La compra de un automóvil nuevo involucra una de las principales y más importantes inversiones de una persona, resultado de años de esfuerzo, trabajo y ahorro.
Por lo que es un duro golpe cuando ese objeto pierde su valor por cada año que se usa, incluso una vez que sale de la agencia.
De acuerdo con iSeeCars.com, un blog especializado en investigaciones y ofertas automotrices enEstados Unidos, los autos promedio pierden cerca del 38 por ciento de su valor después de tres años de uso, aunque algunos se deprecian más rápido.
Estimaciones del servicio de compra y ventas Kelley Blue Book, el promedio de costo para un vehículo liviano es de $38 mil dólares, dentro de cinco años este auto verá caer su valor casi un 49.6%, una pérdida que podría calcularse en casi $19 mil.
Por su parte, entre más caro sea el carro, la devaluación será mayor una vez que se vuelva a vender sólo porque hay más dinero en juego, todo depende de las condiciones y el kilometraje promedio, dicen los expertos.
Si bien estas son malas noticias para los propietarios que pagaron una cantidad total por un carro nuevo, son buenas para los compradores que se embarcan por ofertas de segunda mano.
“Algunas de estas ofertas presentan buenas oportunidades para los consumidores como vehículos confiables que tienen descuento porque no son populares en sus segmentos”, señala el CEO de iSeeCars, Phong Ly.
¿Cuáles autos que se devalúan más rápido?
Las camionetas y los SUV representan siete de cada 10 lugares en la lista de autos que se deprecian más lento en una investigación de iSeeCars.com. Los autos de mejor rendimiento perderán un 19.4 y 39.5 por ciento de su valor después de cinco años.
Por su parte, los modelos que más rápido pierden su valor son aquellos lujosos sedanes y automóviles eléctricos que cuando quedan obsoletos, son intercambiados por tarifas por muy debajo de sus precios originales.
Vehículos con MAYOR tasa de devaluación en cinco años
10. Chevrolet Volt (automóvil eléctrico de rango extendido): 68.1%.
9. Jaguar XJ (de lujo): 68.9%.
8. BMW Serie 6 (de lujo): 69.0%.
7. Ford Fusion Energi (híbrido enchufable): 69.1%.
6. Acura RLX (de lujo): 69.2%.
5. BMW Serie 5 (de lujo): 69.2%.
4. BMW i3 (eléctrico): 70.9%.
3. Nissan Leaf (eléctrico): 71.0%.
2. BMW Serie 7 (de lujo): 71.3%.
1. Maserati Quattroporte (de lujo): 72.2%.
Vehículos con MENOR tasa de devaluación en cinco años
10. Subaru WRX (deportivo): 40.0%.
9. Nissan Frontier (camioneta mediana): 39.5%.
8. Nissan GT-R (deportivo): 39.4%.
7. Honda Ridgeline (camioneta mediana): 38.1%.
6. Porsche 911 (deportivo): 37.2%.
5. Toyota 4Runner (SUV mediano basado en camión): 36.5%.
4. Toyota Tundra (camioneta de tamaño completo): 35.9%.
Al encargarle la construcción de sus obras más emblemáticas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del Ejército mexicano un agente económico vital para el país. A pesar de que esta decisión causa malestar dentro de su Gabinete por la cercanía que implica entre el poder Ejecutivo y el militar, el mandatario parece obviar cualquier posible interferencia e insiste en defender sus obras a toda costa, porque, considera, sacarán adelante al país y ya “generan muchos empleos”.
