California, y nuevamente descargó directamente en camiones cisterna a partir del 20 de marzo, según fotos y videos de la operación vistos por Reuters.
Algunos de esos vehículos llevaban el logotipo de Mefra Fletes, mostraron las imágenes.

Sin embargo, el Torm Agnes solo logró descargar aproximadamente la mitad de la carga planeada allí, según correos internos del puerto vistos por Reuters.
En cambio, partió abruptamente al día siguiente, de acuerdo con datos de rastreo del barco y tres personas familiarizadas con la situación.
Los trabajadores que ayudaban a descargar el diésel empacaron rápidamente su equipo, y los camiones cisterna salieron a toda velocidad del puerto, dijeron las fuentes.

El éxodo causó revuelo local.
Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraron una docena de tanques de combustible desconectados de los camiones que los habían transportado y abandonados en estacionamientos y a la orilla de la carretera.

VIDEO: Imágenes de celular proporcionadas a Reuters muestran camiones cisterna acercándose al Torm Agnes en el puerto de Guaymas, donde el barco llegó el 20 de marzo de 2025.

Fuentes de seguridad dijeron a Reuters que sospechan que el Torm Agnes se fue después de que corriera la voz en el puerto de Guaymas de que las autoridades mexicanas estaban incautando otro petrolero, el Challenge Procyon, ese mismo día, 21 de marzo, en el puerto de Tampico.

Torm no comentó sobre la razón de la salida apresurada del Torm Agnes.
El puerto de Guaymas tampoco respondió a solicitudes de comentario.

El 28 de marzo, las autoridades mexicanas anunciaron en un comunicado de prensa que habían incautado unos 50,000 barriles de productos petroleros almacenados de forma precaria en unos 100 contenedores en un terreno polvoriento en El Sauzal, a unos 10 kilómetros al norte del puerto de Ensenada.
Las fuerzas de seguridad también confiscaron equipos y camiones cisterna.
Videos de la redada, difundidos por medios mexicanos, mostraron camiones de Mefra Fletes.

Los productos petroleros incautados probablemente provenían del puerto de Ensenada y llegaron por barco, según un resumen sin fecha del caso elaborado por fuerzas de seguridad mexicanas visto por Reuters.
El documento no mencionaba al Torm Agnes, pero dos fuentes de seguridad confirmaron que la actividad del barco en Ensenada está bajo investigación.

Anuar González, exrepresentante legal de Mefra Fletes, fue detenido en agosto.
Se ha emitido una orden de arresto contra Blanco, el propietario mayoritario de la empresa.
Ambos son sospechosos de participar en el comercio ilegal de combustible, según una fuente de seguridad mexicana y reportes de prensa.

Reuters no pudo determinar si González tiene abogado.
Blanco sigue prófugo.

Con informacion: REUTERS/

*Reporting by Stefanie Eschenbacher in Tampico, Mexico, Shariq Khan in Houston and Stephen Eisenhammer in Mexico City. Additional reporting by Laura Gottesdiener in Monterrey, Mexico; Pola Grzanka and Monica Naime in Mexico City; Alicia Fernández in Tampico; Liz Hampton in Denver; and Amanda Stephenson in Toronto.

miércoles, 22 de octubre de 2025

«AHORA por el PACIFICO»: «TRUMP le REPITE a NARCOS la RECETA del MISIL MAS RAPIDO que la LANCHA RAPIDA»…el verdugo cayó del cielo.


Fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron un ataque contra lo que, según el Pentágono, era una embarcación de narcotraficantes navegando en aguas del Pacífico Oriental. Resultado oficial: dos muertos, cero heridos del lado norteamericano. La noticia la soltó el jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, en X, como quien comenta el marcador de un partido.

Bajo órdenes directas del Presidente Trump, según dijo Hegseth, el “ataque cinético letal” se justificó porque la lancha estaría operada por una “Organización Terrorista Designada” dedicada al tráfico de drogas. Nada de abordajes ni persecuciones cinematográficas: un misil, una explosión, y punto final.

El Pentágono asegura que el golpe ocurrió en aguas internacionales y que ambos ocupantes del barco murieron en el acto. “Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, subrayó el mensaje, como si eso necesitara aclararse.

