La narcocultura ha permeado tanto en la sociedad que cada vez más personas se suman a las filas del crimen organizado para tener una vida lujosa aún a costa de su vida, por ello el combate a la delincuencia se endurece, aunque algunas autoridades dan la guerra por perdida, como una alcaldesa de Baja California Sur.
Iliana Guadalupe Talamantes Higuera, alcaldesa de Comondú, dió su opinión respecto a un hecho ocurrido el pasado 25 de septiembre, en el que un grupo de sicarios humilló y golpeó a policías municipales que acudieron a un bar para atender una riña. La funcionaria dijo que si el Ejército no ha podido con los narcos, mucho menos la corporación que protege su municipio.
Además la presidenta municipal de Comondú mostró un casi nulo optimismo referente a la lucha contra el crimen organizado.
“Si no puede la Policía Federal, si no puede la Marina, si no puede el Ejército, no han podido este tiempo, ¿van a poder la policía municipal de Comondú?, por favor, o sea”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.
Derivado del hecho violento que involucra a la policía municipal algunas personas decidieron no llevar a sus hijos a la escuela, pero la funcionaria dijo que la vida no debe detenerse, que ella continúa enviando a los suyos a clases.
Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Talamantes Higuera dio una declaración que dejó sorprendidos a todos, pues dijo que la presencia del narco lleva años, no la quitará ni su administración ni las próximas.
“Va a pasar esta Administración y la que venga tampoco y la otra y por los siglos de los siglos amén. Nosotros no estamos en una guerra contra ningún grupo delincuencial, al contrario, estamos para proteger a la ciudadanía, esa es nuestra principal misión”, sentenció la alcaldesa.
El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien presuntamente asesinó a su esposa, Yrma Lydya, en el restaurante Suntory de la Colonia Del Valle, falleció este martes en el Reclusorio Norte.
Autoridades penitenciarias confirmaron que esta mañana el litigante manifestó sentirse mal de salud y fue trasladado al servicio médico del centro penitenciario, donde trataron de reanimarlo; sin embargo, falleció a las 10:45 horas.
Indicaron que el litigante sufrió un infarto cerebro vascular el pasado 12 de septiembre y que le realizaron tomografías debido a su condición de salud delicada.
En julio pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el abogado no tenía televisión debido a la temporalidad de su ingreso al Reclusorio Norte, pues para usarla tendría que haberlo hecho mediante una solicitud al Comité Técnico y cumplir con los requisitos necesarios.
Además, la dependencia refirió que sí tenía acceso a teléfonos públicos que están en los dormitorios bajo horarios establecidos, como otros internos, que es parte de sus derechos.
Y, debido a su edad, estaba en un dormitorio con población vulnerable por ser adulto mayor.
De 79 años de edad, Hernández Alcocer duró sólo tres meses y ocho días preso en el centro penitenciario vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.
El 23 de junio presuntamente asesinó con tres impactos de bala a su esposa, la cantante Yrma Lydya, en el restaurante Suntory de la Colonia Del Valle.
El mismo día fue detenido y tres días después le dictaron la prisión preventiva justificada. El 30 de junio un juez de control lo vinculó a proceso.
¿Quién era Hernández Alcocer?
Durante años, Hernández Alcocer ejerció como abogado en los tribunales de la Ciudad de México, pero sin contar con cédula profesional.
Fue hasta 2017, cuando tenía 74 años, que el presunto feminicida se tituló comolicenciado en Derecho por la Universidad del Distrito Federal. Para ese entonces, sumaba décadas involucrado en asuntos jurídicos.
La falta de un título universitario no fue impedimento para que Hernández Alcocer llevara a cabo negociaciones legales a las que acudía armado, algo que hacía notar.
De acuerdo con testimonios, al tratar algún tema delicado, colocaba sobre la mesa una pistola escuadra calibre .380 chapada en oro.
En lo que va de este 2022, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido plenamente identificados por su vestimenta o tras inteligencia de autoridades como los protagonistas de balaceras, narcobloqueos, lanzamiento de bombas y asesinatos en zonas públicas, pese a encontrarse población cerca.
Como ocurrió ayer en Zapopan, Jalisco, conoce otros actos de violencia que que se les adjudica a este cártel en Baja California, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Colima.Terror en Plaza Andares
Una balacera entre criminales y militares provocó que familias que se encontraban en Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco, corrieran aterrorizadas a refugiarse.