La experiencia dice lo contrario. De acuerdo con expertos y observadores, la derrama económica para el país sería mayor si la obra hubiera sido construida por una empresa especializada. México sufre ya los inicios de una anunciada recesión que se espera sea histórica. En su más reciente encuesta a economistas, el banco central reportó que la expectativa de contracción económica este año será del 9% —el pronóstico más pesimista en el registro que data de 1999—. Una encuesta telefónica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática arrojó que 12 millones de personas en el país han perdido su fuente de ingresos desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
La industria de la construcción es clave en el desarrollo de todo país, ya que beneficia a 66 ramas de actividad diferentes, desde la electricidad, el transporte y hasta las telecomunicaciones, y genera empleos de manera masiva. Hoy, este sector hila 14 meses en declive en México. López Obrador se ha rehusado a contratar a empresas constructoras para tres de sus obras más grandes: un nuevo aeropuerto en Santa Lucía para la Ciudad de México, dos tramos del proyecto turístico Tren Maya y 2.700 sucursales del nuevo Banco del Bienestar. Todas las puso en manos de militares.
Menor derrama económica
Aún si la Secretaría de la Defensa (Sedena) subcontrata a empresas pequeñas y medianas para hacer el trabajo, los recursos no se esparcen en la economía tanto como se esparcen en los proyectos de empresas de construcción tradicionales, afirma José Ignacio Martínez Cortés del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. “Sedena subcontrata, por supuesto, pero no crea esa derrama económica que se tenía antes con las empresas constructoras”, dice Martínez.
La información más reciente del INEGI lo demuestra. En abril, la derrama económica de la construcción en México tuvo su reducción más pronunciada desde que se tiene registro en 2007. El valor de la producción en construcción bajó 32% en comparación con el mismo mes el año anterior —es decir, en un año, perdió casi un tercio de su valor— una reducción nunca vista. Los datos también muestran que el valor de este sector ha ido bajando cada mes de manera consecutiva desde junio de 2018.
La derrama de Sedena es menor que la de una empresa constructora por dos razones principales: primero, porque al utilizar a los militares que ya reciben un sueldo por su servicio en Sedena se generan menos nuevos empleos. Y segundo, porque el Ejército no trabaja por una ganancia, como lo hace una empresa privada, y ese es un recurso que no se gasta o se reinvierte después en el país.
“Los mismos militares le venden la idea de: ‘No se preocupe, señor presidente, usted no necesita andar gastando en constructoras porque nosotros tenemos la constructora más grandes del país que son los ingenieros militares, tenemos una mano de obra baratísima porque ya viene dentro de los mismos sueldos del personal militar’”, asegura César Gutiérrez, abogado especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional. “¿Cómo cree usted que se siente el soldado o el oficial que tienen que estar trabajando a marchas forzadas para cumplir las nuevas obligaciones que les están dando pero recibiendo el mismo sueldo?”, pregunta.
En un análisis publicado recientemente, el investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) Enrique Díaz-Infante coincide en que darle la obra al los militares “golpeó a la industria de la construcción nacional y afectó la derrama económica a las pymes subcontratadas, a sus trabajadores y sus familias”.
“La reactivación de la economía debiera venir del impulso a sectores como el de la construcción en áreas de fomento al desarrollo sustentable. Esto tendría de inmediato un efecto multiplicador en la generación de empleo, en el aumento del consumo y consecuentemente en el crecimiento del país” escribió Díaz-Infante.
¿Menos corrupción?
Contratando al Ejército como constructora, López Obrador busca librarse de un sector desprestigiado por la corrupción y los conflictos de interés, especialmente durante la Administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto. El Ejército, por otro lado, tiene una popularidad envidiable. De acuerdo con la agencia de estadísticas del país, el INEGI, las Fuerzas Armadas cuentan con el 80% de aprobación entre la población. Esto no garantiza que los contratos no se otorguen como parte de una red clientelar de favores como se encontró en países del medio oriente en los que el Ejército recibió contratos o negocios del Gobierno, dice Elke Grawert, investigadora del Centro Internacional de Bonn para la Conversión (BICC, por sus siglas en inglés), desde Alemania.
“Esto no se trata de el Ejército como institución, sino de individuos dentro del Ejército que estaban conectados al Gobierno a través de una relación clientelar”, dice la coautora de Businessmen in Arms: How the Military and Other Armed Groups Profit in the MENA Region (Empresarios en armas: cómo los militares y otros grupos armados se benefician en el Medio Oriente).
