Decenas de colombianos se encuentran desaparecidos en México. Otros más han sido asesinados. O están presos tras juicios en los que su nacionalidad fue “un defecto”. O fueron asesinados. O revictimizados.
En los últimos años, en México, ser un nacional de aquel país sudamericano se ha convertido en un problema. Y no sólo por las autoridades mexicanas, sino también por la indolencia de los representantes diplomáticos colombianos.
La preocupación de los activistas y familiares de víctimas surge de la impunidad en casos recientes, pero también de la falta de información precisa. Sólo saben que, grosso modo, en los últimos 10 años el consulado colombiano en México ha proporcionado mil 600 asistencias a sus connacionales en asuntos relacionados con “violaciones a derechos humanos y otros más por la acción de grupos de criminales”, explica Salcedo Ramírez en entrevista.
Además, el agregado legal para América del Sur de la Procuraduría General de la República (PGR), José Guadalupe Esqueda Muñoz, les ha informado que la embajada mexicana en Colombia da seguimiento a 63 casos de colombianos desaparecidos en nuestro país, sin precisar un periodo específico. La mayoría de los casos, eso sí, ha ocurrido en los últimos ocho años. “En ese lapso, la violencia mexicana estalló con mayor intensidad”, abunda el catedrático de la Universidad El Rosario, en Bogotá.
La cifra fue proporcionada por el funcionario de la PGR en una reunión con diplomáticos mexicanos en la que participó Salcedo, así como Diana Toro y Angie Martín, hermanas de Helio Toro, desaparecido, y de Mile Virginia Martín, una de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte perpetrado el 17 de agosto de 2015.
Los 63 desaparecidos reportados por Esqueda Muñoz contrastan con la información que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) del Sistema Nacional de Seguridad, que incluye los nombres de 27 colombianos (22 hombres y cinco mujeres) desaparecidos entre septiembre de 2009 y enero de 2016, de un total de mil 48 registros investigados por la PGR.
De los 27 casos, nueve ocurrieron en la Ciudad de México, siete en Michoacán, cuatro en Veracruz, dos en el Estado de México, y en Jalisco, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo, uno por entidad. Del último hecho no se tiene información.
Aun cuando se pudo confirmar mediante testimonios obtenidos por la reportera que la base de datos del RNPD está incompleta, da luz sobre la magnitud del problema: la comunidad colombiana representan 31.4% de los 66 extranjeros desaparecidos según la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de la PGR.
Salcedo puntualiza que, paralelamente, la población colombiana ha sido estigmatizada. Se ha criminalizado a las víctimas y se han entablado acusaciones contra inocentes.
La responsabilidad no es sólo del gobierno mexicano, acota. “Los colombianos se sienten abandonados, porque la representación diplomática acompaña en trámites como la repatriación de cuerpos, en algunos casos judiciales sin profundizar, y no recurre a mecanismos como notas de protesta o a la OEA (Organización de los Estados Americanos) para denunciar la violencia contra los colombianos en México”.
El 3 de agosto, la reportera solicitó una entrevista con la embajadora colombiana, Patricia Cárdenas, mediante un e-mail enviado a la asistente en comunicaciones de la diplomática, Rosa Cárdenas, pero no recibió respuesta.
Ristra de casos
La desaparición de Helio Rodrigo Toro Valenzuela, detenido por agentes de la Fuerza Civil en Poza Rica, Veracruz, el 9 de noviembre de 2015, es uno de los casos que concita la indignación colombiana.
Su pareja, Karelis Pacheco, narra las trabas que ha tenido en busca del padre de su hijo de tres años, así como para interponer la denuncia por la desaparición de Helio, dedicado al préstamo “gota a gota”, un sistema en el que el acreedor cobra a diario a sus deudores, muy popular en Colombia.
La mañana del 9 de noviembre del año pasado, Helio se quedó en Poza Rica para realizar su rutinaria visita a los locatarios de un mercado que le debían dinero, mientras Karelis se dirigió a Gutiérrez Zamora, donde pensaban incursionar con el “gota a gota”.
A la una de la tarde, mientras Karelis estaba en Papantla, recibió una llamada de uno de sus clientes, quien le informó que Helio y otras cinco personas habían sido detenidas por seis o siete policías encapuchados de Fuerza Civil, pero que sólo a él lo subieron a una patrulla.
“Los comerciantes que conocían a Helio preguntaban a los policías por qué se lo llevaban, y les dijeron que por no tener papeles; les advirtieron que si iban de chismosos, iban a ir por ellos”, recuerda Karelis en entrevista, realizada en las oficinas de la organización ID(HEAS) Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que la representa.
