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domingo, 18 de diciembre de 2016

LA "AMENAZA MILITAR",IMPULSADA dede WASHINGTON...mas alla de la "faramalla" y el intercambio de expresiones.


En el trasfondo del reclamo de los altos mandos militares mexicanos, para que se le dé a las Fuerzas Armadas un marco jurídico a su presencia en las calles, hay algo más que una percepción amenazante. 
Está el impulso y la presión del Pentágono. Coincide con quienes así lo advierten la voz de Manuel Bartlett, senador de la República, que en su calidad de exsecretario de Gobernación sabe de lo que habla. Interpreta como una “faramalla” el intercambio de expresiones entre representantes del Estado mexicano. De acuerdo con su análisis, compartido en entrevista con Proceso, la militarización del país es un hecho decretado desde Washington. Y va para más…

Es una “faramalla”, un “teatro mal hecho” la secuencia reciente de la declaración del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; la reacción del presidente Enrique Peña Nieto; la del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la iniciativa urgente del Congreso para apresurar la Ley de Seguridad Interior, porque “mandan al Ejército a presionar a la opinión pública” y para “continuar con la militarización que forma parte de un proyecto de integración con el Pentágono”, advierte el senador de oposición Manuel Bartlett.
“Tiene dos lecturas este absurdo apoyo de Peña Nieto al general Cienfuegos: por un lado, la debilidad del propio presidente frente a un desafío del secretario de la Defensa y, por otro, la entrega del Estado mexicano al Ejército. Es la militarización de facto que ahora quieren regularizar”, resume en entrevista con Proceso el coordinador de la bancada del PT en el Senado.
Subraya que esta militarización no es un proyecto de los generales mexicanos o del presidente de la República, sino que responde a los intereses geopolíticos de Washington: “Forma parte de la lógica de la ‘integración’ de México a la seguridad interior de Estados Unidos”.
“La militarización no es un cuartelazo al viejo estilo. Es una entrega paulatina de nuestra soberanía”, indica.
“Una vez que se aprobó en México la reforma energética de Peña Nieto comenzó a haber voces oficiales de Estados Unidos reclamando seguridad: si no hay seguridad, nadie va a invertir. Y la seguridad es el Ejército en las calles.
“¿Por qué olvidan los analistas algo esencial?: Felipe Calderón tomó la decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico por mandato norteamericano. Ahí está la Iniciativa Mérida. Que no se nos olvide este punto, porque entonces no entendemos qué están haciendo los soldados en las calles”, abunda uno de los críticos más constantes de la reforma energética y de la aprobación de enmiendas para ajustar la Constitución y las leyes reglamentarias a las necesidades de los militares.
Entre esas leyes que este año se aprobaron bajo presión de las secretarías de Defensa y de Marina están el Código de Justicia Militar, la ley reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y la reciente militarización de los puertos mexicanos.
Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett habla de lo que significan las palabras del general Cienfuegos:
“Si yo hubiera sido secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa hace estas declaraciones, yo le pido al presidente de la República que lo quite. Cienfuegos no puede hablar a nombre del Ejército porque él no es el jefe del Ejército. El comandante supremo es el presidente de la República. Y cuando el presidente avala esto, diciendo que lo van a apoyar y que fueron ‘descontextualizadas’ sus palabras, está avalando la destrucción de todo el mando civil.”
–¿Entonces es una simulación?
–Es una faramalla mal hecha, como todo lo que hacen. Peña Nieto manda al general para presionar a la opinión pública. Como lo mandó antes a Televisa, cuando dijo Cienfuegos que él no tenía por qué permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que interrogara a los soldados, como si él fuera el presidente de la República.
Bartlett se refiere así a la entrevista que Cienfuegos dio el pasado octubre a Santos Mondragón, de Televisa, para afirmar que “el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana y con el Grupo de Expertos es que vienen a complementar las investigaciones de nuestras autoridades. En ningún momento dice que pueden interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten”.