En México, tanto Sedena como la Secretaría de la Marina han realizado compras y contratos de servicios que muchas veces no cumplen con los requisitos de transparencia estipulados en las licitaciones públicas, haciendo uso de adjudicaciones directas. Esto implica que el Ejército puede responder más rápidamente a las necesidades del Gobierno que el gobierno mismo —otra razón por la que el presidente prefiere que sea el ejército quien se haga cargo—.
Investigaciones periodísticas publicadas entre diciembre y marzo reportaron que en Administraciones federales anteriores, Sedena gastó 46.000 millones de dólares en contratos con un centenar de empresas que incumplieron requisitos legales y no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos. Algunas de ellas eran empresas fantasmas. Y, en el caso de un contrato de construcción en particular por el que las Fuerzas Armadas levantaron un muro, Sedena encareció el costo en 89% y contrató a empresas que utilizaban prestanombres.
Modelo anticuado
En los sesenta y setenta, países como Pakistán, Turquía y Egipto, que asignaban al Ejército grandes obras de infraestructura, estaban a la vanguardia, ya que en ese entonces eran tecnológicamente más avanzados que el sector privado, dice Grawert. Era un momento en la historia en que las constructoras privadas todavía no generaban el expertise o las ventajas que hoy ofrecen, explica.
“Esto ya no es el caso”, dice la investigadora, y continúa: “No hay razones para pensar que el Ejército es necesariamente competente como constructora. La pregunta es: ¿es realmente el Ejército la mejor organización para hacer este trabajo? ¿Realmente superan en manejo de la construcción a empresas privadas expertas?”.
Si bien es cierto en México los ingenieros militares tienen la capacidad para construir muchas instalaciones de carácter estratégico, como una base aérea por ejemplo, esta no es necesariamente el factor determinante detrás de tan grandes contratos, opina Gutiérrez.
“La realidad es que en México si tú quieres que las Fuerzas Armadas estén tranquilas y bien tienes que darles hay una cuota de poder, es un intercambio de favores”, dice Gutiérrez, que añade: “Se centralizó el utilizar al Ejército para todo lo que se necesita sí, pero para todo lo que necesita el presidente”.
Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e involucrado directo con el Caso Ayotzinapa en el sexenio anterior, está siendo buscado en Canadá, país con el que ya se trabaja en el proceso para lograr su extradición, informó el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
La mañana de este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, Ebrard indicó que es "muy importante para la justicia mexicana que quienes tengan procesos judiciales en México, respondan en México por sus actos".
Ebrard hizo referencia al trabajo que se realiza en Canadá mientras respondía sobre la eventual extradición de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua detenido en Estados Unidos el pasado 8 de julio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba una gira de trabajo en el país.
En 2016, Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, dio a conocer un vídeo donde muestra evidencias de las investigaciones del lugar donde presuntamente fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa / Foto: Cuartoscuro
"El tema de la extradición del ex gobernador de Chihuahua no fue parte de las negociaciones para esta visita, pero sí del trabajo que se ha venido llevando a cabo por la Fiscalía General de la República junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua", explicó Ebrard. Aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores participa en este caso "porque se tiene que integrar el proceso para la extradición. La instrucción que tenemos del presidente, es no impunidad. Por consiguiente, todo proceso que tenga que ver con esto, debe integrarse conforme a la ley para que las personas involucradas sean procesadas y los jueces resuelvan".
Mencionó Ebrard que el expediente del caso Duarte ha tenido deficiencias, las cuales podrían dificultar la extradición. "Tomó mucho tiempo hacer, o rehacer, la documentación correspondiente de acuerdo a la ley que Estados Unidos tiene. Una serie de requerimientos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen".