Este es el primer ataque de este tipo en el Pacífico desde que Washington estrenó, el pasado 2 de septiembre, su campaña aérea contra objetivos supuestamente vinculados al narcotráfico y al terrorismo. Una ofensiva que ya ha levantado cejas por borrar, en la práctica, la frontera entre guerra y guerra contra las drogas.

Con informacion: ELNORTE/

DE APATZINGAN a SAN PEDRO y…SEGUIMOS JODIDOS»: «MEXICO es TIERRA de NADIE donde CUALQUIERA puede ser ASESINADO o LEVANTADO con TOTAL IMPUNIDAD»…y estado sigue reaccionando tarde y torpe.


Ya sea el asesinato de un prominente abogado en la Ciudad de México, el homicidio de un presidente municipal en Hidalgo, la ejecución de un líder limonero en Apatzingán o la desaparición forzada operada a plena luz del día por un comando paramilitar en San Pedro Garza García, cada vez son más evidentes los indicios de que México se ha convertido en tierra de nadie. En este país, cualquier persona puede ser asesinada o desaparecida con total impunidad. Todos los casos mencionados ocurrieron en la última semana. El Estado, cuya tarea primordial es garantizar la seguridad física y jurídica de los ciudadanos, ha perdido su propósito esencial.

Los nombres de las víctimas, David Cohen, Miguel Bahena, Bernardo Bravo, se desvanecen en el aire cuando termina el ciclo de noticias de 24 horas. La violencia criminal, la crisis de homicidios, se ha vuelto parte de la normalidad mexicana. Para el gobierno, la falta de memoria colectiva protege a los poderosos de la rendición de cuentas. El discurso de la administración de Claudia Sheinbaum se repite cada vez que surge un cuestionamiento por asesinatos de alto perfil: se trata de casos aislados, argumentan; el índice de asesinatos está bajando, aseguran

Sin embargo, las palabras del gobierno chocan contra la realidad del aumento de las cifras de desapariciones o contra la tesis del experto en seguridad nacional, Eduardo Guerrero, de que la pacificación es frágil porque depende de la construcción de un monopolio criminal en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos sostiene que el 35 por ciento del territorio mexicano está bajo control de los cárteles, nadie fuera del gobierno lo contradice. Lo mismo sucede en Tierra Caliente, sede de un conflicto paramilitar con drones artillados y minas terrestres entre cárteles y grupos de autodefensa, que en San Pedro Garza García, un municipio con un ingreso per cápita de 107 mil dólares anuales, sede de importantes corporativos multinacionales y el nuevo hub de blanqueo de capitales en México.

El caso sampetrino es emblemático para entender los problemas estructurales de la crisis de seguridad en México. En 2009, antes de asumir el cargo como alcalde, Mauricio Fernández Garza pactó un blindaje artificial con el Cártel de los Beltrán Leyva. El político panista confesó el acuerdo en una grabación que entonces fue revelada por el periódico Reporte Índigo. Arturo Beltrán Leyva, quien en ese momento libraba una sangrienta guerra criminal contra el Cártel de Sinaloa, se refugió en San Pedro Garza García. Desde ese momento, la seguridad municipal se administró mediante una codependencia entre el alcalde y el grupo criminal denominado ‘La Oficina’, una célula que, hasta la fecha, obtiene rentas criminales producto de la extorsión, el narcomenudeo y la “protección” a criminales de cuello blanco como factureros u operadores de huachicol fiscal. En alguna ocasión, un ex secretario de Seguridad Pública de Nuevo León le dijo a Código Magenta que, prácticamente, todos los asesinatos cometidos en San Pedro están relacionados a esta red de extorsión. El caso mediático más reciente de alto impacto: el homicidio de Julio César Luna, propietario de Tacos del Julio.

Este contexto sugiere que el municipio más rico del país, el que alberga a la élite del otrora prominente Grupo Monterrey, es manejado por un grupo de seguridad acusado de vínculos criminales en denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Si esto sucede en San Pedro, ¿qué está pasando en el resto del país? ¿Quiénes manejan la seguridad de México en todos sus niveles? ¿Quién vigila a los vigilantes?