El ataque ocurrió cuando sicarios del CJNG intentaron plagiar a un empresario automovilístico, del cual hasta ahora no identificado, en la plaza del Bulevar Puerta de Hierro.
Un escolta murió y al menos seis personas fueron lesionadas, tres de ellas de forma colateral, es decir, sin estar implicada en la balacera.
Narcobloqueos en BC
En Baja California, los narcobloqueos del 12 de agosto pasado fueron adjudicados al CJNG, de acuerdo con la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.
“Según nos informó el Fiscal, y lo que se tiene hasta este momento, es (que el responsable fue) el Cártel Jalisco (Nueva Generación); según el Fiscal, la información oficial la tienen ellos y yo solamente llamo a la población para decirles que en Tijuana estamos preparados para protegerlos”, dijo Caballero.
En esa ola de violencia, se registró un saldo:
-Un lesionado
-17 detenidos
-24 hechos delictivos en:
Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada.
Incendian Guanajuato y Jalisco por "El Doble R"
Tras un operativo fallido para detener a Ricardo Ruiz Velazco, alias “Doble R”, operador del CJNG en el Occidente y Bajío, grupos de sicarios comenzaron el incendio de taxis, autobuses, coches particulares, comercios y tiendas de conveniencia el 10 de agosto pasado en Jalisco y Guanajuato.
En Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro reconoció que la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara se desató por un operativo en Ixtlahuacán del Río.
En Guanajuato, los incidentes se replicaron en León, Irapuato, Celaya y en Guanajuato capital.
La extorsión en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, durante este año se han realizado ataques a transportes públicos, a tiendas de conveniencia y tortillerías como parte de la extorsión y cobro de piso que, según empresarios, realizan integrantes del CJNG.
En junio pasado, hubo ataques a camionetas tipo van que van desde este lugar turístico de Guerrero hacia Acapulco.
Asimismo, sujetos armados atacaron la cervecería “Modelorama” y empresarios de la masa y tortilla cerraron sus establecimientos.
Los bombazos
Con drones modificados, integrantes del CJNG lanzaron bombas caseras en mayo pasado a campamentos de la Policía Comunitaria de Tepalcatepec, Michoacán, lo grabaron y lo difundieron.
Los drones son utilizados para sobrevolar y atacar por sorpresa a grupos de presuntos autodefensas que se mueven en caravana de camionetas o se resguardan en campamentos improvisados en zonas rurales.
Reaccionan por "El Chaparrito"
Tras la detención de Miguel Aldrín Jarquín, “El Chaparrito”, líder del CJNG en Colima, integrantes de ese cártel realizaron al menos cuatro narcobloqueos en marzo pasado.
Los vehículos quemados fueron principalmente de carga pesada sobre la vía Colima-Guadalajara, en el Libramiento Ejército Mexicano, y en el Fraccionamiento Ikal,en el Municipio de Cuauhtémoc.
“El Chaparrito” está prófugo luego que un juez le dio la oportunidad de presentarse por su propia voluntad a juicio, lo cual no cumplió y se fugó.
El velorio del CJNG
Una disputa entre Alejandro, “El Pelón”, contra Abel, “El Toro”, ambos integrantes del CJNG provocó un fusilamiento frente a personas que asistieron a un velorio en San José de Gracia, en Michoacán.
El 27 de febrero, pobladores registraron cómo al menos 11 personas fueron asesinadas al ser sacadas del velorio de la madre de uno de ellos.
Y hasta desfilan
El 11 de septiembre, hombres con vestimenta militar, luciendo armas de alto poder y a bordo de lujosas camionetas participaron en un desfile que se realizó en Zirándaro, en límites de Guerrero con Michoacán.
Los sujetos portaban la leyenda del CJNG en sus playeras y caminaron por la Calle Nicolás Bravo, a metros del Palacio municipal, como parte de la fiesta del Santo Patrono de San Nicolás Tolentino.
Actos de extorsión, robo, abuso de autoridad e incluso vínculos con el crimen organizado han sido detectados en la Guardia Nacional (GN).
Y eso que sólo una de cada ocho denuncias por delitos o abusos en contra de elementos de esta corporación federal son admitidas por la autoridad.
De acuerdo con reportes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Nacional, entre el 2019 y abril pasado fueron registradas 8 mil 656 denuncias, tanto anónimas como de ciudadanos afectados, pero sólo mil 135 derivaron en investigaciones.
Entre el 1 enero del 2021 y el 30 de abril pasado, fueron sancionados 9 mil 175 elementos, un 7.7 por ciento de la corporación.