El Gobierno de México, en diversas ocasiones, le mencionó al Gobierno de Estados Unidos que la importancia de que esta extradición se cumplimentara. La última ocasión que esto ocurrió fue cuando el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, visitó nuestro país. "Es importante que Estados Unidos no se convierta en un espacio en donde personas que deben dar la cara frente a la Justicia en México tengan una especie de situación privilegiada o de protección".
UN PROCESO MUY LARGO
Ebrard indicó que existen al menos 16 órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en contra de César Duarte, las cuales fueron integradas en la solicitud de extradición por la FGR. "Y ahora estamos iniciando algo similar en Canadá, con Tomás Zerón. Impunidad no va a haber. Parte de nuestra función, de la SRE, es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza, la extradición ocurra, porque es una responsabilidad esencial de la secretaría el garantizar que esos procedimientos se lleven acabo conforme a las leyes de los diferentes países", finalizó Ebrard.
El pasado 30 de junio, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, explicó que Tomás Zerón, ex titular de la AIC, huyó de México y ya cuenta con ficha roja de la Interpol. Se le acusa de presuntamente tener responsabilidad en la modificación de pruebas del caso Ayotzinapa.
Para llevar a cabo el aseguramiento de activos congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las denuncias interpuestas por la agencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deben contener los elementos de prueba necesarios, lo que no ha sucedido en la mayoría de los casos, declaró Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las declaraciones del fiscal se dieron en un debate transmitido por Aristegui en Vivo este viernes con el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, quien sostuvo que los aseguramientos de activos se redujeron en poco más de 60 por ciento del 2018 al 2019, por lo que cuestionó la labor de la FGR en el seguimiento a los casos presentados por la UIF.
“La función de la FGR es una función constitucional que consiste en la persecución de delitos federales que se denuncien con pruebas suficientes, la Fiscalía no puede actuar por sí misma, debe haber denuncia perfectamente bien fundada”, indicó Gertz.
“Si Hacienda (la UIF) no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta”, sostuvo.
“Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido”, dijo en referencia a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Pool antimafia y “director sin orquesta”
Para Buscaglia, “la fiscalía debe cooperar mano a mano con 9 instituciones federales, entre ellas la UIF, en un pool antimafia. Yo quiere que se junten con la UIF para quepuedan congelar miles de cuentas“.
“Ustedes (en la FGR) tienen que convocar como un director de orquesta a la UIF, al SAT, a inteligencia militar, en una mesa redonda como hacen los italianos para que le brinden los insumos”, propuso el investigador de la Universidad de Columbia.
Empero, lamentó, “usted es un director sin orquesta, no tiene a todas esas instituciones alrededor suyo aportándole insumos al mismo tiempo que está impulsando la causa penal”.
Y opinó que “pedirle pruebas a la UIF es como pedirle pruebas a la CIA“.
“Pedirle pruebas a la UIF es una contradicción jurídica, está obligada a darle hechos, usted, su fiscalía, debe corroborar esos hechos y transformar esos hechos en material probatorio”, consideró.
En la UIF, sostuvo Buscaglia, “no están entrenados ni tienen atribuciones legales, estarían usurpando el rol de los Ministerio Públicos. Usted pidió que el doctor Nieto le envíe estados de cuenta bancaria, eso sería una prueba ilícita, usted, sus MPs deben corroborar los hechos que la UIF le está enviando”.
Niega Gertz ‘divorcio’ con la UIF
En respuesta, Gertz insistió en que si la Unidad de Inteligencia Financiera no entrega las pruebas, la FGR no las puede obtener “porque la única que tiene capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal son las unidades técnicas de Hacienda”.
Empero, lo que ocurre es que la “UIF me presenta una denuncia sin pruebas“, pese a que se las han pedido “en todas las formas” y “me dice que yo tengo que obtener de un juez lo que Hacienda tendría que entregar”.
“¿Cómo lo va a hacer la Fiscalía si no tiene facultades para hacerlo?”, preguntó al fiscal.
