Agentes de la Procuraduría General de la República ubicaron el pasado 4 de mayo el sitio en que se escondían cinco personas señaladas como miembros del primer círculo de seguridad de Dámaso López Serrano, El Mini Lic —hijo del sucesor de El Chapo: Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado.
El Mini Lic es uno de los llamados “cachorros del narco”: desde joven fue entrenado en los secretos del tráfico de drogas. Después de exhibirse en redes sociales con mujeres suntuosas, maletines repletos de dólares y automóviles de lujo; luego de que el cantante Gerardo Ortiz le dedicara un corrido que hoy cuenta con millones de reproducciones (“Si señor, yo soy Dámaso / soy hijo del Licenciado, / de Culiacán y mi gente, / siempre he tenido respaldo…”), fue criticado dentro del propio grupo criminal y obligado a bajar su perfil drásticamente.
El cártel le confió la operación en Baja California Sur, en donde quedó al frente del brazo armado conocido como Los Ántrax.
Su padre fue detenido el 2 de mayo pasado en un edificio de lujo de la colonia Anzures. Al operador financiero de El Licenciado, Víctor Geovanny, se le detuvo el mismo día en un domicilio de Azcapotzalco.
La detención de otro supuesto integrante del Cártel de Sinaloaen el rumbo de Tláhuac, ocurrida cinco días después, llevó a los elementos de la PGR hasta la calle Almena 85, colonia Jardines del Sur, en la delegación Xochimilco. La información que se hallaba en sus manos indicaba que el lugar era una casa de seguridad en la que se refugiaban los escoltas de mayor confianza de El Mini Lic.
En el informe que los agentes rindieron más tarde se lee que a las puertas del domicilio detectaron a un hombre armado que los encaró y amenazó; que un segundo hombre salió del inmueble para enfrentarlos, pero que al verse superados en número, los dos presuntos sicarios regresaron al domicilio dejando la puerta abierta.
Al entrar, los agentes hallaron armas, cartuchos, cargadores y drogas.
La versión de los cinco detenidos es que aquel día a las tres de la tarde oyeron un estruendo en la puerta y se vieron rodeados por gente armada y encapuchada. Les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y los golpearon en las costillas. Les preguntaban por “un licenciado”.
Los detenidos dijeron que no sabían nada de ese personaje, que las armas y la droga se las habían sembrado, y que ellos se dedicaban a la minería.
Una inspección ocular mostró que la puerta tenía graves daños.
La jueza de control María Elena Cardona liberó a los cinco detenidos. Asentó que “no existe verosimilitud ni en la forma ni en los hechos que se describen en el informe” y que “hay incongruencias, inconsistencias y no se puede considerar que haya razonabilidad en lo expuesto” por los agentes.
Quienes presenciaron la audiencia aseguran que la jueza se mostraba nerviosa y aceptó sin objetar todos los testimoniales de la defensa.
La jueza Cardona acababa de anular, días atrás, tres de las cuatro imputaciones realizadas a Víctor Geovanny, el supuesto operador financiero del Cártel de Sinaloa —cuyos abogados prefirieron mantenerse en el anonimato.
Cardona acusó a la PGR de no presentar ninguna prueba que vinculara al detenido con el Cártel de Sinaloa ni con lavado de dinero y señaló que la dependencia tampoco pudo acreditar que las armas halladas en su domicilio (tres pistolas, 264 cartuchos y 15 cargadores) estuvieran consideradas en el catálogo de armamento reservado para las Fuerzas Armadas.
Indicó además que el acusado fue puesto a disposición del Ministerio Público con cinco horas de retraso, por lo que ordenó la invalidación de las pruebas, entre otras, la primera declaración rendida por éste.
Todo es inquietante en este asunto. La incapacidad de la PGR para sustentar sus propios casos y el probable empleo de la tortura como método principal de investigación; la posibilidad de que el Cártel de Sinaloa haya inundado con casas de seguridad la Ciudad de México —en la misma semana surgen domicilios por todos los vientos: Anzures, Azcapotzalco, Xochimilco y Tláhuac—, y algo infinitamente grave: la posibilidad de que una impartidora de justicia haya sido amenazada o sometida a presiones por parte de un grupo criminal.
Algo en todo este embrollo parece decirnos que, en la Ciudad de México, el Cártel de Sinaloa está ya hasta en la cocina.
Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación, preside hoy en Reynosa la sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública junto con el Gobernador Francisco García Cabeza
de Vaca.
El titular de la Segob llegó al
encuentro acompañado de los Secretarios Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz,
de la Marina Armada, y General Salvador Cienfuegos Cepeda, de la Defensa
Nacional.
Previamente hizo su arribo Renato
Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, para tomar parte en la
reunión del Consejo Nacional junto con el Gabinete de Seguridad estatal.
