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martes, 19 de enero de 2016

!!! POLICIAS REPROBADAS y CASI REPROBADAS !!! es el "DIAGNOSTICO tras 7 AÑOS, REFORMAS y MILLONES GASTADOS."


A siete años de la reforma policial, las corporaciones en el País aún carecen de mejoras en temas como la certificación, mejora en salarios y controles de confianza.

Al presentar el último Semáforo de Desarrollo Policial, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, lamentó que a pesar de los esfuerzos en el tema y los millonarios recursos invertidos los policías aún no están preparados para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo al Semáforo de Desarrollo Policial a nivel nacional la calificación de las policías de todo el País es de 6.1 por ciento.

"Aprobaron de panzazo, necesitamos por parte de los Gobernadores propuestas concretas sobre el desarrollo de las policías", dijo Morera en conferencia de prensa.

Criticó que los mandatarios estatales impulsen el Mando Único pero no se asomen a ver la realidad por la que atraviesan sus corporaciones.

Las implicaciones de la carencia de desarrollo policial son, entre otras, el que existan policías corruptos o vinculados con el crimen.


Citó los casos de Iguala, Guerrero, donde policías municipales fueron parte de la cadena para desaparecer a 43 normalistas y el caso más reciente de Tierra Blanca, Veracruz, donde uniformados desaparecieron a cinco jóvenes.



De acuerdo al reporte presentado, 15 entidades están reprobadas, entre ellas Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas y Puebla.

Esos estados reportaron las calificaciones más bajas en cuanto a la dignificación de policías y en cuanto a los esfuerzos de conformar una fuerza policial estatal única.
Fuente.-


A "KATE",dice PGR "YA la INVESTIGA por LAVADO de DINERO"...ahora al revés,del "espectáculo a la credibilidad".