Ante esas declaraciones, el 5 de octubre de este año Bartlett propuso un punto de acuerdo en el Senado para condenar las declaraciones del secretario de la Defensa, porque “se situó fuera de la Constitución, del gobierno y del Estado mexicano”. “Las Fuerzas Armadas son parte del Estado mexicano y, por tanto, están obligadas, como parte de él, a atender y cumplir el acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la CIDH”, argumentó esa vez.
Ese es uno de los antecedentes del protagonismo declarativo del secretario de la Defensa, rememora Bartlett.
“Hacen sus teatros tan mal que el general queda pésimamente mal parado, los tres Poderes de la Unión quedan mal y hasta la iniciativa privada queda mal, porque de inmediato salen a decir que tiene razón Cienfuegos.
“Ahora, esta semana, se movió el Congreso. Ahora resulta que el jefe del Senado es el general Cienfuegos, que él dice cuándo se deben dictaminar las leyes. Se los dije en la Junta de Coordinación Política. Esa es la militarización… Y el líder de los diputados priistas (César Camacho) apurándose a decir que ya terminaron la Ley de Seguridad Interior, que van a trabajar hasta en Navidad.”
–¿Entonces no hay mucha lógica en esta faramalla, porque las declaraciones del general debieron generar una reacción muy dura en el gobierno?
–No, nada. Es una rebelión que va más allá de lo militar. Cienfuegos acaba con todos: con el Poder Judicial, con Osorio Chong, con los gobernadores, con el Senado. Si se toman en serio sus palabras, este señor debería ser destituido y mandado a retiro porque habló y criticó a su jefe supremo, el presidente de la República.
“Y ahora, Peña Nieto dice que el general tiene razón y que los medios ‘descontextualizaron’ sus palabras. Peña Nieto le está entregando el Estado al Ejército mexicano. Ya está ahora militarizado. Los jefes de las zonas militares hacen lo que quieren con los gobernadores.”
El papel de Osorio
–Siguiendo esa lógica, ¿estas declaraciones de Cienfuegos son un desafío o a qué responden?
–Si las tomas literalmente, es una insurrección militar. Es un putsch. ¿Qué ameritaría? El señor general debería estar ya en el retiro y su Estado Mayor también. Es inaceptable lo que dijo.
–¿Es función de un secretario de Gobernación decirle al presidente que frene al secretario de la Defensa?
–Yo fui secretario de Gobernación seis años y conozco el país y la Constitución y las reglas. Ahora no existe un secretario de Gobernación. Lo redujeron al papel de primer policía del país. Osorio Chong fue absolutamente zarandeado por Cienfuegos y ahora lo anda justificando.
“Descontextualizadas o no, las declaraciones de Cienfuegos constituyen una crítica al Estado mexicano y al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.
“El asunto es peor, porque esto es un mandato de Estados Unidos para que el Ejército esté a cargo de la seguridad interior de México.”
–¿Cómo fue la relación de usted, como secretario de Gobernación, y el entonces secretario de la Defensa?
–Yo tuve una espléndida relación con el secretario de la Defensa porque la relación debe ser muy estrecha por razones políticas y porque las Fuerzas Armadas están supeditadas al mando civil.
–Recordemos un caso. El sismo de 1985. La decisión de sacar al Ejército a las calles capitalinas para las labores de rescate, ¿quién la tomó: usted o el presidente De la Madrid?
–Ha tomado un buen ejemplo. El presidente De la Madrid en la crisis de los sismos le ordenó al secretario de Gobernación atender la emergencia. Y esa misma noche dimos una conferencia de prensa conjunta el secretario de la Defensa, el regente del Distrito Federal y yo. El encargado de la emergencia en ese momento era el secretario de Gobernación, no el general de la Defensa. El Ejército tiene el espléndido Plan DN-III, pero la responsabilidad es de Gobernación.
“El Programa Nacional de Protección Civil de ahí surgió. Lo hice yo. Para desmilitarizar la protección civil. El rescate tuvo que hacerse con el Ejército y con todo el Estado, pero el Ejército no tomó el mando de la ciudad. El Ejército debe actuar bajo el régimen civil, todo el tiempo.
“Cada estado, cada gobernador, debe tener su propio programa de protección civil. No esperar a que el Ejército lo resuelva todo. Porque ahí tienes a los alcaldes, a las policías, a los encargados de comunicaciones y transportes.”
“Imposición” de Estados Unidos