La reunión se lleva a cabo en un
hotel de la Zona Centro, el cual lució con extrema seguridad desde temprana
hora con un despliegue de elementos de las fuerzas federales y estatales.
Primero sesionará el Consejo
Nacional y posteriormente a las 13:00 horas darán una conferencia de prensa
conjunta Osorio Chong y García Cabeza de Vaca para anunciar los ajustes a la
Estrategia Integral de Seguridad para Tamaulipas.
El Gobernador García Cabeza de
Vaca ha propuesto y emprendido acciones enfocadas al combate a las fuentes de
financiamiento del crimen organizado.
EL NORTE publicó ayer que a tres
años de implementada la estrategia integral el fracaso es evidente al crecer
las estadísticas de los principales indicadores de inseguridad, violencia,
crimen y con el ingrediente de mayores daños colaterales.
A las 14:30 horas, el Secretario
de Gobernación y el Gobernador tamaulipeco sostendrán una reunión privada con
las fuerzas productivas.
El pasado 10 de mayo de 2017, Día de las Madres, fue asesinada en Tamaulipas la señora Míriam Rodríguez, madre de una joven raptada por el crimen organizado y quien no sólo se encargó de investigar y dar con el paradero de la fosa en donde el cadáver de su hija fue ocultado, sino también con la identidad de los plagiarios y asesinos.
Míriam, lamentablemente, es sólo la más reciente de una larga lista de familiares directos de víctimas de desaparición, que han sido asesinados en los últimos siete años en México, en represalia por las denuncias e investigaciones que han encabezado, para dar con el paradero de sus seres queridos, y de las personas que se los llevaron.
Se trata de padres, madres, hermanos, que no sólo tenían en común el ser familiares de víctimas de desaparición. Todos sus casos también convergen en el mismo problema de impunidad, desatención de las autoridades e, incluso, complicidad entre los grupos criminales que desaparecieron a sus seres queridos y las instituciones que, supuestamente, debían garantizar sus derechos básicos a la vida y a la seguridad.
A continuación, te presentamos un breve resumen de los al menos once casos de familiares de desaparecidos que han sido asesinados de 2010 a la fecha, elaborado a partir de la recopilación de expedientes recabada por la organización civil cauce ciudadano.
Marisela
Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde mantenía un plantón para denunciar la impunidad en la desaparición y asesinato de su hija, Rubí, ocurrido en 2008.
El asesino confeso, quien informó dónde enterrado de forma clandestina el cadáver de la joven, fue liberado por falta de pruebas, según la conclusión a la que arribó el Poder Judicial.
Dos años después del asesinado de Marisela, su supuesto homicida fue detenido por las autoridades.
Don Nepo
Nepomuceno Moreno Núñez buscaba a su hijo, Jorge Mario, desde el 1 de julio de 2010, cuando el joven de 17 años fue secuestrado, junto con otros dos amigos, por policías municipales y estatales en la carretera que va de Guaymas a Obregón, en Sonora.
Los policías secuestadores exigieron el pago de un rescate, pero luego secuestraron a dos los jóvenes que acudieron a pagarlo.
De los cinco secuestrados, uno fue hallado muerto y otro vivo, con graves lesiones, al día siguiente. El hijo de Nepomuceno y dos más nunca fueron liberados.
En 2011, Nepomuceno se integró al Movimiento por la Paz y, por esa vía, en octubre de ese año, logró presentar su caso ante el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien públicamente le ofreció revisar su caso.
Un mes después de esa promesa, el 28 de noviembre de 200, Nepomuceno, Don Nepo, como se le conocía cariñosamente en el Movimiento por la Paz, fue asesinado cuando conducía su camioneta en el centro histórico de la capital sonorense. Los atacantes huyeron.
Sandra Luz
Sandra Luz Hernández buscaba a su hijo, Edgar García, un joven que fue secuestrado en 2012 cuando trabajaba como mensajero en la oficina del entonces procurador de justicia sinaloense, Marco Antonio Higuera.
Dos años después, en 2014, tras denunciar la falta de investigaciones, la señora Sandra Luz fue citada por una persona desconocida, quien supuestamente le proporcionaría información sobre el paradero de su hijo.
El 11 de mayo de 2014, al llegar al punto de encuentro, en el centro de Culiacán, capital de Sinaloa, la señora Sandra Luz fue asesinada, por un un sujeto encapuchado que le disparó 15 veces.
Una semana después, las autoridades estatales presentaron al supuesto homicida, quien confesó el crimen y reveló el lugar donde había escondido el arma y la ropa que había quedado manchada de sangre.
Las prendas y el arma fueron halladas donde el detenido había dicho que estarían.