La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, para su empresa tequilera Honor del Castillo, por lo que la actriz fue citada a declarar; la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Procuraduría, revisa las finanzas de la actriz y empresaria, aseguró la procuradora Arely Gómez González.
Desde 2015, cuando Del Castillo Negrete Trillo comenzó a reunirse con los abogados de Guzmán Loera, la PGR se enfocó en investigar a la actriz por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero; para ello se trabaja con el gobierno de Estados Unidos en el intercambio de información, pues la compañía está registrada en Delaware.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la procuradora General de la República puntualizó que desde el año pasado ella acordó con el presidente de la República que, de ser recapturado,  el capo sería extraditado a Estados Unidos y que se aceleraría su entrega cumpliendo con todo el proceso jurídico.
La funcionaria confirmó que en la celebración de Año Nuevo Guzmán Loera pasó el día con la diputada panista por el distrito 16 del municipio de Cosalá, Lucero Guadalupe Sánchez, a quien también se investiga desde que presuntamente falsificó un documento para ingresar al penal de máxima seguridad de El Altiplano, para visitar al capo en abril de 2015.
¿Ya fue requerida Kate para que se presente a declarar?
—Sí, ya fue requerida.
¿Ella vive en Estados Unidos?
—Sí, tengo entendido que radica allá.
¿Tendría que venir a México?
—No necesariamente, puede declarar allá en el consulado mediante la asistencia jurídica solicitada.
¿Hasta el momento estamos hablando de una citación?
—Así es, hasta el momento se trata de una citación.
¿Y si no la atiende?
—Tendríamos que cumplir con todo el procedimiento al efecto.
¿Se lograron documentar transferencias de dinero? Hay versiones de que hay otras personas del medio del espectáculo en México involucradas...
—El tema que salió a la luz pública sobre la relación de la actriz y El Chapo Guzmán es un tema de investigación que surgió a raíz del seguimiento que se le estaba dando al abogado (Andrés Granados Flores); había sido puesto a disposición de la Procuraduría General de la República junto con otro abogado y en ese momento no había elementos para considerar que se debería iniciar algún proceso y se le dejó en libertad. Se le dio seguimiento y nos lleva a una reunión que tuvieron en Guadalajara en la que la actriz sostiene pláticas con el abogado. En esa ocasión no puede visitar (Kate del Castillo) a Guzmán Loera y quedan que será próximamente. A la próxima reunión, que también se le va dando seguimiento con geolocalización y todo lo que tenemos autorizado hacer, nos damos cuenta del viaje que van a realizar el 2 de octubre; llega la actriz, la recogen, arriba en avión privado, la llevan en avionetas privadas y en ese momento llegamos a donde tuvo lugar la reunión. Ahí llegan otros personajes del medio artístico a la reunión, sabíamos que ella se haría acompañar de alguien. En ese momento se sabe la ubicación (de El Chapo), pero no se puede realizar el operativo, no había las condiciones para realizarse. Ella se regresa, pero lo tenemos ubicado a él (Guzmán Loera) y el operativo se realiza el 9 de octubre. Es el operativo que salió a la luz pública y es donde nos ponen a disposición a seis personas, entre ellas las cocineras. Contra algunos se ejerce acción penal y otros se dejan en libertad, como son las cocineras; todo eso nos permite en el interrogatorio tener más elementos hasta saber qué es lo que desayunaron, comieron y lo que estaba haciendo. No se captura, pero se continúa con el trabajo de investigación y de inteligencia. Realmente es un trabajo, y lo quiero dejar muy claro, coordinado del gabinete de seguridad donde todos estuvimos aportando cada quien lo que en estricto Estado de derecho le correspondía. Eso nos permite abrir una línea de investigación relacionada con la actriz que nos lleva con el tequila que ella estaba promocionando. Nosotros tenemos una investigación en el caso del tequila; no estábamos investigando que fuera a hacer una película, nuestra investigación iba enfocada. Vamos a investigar como autoridad el uso de recursos que sean de origen ilícito, que le tocará a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada realizar; nos falta tener más información tanto de México como de Estados Unidos para poder acreditar, y si se encuentran elementos para poder proceder y si no, no. Estamos en la etapa de integración.
¿Hay indicios de que el narcotraficante proporcionó recursos para el negocio (del tequila)?
—Sí, hay indicios, pero, como ya lo señalé, no podemos dar por cierto sólo lo que se ha publicado al  respecto. Tenemos una investigación en curso que me obliga a guardar las reservas de ley. Aun  cuando existan indicios, necesitamos certeza  jurídica.  De las pláticas que se han visto se desprende que “estamos en el negocio”, “vamos juntos”, “el encargo”. Tenemos que cerciorarnos quién le proporcionó el avión, quién lo pagó, toda la logística del viaje. Falta mucho por acreditar. Tenemos indicios, pero necesitamos certeza jurídica.
¿Lo que se está investigando es por operación con recursos de procedencia ilícita?
—Eso sería una parte. Tenemos una investigación en curso por hechos asociados a Joaquín Guzmán Loera.
¿Y la otra?
—Todo lo que estamos viendo del tequila, pero que también nos va a llevar a lo mismo.
¿Eso sería lavado de dinero?
—Así se le conoce al delito que la ley señala como operaciones con recursos de procedencia ilícita, que implica que hay la incorporación al patrimonio de una persona de recursos provenientes de actos delictivos.
¿En Estados Unidos obstrucción de la justicia, conspiración?
—Ellos tienen otra legislación totalmente diferente; ella (Kate del Castillo) tiene las dos nacionalidades, nosotros nos vamos por la ley mexicana y el gobierno de Estados Unidos decidirá qué hacer.
En el caso de la película, ¿se indaga si sería financiada con recursos de El Chapo?
—Es lo que se está investigando. Como ya lo señalé, lo que se investiga en el presente asunto es la organización criminal encabezada por dicho sujeto y por ende cualquier relación que pudiera haber tenido con diversas personas.
¿Hay otros involucrados en el tema de la película?
—Por el momento no. La única persona involucrada por el momento es ella y la investigación nos arrojará si hay otras personas.
¿Se avanzó después de la detención de El Chapo en el conocimiento de quién lo ayudó en la fuga, a qué nivel llegó, qué tipo de colaboración interna tuvo para lograrlo?