Anotó que lo primero que hizo al comenzar su gestión fue llamar al doctor Santiago Nieto para decirle que necesitaban trabajar juntos.
No obstante, Gertz negó que haya un “divorcio” entre ambas dependencias y pidió no hacer “propaganda personal para nadie” ni descalificar instituciones.
“Si no ha avanzado más (la FGR) es que no ha habido pruebas”, acotó.
“La FGR es un órgano del Estado, no del gobierno, tiene que obtener del gobierno todas las pruebas. Todos los días la Procuraduría fiscal ha dicho hasta el cansancio lo bien que trabaja con la fiscalía… en la misma secretaría (de Hacienda) una manifiesta su apoyo permanente y la otra (la UIF), en boca de usted, nos descalifica”, opinó el fiscal.
Buscaglia rechazó estar hablando a nombre de la UIF, pero Gertz le dijo que había sido asesor de Nieto.
El investigador aclaró que dicha asesoría ocurrió cuando Santiago Nieto estaba al frente de la Fepade, en el sexenio pasado.
Agregó que “asesoramos a muchas personas de forma gratuita, donde aplicamos instrumentos de desmantelamiento de redes criminales que hoy no están aplicando… ustedes (la FGR) están individualizando la acción penal y no están abarcando toda la red, no es una crítica de mala fe. Si no cubren la red criminal, la cantidad de dinero que aseguran es paupérrima”.
Colapsó aseguramiento al crimen
En el debate en Aristegui en vivo, Buscaglia reveló que en la gestión de Gertz “colapsó” el dinero asegurado al crimen organizado.
“En 2019, lamentablemente nos encontramos con que los indicadores de cantidades de dinero aseguradas por la FGR colapsaron: pasaron de ser 312 millones de pesos en 2018 a 123 millones de pesos en 2019, ¿por qué se está asegurando menos de la mitad? Ese es un indicador de alerta temprana que hay un problema”, comentó.
“Nos preguntamos cuál es la causa… y al mismo tiempo vimos que la UIF pasaba de bloquear 70 millones de pesos a 3 mil 944 millones de pesos en 2019, o sea tenemos un aumento enorme en los bloqueos que son 30 veces más que las cantidades aseguradas por la Fiscalía General de la República”, comparó.
Según Buscaglia, la UIF está bloqueando 32 veces más dinero que la FGR, pese a ser más de 20 mil funcionarios frente a 170.
“Este año nos encontramos con una UIF que está bloqueando mil 536 millones de pesos hasta el mes pasado, y nos encontramos con una FGR que está solamente asegurando 43 millones hasta el mes pasado“, ejemplificó.
El investigador señaló que no hay otra manera de desmantelar a las redes criminales que están desangrando México desde hace décadas si no es con el decomiso de sus cuentas.
En ese sentido, acusó que “la SEIDO está desapareciendo”, pues “está pasando de 6 mil a mil empleados“.
“Este desmantelamiento podría explicar este colapso en cantidades aseguradas”, refirió.
Gertz reviró: “Al señor Buscaglia se le olvidó que esa institución (la UIF) ha desbloqueado 15 mil millones de pesos que había bloqueado, porque no lo hizo con una base legal, los tuvieron que devolver”.
“Tal parece que el asunto es cómo descalificamos a una institución para exaltar a otra”, lamentó el funcionario.
Buscaglia le propuso al fiscal aplicar un protocolo operativo denominado Falcone Checklist, que diga quién aporta qué, cómo se aporta y a través del pool antimafia abarcar delitos de corrupción.
“Me ofrezco gratuitamente a ayudarlos a aplicar un protocolo operativo para que puedan trabajar con 9 instituciones federales”, mencionó.
Esto, anotó, “nunca se ha hecho más que en el periodo de Santiago Vasconcelos” en la SIEDO, y con Samuel González Ruiz, el primer fiscal contra delincuencia organizada en la historia de México.