El 13 de marzo de 2015, sin embargo, el juez Sergio Valdez Meza liberó al homicida confeso, argumentando falta de pruebas.
Luis Abraham
Luis Abraham Cabada Hernández buscaba desde el 30 de junio 1996 a su hermano Jorge y a sus familiares, Juan Emerio y Abraham Hernández. Los tres jóvenes fueron desaparecidos de manera forzada, luego de salir de una fiesta en Culiacán.
El cuerpo de Luis Abraham fue encontrado en una zona rural, el 19 de octubre de 2015, con varios disparos de arma de fuego.
Bernardo
Bernardo Carreto González buscaba a sus tres hijos, desaparecidos en Chilapa desde mayo de 2015, cuando un grupo armado invadió la cabecera municipal de Chilapa, y secuestró al menos a 30 habitantes, entre ellos los jóvenes Miguel, Juan y Víctor Carreto.
Siete meses después del rapto masivo y de denunciar que no había acciones de búsqueda por parte de las autoridades, el 22 de diciembre de 2015, el señor Bernardo Carreto fue interceptado cuando conducía una camioneta por un camino de terracería, por un grupo de hombres armados que lo acribilló.
Los atacantes sólo dispararon contra el señor Bernardo, y perdonaron la vida a tres personas más que lo acompañaban en la camioneta. Luego huyeron.
Doña Coni
La señora Cornelia San Juan Guevara Guerrero, conocida como “Doña Coni”, buscaba a su hijo Oswaldo Espejel Guevara desde el 7 de agosto de 2012, cuando fue secuestrado de su domicilio en Santa María Ajoloapan, Estado de México.
Por Oswaldo, un pequeño comerciante de 35 años y con tres hijos, los secuestradores exigieron un millón de pesos como rescate, dinero que la familia, de escasos recursos, nunca pudo reunir.
A cuatro años de iniciar la búsqueda de su hijo, desconocidos ingresaron al domicilio de la señora Cornelia y la asesinaron a tiros, para luego darse a la fuga.
Medio año después, las autoridades informaron sobre la captura del presunto asesino, quien confesó haber realizado el ataque junto con otros dos cómplices.
José Jesús
José Jesús Jiménez Gaona buscaba a su hija, Jenny Isabel, de 23 años, quien fue desaparecida de manera forzada en mayo de 2011, cuando se dirigía a un restaurante en Poza Rica, Veracruz.
José Jesús formaba parte de la Brigada Ciudadana de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrada por familiares de víctimas, que desde 2015 comenzó a rastrear fosas clandestina en el estado de Veracruz.
El papá de Jenny fue atacado, junto con su esposa, el 23 de junio de 2016, por un grupo de desconocidos que les disparó con una metralleta AK47, desde un auto en marcha. José Jesús murió, y su esposa quedó gravemente herida.
Los agresores escaparon.
Heriberto
Heriberto López Gastélum buscaba a su hijo, Heriberto de Jesús, de 22 años, quien fue raptado y desaparecido en julio de 2016, en Navojoa, Sonora, luego de acompañar a su casa a una amiga.
Dada la inacción de las autoridades, el señor Heriberto López se dedicó a investigar el paradero de su hijo durante los cuatro meses posteriores a la desaparición, hasta que fue asesinado, el 30 de noviembre de 2016, por gente armada que le disparó desde el interior de una camioneta, en Ciudad Obregón, cuando él se encontraba en la vía pública.
Los agresores huyeron.
Emma Gabriela
Emma Gabriela Molina Canto buscó durante dos años a sus hijos, raptados en 2012 por el progenitor, un político priista acusado de corrupción en Tabasco, de nombre Alberto Medina Sonda.
Luego de dos años de denunciar el rapto, y de sufrir constante acoso por parte de la familia Medina Sonda, la señora Emma Gabriela logró ubicar el lugar en donde retenían a sus tres hijos y, con intervención policiaca, los niños fueron recuperados y el padre fue detenido y procesado por el delito de secuestro y, ya en la cárcel, fue procesado también por desvío de recursos públicos.
Emma Gabriela vivió dos años más con sus tres hijos, ante los cuales fue asesinada, el 27 de marzo de 2017, por dos hombres que abordaron a la madre de familia en la puerta de su casa y la degollaron.
Gracias a la intervención vecinal, los asesinos pudieron ser identificados, luego detenidos y actualmente están bajo juicio. La hipótesis de las autoridades apunta a una venganza del progenitor de los niños en disputa, pero también se investiga si con el asesinato, Medina Sonda buscaba impedir que Emma Gabriela revelara información sobre las redes de corrupción de las que éste formaba parte.