—Guzmán Loera se reservó su derecho a declarar. Sin embargo, en el transcurso del proceso esperamos que aporte mayores elementos.
¿El gobierno de Estados Unidos ha pedido interrogarlo?
—No, absolutamente. Al día de hoy no ha pedido nada. El gobierno de Estados Unidos lo único que ha pedido es la extradición por la vía jurídica, que son las dos solicitudes de detención con fines de extradición que existen.
En el caso de Sean Penn, ¿está involucrado en algo, se le investiga por alguna situación?
—La Procuraduría General de la República afirma que no se le está investigando por nada.
¿A ningún otro? Se publicó que Oliver Stone podría estar involucrado, dos productores que habrían viajado ese mismo día a Cosalá...
Eso se ha venido señalando, sin embargo, puedo afirmar que si esa información es correcta estará integrada al expediente. En cuanto al señor Oliver Stone, no existe ninguna imputación en su contra.
¿Antes de que El Chapo hubiera sido aprehendido el gabinete de seguridad discutió qué iban a hacer con él, si lo iban a extraditar o no?, ¿se llegó a alguna conclusión?
—Se llegó a la conclusión de que íbamos a proceder a la extradición. Desde el mes de abril del año pasado se toma la decisión que se procede a la extradición cumpliendo con todo el proceso jurídico, que es un proceso complejo. Esto es lo que da lugar a que en julio yo tenga la primera solicitud y la primera orden de detención con fines de extradición, y la otra la tuve en el mes de septiembre, y esto es lo que permite que el día domingo 10 de enero (un día después de ser internado) se le puedan estar ejecutando las órdenes. Si no hubiéramos tenido la idea y hubiera sido todo a raíz de la fuga, a lo mejor todavía no las tendríamos. Esto fue una decisión tomada desde el mes de abril.
¿Cuáles son las motivaciones para entregarlo?, ¿por qué México quiere entregarlo en extradición si va a exigir a Estados Unidos garantías de que si es entregado no sea liberado en un término considerable o no haya una negociación con él a cambio de información para reducir la pena?
—La decisión obedece al cumplimiento del Tratado de Extradición que México tiene firmado con los Estados Unidos de América, y además no es el único caso, puesto que durante esta administración se han extraditado 207 personas a Estados Unidos y se encuentran en proceso de extradición otras 312 más. En este caso el gobierno estadounidense está muy molesto con esa persona, con el daño que ha hecho a la juventud y a su propio país. Estaremos en pláticas de negociación, pero lo vamos a extraditar porque es un acuerdo que se tomó con el gobierno de Estados Unidos a petición del gobierno de México, se acordó con el Presidente (Enrique Peña Nieto) para que sí fuera extraditado.
¿No es un mensaje de que no se puede quedar aquí porque se puede escapar otra vez?
—No lo considero así, puesto que se iniciaron las acciones tendientes a su extradición antes de la fuga del Altiplano. Por el contrario, debe interpretarse como un mensaje de cooperación internacional en el combate al crimen.
¿Por qué no se inició antes?, ¿por qué había resistencia del gobierno de la República a extraditarlo?
—Desconozco cuál era la situación que hacía que no se le extraditara.
Si algo sorprendió en la entrevista de El Chapo fue decir que visitaba a su mamá, que era un hombre de familia, esa facilidad con que se percibe que se mueve por México, de acceso a una cantidad de dinero que le permite corromper y moverse...
—Yo creo que al día de hoy tenemos un Chapo muy disminuido, ya no es el de antes, lo pueden ver en las fotografías. Desde su fuga estuvo cambiando de lugar casi cada tres días, no permanecía más de ese tiempo en un lugar. De hecho, donde se le captura acababa de llegar y al día siguiente se iba a ir. Sabemos que pasó Navidad con su esposa y el Año Nuevo con la otra dama.
¿La diputada?
—Con la diputada (Lucero Guadalupe Sánchez). Estaba muy acotado. Quizá lo que le hizo bajar a Culiacán es que se sentía muy cercado en la sierra por los operativos que se estaban haciendo y por todo el operativo de inteligencia y Fuerzas Armadas. También pudo haber intervenido el frío porque le quemaba, venía quemado del frío y estaba titiritando.
¿Habrá acciones contra la diputada panista?
—Se realizarán todas las acciones jurídicas en donde ella tenga alguna relación con hechos delictivos vinculados al Cártel de Sinaloa.
¿Qué participación tuvieron las agencias de Estados Unidos en la captura de El Chapo?, porque luego suelen decir que ellos fueron los que dieron toda la información, se cuelgan la medalla...
—En esta ocasión fue un trabajo del gobierno mexicano, del gabinete de seguridad donde las áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia trabajamos de la mano. El gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso y no ha señalado ninguna intervención.
¿Tienen algún indicio de qué tan disminuido estaba dentro del Cártel de Sinaloa?, ¿hay información de cómo era visto dentro de su organización?
—Lo que tenemos es que su gente lo protegía, lo cuidaba, lo seguía y muchos daban la vida por él.
Joaquín Guzmán es parte de una organización, ¿las investigaciones de la Procuraduría llegarán a otros personajes?, porque se habla de otras cabezas en el cártel que no aparecen en el mapa hasta ahora...
—La investigación continúa. El caso de que se haya detenido a El Cholo (Orso Iván Gastélum), lo teníamos como un integrante muy importante dentro de la organización y entre la lista de los 122 más buscados. Es una persona muy sanguinaria.
Está la versión de que el operativo iba sobre El Cholo Iván y que fue casualidad que estuviera El Chapo...
—El operativo y todo lo que se estuvo trabajando iba hacia El Chapo.
¿Hay el conocimiento de que El Chapo estaba en esa casa?
—Absolutamente. Por eso se actuó de manera certera.
Pareciera que con las acciones contra Kate del Castillo se quisiera man dar un mensaje ejemplar sobre la respuesta del Estado mexicano para la gente que incurra en relaciones con los criminales, ¿ese es el eje de la acción contra esta persona?
—Las personas que se ha mencionado que son del ambiente artístico derivan de los contactos que tuvieron con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, de ahí necesariamente surgen nuevas líneas de investigación que se están analizando y, por supuesto, se agotarán hasta sus últimas consecuencias.
No consignaremos a nadie cuya responsabilidad no se acredite plenamente a través de pruebas que los vinculen con hechos delictivos. El Ministerio Público de la Federación parte del principio de presunción de inocencia.
fuente.-

