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| El “guachicolero” que se enfrenta al Ejército, corrompe a las policías y a los funcionarios estatales y municipales, es un ejemplo ya emblemático.-Foto. |
A lo largo y ancho del país, por donde atraviesa la red de
ductos de Petróleos Mexicanos, el robo de combustibles mediante la ordeña de
tubos se ha convertido en un negocio tan rentable como el narcotráfico y,
peor aún, las redes criminales protegidas se extienden por todas partes
ondeando la bandera de la impunidad.
En
el gobierno federal se escandalizan por las cuantiosas pérdidas que, aseguran,
causa el robo de gasolinas, pero oficialmente nada se habla de que este negocio
envuelve a una cauda de políticos y funcionarios de Pemex, de muy alto nivel,
que forman parte de la red de saqueo de la paraestatal, que no son ajenos al
crimen organizado y que se han enriquecido a costa de la riqueza petrolera.
El
incremento de esta actividad criminal, en buena medida tiene su origen en el
vacío que genera el Estado en distintos territorios del país: ahí donde el
gobierno no atiende las necesidades y desatiende reclamos sociales, el
crimen organizado termina por resolver la demanda colectiva y, con ello,
refuerza su identificación social.
El
“guachicolero” que se enfrenta al Ejército, corrompe a las policías y a los
funcionarios estatales y municipales, es un ejemplo ya emblemático. Es tan
reconocido en su territorio como un capo de la droga lo es en Tamaulipas porque
otorga el cobijo social a los grupos necesitados que el gobierno desatiende.
Este delincuente se nutre de la ausencia del Estado y de la impunidad que logra
mediante la práctica de la corrupción.
Otro
factor que detona esta actividad es la pobreza, la terrible pobreza que
enfrenta el país y que tiende a agravarse. En estados como Veracruz, Puebla,
Tamaulipas, Coahuila, entre otros, algunos grupos sociales que carecen de
empleo y de medios de subsistencia decidieron engancharse en actividades
criminales. El secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el robo de
combustibles son negocios bastante socorridos ante la urgencia de dinero y la
carencia de lo mínimo para cubrir las necesidades básicas. Esto no justifica la
criminalidad, pero es un hecho que detona mayor inseguridad en el país.
Y
todo tiene que su origen en el vacío de poder, en el vacío del Estado que ya no
mira a los necesitados. La soberbia oficial y la corrupción institucional, el
atroz mal de México, ha roto el espíritu de servicio y el ejercicio de la
política pasó a ser un mero simulacro de buenas intenciones para conquistar
votos, entronizarse en el poder y servir a otros intereses –el crimen
organizado, por ejemplo –y no a la sociedad.
Y
en esta cadena de descaros una parte de la sociedad que delinque parece decir:
si los políticos roban abiertamente, pues nosotros también haremos lo mismo
porque tenemos necesidad y hambre. Y es justamente la miseria uno de los
principales caldos de cultivo de la delincuencia. Frente a este problema, el
gobierno y su cauda de políticos no parecen tener calidad moral para aplicar la
ley. Si los políticos encumbrados en el poder roban, cómo pueden exigirle a la
sociedad que no haga lo mismo. Todo parece estar pervertido, pues quien aplica
la ley también delinque desde el poder.
Es
por ello que la sociedad, harta de mentiras, se involucra con el crimen
organizado y con ello se desata una clara lucha de clases: los grupos sociales
vulnerables roban al Estado el combustible pero, desde su lógica, sólo
recuperan lo que dicen que les pertenece, ya que con frecuencia afirman que el
gobierno federal entregó a las empresas extranjeras el capital más preciado que
tiene el país: El petróleo.
Y
es que son muchos los factores que explican el surgimiento de redes criminales
dedicadas al robo de gasolinas, pero uno de los principales detonadores es la
corrupción en Pemex. Después de los hechos de violencia suscitados en Puebla y
que costaron la vida a cuatro militares, el presidente Enrique Peña Nieto
ordenó al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal combatir a las redes de
los llamados “guachicoleros”.
Lo
primero que llamó la atención es que Peña Nieto apuntó el reflector hacia los
grupos sociales que perforan ductos, colocan válvulas y extraen diesel,
gasolina Magna o Premium y que luego distribuyen a granel o en grandes
cantidades a los mismos gasolineros cuyo proveedor es Pemex.