El 64 por ciento de ese total fueron arrestados, el 18 por ciento fue castigado con restricciones, el 17 por ciento tuvo amonestaciones privadas y el resto tuvo amonestaciones públicas.
De las denuncias indagadas -que contienen más de una acusación-, 787 asuntos de corrupción están vinculados a la extorsión de los agentes, 137 a abuso de autoridad, 92 a robo de bienes a la institución, 72 al robo (sin especificar), 58 a desacreditar a la GN, 53 a no conducirse con dedicación y disciplina, 31 a solicitar dádivas, 17 por cohecho, y 15 al uso indebido de recursos y abuso de confianza.
En los casos más graves detectaron a 18 elementos con vínculos con la delincuencia organizada, 10 con enriquecimiento ilícito, cinco por violación a los derechos humanos, tres por uso de la fuerza letal, tres por huachicol, dos por delitos contra la salud, uno por secuestro, uno por contrabando y uno más por violación.
Sin embargo, los agentes también fueron señalados por agresión física o verbal, extravío de bienes de la institución, adeudo institucional, no cumplir órdenes, allanamiento de morada, uso indebido de bienes, daño en propiedad ajena, no cumplir funciones con imparcialidad, fuga de información, permitir que personas ajenas utilicen bienes de la Guardia, usurpación de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y hasta ingerir bebidas embriagantes.
El pasado 14 de septiembre se informó que un elemento fue acusado de robar mil 800 dólares (unos 36 mil pesos) a un vendedor de autos, lo que desató una trifulca en la carretera Matamoros-San Fernando, en Tamaulipas.
En esa ocasión, unos 40 comerciantes de vehículos llegaron a un retén militar en esa vía para exigir la devolución del dinero, castigo para el agente y el retiro del personal de la GN.
La Guardia ya sancionó a 9 mil 175 elementos por faltas al régimen disciplinario reportadas entre el 1 enero de 2021 y el 30 de abril de este año.
De ese total de sanciones el 64 por ciento de los efectivos fue arrestado, el 18 por ciento fue castigado con restricciones, el 17 por ciento tuvo amonestaciones privadas y el 0.7 por ciento amonestaciones públicas.
Los Consejos Disciplinarios de la corporación también han sancionado a unos 21 elementos por faltas al régimen disciplinario.
Ayer bien tempranito, Cabeza de Vaca publicó en su Twitter que “no ha huído”, que se encuentra en su rancho en Tamaulipas y que no fue al cambio de gobierno porque “no lo invitaron”, obviamente se le fueron a la yugular en los comentarios por cada una de sus afirmaciones.
Para empezar, no publicó foto o video que lo ubique en tiempo actual su paradero (sosteniendo algún periódico del día, con un noticiero de fondo o alguna otra forma usual), de hecho no subió ninguna clase de imagen al respecto, lo que sólo volvió su declaración aún más cuestionable.
Su razonamiento de no ir porque “no estaba invitado” es por demás absurdo, pues si bien no se contemplaba que acudiera al evento multitudinario con los simpatizantes de la 4T, el evento protocolario fue en el Congreso del Estado y ahí no requiere más que alguna silla de las que tienen ahí, para que hiciera una transición que los políticos de altura suelen hacer -claro, nadie se sorprendió de su ausencia, pero algunos usuarios de las redes sociales sÍ le señalaron que prácticamente estaba obligado por el artículo 83-.
Obviamente su ausencia del evento y en general -al no ser visto en lugares públicos durante el fin de semana-, se relacionó a su fuga.
Aquí hay un tema interesante en cuanto a su paradero, pues si se llevó escoltas y unidades blindadas pagadas por el gobierno del Estado durante -al menos- los siguientes seis años, claro, seguramente guardias de su confianza, debe de estar localizable, pues se trata de personal y -las unidades- bienes del patrimonio estatal, que no pueden estar desaparecidos, incluso bajo el argumento de las “razones de seguridad”, tiene que haber alguna clase de contacto y en el peor de los casos, con que les dejen de pagar, aparecen.
Cinco años antes de ser detenido por todas las fuerzas del Estado mexicano a petición de la justicia estadounidense, Rafael Caro Quintero cerraba importantes acuerdos en la sierra de Sinaloa para apuntalar su poder. Un documento del Ejército, que figura entre los millones de correos filtrados de la Secretaría de Defensa a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que mientras el Narco de Narcos estaba prófugo, la institución tuvo constancia de una reunión clave donde el capo “asumió el control” de una organización rival y se hizo dueño y señor de la codiciada sierra norte. El Ejército registró este y otros movimientos del narco durante los años previos a su captura, en julio de este año.