"TRANZA en el GOBIERNO FEDERAL" ahora "CAPUFE" con "CONTRATOS a MODO" por 75 MILLONES...ellos "tranzan" y Mexico no avanza.


Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) realizó una licitación a modo para beneficiar a la empresa Redisegno S. A. de C. V. con un contrato por 75 millones de pesos para proveer seguridad contra hackeos cibernéticos. 
El amaño fue posible porque CAPUFE diseñó las bases del concurso a partir de la cotización que le entregó la propia empresa ganadora, en la que incluían características que sólo ellos podían cumplir.
Pero la empresa ni siquiera instaló el equipo comprado y no tuvo ninguna sanción por ello. Por el contrario, CAPUFE le dio tres meses más de lo estipulado en el contrato para que cumpliera y apenas decidió rescindirlo el 18 de enero pasado, tres meses después del vencimiento del plazo legal.
Derivado del incumplimiento y para evitar algún posible hackeo cibernético, CAPUFE tuvo que gastar 4 millones 847 mil pesos para renovar las licencias de su equipo de seguridad obsoleto con la empresa Reiscom, S. A. de C.V., el 18 de noviembre de 2015.
Todo esta operación puede confirmarse con copias de los correos que intercambiaron funcionarios y la empresa Redisegno entregados a la plataforma Mexicoleaks y la investigación realizada por los medios que la integran.