Bartlett no quita el dedo del renglón del punto, para él, más delicado de esta “militarización de facto” que ya vive el país: “Lo peor es que la presencia del Ejército como responsable de la seguridad de México es una demanda o una imposición de Estados Unidos. Si no tienes idea de la geopolítica, no sabes nada de lo que pasa. Y Peña Nieto y su grupo son de una ignorancia supina en este tema. El Congreso es ignorante de la geopolítica”.
Seguidor de la información que se genera en los círculos militares y políticos de Washington, Bartlett muestra una nota de la reunión del 13 de mayo de 2016, en Colorado Springs, encabezada por el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, y a la cual asistieron tanto Cienfuegos como el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, como integrantes del Comando Norte de Estados Unidos.
“Ahí estuvieron sentaditos los secretarios de la Defensa y de la Marina mexicanos, escuchando estas palabras de Carter:
“Quiero agradecer también a nuestros socios mexicanos por su determinación de expandir nuestra sociedad en la defensa continental. México se ha convertido en un exportador global de seguridad en dos lugares: en este continente y más allá.
“Quiero aplaudir a México por el incremento de nuestras relaciones en materia de defensa y su decisión de continuar asegurando nuestros valores comunes, el respeto a los derechos humanos y la fundación de fuerzas de seguridad en todo el hemisferio y de todo el mundo.
“Este es el discurso de la integración de México en materia de defensa. Es la integración de nuestro Ejército a los intereses de Estados Unidos.”
–¿Qué papel juega en este sentido la apertura energética?
–La política energética de este gobierno le dio a las trasnacionales el privilegio de exigir la seguridad en el terreno necesario, en las aguas necesarias que ellos ocupen, sin límite.
“Como tienen kilómetros bajo la figura jurídica de la ‘ocupación temporal’ que se aprobó en este Senado, también tienen derecho a exigir la seguridad.
“¿Qué ha pasado? Para eso está el Ejército. La globalización que es la que dizque combate Donald Trump significa esto: la inversión y las fábricas de Estados Unidos son más importantes afuera que adentro del territorio norteamericano. Ellos quieren que las cuide el Ejército. Que el Ejército mexicano esté desplegado y tenga el mando de la seguridad pública para cuidar las inversiones norteamericanas.”
–¿Es la misma lógica para entregarle el control de los puertos a la Secretaría de Marina?
–Cuando hablamos del dominio territorial estamos hablando también de los puertos de México. Por eso se militarizaron recientemente los puertos. Y esto ya fue aprobado por las dos cámaras del Congreso.
–Usted se remite al Plan Mérida y al momento en que Felipe Calderón ordenó hace una década la Operación Michoacán. ¿Fue más importante entonces la presión de Estados Unidos para sacar el Ejército a las calles que la debilidad del entonces mandatario?
–Se trata de una ocupación gradual. Calderón se prestó a meter el Ejército por órdenes de Estados Unidos. Es público. Ahí está la Iniciativa Mérida, que es un eufemismo del Plan Colombia, que ordena la utilización del Ejército.
La Iniciativa Mérida, cuya primera Carta de Acuerdo fue firmada en diciembre de 2008 por Estados Unidos y México, representó la asignación de 2.3 mil millones de dólares de fondos del Congreso estadunidense, de los cuales, 1.4 mil millones de dólares fueron entregados en equipo y entrenamiento a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal.
–¿El combate contra el narcotráfico sirvió entonces para encubrir el interés de Estados Unidos por la seguridad en materia energética?
–Ha servido para encubrir todo. Se dio el paso de usar al Ejército en una función de combate al narcotráfico a un control total de la seguridad. Ese Ejército que está en las calles y que empieza a recibir más tareas hasta suplantar a las fuerzas civiles.
“Estamos viviendo ahora una militarización que surge de ahí: de la integración energética. La integración a la política norteamericana se dio mediante acuerdos interinstitucionales. Esto es una marrullería que viene de la época de Carlos Salinas. A través de estos acuerdos interinstitucionales, como la Iniciativa Mérida, pasaron por alto al Senado y fueron atando el destino de México al de Estados Unidos.
Fuente.-Reportaje contenido en la edición de la Revista PROCESO #2094
Ya en circulación.