En 2015, en el tercer trienio de Mauricio Fernández Garza como alcalde de San Pedro, el panista designó a un viejo operador de seguridad como enlace con el Cártel de ‘La Oficina’ de los Beltrán Leyva: José Luis David Kuri. De acuerdo a una fuente de esa administración municipal, Kuri actuaba a la sombra de las autoridades. El rol de este operador confirmó lo que muchos sospecharon durante años: en San Pedro, se estableció un ‘Grupo Rudo’ que realizaba ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Un comando armado por encima de la ley.

Después de seis años del gobierno independiente de Miguel Treviño, Mauricio Fernández recuperó la alcaldía de San Pedro en 2024. En esta ocasión, el presidente municipal eliminó a los intermediarios y designó directamente a José Luis David Kuri como secretario de Seguridad Pública. Los escándalos emergieron de inmediato. Uno de sus mandos policiales, Lorenzo de León Pruneda, renunció a su cargo porque se reveló que había estado preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Otro de los mandos, Fernando Martínez Huizar, titular de Asuntos Internos, fue captado en video en Tacos del Julio, días antes del asesinato de Julio César Luna, solicitando pagos por extorsión. Además, Código Magenta exhibió que existe una denuncia en su contra por violación en la Fiscalía de la Ciudad de México. Joaquín Villegas, escolta de José Luis Kuri, estuvo preso por homicidio y formó parte de un grupo SWAT de la Policía Estatal con vínculos al Cártel de los Beltrán Leyva.

El escándalo más reciente ocurrió el viernes 17 de octubre. Fuerza Civil de Nuevo León informó sobre un arresto en el municipio rural de Anáhuac de dos personas con 300 mil pesos en efectivo (cuya procedencia no pudo ser comprobada) y un chaleco balístico. El comunicado refiere que la detención se realizó de manera aleatoria porque una camioneta estaba parada en la carretera Monterrey-Laredo. No obstante, fuentes del aparato de seguridad aseguran que fue un trabajo de inteligencia y que los detenidos eran policías de San Pedro: José Miguel Compeán García y José Juan López Uribe. Esta es una prueba adicional de las irregularidades que rodean a la Secretaría de Seguridad Pública sampetrina.

El pasado sábado 11 de octubre, la colaboración criminal entre el grupo de ‘La Oficina’ y un sector de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro se manifestó en un video captado por vecinos de la Colonia Bosques del Valle, un exclusivo sector residencial: un comando de hombres armados, con el rostro cubierto, sin uniforme, privó de la libertad a un civil. José Luis David Kuri, secretario de Seguridad, alegó que los encapuchados no eran secuestradores, sino miembros de Fuerzas Especiales de la Policía de San Pedro. Código Magenta tuvo acceso al testimonio de una de las víctimas que fue privado de la libertad, golpeado, amenazado y torturado. Su versión de los hechos contradice completamente la versión de las autoridades.

Código Magenta también pudo conocer el relato de hechos del padre de la víctima, quien ha solicitado la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, a cargo de Omar García Harfuch, y de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Tememos por nuestra seguridad, tenemos miedo”, advierten.

Considerando esta situación, el padre de la víctima envió una advertencia contundente sobre el riesgo de utilizar “grupos rudos” para el manejo de la seguridad pública.

Este caso no representa un fenómeno aislado. Se trata de un problema sistémico. Precisamente ayer, 21 de octubre, el Comité contra las Desapariciones de la Organización de Naciones Unidas, en su informe anual frente a la Asamblea General abrió el procedimiento del Artículo 34 para México. El Estado mexicano dijo no compartir la decisión del Comité, dado que el Artículo 34 “debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos”. El gobierno negando la realidad que aqueja al país, de Apatzingán a San Pedro, en todas sus latitudes.

La impunidad es un virus que se ha esparcido por todo México. El miedo se alimenta de las fallas y la indiferencia de un sistema de procuración de justicia que se resiste a ser reformado. También se nutre del silencio cómplice. En San Pedro, un reporte de inteligencia militar sobre el manejo de la seguridad municipal y sobre los nexos de la policía con ‘La Oficina’ llegó a las manos de un grupo de personas cercano al alcalde, el ahora difunto Mauricio Fernández Garza. A pesar de la contundencia de la información, nadie se atrevió a confrontarlo.

Sucedió lo contrario mil kilómetros al suroeste de San Pedro, en Apatzingán, Michoacán, donde un valiente líder empresarial, cansado de las extorsiones criminales de los cárteles, alzó la voz en nombre de su gremio, los productores de limón. Por ello, Bernardo Bravo fue brutalmente asesinado.