La mujer regresó a su casa por el pasaporte de Helio y se dirigió a las instalaciones de la Fuerza Civil en Poza Rica, donde negaron tenerlo, al día siguiente volvió a acudir, acompañada de su casero, y una vez más personal de la corporación rechazó haberlo detenido, por lo que se dirigieron a las oficinas de la PGR con la intención de poner una denuncia por desaparición forzada pero le negaron la atención, argumentando que en esa oficina “sólo investigaban casos de secuestro y extorsión”.
Meses después, gracias al apoyo de Lucía Díaz, de El Solecito de Veracruz, acudió a la Ciudad de México a interponer la queja en la entonces Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de que presentó otra en la Fiscalía General de Veracruz.
Mientras ella aguardaba noticias, se enteró que cinco colombianos que habían desaparecido el 11 de noviembre en Córdoba habían sido encontrados 10 días después, muertos y con huellas de tortura… También se dedicaban al “gota a gota”.
El sinsentido, a miles de kilómetros
Una foto y un video en una discoteca de Cuautla, Morelos, son los últimos mensajes que Deyvi Orlando Quiroga Vera envió por Whatsapp a su madre, Miriam Vera, la madrugada del 11 de abril pasado.
La historia de Deyvi, quien desapareció junto con el colombiano Jonatan Meza Montes –el joven con el que está en el último mensaje que le envió a su madre– no está considerada en el RNPD.
En entrevista, Miriam Vera cuenta que al no restablecer comunicación con su hijo, quien vivía en Ayala, a 15 minutos de Cuautla, el 14 de abril interpuso denuncias por la desaparición ante la Policía Judicial de Colombia, conocida como Sijin, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Colombia. El hermano de Jonatan, que vivía también en Morelos, denunció ante las autoridades mexicanas el 15 de abril.
De origen humilde, Miriam Vera cuenta que Deivy viajó a México el 12 de septiembre de 2015, invitado por un excompañero del bachillerato, Diego Alexander Osorio. Lo primero que supo de su hijo una vez instalado en México es que “trabajaba de domiciliario (repartidor) de tacos, luego se cambió de trabajo, pero igual manejaba una moto”.
Cuando no logró localizar a su vástago, de 22 años, Miriam buscó a Diego Alexander, quien de forma desparpajada le informó que “Deyvi estaba secuestrado, pero que él estaba atendiendo el asunto”. Diego le aseguró que él no tenía que ver con la desaparición y que la noche que ocurrieron los hechos él estaba preso en Puebla. Más tarde, Diego dejó de contestar las llamadas.
Días después de la desaparición de Deyvi, ella recibió información por Messenger (firmada por “un señor Jaja”), que le decía que su hijo “se había cogido una plata, 30 millones de pesos colombianos”.
A más de cuatro meses de la desaparición de Deyvi, quien dejó en Colombia a una pequeña de dos años, Miriam acude a la Sijin y a la embajada con frecuencia, le han dicho que tiene que esperar una orden de México para que le tomen una muestra de ADN.
“En la embajada lo tratan a uno muy bonito, pero no me dicen cómo está la investigación, me dicen que las cosas están retrasadas en Morelos, y la señora que me atendió al principio (Leonor Figuera, titular de la Unidad de Migrantes) ya no me contesta”, se lamenta.
Terror en Isla Mujeres
El mismo día en que fue localizado el cuerpo sin vida y desnudo de la colombiana Stephany Magón, en una acera de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, el 30 de julio pasado, otra paisana suya, Sara Ramírez Bonilla, apareció en condiciones similares en el jardín del hotel Villas del Palmar, en Isla Mujeres, Quintana Roo.
La muerte de Sara Ramírez, catalogada como suicidio por autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo, causó revuelo en Colombia debido a las revelaciones que hizo su novio, el venezolano Antonio di Giore, con quien llegó a Villas del Palmar el viernes 29 de julio.
De acuerdo con lo dicho por Antonio, luego de pasear, alrededor de la una de la madrugada del sábado, dejó a la jovencita en el lobby del hotel fumándose un cigarro, mientras él subió a la habitación a cambiarse la camisa.
Cuando el joven regresó al vestíbulo la joven ya no estaba, preguntó a los empleados del hotel y le respondieron que ya regresaría. Antonio recorrió durante horas las instalaciones, subía de vez en cuando a la habitación con esperanza de ver a su novia, hasta que alrededor de las siete de la mañana advirtió un tumulto cerca de la alberca. Era Sara.
Antonio contó que vio a un hombre que salía corriendo del hotel, por lo que trató de alcanzarlo, pero fue detenido por dos hombres vestidos de civil, que lo encerraron en una habitación, le pidieron su teléfono celular y le exigieron 5 mil dólares para no implicarlo en la muerte.