En el archivo llamado Reunión de Caro Quintero en Sinaloa de Leyva y Guasave —dos municipios de Sinaloa— se menciona de manera escueta cómo el que fuera uno de los fundadores del grupo de Sinaloa en los ochenta y jefe de Joaquín El Chapo Guzmán, había vuelto a retomar al poder después de haber quedado libre en 2013 por una escandalosa decisión judicial. Pese a las dudas de que el viejo narco había esquivado los 12 años que le quedaban de condena por el asesinato de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos para retirarse del negocio criminal, el Ejército tenía pruebas sólidas de cómo fue aumentando el dominio en su tierra.
En 2017, en un hotel de Bacurato, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Caro Quintero “asumió el control de la organización Beltrán Leyva”, señala el documento. La alianza del narco con unos de sus rivales históricos se produjo en un contexto de luchas de poder tras la extradición del exlíder del cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán, donde sus hijos y antiguos colaboradores se disputaban el control del imperio de la droga más poderoso del país.
Según el informe de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Caro Quintero estableció una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, más conocido como El Chapo Isidro, el líder de los Beltrán Leyva y enemigo acérrimo de los de Sinaloa. El Narco de Narcos traicionó los acuerdos del cartel que él y sus socios fundaron en los ochenta para lograr ampliar su dominio en la zona serrana que colinda con el Estado fronterizo de Chihuahua, una ubicación estratégica para la siembra de marihuana, amapola, la instalación de narcolaboratorios de fentanilo y metanfetamina y el trasiego hacia el norte.
El archivo muestra un organigrama de los dos grupos criminales. Como líderes del cartel de Sinaloa (o del Pacífico, como se menciona de forma oficial) aparece la familia Guzmán —el hijo, Iván Archivaldo, y el hermano de El Chapo, Aureliano, alias El Guano— y el histórico líder del grupo que jamás ha sido detenido, Ismael El Mayo Zambada. En medio, Caro Quintero, que se asoció en esa reunión con los herederos de los Beltrán Leyva, donde figuran como líderes, además de El Chapo Isidro, Ávaro Guadalupe Carrillo Fuentes, alias La Lapa; Jesús González Peñuelas, alias El Chuy Peñuelas; Ignacio González Peñuelas y Mario Alberto Lugo Lara, alias Mario El Calabazas. Estos últimos controlaban en 2017 la zona serrana de Sinaloa de Leyva.
Tras la captura de Caro Quintero el 15 de julio se supo que el histórico capo jamás dejó su tierra y no cambió de oficio. Su poder fue aumentando mientras estuvo prófugo, según registró el Ejército mexicano, aunque no lo hizo público y su nombre no figuraba entre los capos más buscados ni poderosos del país.
Pese al silencio en torno a su figura, en otros documentos de la Sedena se reconoce que la irrupción del capo tuvo un papel clave en la violencia desatada en esos años en Sonora. Por otra parte, la justicia estadounidense seguía advirtiendo de la capacidad de fuerza que tenía el nuevo cartel de Caborca que él lideraba, y aun así, fue la sed de venganza de la DEA por el asesinato de uno de sus agentes, Kiki Camarena, lo que lo persiguió hasta volver a prisión.
Estados Unidos jamás perdonó (ni olvidó) el crimen y presionó a las autoridades mexicanas para su recaptura. Lanzó la mayor recompensa para un criminal de la historia, de 20 millones de dólares. Y estos días espera en una prisión mexicana de máxima seguridad la resolución definitiva sobre su posible extradición.
¿Dónde comenzó la aceptación? ¿O sería más pertinente nombrarla resignación? ¿Cuándo sucedió que prefirieron al soldado armado pisando las calles? ¿Cuándo terminó por parecer normal que los militares fueran el último recurso para conseguir la paz entre las personas que habitamos este país? ¿De qué manera ocurrió que decidimos abrazar la cultura autoritaria que coloca al gobierno militar sobre los asuntos civiles?
Es incontrovertible: nuestra alma se militarizó y la inmensa mayoría quiere a las Fuerzas Armadas a cargo. Si nos asaltan en el transporte público, si el narcomenudista visita la escuela de las hijas, si la empresa criminal extorsiona nuestro negocio, si nos roban en la casa, si sufrimos un secuestro, si sucede la tragedia de un homicidio, queremos –de manera abrumadora– que sean los soldados quienes nos defiendan en primera instancia.
