Hasta septiembre de este año, al menos 150 mil migrantes que ingresaron a México de manera ilegal fueron detenidos e ingresados a estaciones migratorias, sin que exista un registro de sus detenciones y del proceso en el que se encuentran.
Sobre estos migrantes no existe un registro público y detallado que permita saber a sus familiares en sus países de origen en dónde están y cuál es su situación legal, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y violación a sus derechos humanos, advierte Movimiento Ciudadano en el Senado, a través de una iniciativa donde demanda la creación de un registro público de los migrantes detenidos para salvaguardar justamente sus derechos humanos y diluir cualquier posibilidad de desaparición forzada.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400 mil y 500 mil personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas.
Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. Huyen a causa de las situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países, pero muchas veces son detenidas en territorio mexicano sin que se conozca nada sobre su situación legal en México.
“Frente al despliegue de más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y la detención de miles de migrantes que transitan el país rumbo a Estados Unidos, urge que las autoridades mexicanas implementen un registro de las personas detenidas, con la finalidad de salvaguardar sus derechos humanos, el debido proceso y prevenir actos de tortura, desaparición forzada o prácticas arbitrarias”, establece la iniciativa.
El documento plantea reformar la Ley de Migración y crear el Registro de Detenciones de Personas Migrantes, con el que México cumpliría los tratados y recomendaciones internacionales, así como la disposición transitoria estipulada en la Ley Nacional de Registros de Detenciones.
“Hoy, este registro cobra un relevancia especial, ya que en cuestión de pocos meses, la política de brazos abiertos para los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia se transformó en la más grande cacería de migrantes en la historia de México, siendo, tristemente, la Guardia Nacional la principal herramienta para llevar a cabo esta tarea”, establece el documento.
La reforma plantea la creación de una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas migrantes detenidas, misma que se actualizará a medida que se realiza el proceso administrativo y hasta la puesta en libertad.
El registro contará con un sistema de consulta público que servirá como una herramienta para que los familiares de las personas migrantes puedan localizar a sus seres queridos que hayan sido detenidos por las autoridades migratorias mexicanas.
La administración y operación del registro, al igual que el sistema de consulta, estarán a cargo del Instituto Nacional de Migración y éste emitirá las disposiciones necesarias para la adecuada captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta y actualización de la información.
Se regulan las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en relación con las personas migrantes, con el fin de resguardar los derechos humanos, el debido proceso y previniendo actos de tortura.
El Registro detallará cuál fue la autoridad que recibió a la persona detenida, el nombre y cargo del servidor público que lo registra, día y hora de la liberación de la persona detenida o, en su caso, del traslado a otro lugar de detención o de la aplicación de otra medida, como el retorno asistido o la deportación.
“México debe ser ejemplo de cómo tratar a las personas migrantes; no podemos convertirnos en un país que exige un trato digno para nuestros connacionales, mientras criminalizamos a quienes transitan por nuestro propio país”, sostuvo el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda.
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