Así fue la licitación amañada

El 4 de junio de 2014, CAPUFE lanzó la convocatoria No. LA-009J0U001-N51-2015, para comprar “servicios de seguridad informática y optimización de los enlaces de comunicaciones para la red Fondo Nacional de Infraestructura”, es decir, una protección para la información cibernética sobre casetas, peajes y las oficinas centrales; porque si su red estuviera vulnerable, la información podría ser hackeada.
Sin embargo, la convocatoria incluyó aspectos técnicos que sólo ofertaba la empresa Barracuda Networks, cuya distribuidora en México es la empresa Redisengo, propiedad de Edgar Chake Corella.
Esta empresa había logrado que se incluyeran tales características desde un año antes, cuando funcionarios de CAPUFE y Redisegno intercambiaron correos para definir qué debía incluir la licitación. Animal Político tiene copia de estos correos.
Al concurso entraron 9 empresas y tres de ellas, al conocer la convocatoria, denunciaron esta irregularidad e incluso presentaron una queja, según consta en el expediente de la licitación que se publicó en la página de Compranet.
Incluso Cisco Systems de México -uno de los concursantes- pidió a CAPUFE que probara que existían “al menos tres fabricantes diferentes e independientes que cumplen con las características y funcionalidades solicitadas”, como lo establece la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según consta en la junta de aclaraciones del 23 de junio de 2015.
Esto porque CAPUFE solicitó “como especificaciones mínimas de desempeño para los sistemas de seguridad tipo A, un claro descriptivo de los equipos de marca Barracuda modelo F900”, que sólo distribuye Redisegno. Incluso, se adjuntó la imagen de la página de internet de la empresa norteamericana con cuatro componentes distintos que se pusieron como requisitos en la licitación.
En la siguiente ronda de preguntas, del 24 de junio de 2015, Sm4rt Security Services pidió que “se acepten otras especificaciones o características similares a lo establecido ya que se observa que sólo un fabricante cumple con lo solicitado, afectando así la libre participación”.
CAPUFE respondió que no aceptaba cambios, toda vez que las características de la convocatoria “son los requerimientos mínimos establecidos de acuerdo a las necesidades específicas del organismo”.
La empresa Indra Sistemas México también pidió “indicar si es correcto interpretar que se aceptará cualquier solución distinta a la de Barracuda que cumpla con los requerimientos solicitados”.
De acuerdo con el análisis realizado por un experto en sistemas consultados por Méxicoleaks, en la convocatoria de CAPUFE se hacen solicitudes muy específicas, por ejemplo, Firewalls de nueva generación que incluya funciones de IPS/IDS, esto el término por el que se conoce a los técnicos expertos en manejar los equipos y quienes deben tener una certificación.
Otro de las especificaciones es que el equipo debería estar certificado por Microsoft para la protección de MS Azure, es decir, una nube de aplicaciones o programas de Microsoft, por lo que ya no es necesario instalar el software directamente en los equipos, pero esto solamente lo tiene Barracuda. 
Cuando se preguntó al subdirector de Tecnologías de la Información de CAPUFE, Heriberto Álvarez, si se trató de una licitación a modo para beneficiar a una empresa, aseguró que “esa prerrogativa no es una mala práctica. Nosotros tenemos una arquitectura tecnológica que está diseñada en ciertos componentes” y se debe buscar quien ofrezca tecnología compatible.
“La red de Barracuda de proveedores en el país es amplia y las características técnicas del producto es lo que necesitábamos” y la convocatoria fue avalada por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de CAPUFE. “El proceso estaba debidamente soportado y también la participación de las empresas que existen en el mercado con sus diversas propuestas”, insiste.
Finalmente, el 8 de julio de 2015, CAPUFE publicó el fallo a favor de Redisegno porque cumplió “con todos los requerimientos técnicos y es solvente económicamente de acuerdo a lo especificado en la convocatoria”, por lo que ganó el contrato por 75 millones de pesos que serían pagados entre 2015 (10 millones de pesos) y hasta 2018,  con 21 millones de pesos cada año.
En el contrato 4500023504 FNI firmado entre el director de Finanzas de CAPUFE, Adolfo Isaac Riveroll, y el representante de Redisegno, Edgar Chake Corella, se estableció que los equipos serían instalados después de 95 días de la fecha del fallo.
Pero esto nunca sucedió.

La empresa incumple el acuerdo

El plazo de cumplimiento venció el 11 de octubre de 2015, pero la empresa solicitó una ampliación de tiempo, argumentando que debían contarse días hábiles y no naturales. Sin embargo, una vez concluido el segundo plazo, CAPUFE seguía con el contrato sin cumplirse.
Hasta este lunes 18 de enero, en la página de Compranet, el contrato se mantenía vigente y la empresa Redisegno no estaba incluida en la lista de penalizaciones por incumplimiento en la página de la Secretaría de la Función Pública.
Los medios que conforman Méxicoleaks solicitaron una entrevista con CAPUFE desde el 12 de enero pasado y aunque se entregó un cuestionario con las preguntas, el área de comunicación social respondió que daría un posicionamiento una vez publicada la nota.
Este lunes 18 de enero, en otro intento por conseguir la versión oficial, Méxicoleaks consiguió entrevistar al subdirector de Tecnologías, Heriberto Álvarez, quien informó que el 14 de enero pasado se resolvió rescindir el contrato con Redisegno.
Según Álvarez, el proceso de rescisión inició en octubre pasado, pero tardó tres meses debido a la “investigación interna”, aun cuando la empresa no instaló ningún equipo, y hasta el momento no se ha realizado ninguna penalización.
“No podríamos penalizar porque no hay un pago con la empresa. Sí podemos hablar de daños y perjuicios lo que se valorará para hacer efectiva la fianza”, aseguró el funcionario público.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, este oficio es sólo la primera parte de la rescisión, por lo que aún no está concretado. En el artículo 54 se establece que una vez que el proveedor sea informado de la revocación, tiene cinco días hábiles para exponer las pruebas para continuar con el contrato, e incluso, podría conseguir otro periodo de tiempo para cumplir, si es que CAPUFE lo aceptara.