Solamente 8% de la población tiene confianza en las policías estatales y 6% en los cuerpos de seguridad municipales. En contraste, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional gozan de mucha credibilidad (encuesta a domicilio De las Heras, septiembre 2022).
Estos números los conoce bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello propuso un “ejercicio de participación”, a través de un sondeo por internet, para el próximo domingo 22 de enero, en el que va a preguntarse lo que ya se sabe que la gente va a responder.
¿Cuándo comenzaron las personas a creer lo que ahora dicen con tanta contundencia? No pudo ser cuando estalló la crisis de violencia, porque si se buscara con sinceridad el comienzo de la tragedia, sería indefendible lo que ahora se defiende.
En efecto, sólo la desmemoria de hoy podría llevar a proponer como solución aquello que fue el principal detonador de la violencia.
El origen del mal que nos consume puede y debe fecharse. Es falsa la hipótesis que quiere presentar a México como un país desde siempre violento. Prueba de ello fue que el cierre del siglo XX coincidió con una dramática disminución en la tasa de homicidio.
¿Qué ocurrió de entonces para acá?
La crisis que hoy nos consume comenzó a gestarse cuando un grupo reducido de militares mexicanos –formados en Estados Unidos– cruzó la línea de la legalidad para enlistarse en las filas del crimen organizado.
NI VALOR,NI LEALTAD,NI SACRIFICIO, PURO SACRIFICAR:
Esa veintena de sujetos, que luego se autonombraron “Los Zetas”, se convirtieron –sin renunciar a sus grados ni a la nómina– en brazo armado del Cártel del Golfo, comandado por un encumbrado empresario criminal llamado Osiel Cárdenas.
EN LA ESCUELA DEL EJERCITO SE ENTRENARON Y CON LOS ZETAS SE GRADUARON:
El término “zeta” delata el origen militar de ese brazo armado, ya que fue tomado de la nomenclatura utilizada en los noventa para designar el color “azul zeta” de los uniformes.
Entre los veinte primeros integrantes de ese grupo estuvieron Arturo Guzmán Decena, Heriberto Lazcano Lazcano, Jaime González Durán o Galdino Mellado Cruz. La mayoría habían sido formados, a costa del erario, como agentes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y también habían sido entrenados en tácticas de inteligencia militar en un par de centros de cuarteles de Estados Unidos.
CIUDADANOS PAGARON SU ENTRENAMIENTO EN EL EJERCITO:
La crisis de violencia que hoy vivimos continuó cuando Osiel Cárdenas encomendó a estos militares –capacitados como auténticas máquinas de matar– que integraran un grupo paramilitar de alrededor de 500 personas cuya tarea sería proteger los intereses criminales de una empresa que nació en Tamaulipas y muy pronto se extendió a otras regiones del país, al tiempo que se diversificaba el negocio del trasiego de drogas con otras actividades, como el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión o el control de minas, agua, la producción agrícola o los aserraderos.
La crisis empeoró cuando este modelo de negocio, protegido por militares y exmilitares, hizo metástasis en entidades como Michoacán, Veracruz, Tabasco o Nuevo León. En el siguiente capítulo de la escalada de violencia, las empresas competidoras necesitaron crear cuerpos paramilitares similares a Los Zetas. La aparición de grupos, como Los Pelones, que se convirtieron en el brazo armado del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, fue la consecuencia lógica de una guerra que dejó de ser por el comercio de estupefacientes para concentrarse en el control, literalmente militar, del territorio.
Para este momento de la historia –mediados de la primera década de este siglo– se observó una ola imparable de deserciones dentro de las filas del Ejército mexicano, porque los antiguos soldados encontraban una mejor paga y un mejor futuro si seguían los pasos de los primeros zetas.
La crisis de violencia que hoy nos ocupa se aceleró cuando los altos mandos militares no fueron capaces de frenar este fenómeno, como tampoco pudieron parar la movilización armada y financiada a partir de recursos humanos que originalmente habían trabajado para el Estado mexicano. Aquella década concluyó, según fuentes de la propia secretaría de la Defensa Nacional, con un cálculo aproximado de medio millón de personas involucradas en la conflagración entre esas empresas criminales.
Después vino la desmemoria cómplice y con ella la resignación de unos y la ingenuidad de muchos otros. Sólo el borramiento del pasado puede explicar cómo fue que la mayoría de la gente prefiere hoy someterse a la agenda de la cúpula militar a la vez que desestima a las autoridades civiles.