Tras llamar a sus amigos, para hacer depósitos por Moneygram, entre otros a un hombre que dijo llamarse Roberto Vargas, Di Giore fue llevado al aeropuerto por hombres que se presentaron como policías y que se comunicaron con la madre de la joven, María Claudia Bonilla, colombiana, usando el celular del venezolano.
En entrevista, María Claudia cuenta que viajó a Cancún con su esposo, Germán, padrastro de Sara, quien acudió al hotel y a la morgue a reconocer el cuerpo de la muchacha.
Les dijeron que no había cámaras en el hotel y sin más se concluyó que se trató de un suicidio.
“Nos dijeron que si queríamos llevarnos en ese momento el cuerpo de Sarita tenían que cremarlo, de lo contrario tendríamos que esperar hasta un mes. Yo estaba destrozada y tenía miedo, firmé todo lo que me pusieron enfrente, recogí las cenizas de mi niña el lunes por la noche y me fui el martes. Me sentí intimidada”, confiesa María Claudia, quien teme por su vida.
A la cárcel, entre injusticias
Entre los casos de presos injustamente procesados es paradigmático el de Nino Colman Hoyos Henao. Condenado a 60 años de prisión por secuestro, recluido desde hace siete en el Reclusorio Oriente, y beneficiario de dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la historia de Nino volvió a llamar la atención recientemente, pues protagonizó una campaña de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negara a atraer un juicio de amparo promovido por su defensa.
El pasado 6 de julio, la SCJN desechó el caso por carecer de “interés y trascendencia”, lo que sorprendió a su abogada, Natalia Pérez, porque nunca había visto “tanta oposición institucional” contra un caso de tortura.
Aun cuando en el amparo se aceptó que se reabriera el periodo de pruebas (debido a que el colombiano no recibió la asistencia consular al momento de ser sometido a proceso), Pérez revela que al buscar los motivos por los que la SCJN rechazó analizar el caso de Colman se detectó que “de manera indirecta y muy por debajo del agua, los tres elementos para que los ministros desecharan el caso son, uno, que Nino es colombiano; dos, que el caso es por secuestro, y, tres, la incidencia de la señora Wallace”.
Enjuiciado por el secuestro de Priscila Lorea, caso ocurrido en diciembre de 2007, Nino fue detenido dos años después, y a pesar de que hay un video en el que se observa a hombres de baja estatura y rechonchos que la introducen en un vehículo compacto, el colombiano de dos metros de estura es el único encarcelado por el plagio de la muchacha, cuyo cadáver fue localizado en febrero de 2010, cuando Nino ya llevaba dos meses sentenciado.
Especialista en informática, fue acusado de crear y/o enviar correos electrónicos a la familia de la víctima. Sin embargo, en el expediente no hay copias de los supuestos e-mails, en tanto que el juez de la causa no valoró la prueba que presentó el inculpado, un reporte de la empresa Microsoft, a la que pertenece el dominio Hotmail, al que corresponderían las supuestas cuentas creadas (papiporfavor@hotmail.com y mamiporfavor@hotmail.com), en el que se determina que nunca existieron.
La única prueba en contra de Colman es un supuesto dictamen de un policía cibernético que presuntamente determinó que la cuenta IP de donde se crearon las cuentas pertenece a la empresa donde trabajaba el colombiano, informe que, de acuerdo con el inculpado, tiene visos de haber sido fabricado. Además, el agente no contó con la autorización del juez para intervenir comunicaciones.
Desde el Reclusorio Oriente, Nino Colman asienta en entrevista que su nacionalidad fue fundamental para sentenciarlo. “Resolvieron fácil: Nino es colombiano, Nino es delincuente”.
En espera de que la SCJN haga públicas las conclusiones del caso de Nino, su madre, Francia Henao, de 78 años, también se queja del maltrato del personal del consulado. “A mí no me quieren porque exijo mis derechos, les he exigido que hagan algo por mi hijo. Un día la cónsul Jaqueline Espitia me dijo que si los colombianos le mostraban pruebas de abusos, ella se pronunciaría, y yo le contesté que qué más quería que dos recomendaciones de la Comisión (de Derechos Humanos) del Distrito Federal a favor de Nino para pronunciarse”.
Al estar pendiente de su hijo, Francia se ha convertido en defensora de colombianos que han caído en la desgracia; en julio trató de detener la expulsión de una chica que fue detenida por efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando transitaba por la calle y no llevaba su pasaporte.
“Diana fue echada a la calle por un hombre colombiano que la trajo a México a trabajar, ese hombre la iba a violar y ella se defendió, seguramente él pagó para que Migración la llevara a Las Agujas (la estación migratoria).”
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