Al encargarle la construcción de sus obras más emblemáticas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del Ejército mexicano un agente económico vital para el país. A pesar de que esta decisión causa malestar dentro de su Gabinete por la cercanía que implica entre el poder Ejecutivo y el militar, el mandatario parece obviar cualquier posible interferencia e insiste en defender sus obras a toda costa, porque, considera, sacarán adelante al país y ya “generan muchos empleos”.
La experiencia dice lo contrario. De acuerdo con expertos y observadores, la derrama económica para el país sería mayor si la obra hubiera sido construida por una empresa especializada. México sufre ya los inicios de una anunciada recesión que se espera sea histórica. En su más reciente encuesta a economistas, el banco central reportó que la expectativa de contracción económica este año será del 9% —el pronóstico más pesimista en el registro que data de 1999—. Una encuesta telefónica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática arrojó que 12 millones de personas en el país han perdido su fuente de ingresos desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
La industria de la construcción es clave en el desarrollo de todo país, ya que beneficia a 66 ramas de actividad diferentes, desde la electricidad, el transporte y hasta las telecomunicaciones, y genera empleos de manera masiva. Hoy, este sector hila 14 meses en declive en México. López Obrador se ha rehusado a contratar a empresas constructoras para tres de sus obras más grandes: un nuevo aeropuerto en Santa Lucía para la Ciudad de México, dos tramos del proyecto turístico Tren Maya y 2.700 sucursales del nuevo Banco del Bienestar. Todas las puso en manos de militares.
Menor derrama económica
Aún si la Secretaría de la Defensa (Sedena) subcontrata a empresas pequeñas y medianas para hacer el trabajo, los recursos no se esparcen en la economía tanto como se esparcen en los proyectos de empresas de construcción tradicionales, afirma José Ignacio Martínez Cortés del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. “Sedena subcontrata, por supuesto, pero no crea esa derrama económica que se tenía antes con las empresas constructoras”, dice Martínez.
La información más reciente del INEGI lo demuestra. En abril, la derrama económica de la construcción en México tuvo su reducción más pronunciada desde que se tiene registro en 2007. El valor de la producción en construcción bajó 32% en comparación con el mismo mes el año anterior —es decir, en un año, perdió casi un tercio de su valor— una reducción nunca vista. Los datos también muestran que el valor de este sector ha ido bajando cada mes de manera consecutiva desde junio de 2018.
La derrama de Sedena es menor que la de una empresa constructora por dos razones principales: primero, porque al utilizar a los militares que ya reciben un sueldo por su servicio en Sedena se generan menos nuevos empleos. Y segundo, porque el Ejército no trabaja por una ganancia, como lo hace una empresa privada, y ese es un recurso que no se gasta o se reinvierte después en el país.
“Los mismos militares le venden la idea de: ‘No se preocupe, señor presidente, usted no necesita andar gastando en constructoras porque nosotros tenemos la constructora más grandes del país que son los ingenieros militares, tenemos una mano de obra baratísima porque ya viene dentro de los mismos sueldos del personal militar’”, asegura César Gutiérrez, abogado especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional. “¿Cómo cree usted que se siente el soldado o el oficial que tienen que estar trabajando a marchas forzadas para cumplir las nuevas obligaciones que les están dando pero recibiendo el mismo sueldo?”, pregunta.
En un análisis publicado recientemente, el investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) Enrique Díaz-Infante coincide en que darle la obra al los militares “golpeó a la industria de la construcción nacional y afectó la derrama económica a las pymes subcontratadas, a sus trabajadores y sus familias”.
“La reactivación de la economía debiera venir del impulso a sectores como el de la construcción en áreas de fomento al desarrollo sustentable. Esto tendría de inmediato un efecto multiplicador en la generación de empleo, en el aumento del consumo y consecuentemente en el crecimiento del país” escribió Díaz-Infante.
¿Menos corrupción?
Contratando al Ejército como constructora, López Obrador busca librarse de un sector desprestigiado por la corrupción y los conflictos de interés, especialmente durante la Administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto. El Ejército, por otro lado, tiene una popularidad envidiable. De acuerdo con la agencia de estadísticas del país, el INEGI, las Fuerzas Armadas cuentan con el 80% de aprobación entre la población. Esto no garantiza que los contratos no se otorguen como parte de una red clientelar de favores como se encontró en países del medio oriente en los que el Ejército recibió contratos o negocios del Gobierno, dice Elke Grawert, investigadora del Centro Internacional de Bonn para la Conversión (BICC, por sus siglas en inglés), desde Alemania.
“Esto no se trata de el Ejército como institución, sino de individuos dentro del Ejército que estaban conectados al Gobierno a través de una relación clientelar”, dice la coautora de Businessmen in Arms: How the Military and Other Armed Groups Profit in the MENA Region (Empresarios en armas: cómo los militares y otros grupos armados se benefician en el Medio Oriente).
En México, tanto Sedena como la Secretaría de la Marina han realizado compras y contratos de servicios que muchas veces no cumplen con los requisitos de transparencia estipulados en las licitaciones públicas, haciendo uso de adjudicaciones directas. Esto implica que el Ejército puede responder más rápidamente a las necesidades del Gobierno que el gobierno mismo —otra razón por la que el presidente prefiere que sea el ejército quien se haga cargo—.
Investigaciones periodísticas publicadas entre diciembre y marzo reportaron que en Administraciones federales anteriores, Sedena gastó 46.000 millones de dólares en contratos con un centenar de empresas que incumplieron requisitos legales y no contaban con el personal ni la capacidad técnica para realizar los trabajos. Algunas de ellas eran empresas fantasmas. Y, en el caso de un contrato de construcción en particular por el que las Fuerzas Armadas levantaron un muro, Sedena encareció el costo en 89% y contrató a empresas que utilizaban prestanombres.
Modelo anticuado
En los sesenta y setenta, países como Pakistán, Turquía y Egipto, que asignaban al Ejército grandes obras de infraestructura, estaban a la vanguardia, ya que en ese entonces eran tecnológicamente más avanzados que el sector privado, dice Grawert. Era un momento en la historia en que las constructoras privadas todavía no generaban el expertise o las ventajas que hoy ofrecen, explica.
“Esto ya no es el caso”, dice la investigadora, y continúa: “No hay razones para pensar que el Ejército es necesariamente competente como constructora. La pregunta es: ¿es realmente el Ejército la mejor organización para hacer este trabajo? ¿Realmente superan en manejo de la construcción a empresas privadas expertas?”.
Si bien es cierto en México los ingenieros militares tienen la capacidad para construir muchas instalaciones de carácter estratégico, como una base aérea por ejemplo, esta no es necesariamente el factor determinante detrás de tan grandes contratos, opina Gutiérrez.
“La realidad es que en México si tú quieres que las Fuerzas Armadas estén tranquilas y bien tienes que darles hay una cuota de poder, es un intercambio de favores”, dice Gutiérrez, que añade: “Se centralizó el utilizar al Ejército para todo lo que se necesita sí, pero para todo lo que necesita el presidente”.
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