No deja de ser admirable el éxito que ha tenido el militarismo para desplazar a la política, los jueces, la representación democrática, los cuerpos técnicos de la burocracia, la investigación policial y hasta la repartición de vacunas.
Tanto o más inquietante es que, a pesar de todo, las Fuerzas Armadas hayan logrado concentrar en su férreo puño todas las tareas de inteligencia del Estado mexicano, labores que le han servido para espiar y amedrentar a defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios y políticos.
El pasado martes 13 de septiembre el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, alertó contra quienes –según su sesgada subjetividad– habían echado a andar “una campaña de desprestigio… (basada en) comentarios tendenciosos” para alejar a las Fuerzas Armadas de la ciudadanía.
Se equivoca de principio a fin el secretario: quien comenzó esta campaña hace ya más de 20 años fue la cúpula militar que hoy se presenta, paradójicamente, como única solución para hacer que el país funcione.
Secretario de la Sedena Luis Crescencio Sandoval compraba boletos para conciertos de Gloria Trevi y ordenaba imprimir sus iniciales en las toallas de oficiales del ejército
El general de cuatro estrellas que muestra infinidad de medallas en su uniforme de gala y cuyo logros incontables mostrados en su pecho, solo han sido por repartir abrazos al hampa y ser activista politico de Morena, sin tener que librar ninguna guerra armada para defender la Patria.
Sandoval es un megalómano obsesionado por el culto a la personalidad.
En los archivos hackeados por Guacamaya,se establece que el Secretario de Sedena enloquecía con Gloria Trevi y mandaba comprar boletos para ir a verla al Auditorio Nacional y obsesionado por la egolatría personal, mandó grabar sus iniciales en las toallas usadas por generales y mandos del ejército en su casa particular.
Los desplantes de Sandoval capturados por el hackeo de Sedena son exhibidos por el periódico español El País.
Una masiva filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, realizada por un grupo de piratas informáticos denominados Guacamaya y a la que tiene acceso EL PAÍS, expone la fuerte presencia del ejército en todas las esferas de la vida pública mexicana. La filtración ha permitido conocer, hasta el momento, detalles de relevancia como el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su familia; delicadas operaciones militares como la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en el llamado Culiacanazo;cuentas corrientes de la Sedena, contratos del Tren Maya o la estrecha vigilancia de grupos como los zapatistas. Son más de cuatro millones de documentos con conversaciones, órdenes, partes, estados de cuentas y notas informativas entre mandos altos y medios desde el año 2010 hasta septiembre 2022 de la institución que más peso y relevancia ha adquirido en la vida pública del país.
El general Luis Cresencio Sandoval, Andrés Manuel López Obrador y Jose Rafael Ojeda.
Guacamaya Hacks, el grupo que se ha atribuido la filtración, también ha distribuido en los últimos meses información delicada sobre empresas, ejércitos y gobiernos de El Salvador,Chile, Colombia y Venezuela, entre otros países. López Obrador confirmó el viernes la veracidad de la información y reconoció un detalle que hasta ahora se desconocía y que tiene que ver con un amago de infarto a principios de año que obligó a su traslado urgente desde Chiapas a un hospital de la Ciudad de México. El presidente ha reconocido que la filtración se produjo “aprovechando un cambio del sistema de información del ejército”, y ha añadido que “no tiene nada que esconder”. Este periódico se puso en contacto con Sedena, pero su respuesta fue un escueto “estamos investigando”. Tampoco hubo actividad a través de comunicados o redes sociales para explicar el ataque informático al público.
La revelación de los correos, sin embargo, llega en el momento cumbre del debate sobre el desempeño que tendrá el ejército en la seguridad pública del país y cuando se decide en el Senado su continuidad en tareas de vigilancia hasta 2029. Los miles de correos que ha podido revisar EL PAÍS han permitido descubrir la enorme penetración de las Fuerzas Armadas en el ámbito público y hasta en la vida privada del presidente. A las concesiones conocidas en materia de obras públicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas se suma una presencia casi íntima en el entorno del mandatario.
Los correos revisados hasta el momento por este diario confirman que las tareas que hasta ahora realizaba el Estado Mayor Presidencial, disuelto con su llegada al poder, han sido reemplazadas por un reducido grupo de soldados que acompaña, coordina y da seguridad a las actividades de la familia de López Obrador y parte del gabinete.