UN "GOLPE SILENCIOSO",MAS FACULTADES a MILITARES...cuando se calla mas de lo que se dice.


Hace una década, y por un acto irreflexivo, Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para que emprendiera una tarea que no le correspondía: combatir el crimen organizado. 
Ahora, el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, da un manotazo y exige que la tropa vuelva a los cuarteles, a menos que haya una cobertura legal que legitime ese estado de excepción en el que de hecho viven los mexicanos desde hace una década. Esa legitimación ya se cocina en el Congreso con el único fin de crear una ley que haga constitucional la militarización del país.
El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.
Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.
El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.
Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.
El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.
Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.
El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.
Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.
Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. 
El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.
La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.
La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.
Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.
Lo que quieren los militares
La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.
Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.
En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.
Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.
Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.
La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.
Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.
Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.
La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.
Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.
A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.
Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.
Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.
Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.
La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.
El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.
La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.
Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.
La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.
Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.
Estado de excepción “de facto”
El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.
En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.
Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.
Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.
Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.
Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.
“Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.
El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.
Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.
Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.
Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.
Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.
Fuente.-Reportaje contenido en la edición de la Revista PROCESO #2094
Ya en circulación.

sábado, 17 de diciembre de 2016

VATICINAN "DIVORCIO" en la CUPULA del PRI NACIONAL...los apetitos personales no coinciden.

Imágenes.-Internet

Como en los matrimonios malavenidos, la pareja que forman en el CEN del PRI el presidente, Enrique Ochoa, y la secretaria General, Carolina Monroy, simplemente no funciona. Desde que designaron a Ochoa en julio pasado como dirigente, la relación con Monroy, que según los estatutos deben ser de coordinación y colaboración entre los dos máximos dirigentes del priísmo, ha sido no sólo tensa sino desastrosa. 
No hay comunicación entre ellos, nunca se les ve juntos en eventos partidistas y la secretaria General se queja abiertamente de que la marginan de reuniones importantes y habla de “patanería” en el trato que recibe del dirigente.
El desencuentro entre las dos oficinas principales es por todos conocido en la sede nacional priísta. El episodio más reciente, según cuentan fuentes del CEN, ocurrió hace unas semanas cuando se realizaba una reunión privada a la que fueron convocados los dirigentes y secretarios de los comités estatales del partido. En la sala de Juntas de la presidencia del PRI, junto al despacho del dirigente, apareció de repente Carolina Monroy, ya iniciada la reunión que encabezaba Ochoa Reza. Aunque no había sido convocada, la secretaria general se acomodó en la mesa y llegado el momento pidió la palabra: “Me gustaría decir unas palabras. Lamentablemente serán improvisadas porque no pude preparar nada porque no sabía de esta reunión; soy la secretaria General y me gustaría que me avisarán con tiempo de estas reuniones”, comenzó diciendo Carolina ante la sorpresa de los asistentes.
El reproche en público ocasionó una áspera discusión entre los dos personajes, en la que Ochoa le reclamó duramente a Monroy su comentario frente a los dirigentes estatales. La secretaria respondió que a ella también le indignaba que no la tomara en cuenta ni respetara el nivel de su nombramiento. “Soy la secretaria General del partido y no por decisión tuya”, reclamó. El encontronazo terminó abruptamente y los dos dirigentes siguieron distanciados y trabajando cada uno por su lado.
Las fricciones entre el presidente y la secretaria General ocurren justo cuando el PRI enfrentará el próximo año elecciones de gobernador en los estados de México, Coahuila y Nayarit. En las tres entidades se avizora fuerte competencia para el priísmo, particularmente en el Estado de México, donde la posible alianza PAN-PRD que negocian las dirigencias de los dos partidos —con plazo al 23 de diciembre para registrar la coalición— pondría matemáticamente en riesgo el control priísta en la tierra del presidente Peña Nieto y de la secretaria General priísta, que también es aspirante a la gubernatura.
Carolina Monroy es prima en segundo grado de Peña Nieto y llegó a la dirigencia electa en la fórmula que encabezaba Manlio Fabio Beltrones. Tras la renuncia del sonorense en junio pasado, Monroy se mantuvo en la Secretaría General, ahora junto con Ochoa Reza, para cumplir la paridad de género establecida en los Estatutos del PRI para la dirigencia.
La última vez que un dirigente y una secretaria general del PRI tuvieron diferencias graves fue entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo en 2003. Aquel desencuentro terminó en una ruptura que hizo crisis cuando Madrazo operó el golpe que destituyó a Elba como coordinadora de la bancada priísta en San Lázaro, en abril de aquel año, y dos años después, en septiembre de 2005, ocasionó la renuncia de la maestra, hoy presa, a la Secretaría General del partido. Un año después, en julio de 2006, Gordillo fue expulsada del PRI, acusada de haber operado a favor del panista Felipe Calderón. La pregunta es qué tanto más aguantará el forzado matrimonio entre el número uno y la número dos de la dirigencia priísta. ¿O de plano terminará en divorcio?
fuente.-Salvador Garcia Soto