Gertz aceptó la oferta y dijo que incluso a través del propio González Ruiz “podemos llegar a un diálogo que sea útil y no estas descalificaciones”.
“Se puede hacer una participación que tenga un objeto positivo y que no se desvíe en un asunto de carácter personal”, atajó el fiscal quien añadió que hasta ahora Buscaglia no se había acercado para ofrecer este tipo de asesoramiento a la FGR.
Pero aclaró que “esas propuestas se tienen que constatar con el marco legal que nos obliga”; “si el propósito de su trabajo es realmente encontrar una solución, lo tenemos que plantear de acuerdo con las estructuras”.
“La investigación para la prevención del delito no le corresponde a la fiscalía. No podemos hacer tareas de investigación para la prevención del delito, no lo permite la ley mexicana”.
Con la Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo, “se sacó a la procuraduría de ser un órgano del gobierno y empleado del presidente”. Ahora, “tiene funciones de ser abogado del Estado, no del gobierno”, argumentó Gertz, quien defendió su gestión en la que, dijo, “todos los delitos federales han ido a la baja”.
Además, “en los últimos tres meses no hemos perdido un solo asunto en sentencia definitiva”, presumió.
Ve aquí el debate completo entre Gertz y Buscaglia:
Cuestiona experto número de judicializaciones
Buscaglia también cuestionó la labor de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en torno a la judicialización de carpetas de investigación.
El investigador dijo que, de 2 mil 719 carpetas que la SEIDO tiene abiertas este año, ha judicializado sólo 62 casos, es decir, un 2.28 por ciento.
“Entonces si ustedes forman este pool antimafias, la capacidad de judicialización, la capacidad de abrir líneas de investigación cuyos hechos alimenten SAT, alimente la UIF, alimente inteligencia militar, alimenten las unidades inteligencia, de las policías, de la Policía Federal, en una mesa redonda virtual, como lo hacen los italianos, van a poder pasar del 6.5 por ciento de judicialización de carpetas de investigación al 50 por ciento, como es Italia, al 60 por ciento”, declaró Buscaglia.
También, el académico de la Universidad de Columbia dijo que la FGR actualmente falla en la implementación de técnicas de investigación contempladas en la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada.
“Ahí hay técnicas de investigación importantísimas para conocer el organigrama de la organización criminal, por ejemplo, operaciones encubiertas que no se están realizando a través de la Fiscalía General de la República, uso de testigos protegidos colaboradores, otorgamiento de recompensas a la población por las denuncias, cosa que no se está haciendo adecuadamente, vigilancia electrónica, no solamente intervenciones telefónicas al estilo de los años setenta, sino vigilancia electrónica de lo que se llama el deep web, el dark web,” expresó.
Buscaglia sostuvo que en el “dark web”, grupos criminales llevan a cabo actividades como transacciones vinculadas a medicinas falsificadas.
“El dark web es el internet oscuro que no puede ser accedido a través de Google o de Yahoo, es accedido a través de operaciones que criminales, delincuentes están utilizando para realizar transacciones involucrando a medicinas falsificadas, que es un delito que está matando a cientos de miles de mexicanos y que no está contemplado en el Plan de Persecución Penal del doctor Gertz Manero y de su institución.
“Las medicinas falsificadas, el tráfico de medicinas falsificadas y substancias es una epidemia en México, es el quinto país del mundo, con el mayor mercado de medicinas falsificadas que están matando a mexicanas y a mexicanos, eso no está en el Plan de Persecución Penal, ni lo veo tampoco en las imputaciones penales de la Fiscalía”, expresó.
Sí hay coordinación: Gertz
El Fiscal General respondió a Buscaglia que ya existe coordinación entre las distintas agencias federales, pero reiteró que, en el caso de la UIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha fallado en la entregada de las pruebas de las denuncias interpuestas por la unidad que encabeza Nieto.