En su deber más elemental, el Estado mexicano le debe justicia, al igual que al abogado David Cohen, al alcalde Miguel Bahena, a los asesores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, y a las decenas de miles de víctimas de asesinato y desaparición forzada en este país. El combate a la impunidad, la transformación de la realidad, empieza por no olvidar nombres como los de Bernardo Bravo. Por alzar la voz en su memoria. ¿Lo entenderán las élites políticas y empresariales de San Pedro Garza García y del resto del país?

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

EL «ROBO y la VENGANZA»: «NARCOS DOLIDOS por ROBO de 180 KILOS de COCAINA por PARTE de NARCO POLICIAS de ELITE DETONARON ATAQUE con DRONES EXPLOSIVOS»…quien se mete con la mercancía para quedarse con ella, lo paga en plomo.


El caso del robo de 180 kilos de cocaína al narco en Tijuana exhibe, sin medias tintas, el desorden institucional y la delgada línea entre quienes portan placa y quienes mandan en la plaza. Según la investigación de Proceso,confirmada por la fiscalía del estado, varios agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) —la policía que se supone combate al crimen organizado— están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República por haber robado en coordinación con el Cártel Arellano Félix el cargamento valuado en varios millones de dólares,dependiendo del destino de la droga y la etapa del mercado negro donde se calcule el precio.

Si esta carga logró llegado al mercado en EE. UU., donde el gramo puede costar entre 25 y 200 dólares, su valor minorista total podría rebasar 20 millones de dólares, de acuerdo con informacion citada por La Jornada.

El robo y la venganza

El golpe fue el 4 de octubre, en Ojo de Agua, Tijuana. Los dueños del cargamento, que al parecer pretendían cruzar los 180 kilos “por la libre” —sin pagar derecho de piso a ningún cártel—, se toparon con policías que, en lugar de decomisar, se pusieron en plan de “bajadores”. Les robaron la mercancía y también dinero en efectivo.

El resultado: un infierno de represalias. Comandos y drones atacaron en los días siguientes instalaciones de la FGE en Tijuana y Ensenada. No es casualidad, sino la consecuencia directa de haberle tocado el dinero sucio a los equivocados.

La fiscal y la tormenta

La fiscal estatal, Ma. Elena Andrade Ramírez, dio la cara con un discurso de moral policial: “el que anda en malos pasos tiene que pagar, con cárcel o con muerte”. En Baja California, esa frase no suena a advertencia, sino a epitafio. La propia Andrade reconoció que los quemados son agentes de la FESC y que todo fue denunciado ante la FGR.

Mientras tanto, aparecieron narcomantas mencionándola, aunque ella asegura que no son amenazas contra su persona, sino mensajes cruzados entre malandros: “fiscal, no es por aquí, no fui yo”. Un código criminal en plena vía pública.

El retrato real

Si algo refleja este episodio es que la frontera está desbordada. Policías que trabajan para el Estado y para el narco dependiendo del turno. Un cártel viejo —el de los Arellano Félix—, que sigue operando a la sombra de la violencia más reciente, y una autoridad que intenta mantener la fachada de legalidad mientras lidia con sus propios fantasmas.

El saldo: una guerra interna, disimulada bajo el nombre de “investigación ministerial”, que dejó claro el mensaje de siempre en Tijuana: quien se mete con la mercancía, paga en plomo.

Con informacion: PROCESO/

‘VIOLENCIA se METIO al SALON de CLASES»: «ESTUDIANTE MATA a BALAZOS MAESTRA por IMPONERLE MALA CALIFICACION»…y nos remite a sucesos de Coahuila,Monterrey o Tamaulipas.


La violencia en México se mete hasta los salones de clase. Fabiola Ortiz Medina, maestra y psicóloga, fue asesinada a balazos por uno de sus estudiantes frente al Colegio de Bachilleres 6, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, en el Estado mexicano de Oaxaca, el pasado miércoles. La principal línea de investigación apunta a un desacuerdo por una mala calificación.

Ortiz Medina fue atacada a plena luz del día, cuando llegaba al colegio a dar clases a las 15.00 horas. Estacionaba su auto frente a la escuela, cuando se acercó un joven que disparó contra ella en varias ocasiones. Ese mismo día, la Fiscalía informó de que estaba trabajando en la investigación con perspectiva de género.