Miembros de la Sedena son los encargados de hacer el seguimiento médico del presidente, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y sus hijos. Se encargan también de las pruebas PCR de covid-19 y de las terapias físicas que habitualmente el mandatario realiza en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de Tlalpan, que utiliza para “caminatas”. El ejército tiene el encargo de entregar en mano solo al presidente los resultados de las pruebas médicas y hasta la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, confió en la Sedena el tratamiento médico para la cura de la covid en 2020.
Reporte de la colocación de plantas de ornato en el Palacio Nacional.
Este anillo se encarga de tareas tan diversas que van desde funciones domésticas en el Palacio Nacional, como cambiar las plantas “cada tres meses”, hasta revisar las cámaras de seguridad del edificio y las otras ocho cámaras instaladas en su casa de Tlalpan. Los correos consultados han permitido ver el monitoreo constante de las actividades presidenciales y miembros de la familia, que son nombrados en las comunicaciones internas como “Zeus”, para Andrés Manuel López Obrador, o “Aura”, para Beatriz Gutiérrez Müller. Según estos correos, entre tres y cinco personas, entre ellas un médico militar, acompañan al mandatario o su esposa en cada viaje, algunos de ellos en aerolíneas de bajo coste.
A nivel nacional, además del Culiacanazo, donde el ejército reconoce que los hijos del Chapo Guzmán “doblaron la mano” a las Fuerzas Armadas, la filtración también da cuenta de la preocupación del personal de la agregaduría militar en Estados Unidos sobre el proceso judicial contra Salvador Cienfuegos, titular de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tras su detención en Los Ángeles en octubre de 2020. Los correos detallan el intercambio de información con miembros de la red consular en Estados Unidos intentando resolver su situación legal.
Reporte y fotografías sobre lo ocurrido en Culiacán.
Hay también entradas de agenda para discutir casos sensibles en el Palacio Nacional con el presidente y otros secretarios, como la masacre de la familia Le Barón, en el norte del país, o la detención del capo Rafael Caro Quintero. A nivel interno, los documentos permiten conocer cómo se manejan las denuncias por abusos y acosos sexuales dentro de la institución, una de las más herméticas del país. En algunos casos, las denunciantes piden ser trasladadas a otras zonas para evitar a sus agresores, los señalados dan su versión de lo ocurrido a sus superiores y hay expedientes detallados sobre los hechos reclamados, las resoluciones de los tribunales militares y evaluaciones sobre la salud física y mental de los soldados.
La filtración también muestra cómo la Sedena ha tenido información de primera mano sobre el estado de salud de militares de alto rango y miembros del círculo más cercano del presidente, como titulares del Gabinete y legisladores del bloque de gobierno. En los documentos se lee cuándo fueron atendidos, a qué procedimientos se sometieron, qué padecimientos tienen y cuáles fueron los diagnósticos. “Acudió al servicio de urgencias” o “solicitó una prueba covid” son frases que se leen en decenas de documentos dirigidos a la dirección de correo del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de sus asesores.
Los miles de archivos, muchos de ellos bajo el título “confidencial” confirman también cómo las Fuerzas Armadas han ganado terreno en la vida pública durante la actual Administración. Hay información delicada sobre bajas y agresiones en el desempeño de tareas de seguridad; monitoreo de la actividad en las aduanas, que quedaron a su cargo en este Gobierno; cotizaciones para la compra de medicamentos prioritarios y para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bancos del bienestar o algunos tramos del Tren Maya, y comunicaciones clasificadas con prácticamente toda la Administración Pública Federal, así como con el poder legislativo en el debate de los últimos meses para afianzar la militarización de la Guardia Nacional.
Reporte del EZLN.
Un primer vistazo desvela también que hay un control permanente de actores políticos relevantes, incluso de la 4T, de movimientos sociales como el zapatismo o de todas y cada una de las publicaciones de la prensa nacional e internacional, aunque la gran mayoría de los documentos contienen información que ya es pública. Muchos de los informes conforman una radiografía de la violencia que azota al país: archivos de seguridad sobre “blancos prioritarios” de carteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, informes de resultados de operaciones especiales en focos rojos de inseguridad, y resúmenes de episodios como el Culiacanazo, el despliegue que resultó en la captura y posterior liberación por orden presidencial de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. “Durante los eventos resultaron un oficial y 10 de tropa heridos, retenidos un oficial y ocho de tropa, 15 fusiles (armamento orgánico), 3 vehículos oficiales y un vigilante civil privado de su libertad”, se señala en uno de los partes sobre la polémica operación.