“Creo que aquí hay una contradicción, que tenemos que aclarar, doctor, usted esta señalando que es indispensable hacer un trabajo en equipo, en grupo, para que cada una de las áreas que tiene alguna tarea, haga su trabajo.
“Y eso es precisamente lo que después usted nos critica, sin nosotros decimos, cómo vamos a obtener pruebas que solamente las puede obtener la Secretaría de Hacienda, no la vamos a obtener nosotros, entiéndalo doctor”, declaró.
Gertz Manero también cuestionó que desde la UIF se hagan públicas las denuncias que interpone ante la FGR.
“No es posible, que la UIF, que es Secretaría de Hacienda, presente una denuncia, la haga pública, cosa que también va en contra de la secrecía que señala la ley.
“Y ya que la hizo pública entonces la Fiscalía tiene que regresar a la Secretaría de Hacienda, y decirle ‘oye, eso que me denunciaste, el único que lo puede probar eres tú, porque el único que tiene acceso a todas las estructuras de investigación fiscal eres tú, entonces tú dame eso, y no me lo da, y entonces resulta que la Fiscalía tiene la culpa de que la Secretaría de Hacienda no le dé la información”, expresó.
Tesis de la SCJN
El Fiscal General sostuvo que, además de presentar denuncias sin pruebas, los bloqueos de la unidad de la SHCP también habían sido considerados en algunos casos como “inconstitucionales” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La Suprema Corte dijo, ‘lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia es absolutamente inconstitucional’, tesis de la Corte, y también dijo tu no puedes hacer ningún tipo de bloqueo de cuentas, más que cuando hay una petición de orden internacional, en muchísimas ocasiones no lo ha hecho”, declaró.
En respuesta, Buscaglia sostuvo que la SCJN “nunca” declaró inconstitucionales los bloqueos sino que los ministros hicieron una interpretación en torno las medida cautelar interpuesta por la UIF.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo tengo entiendo, nunca ha declarado inconstitucional el bloqueo, hizo una interpretación conforme a lo que -cabe la pena resaltar- es una medida cautelar de naturaleza administrativa, que no viola el artículo 21 constitucional.
“El artículo que a usted le da, solamente a usted y la policía, la atribución de investigar, investigar es solamente ustedes”, dijo el académico.
Caso Lydia Cacho
Buscaglia, además, cuestionó la labor y la falta de coordinación de la FGR con otras dependencias en el seguimiento al caso de la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005.
“Los casos como los de Lydia Cacho, que es una mujer mexicana, valiente periodista que se tiene que estar refugiando sin protección del Estado mexicano y corriendo de país en país para qe no la asesinen, esa es una tragedia que están viviendo miles de periodistas en México.
“Eso es un delito gravísimo, doctor Gertz Manero, y que debido a esa falta de coordinación entre sus fiscalías o por presiones diversas, de que la Secretaría de Gobernación presiona a la Fiscalía Especializada para atender delitos para Periodistas para que no se la den a la SEIDO, entonces esto es algo gravísimo”, declaró.
Además, Buscaglia cuestionó una supuesta reducción en el número de agentes de la SEIDO, que Gertz Manero refutó. También, el investigador dijo que, como ha sucedido en el caso de Cacho, la FGR tiene un “problema grave” en la atracción de causas.
“Hay un problema grave en la atracción de causas, en la facultad que usted muy bien tiene, de acuerdo a la ley, de atraer causas de asignarlas a una fiscalía mucho más poderosa como la Subprocuraduría, la SEIDO, y la SEIDO estoy viendo que disminuyó sus empleados, de 6 mil 200 a casi mil, ahora.
“Entonces yo quiero saber, y que usted me explique por favor, cuál es la razón de ese colapsamiento en el número de personal de la SEIDO”, expuso Buscaglia.
Por su parte, Gertz Manero rechazó que se haya reducido el número de trabajadores de la SEIDO y dijo que, en el caso de Cacho, la FGR ha dado resultados con órdenes de aprehensión en contra de implicados.
