Aquel 4 de marzo de 2015, a cuatro meses de los comicios federales intermedios en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y de la renovación de 13 gubernaturas, la mayoría de ellas ya pactadas entre el gobierno federal y el PAN por el apoyo a la reforma energética, Javier Corral, entonces senador panista y hoy gobernador de Chihuahua, denunció lo que seis años más tarde tiene en vilo a un sector de la clase política mexicana.
En el marco de las audiencias públicas para construir la nueva Ley General de Transparencia, Corral Jurado –que también se vio beneficiado en estos pactos– denunció que en el Congreso de la Unión se estaban manejando “grandes cantidades de dinero de las que no se rinden cuentas y se pagan compensaciones a los legisladores por votar determinadas leyes o ratificar los nombramientos por el presidente”.
“El Congreso se maneja con dinero, además de la dieta que tenemos los legisladores. Los legisladores recibimos una serie de ‘arremadijos’ que van haciendo una bolsa impresionante de recursos. Incluso se llegan a ganar compensaciones por voto. Recibe uno en sus cuentas bancarias, después se las tienen que estar descargando. ‘Oye, yo no voté la energética, yo voté en contra’. ‘Ah, pues te lo quitamos’. ‘Perfecto’. Porque hasta a mí me andaban sumando una compensación por votar la reforma energética, pues ¿qué es eso?”, reveló el exsenador chihuahuense.
Luego Javier Corral guardó silencio. En la primera tanda de la negociación entre un grupo de senadores del PAN con el gobierno federal –cuenta a EMEEQUIS un exsenador que renunció a ese partido en 2017 y que fue integrante de una de las cuatro comisiones legislativas donde se discutió la reforma energética– se entregaron, en los comicios de 2015, las primeras gubernaturas que fueron pactadas en ese polémico ordenamiento:
Querétaro, para el PAN, con el exsenador Francisco Domínguez Servién; Michoacán, para el PRD, para Silvano Aureoles Conejo, del grupo de Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Miguel Ángel Mancera, quienes le dieron su aval al Pacto por México, y Nuevo León, para el grupo empresarial de Monterrey que propuso el experimento de una “candidatura independiente” en la figura de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
Para las elecciones locales de 2016, donde se renovaron 12 gubernaturas, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó de cumplir sus compromisos con Acción Nacional. Los beneficiarios directos fueron los senadores que, meses antes, amagaron con no aprobar la reforma energética si no se les entregaban determinados “favores económicos” (sobornos), pero luego –encareciendo su aval a ese ordenamiento—elevaron la demanda a la entrega de gubernaturas, en una especie de concertacesiones como las que se dieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también con el PAN.
El reparto ahora fue para Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas; Miguel Ángel Yunes Linares, en Veracruz (aquí nos dicen que la negociación la hizo su hijo, el exsenador Fernando Yunes Márquez, hoy alcalde del Puerto de Veracruz); Martín Orozco Sandoval, en Aguascalientes; José Rosas Aispuro, en Durango…
Y sí, Javier Corral Jurado, en Chihuahua, aunque con él fue para que ya no hablara de que “hubo grandes cantidades de dinero” a legisladores para aprobar las reformas del Pacto por México.
Para el 11 de agosto de 2020 las piezas del rompecabezas fueron encajando. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) las presuntas negociaciones oscuras para sacar adelante esta legislación, vital para el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es el caso de los recursos aportados por Odebrecht sirvieron para cubrir (sic) parte de las pretensiones de este grupo, sin embargo, la extorsión era constante: pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que ‘echarían abajo la reforma energética’. Recuerdo, específicamente, los casos de Francisco Cabeza de Vaca (sic), Ricardo Anaya y Francisco Domínguez, cuya actitud era exagerada”.
EL AGUA LES LLEGA HASTA EL CUELLO
A seis años de aquella denuncia de Javier Corral, a cinco de que varios de esos exsenadores panistas llegaron a distintos gobiernos estatales por presuntamente “chantajear” cargos de poder por su apoyo a las reformas del gobierno peñista, y a un año de la declaración ministerial de Emilio Lozoya, a distintos protagonistas de esos pactos ya les llegó el agua hasta el cuello.
Hoy es el caso del prófugo de la justicia Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador panista de Tamaulipas, y la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de “lavado de dinero” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Pero antes fue Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, el primero acusado por supuestos delitos de “delincuencia organizada”, “cohecho” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, y el segundo por los supuestos delitos de “lavado de dinero”, “cohecho” y “asociación delictuosa”.
Por ahí va la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para saldar este asunto. Y es que –nos dicen a EMEEQUIS fuentes de la FGR– es tal la “obsesión” del presidente en este tema que “cree a pie juntillas” en cada palabra y en cada nombre que manifestó Lozoya Austin en su declaración ministerial, en donde aparecen varios integrantes de lo que antes llamaba “la mafia del poder”.
Si se inició este proceso con Lavalle Maury y con Cabeza de Vaca fue porque “ahí estaba el hilo más débil, las pruebas más acabadas”, aunque nos cuentan que en los casos de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Ricardo Anaya Cortés, “López Obrador quiere que las carpetas de investigación en su contra estén perfectamente integradas, sin resquicios legales”, a fin de que se dicte su orden de aprehensión luego de la consulta popular del próximo 1 de agosto, en donde se preguntará a la ciudadanía sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de la República, así como a altos exfuncionarios.
¿Tintes electorales? Pues todo esto se dará de cara a la consulta popular para la revocación o no del mandato de Andrés Manuel López Obrador, programada para 2022, y de la contienda presidencial de 2024.
Por ello, nos aseguran que la segunda mitad del sexenio tendrá la característica de contar con estos “golpes espectaculares” para sustentar el discurso y la promesa de AMLO sobre el combate a la corrupción, y en ese paquete también están contempladas figuras como Miguel Ángel Yunes, Ernesto Cordero y David Penchyna, quien en el debate de la reforma energética en 2013 y 2014 les decía en corto a los panistas que eran “unos atascados”.
También en esa lista están el todavía gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; el gobernador de Aguscalientes, Martín Orozco Sandoval; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, así como Salvador Vega Casillas, exsenador panista y exsecretario de la Función Pública (SFP) en el sexenio de Felipe Calderón, que en la discusión de ese ordenamiento comentaba, medio en serio, medio en broma, que “de haber sabido que iban a estar así de flojas las protestas, hubiéramos vendido todo Pemex”.
Y otra. También nos dicen que Tamaulipas –que renueva gubernatura el próximo año– y Campeche, que tiene comicios para elegir nuevo gobernador o gobernadora, son “prioridades vitales” para el presidente López Obrador.
¿La razón? En esas entidades, junto con Tabasco y Veracruz, que ya gobierna Morena, es donde se concentra la mayor parte de la riqueza petrolera del país, y para la segunda mitad del sexenio AMLO quiere “manga ancha” en esas regiones que, para sus planes de gobierno, representan la columna vertebral para el desarrollo económico de México.