Reporte del traslado médico de López Obrador
La correspondencia filtrada ha sacado a la luz también detalles menores. Personal militar compró en abril boletos para el general Sandoval para asistir al concierto de Gloria Trevi en el Auditorio de la Ciudad de México, o tuvieron que cumplir sus órdenes de “bordar sus iniciales y las de su esposa” en las toallas que utilizan en su domicilio.
Guacamaya Hacks, el grupo que se ha atribuido el destape de más de 4,1 millones de documentos de la Sedena, asegura que los archivos que se llevaron de servidores de las Fuerzas Armadas de México pesan más de seis terabytes, que equivalen a 1,5 millones de fotos o 3.000 horas de video, de acuerdo con sus estimaciones.
Con informacion de:Diario Español/Jacobo Garcia/Elias Camhaji
María Clemente se convirtió el año pasado en la primera diputada transexual en la historia del Congreso de México. Ella y su compañera Salma Liébano fueron elegidas como representantes de Morena y rompieron un techo para la comunidad LGTB. Sin embargo, un año después, los focos han vuelto a Clemente tras compartir explícitos videos pornográficos en su cuenta de Twitter. Las imágenes han sembrado la polémica en la política mexicana y varios miembros de la oposición han pedido su dimisión. La diputada reivindica una “sexualidad libre”, mientras su partido afirma que va a analizar las publicaciones en base a su código ético antes de tomar ninguna decisión.
El pasado año legislativo fue muy turbulento para Clemente. En marzo anunció que dejaba Morena por la “hipocresía” que había encontrado dentro del partido, sin embargo, tiempo después volvió a la bancada y en su perfil de redes sociales ha mostrado su apoyo al canciller Marcelo Ebrard, como candidato del partido para las elecciones de 2024. En una entrevista con EL PAÍS en septiembre de 2021, Clemente aseguraba que sus objetivos para la legislatura era modificar el artículo primero de la Constitución para hacerlo más inclusivo o regular para garantizar los derechos laborales de los repartidores y conductores de aplicaciones.
Clemente ha recibido duras críticas por estas imágenes, entre las que hay insultos transfóbicos, que solo atacan a su condición de mujer trans. Ella ha defendido la difusión: “Es mi cuerpo, es mi decisión, mi cuerpo es mío, solo mío, tengo autonomía. Mi cuerpo no le pertenece al Estado”. La diputada ha señalado que también ejerce el trabajo sexual y que difundirla en sus redes sociales personales no tienen nada qué ver con su trabajo legislativo.
Desde Morena han señalado: “Lo vamos a atender conforme a lo que establece la Ley General del Congreso de México y también con relación al Código de Ética”. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, también ha señalado que va a ser analizado al interior del grupo parlamentario para emitir “una opinión con mayor certeza jurídica”. “Vamos a ver los alcances para no violentar ningún derecho ni hacer ningún juicio anticipado”, ha señalado.
Clemente, de 37 años, entró al Congreso por la vía de la representación proporcional del partido, es decir, los ciudadanos no la votaron directamente sino que resultó electa por el número de votos totales emitidos, en este caso, a Morena. Licenciada en Administración de Empresas, Clemente trabajó como conductora de aplicaciones durante un año y medio antes de empezar la legislatura.
En las elecciones de 2021 hubo alrededor de 40 candidaturas de personas trans y Clemente aseguraba a EL PAÍS que haber sigo elegida era “muy padre” por “ser una voz de una población en un lugar tan importante como es el Congreso, donde se regula”. Afirmaba que sus prioridades eran: “Atender a mis compañeras, impulsar una agenda a favor de la diversidad sexual y blindar desde la construcción de una estructura jurídica la integración de la población trans”.
En México, la violencia contra las mujeres transexuales no da tregua. En las pasadas semanas, cuatro mujeres fueron asesinadas. La organización Transgender colocó a México como el segundo país con más homicidios de mujeres trans del mundo, solo por detrás de Brasil, mientras la ONG Letra S registra 270 personas trans asesinadas de 2017 a 2021 en el país, de las que 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias como golpes, sexual e indicios de tortura. En ese contexto, la elección de Clemente y Liévano en la Cámara de Diputados mexicana suponía un paso de gigante en el respeto a los derechos de esta comunidad.
El general Luis Cresencio Sandoval, Andrés Manuel López Obrador y Jose Rafael Ojeda. 
Reporte de la colocación de plantas de ornato en el Palacio Nacional.
Reporte y fotografías sobre lo ocurrido en Culiacán. 
Reporte del EZLN.
Reporte del traslado médico de López Obrador