“En el asunto de Lydia Cacho, es era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar, porque se había perdido, y logramos obtener, señor, las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener.
“Y una vez que las obtuvimos, a uno de los delincuentes, ya lo tenemos en la cárcel, el otro huyó al Líbano, donde tenemos un proceso de extradición y el tercero, hemos hecho todas las gestiones, y todas las audiencias y todas la tareas que podamos hacer en un territorio en el que nosotros prácticamente tenemos muy poca capacidad de entrada, por el número de agentes que tenemos.
“Pero hemos tratado de cumplir con ese caso de una manera constante y permanente, si alguien ha hecho algo para renovar ese caso y aplicar la justicia, hemos sido nosotros, es muy injusto decir que nosotros no hemos cumplido con esa tarea, eso no es así”, expresó el Fiscal General.
Con ‘Falcone Checklist’ en México habría maxiproceso: Buscaglia
Buscaglia reiteró que, con la implementación del llamado “Falcone Checklist”, que consiste en la activación del protocolo operativo de cooperación entre instituciones, la investigación y seguimiento de casos como el de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, y César Duarte, ex gobernador Chihuahua recientemente arrestado en Miami, Florida, podría derivar en un maxiproceso como los que ocurrieron en Italia en la década de los 80 y 90.
“La idea es transformar a los casos de Lozoya o a los casos de César Duarte, no solo en conferencias de prensa, en donde se les muestra y está muy bien que lo hagan porque la gente tiene que ver que se hace justicia pero tienen que transformar eso en delincuencia organizada.
“Un maxiproceso al estilo italiano donde este pool que vamos a formar con un protocolo operativo, le va a permitir a usted a través de caso de Duarte y a travès del caso Lozoya un maxiproceso antimafia como los que tuvieron los italianos en la década de los 80 y 90 y ahí van a tener a políticos mexicanos, políticos de Guatemala, políticos quizás hasta de España metidos en esta red que pueden ser imputados”, expresó el investigador.
Por su parte, Gertz aceptó revisar las propuestas planteadas por Buscaglia.
“Vamos a buscar la manera también de encontrar el apoyo de ustedes que es indispensable para que la estructura legal del país, permita hacer las tareas antimafia a las que usted se refiere, y que en este momento el marco legal nos las hace prácticamente imposibles, vamos a hacerlo juntos, vamos a encontrar una buena solución”, dijo al término del debate.
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, demandó el retiro de la Guardia Nacional (GN) de la caseta de cobro Tijuana-Rosarito.
En un video que compartió en redes sociales, pidió además al presidente Andrés Manuel López Obrador que solicite la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, “si [el funcionario] no hace algo rápido”.
“Ellos no son nadie para decir que es un ilícito, eso que lo hagan los tribunales, son los únicos que pueden decir que es ilícito… Quién es el secretario de Comunicaciones y Transportes para ordenar una cosa como esta, quién es el director de Capufe; son unos empleados que de repente se les ocurrió mandar a la Guardia Nacional y dijeron, vamos a enseñarles a los bajacalifornianos quién manda, y viene este tipo de atropello”, dijo el mandatario.
La SCT emitió un comunicado donde advertía que el gobernador había violado la Constitución por la firma del decretó que liberaba la caseta federal de cobro.
Seis horas después, la Guardia Nacional retomó las casetas y se reinició el cobro de peaje.
“Llegaron con tanques de guerra, nada más faltaba que trajeran misiles. No sé, 60, 70, 80, cien elementos de la Guardia, la Sedena y la Marina para ir a rescatar una…miren, miren…vean ustedes, ahí deja la imagen. No era necesaria esa rudeza, ellos tienen derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado esa decisión”, añadió.
De acuerdo con Bonilla, la SCT usó “cobardemente” a la Guardia Nacional y adelantó que solicitará al Congreso local una iniciativa para que se expropie el terreno donde se encuentra la caseta federal.