DESMANTELAN en MC ALLEN "RED de PROSTITUCION" que OPERABA en REDES SOCIALES....la de los enredos sociales.


El Departamento de Policía en McAllen , conjuntamente con autoridades federales, desmantelan red de prostitución vía Internet que venía operando en este sector del Valle.
Se dio a conocer que  junto con la Unidad de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI realizaron una pesquisa por Internet que llevó al arresto de seis mujeres acusadas de prostitución. 
De acuerdo a las autoridades, arrestaron el jueves a: Verónica López, de 22 años y residente de McAllen ; Krystal Rose Velázquez, de 26 años de Mercedes; Charlene Lee Gámez, de 33 años, de Donna; Jesusa Gloria Espinosa, de 27 años de Weslaco; Iris Ivonne Rodríguez, de 41 años, de Pharr y Rosa Nelly Rivas, de 33 años de Sullivan City. 
Las 6 sospechosas cayeron ante las autoridades en redada de prostitución tras un trabajo previo de investigación y de acuerdo con la información en el caso, se confirmó por parte de la policía, López, Velázquez, Gámez y Espinoza, fueron presentadas de manera formal ante el juez y recibieron cargos de prostitución para una fianza de 2 mil dólares cada una.
Mientras tanto, Rodríguez recibió cargos de promoción de prostitución y obtuvo una fianza de 5 mil dólares, mientras tanto, Rivas enfrentó un cargo de prostitución y otro de promoción de prostitución para una fianza total de 7 mil dólares.
Se dio a conocer que este tipo de actividad criminal busca ser erradicada de las redes sociales, por lo que se trabaja de manera conjunta con otras agencias a lo largo de Valle y limpiar esta plataforma que está siendo utilizada por la delincuencia.
Fuente.-

RECHAZAN MAS IMPUESTOS de "CABEZA de VACA,"SIN ESQUEMA,SIN ESTRATEGIA o BENEFICIO CIUDADANO": CIEST...se le ponen al brinco.


El Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), rechazó el incremento al 3 por ciento de la tasa del Impuesto Sobre Nómina para el ejercicio fiscal 2017, según el proyecto de Ley de Ingresos enviado al Congreso del Estado.
La iniciativa enviada por Francisco Garcia Cabeza de Vaca contempla elevar del 2 al 3 por ciento el ISN para obtener 800 millones de pesos adicionales y alcanzar los 2 mil 400 millones de pesos.
Luis Apperti Llovet, presidente del Consejo de Instituciones, sostuvo que este incremento de un 50 por ciento en este impuesto es lesivo para las empresas y además “no cumple ningún esquema ni estrategia en beneficio de los ciudadanos”.