El fiscal del Estado, José Bernardo Rodríguez, aseguró ayere martes a medios locales que la investigación “está muy avanzada”. Sin dar detalles de la identidad del agresor, ha confirmado que se trata de un estudiante: “Hasta ahora nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la institución académica (…) Es un tema de una calificación”.

Alumnos y vecinos del municipio, ubicado en la región Sierra Sur, despidieron a la profesora en un homenaje el pasado viernes. “Su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste”, se escucha en un video publicado en redes sociales. Por su parte, los docentes piden justicia. La directora del colegio, Verónica Hernández, publicó un mensaje: “Faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre le hará falta a sus hijos”. El sindicato de trabajadores de la institución exigió a las autoridades “esclarecer el artero asesinato”.

Violencia en las escuelas

No es la primera vez que una agresión de este tipo sacude a las escuelas mexicanas. 

En 2017, un estudiante de 15 años abrió fuego en su salón de clases de un colegio privado en Monterrey, hiriendo a su profesora y a varios compañeros antes de suicidarse.

Dos años después, un niño de 11 años en Torreón, Coahuila mató a su maestra y luego se quitó la vida. 

En casos más recientes, el pasado septiembre, alumnos del Cetis 78 de Altamira, Tamaulipas, golpearon brutalmente a su director durante una protesta escolar por casos de acoso y negligencia. En las imágenes del ataque, grabadas por los propios estudiantes, se ve cómo el hombre recibe una cascada de puñetazos, patadas y golpes en la cara.

En México, la portación de armas está restringida, pero los episodios de violencia escolar suelen reabrir el debate sobre el programa Mochila Segura, que proponía revisar las pertenencias de los alumnos al ingresar a clase. La medida fue abandonada después de que la Suprema Corte y organismos de derechos humanos consideraran que violaba la privacidad de los estudiantes, y que convertía a los docentes en vigilantes sin herramientas ni protocolos claros.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO

EL «CACHIRUL de la REPUBLICA»: «NORROÑA VUELVE a VIOLAR la LEY porque la DESPRECIA y se SIENTE CIUDADANO de EXCEPCION en VEZ de ser EXCEPCIONAL»…en México, algunos no necesitan fueros: les basta con la soberbia


Gerardo Fernández Noroña, el autoproclamado cruzado de la moral y defensor del pueblo bueno, decidió que las leyes son para los mortales comunes, no para él, que se siente tejido a mano con el hilo grueso de la impunidad y el ego.

Aunque la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y hasta los lineamientos de Morena le dicen con todas sus letras que no puede aceptar regalos, él ya está empacando la guayabera diplomática para un viajecito al Medio Oriente con todos los gastos pagados.

Y no cualquier viaje: uno que ni siquiera le corresponde. La invitación era para la presidenta del Senado, pero el hombre se cuela como si el poder fuera un bufé libre. En el argot futbolero, Noroña va de “cachirul”, alineado sin registro, colándose por la rendija del cinismo.

Porque si algo caracteriza a este animal político, es su talento para torcer el reglamento y justificarlo con un discurso de “solidaridad internacional”. Resulta que Emiratos Árabes le paga el boleto “por su apoyo a Palestina”. Qué conmovedor. Nada más revolucionario que viajar en clase ejecutiva con el dinero de otro mientras se presume la austeridad republicana.

Y claro, cuando se le pregunta a la presidenta del Senado —esa que sí tiene el cargo que él ya no— si el viaje está aprobado, responde con frialdad quirúrgica: “eso pregúntenselo a él”. Tradúzcase: que cada quien se haga responsable de su circo.

Así que ahí va Noroña, con licencia temporal, rumbo a Palestina, con la frente muy en alto y la ley muy por debajo. Se siente ciudadano de excepción, no porque sea excepcional, sino porque desprecia cualquier límite que le recuerde que, al final, es un servidor público, no un rockstar diplomático.

Mientras tanto, el Senado guarda silencio, Morena mira hacia otro lado y el país asiste, una vez más, al espectáculo de un político que predica la ética de los otros mientras se da permiso de romper todas las reglas.

Porque en México, algunos no necesitan fueros: les basta con la soberbia.

Con informacion: ELNORTE/