Gerardo
Gerardo Corona Piceno buscaba a su hermano Álvaro desde el 3 de agosto de 2012, cuando fue desaparecido en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Álvaro fue jefe de la policía municipal, y fue raptado luego de obtener el pago por la venta de un terreno particular.
Luego de cinco años de buscar a su hermano, y de denunciar amenazas directas de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, Gerardo Corona fue asesinado, el 19 de abril de 2017, en la puerta de su casa, cuando estacionaba su vehículo.
El atacante, quien le disparó con un arma de fuego, escapó.
Míriam
Durante dos años, entre 2012 y 2014, la señora Míriam Elízabeth Rodríguez Martínez buscó a su hija, Karen Alejandra Salinas, secuestrada en San Fernando, Tamaulipas.
Las investigaciones realizadas por esta madre permitieron no sólo encontrar la fosa en la que fue ocultado el cuerpo de su hija, sino también la identidad de sus homicidas, quienes fueron capturados.
A partir de su experiencia de rastreo, la señora Míriam se convirtió en representante del colectivo de familias de desaparecidos en San Fernando Tamaulipas.
El pasado Día de las Madres, un grupo de hombres armados allanó la vivienda de la señora Miriam y la asesinó a tiros, para luego escapar.
En Palmarito, Puebla, los huachicoleros tienen eso que a los especialistas les encanta llamar “cobijo social”. La gente convive con ellos, se nutre de ellos, los protege, se amalgama, se convierte. Ahí donde el Estado no llega, el robo de combustible se ha vuelto la alternativa.
En las últimas semanas, hay una tentación oficial de justificar su incapacidad de combatir a los huachicoleros en el hecho de que hay ciudades enteras donde se mueven a sus anchas, porque la sociedad se los permite… y todo mundo se lleva su tambo de combustible ilegal.
Pero el asunto del robo de combustible va mucho más allá de un ama de casa que se beneficia de un par de bidones y es capaz de salir a la calle para exigir que no se metan con lo suyo.
Desde finales del sexenio pasado y a inicios de este, en Pemex se reforzó la inversión en un área de inteligencia para tratar de disminuir la ordeña de ductos. A pesar de responder a dos administraciones federales de distintos partidos —la panista de Felipe Calderón y la priísta de Enrique Peña Nieto—, las conclusiones fueron las mismas: había colusión de personal del Ejército, de alcaldes, de funcionarios de Pemex y de integrantes del sindicato que encabeza el senador priísta Carlos Romero Deschamps. Voy uno por uno.
Los militares. Así como sucedió con el narco en la sierra, que terminó cooptando a comandos del Ejército que debían perseguirlo, las áreas de inteligencia del gobierno federal tuvieron acceso a fotografías —lo denunciamos en su momento en estasHistorias de Reportero— de militares atestiguando pasivamente la ordeña de ductos de Pemex. Quizá por eso indignan el doble las imágenes de buenos soldados que caen muertos en la batalla contra los criminales. Quizá por eso indignan el doble las imágenes de malos soldados ejecutando a sus adversarios sometidos y desarmados.
Los alcaldes.Las labores de inteligencia oficiales detectaron que por años, en abuso de las nacientes leyes de transparencia durante el sexenio de Vicente Fox, varios presidentes municipales solicitaron y recibieron de Pemex los mapas específicos sobre dónde pasan sus ductos, información que quizá debía resguardarse por motivos de seguridad nacional y que terminó muchas veces en manos de los criminales.
Los funcionarios y los del sindicato.Hoy por hoy, me dicen mis fuentes, nadie duda en el gobierno federal que hay una red de colusión entre trabajadores calificados —amparados por un sindicato que se tapa los ojos y, ahogado en la corrupción de sus líderes, se hace el ofendido cada que se le cuestiona— y funcionarios de Pemex que, paralelamente a sus labores oficiales, trabajan para las bandas de huachicoleros: ordeñar un ducto requiere un grado de conocimientos, especialización y hasta información privilegiada para no ser detectado por las medidas de seguridad que la paraestatal ha implementado en los últimos años.
Mucho más que una población que llena sus garrafones de gasolina.
Tras
publicarse ayer que fracasó la estrategia contra la inseguridad que la
Federación lanzó hace tres años en Tamaulipas, el Gobierno de ese Estado
anunció que buscará modificar el planteamiento contra la delincuencia.
El
vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dijo que
este tema será analizado hoy en la reunión que el Gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca sostendrá en Reynosa con el Secretario de Gobernación y el
Gabinete federal de seguridad.
"El término correcto", señaló,
"es estrategia integral que esté acorde a las necesidades de cada uno de
los Estados, y en particular a Tamaulipas, porque en la franja fronteriza (se)
tiene una problemática específica, que muchos de los delitos son del fuero
federal".