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Reveló que por parte de los empresarios de la zona sur de Tamaulipas, había disposición para elevar medio punto porcentual la tasa de este impuesto a efecto de que el ingreso adicional se destinara a reforzar la estrategia de seguridad pública.
Insistió en que el incremento en el pago de este impuesto sería de un 50 por ciento, por lo cual se rechaza y además no precisa la distribución de los ingresos adicionales que recibía el Gobierno del Estado.
Con información de:

"NARCOGUERRA" SIN FINAL a la VISTA,VATICINAN MAS "DECADAS VIOLENTAS": STRATFOR...llego para quedarse.


Lo más probable es que la guerra contra el narcotráfico en México continúe durante décadas, de acuerdo con un reporte que la empresa estadounidense de inteligencia Stratfor publicó al cumplirse 10 años del operativo en Michoacán que marcó el inicio de las hostilidades. 

La corrupción en el gobierno y en las policías, campea aún. La demanda de drogas de Estados Unidos aumenta. Y los cárteles mexicanos de la droga siguen recibiendo millones y millones de dólares que los invitan  a seguir operando. La paz en México, pese a la sangre derramada hasta hoy, no aparece en el horizonte cercano.


En un análisis titulado “Una década de la guerra de México contra las drogas”, la empresa de inteligencia Stratfor, con sede en Austin, Texas, asegura que “las perspectivas del país en materia de seguridad y paz no parecen mucho mejores de lo que eran cuando comenzó la represión masiva contra los cárteles mexicanos en 2006”.
El análisis reconoce que una mayoría de los mexicanos identifica al gobierno de Felipe Calderón [2006-2012] como el momento en que las cosas empezaron a ir mal para el país.
“Ante el aumento de la delincuencia y bajo la creciente presión de Estados Unidos para detener el flujo de drogas que ingresaba al país a través de su frontera sur, Calderón envió a 5 mil soldados y policías federales a las calles del estado de Michoacán que dispararon los primeros disparos de lo que se convertiría en una larga y sangrienta lucha”, dice el reporte.
Stratfor recuerda que el Operativo Conjunto Michoacán marcó el inicio de la estrategia gubernamental de combatir al crimen organizado, el cual, gracias a la corrupción y a su poder de intimidación, había logrado controlar a las policías locales de una buena parte del país, lo que obligó a las fuerza armadas y a la policía federal a realizar funciones de seguridad pública.
Bajo las órdenes de Calderón, unos 45 mil soldados fueron desplegados cada año en México para combatir a la delincuencia, más del doble de personal que el predecesor de Calderón, Vicente Fox, había dedicado a la misma tarea. Un aumento de las detenciones y asesinatos de miembros de los cárteles comenzaron a entorpecer notablemente las actividades de tráfico de drogas, a medida que las capacidades de los grupos delictivos menguaban de manera constante.
“Pero el éxito de los militares tuvo un precio. A medida que los grupos delictivos mexicanos se vieron sometidos a una mayor presión por parte de las fuerzas del orden, comenzaron a luchar contra el gobierno y entre ellos mismos, compitiendo por las rutas del tráfico, por reclutas y por los recursos que quedaban. La violencia se disparó en varias de las ciudades y regiones que eran vitales para el narcotráfico y para otras actividades ilegales”, dice el análisis.
EL TRATAMIENTO DE LOS SINTOMAS
Stratfor asegura que 10 años después de iniciada la guerra, el futuro de de la seguridad en México no parece más prometedor que al inicio de la campaña de Calderón. Sin embargo –reconoce–, en la  última década se han dado al menos dos cambios positivos.
  • Desde una perspectiva táctica, la seguridad pública ha mejorado visiblemente en las regiones en las que el gobierno dirigió sus esfuerzos por tener la violencia desenfrenada, como en Ciudad Juárez y partes de Tamaulipas y Nuevo León.
  • La mayoría de los grandes cárteles, que alguna vez controlaron porciones del territorio mexicano se han fragmentado a medida que las operaciones militares los han dejado sin líderes y divididos por luchas internas.
Lo que no ha cambiado es la proximidad de México con el mercado masivo de drogas que se encuentra al norte de su frontera. A pesar de los duros golpes que las autoridades mexicanas han infligido a las principales organizaciones de narcotraficantes, los grupos más pequeños que han surgido han tomado el control donde lo dejaron sus predecesores.
“Impulsados por la persistente y masiva demanda de sus drogas, los traficantes mexicanos han mantenido las cadenas de suministro a Estados Unidos y a otros lugares, pese a que las fuerzas de seguridad intentan destruirlos”, dice Stratfor
La firma de inteligencia afirma que aunque el poder de los grupos delictivos, de manera individual,  ha menguado por los continuos esfuerzos de aplicación de la ley, el alcance, la ubicación y la intensidad de la violencia se ha dispersado, en lugar de disminuir permanentemente.
Una de las conclusiones del reporte es que será difícil que la violencia se elimine mientras las ganancias que obtienen los cárteles mexicanos sean tan grandes.
“Desde que Estados Unidos y sus socios extranjeros comenzaron a combatir las rutas de contrabando de cocaína a través del Caribe en los años ochenta, México –situado entre América Central y Estados Unidos y bendecido con infraestructura de transporte bien desarrollada– ha demostrado ser ideal para servir como puente para las drogas que van hacia el norte”.
Aunque el consumo de cocaína ha disminuido drásticamente desde mediados de los años 2000, asegura el reporte, la heroína y las metanfetaminas se han apoderado de partes cada vez mayores del mercado de las drogas en Estados Unidos y ambas son cada vez más producidas y transportadas por los cárteles mexicanos.
La creciente preferencia por la heroína y las metanfetaminas ha aumentado incluso los márgenes de ganancia, ya que los cárteles no tienen que comprar estas drogas a los productores sudamericanos.