Pero
lo que Peña Nieto parece pasar por alto es que este negocio no tiene razón de
ser sin las operaciones del cártel que opera al interior de Pemex –Los Zetas –
y del cual forman parte altos funcionarios de la empresa, quienes son los
verdaderos beneficiarios del negocio que, según la Secretaría de Hacienda, le
cuesta al país 20 mil millones de pesos anuales.
Las
redes de “guachicoleros” conocen la logística interna de Pemex: horarios para
el bombeo de combustibles, el tipo de producto que fluye por las tuberías a
determinadas horas del día o de la noche, lo que aprovechan para llevar a cabo
las perforaciones con la protección de policías e incluso de militares:
Por
ejemplo, en julio de 2015, Tomás Méndez Lozano, jefe de Operaciones Especiales
de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue detenido por elementos del
Ejército por sus vínculos con redes de “guachicoleros” y robo de combustibles.
En
ese mismo año también cayó Marco Antonio Estrada López, director de la Policía
Estatal de Puebla por los mismos delitos. Ambos personajes formaban parte del
primer círculo del entonces gobernador poblado Rafael Moreno Valle, actual
precandidato presidencial del PAN.
Según
las acusaciones, ambos exfuncionarios brindaban protección a redes de
“guachicoleros” que operan, desde hace una década, en municipios como Palmar de
Bravo, Quecholac, Tepeaca, Tecamachalco, Palmarito, entre otras demarcaciones,
que conforman el llamado “Triángulo Rojo”, donde están afincados grupos
criminales tan violentos como perniciosos.
El
robo de combustible es un gran negocio ilegal que derrama beneficios hacia la
población necesitada, lo que ha prohijado una cultura y un reconocimiento alrededor
del llamado “guachicolero” , al que consideran un benefactor social más eficaz
que el gobierno. Es algo similar a lo que ocurre con los cárteles de la droga
en territorios como Sinaloa y Tamaulipas.
El
guachicol en realidad es una bebida alcohólica adulterada con alcohol de caña.
Es por eso que esta palabra también es utilizada para nombrar al combustible
–gasolina o diesel –adulterado o robado en México.
Actualmente
los llamados “guachicoleros” se han multiplicado por todo el país. Sus
principales asientos son las zonas petroleras como Veracruz, Tabasco y
Tamaulipas, pero sus redes se extienden por todo el país siguiendo el tendido
de ductos de Pemex que atraviesan toda la República y que sirven para el
suministro de combustibles a todas las regiones. Estas células criminales están
relacionadas con el cártel de Los Zetas, operan en células,
disponen de poderoso armamento y de protección política.
El
cártel de Los Zetas es la organización criminal más versátil que opera en
México. Explotan 24 actividades delictivas y una de las más rentables, después
del narcotráfico y el secuestro, es la venta de gasolinas robadas que luego
venden a menor costo a los propios franquiciatarios de Pemex, cuyas ganancias
no son declaradas al fisco. Las operaciones con gasolina robada deriva en el
delito de lavado de dinero, muy socorrido, por cierto, entre los propietarios
de gasolinerías.
El
cártel de Los Zetas está enquistado en Pemex. Y ejemplos sobran.
Un personaje
que resultó ser lavador de dinero de ese cártel es el empresario
Francisco Pancho Colorado, preso en Estados Unidos por
blanquear capitales sucios producto de la compra y venta de caballos pura
sangre. Estaba relacionado con los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales.
Colorado es el dueño de la empresa ADT, contratista de Pemex, especializada en
trabajos de remediación ecológica.
El
negocio del robo de combustibles cobró mayor auge a raíz del alza en los
precios de las gasolinas, lo que el gobierno federal atribuyó a factores del
mercado internacional y no propiamente a la baja producción nacional. Pero la
realidad es otra:
De
acuerdo con funcionarios de Pemex consultados, existe una orden desde la
presidencia de la República, a través de la paraestatal, para que las seis
refinerías del país operan a menos del 50% de su capacidad. Esto deriva en una
baja producción de combustibles –no alcanza para el abasto nacional –y el gobierno
se ve obligado a importar gasolinas a precios más altos. Esto ocurre desde hace
poco más de una década.
Por
otra parte, los petrolíferos que se extraen en México –Maya, Istmo y Olmeca –se
envía a Estados Unidos, donde es refinado, para luego devolverlo al país
transformado en combustibles.