SIN FINAL A LA VISTA
Con una creciente demanda externa apuntalando a los grupos criminales mexicanos, es poco probable que el Gobierno federal se retire de su guerra contra las drogas en el corto plazo. Los cárteles representan una amenaza para la seguridad nacional tan grande que el gobierno mexicano no puede enfrentarlos solo.
“En consecuencia, el gobierno mexicano continuará confiando en la ayuda de Washington, en forma de entrenamiento e intercambio de inteligencia, para atacar a los miembros de los cárteles y a sus redes criminales. El esfuerzo permanente de México para anular el tráfico de drogas a través de sus fronteras es una parte fundamental de su relación con Estados Unidos. Cualquier intento de reducir sus operaciones contra los cárteles provocaría de inmediato una reacción negativa de Washington”, agrega el análisis.
Según Stratfor, el Gobierno mexicano no tiene otra alternativa que seguir encargando a las fuerzas federales la protección de la sociedad civil. Los esfuerzos del Gobierno federal por crear policías municipales que puedan asumir el combate al crimen organizado sin someterse a los deseos de los grupos criminales han fracasado.
Sin embargo, la formación y la puesta en funcionamiento de estas corporaciones llevará años, dejando al Gobierno federal con la única opción de seguir contando con los militares para proteger a sus ciudadanos de los criminales.
Es muy probable que la guerra contra las drogas en México continúe durante décadas. Impulsada por la geografía y por la economía del narcotráfico, el comercio de drogas y la violencia seguirán siendo una herida en el lado mexicano y una mancha en las relaciones entre Estados Unidos y México. Aunque el crimen no se manifieste tan dramáticamente como lo hizo en el país en los últimos 10 años, los cárteles mexicanos son centrales en el mercado global de las drogas y por ahora han dejado claro que llegaron para quedarse.
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