Estas
operaciones son contradictorias y a quienes se les han consultado no se lo
explican más que afirmando que se “trata de un negocio” de poderosos políticos
del gobierno.
–¿Por
qué? –se les pregunta a los expertos
–Porque
es ilógico que habiendo seis refinerías en México se envíe el crudo a refinar a
Estados Unidos. Es como si tienes un restaurante bien montado, con chef de
primer nivel y como dueño del negocio ordenas comprar alimentos preparados en
otra parte. Es absurdo. Solo se explica como un gran negocio.
En
parte existe razón en esta explicación. En 1997, durante el sexenio de Ernesto
Zedillo, se inició un amplio proyecto para reconfigurar las refinerías de
Pemex. Comenzaron por la de Cadareyta, siguieron con Tula, Minatitlán, entre
otras. El contrato de la primera modernización se le otorgó a una empresa
China, Conproca. El contrato con Pemex terminó en un litigio internacional que
Pemex perdió.
En
ese embrollo legal, el entonces director de Pemex-Refinación, Jaime Mario
Willars, fue acusado de traición a la patria porque le entregó a Conproca
información secreta para que le ganaran el juicio a Pemex. El fondo de todo es
que perdiendo Pemex los funcionarios ganaron mucho dinero. Todo aquello quedó
sepultado por la impunidad.
Lo
cierto es que, según el proyecto zedillista, el proyecto de reconfiguración de
las refinerías tenía como objetivo impedir lo que hoy el gobierno de Enrique
Peña privilegia: importar gasolinas.
La
idea no era mala. Se trataba de que las refinerías procesaran los petrolíferos
pesados y evitar que se enviara el crudo a refinar a Estados Unidos. Sin
embargo, el proyecto se volvió un mar de corrupción y la modernización de las
refinerías terminó costando el doble si no es que más por que los precios
unitarios –el esquema del contrato –fue inflado a conveniencia de los
funcionarios de Pemex.
El
combate a las redes de “guachicoleros” utilizando al Ejército parece ser un
error garrafal del gobierno federal. Esta medida ya provocó consecuencias y muy
graves: en los hechos de violencia suscitados en Palmarito, Puebla, base de
asiento de una importante red de ladrones de combustibles, las cámaras públicas
filmaron el momento en que un soldado ejecuta con el tiro de gracia a un civil
que ya está sometido. También se observan escenas de lo que parece una
emboscada. Ambos hechos ya son investigados por la PGR.
De
confirmarse lo que las imágenes evidencian, estaríamos ante un hecho de
violación a los derechos humanos por parte del ejército que permite recordar el
no tan lejano caso Tlatlaya, donde elementos del Ejército fusilaron a civiles.
Rememora
también el caso Tlalixcoyan, en Veracruz, ocurrido en 1991, en donde militares
y agentes federales se enfrentaron, aparentemente por una confusión, después de
que un avión aterrizó en ese paraje con decenas de kilos de cocaína. Los
soldados ultimaron a los policías porque pensaban que brindaban protección a
los narcos.
Este
hecho, grave por donde se le mire, permite considerar que es urgente que el
Congreso legisle la Ley de Seguridad Interior para regular la participación del
Ejército en tareas de seguridad. Lamentablemente esta discusión se ha pospuesto
para después de la elección de junio próximo. El debate tendrá que centrarse en
el hecho de que los militares deben regresar a sus cuarteles y deberán actuarán
como coadyuvantes en la búsqueda del orden.
El
tema, sin embargo, es delicado porque en el país no hay una estructura
policiaca confiable. El 80% de los cuerpos de policía del país están vinculados
al crimen organizado, razón por la que el narcotráfico y el robo de
combustibles está en auge en todo el país. No hay quien ponga orden. Y cuando
el Ejército entra al combate de la delincuencia termina matando a los civiles.
Es una acción de venganza después del asesinato de cuatro solados, el paso 3 de
mayo, en la zona más caliente dominada por los “guachicoleros”.
El
robo de gasolina seguirá en México mientras el gobierno no combata la red de
corrupción que saquea a Pemex. Es una lucha entre ladrones, según indican los
hechos. Los delincuentes de cuello blanco saquean a Pemex y los “guachicoleros”
son vistos por el gobierno como los verdaderos ladrones de la riqueza del país.
Aquí todo indica que el ladrón roba al ladrón. Sólo que el gobierno tiene el
monopolio de la fuerza y la usa para poner orden ejecutando civiles por
venganza.