Denuncian complicidad de notario

Esta licitación amañada fue posible gracias a que en 2013, el notario público Número 3 de Tlanepantla, Estado de México, Enrique Agustín Martínez Salgado, pidió al empresario Edgar Corella realizar la cotización para ofrecer el servicio de protección cibernética a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
En entrevista, Corella asegura que Martínez Salgado presumía tener relaciones políticas en el Estado de México y también en CAPUFE, por lo que podría “bajar los recursos” para ese contrato. Tenía la “misión de colocar proyectos ante diferentes instituciones públicas a nivel federal, estatal municipal”, dice en entrevista.
Acordaron que, de ganar, Redisegno le daría 30% de lo vendido. “El sería el encargado ante este grupo político de gestionar los proyectos y que de aquellos proyectos que salieran exitosos, él como un vendedor, teníamos que pagar una comisión de 30%, basado en la gestión de ir y presentarnos ante las instituciones”, afirma Corella.
Como consta en correos electrónicos, la comunicación entre ambos ocurrió desde julio de 2013, para informar los costos por el servicio de “seguridad perimetral y protección de datos”, que ascendía hasta 54 millones de pesos por un contrato de cinco años.
Aunque Méxicoleaks solicitó una entrevista con Martínez Salgado, nunca respondió.
En tanto, Álvarez Ganem, negó tener una relación personal con el notario. “Estuvo en algunas reuniones de trabajo como parte del equipo de la empresa (Redisengo), como asesor, personalmente no somos amigos. No lo conocía previo este contrato (2015)”. Sin embargo, según consta en un mail, tuvo una reunión en las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuernavaca, Morelos con el empresario Corella y el notario, el 2 de abril de 2014.

¿Por qué Redisegno incumplió?

La historia de la licitación amañada no termina ahí.
Según Edgar Chake Corella, el notario Enrique Martínez Salgado le robó la empresa. El 6 de agosto, casi un mes después de ganar la licitación, el empresario fue citado en la oficina del funcionario, en Tlanepantla, Estado de México para supuestamente firmarían las fianzas con la arrendadora, como lo solicitó CAPUFE, es decir, sustentar con un bien que la empresa podía cumplir con el contrato.
Sin embargo, al llegar fue llevado a una sala de juntas con hombre armados a su alrededor. Le obligaron a llamar a su madre, socia de Redisegno, para que firmara unos documentos. Al llegar ella, les acercaron un escrito que no les permitieron leer. “Si no firmaba no dejaría irme de la notaría” y firmó, según consta en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial en Investigación para Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuesta el 1 de septiembre de 2015.
Hasta entonces se enteró que el documento era una cesión de derechos (venta) por el total de las acciones de su empresa por un supuesto pago de 50 mil pesos, a Carlos Alberto Lugo y Cristel Amparo López Santos, dueños de la empresa Fact Leasing S. A. de C. V. Acta certificada por el notario Enrique Martínez Salgado.
Tanto Carlos Alberto Lugo como Amparo López, trabajan en la notaría 3, de Tlanepantla, y constituyeron Fact Leasing S. A. de C. V. el 16 de diciembre de 2013, según consta en el acta formalizada ante el notario Enrique Martínez Salgado.
Con este problema legal, Edgar Chake Corrella Flores envió oficios al director jurídico de CAPUFE, Jorge Martín Jimenez Zarate, para informarle que el representante legal de Redisegno era él, desde el 24 de agosto.
Sin embargo, aunque el equipo fue llevado a las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuernavaca, Morelos, no pudo ser operado debido a la falta de licencias, es decir, el permiso para ejecutar el software que debe otorgar la empresa Barracuda.
Aunque Redisegno ganó la licitación, se trata de una empresa proveedora, pero la empresa mayorista que compra el equipo directamente a Barracuda es Redes de Nueva Generación, también propiedad de Edgar Chake Corella.
Según el documento firmado por Sophia Valentim, funcionaria de Barracuda Networks, Inc., ésta empresa entregó el equipo a la empresa mayorista Redes de Nueva Generación el 17 de julio de 2015. Por ello, el equipo no puede funcionar sin las licencias. Mientras que Ismael Toscano, representante de Barracuda en México, informó a CAPUFE que la empresa Redisegno.com SA de CV no cuenta con personal certificado, ni con licenciamiento para operar los equipos de la marca.
El pasado 3 de diciembre de 2015, Raúl Meléndez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de CAPUFE, recibió la denuncia de hechos interpuesta por Edgar Corella, narrando lo sucedido con la licitación y el pleito legal de la empresa que impidió ejecutar el contrato.
Gráfico: Animal Político
Gráfico: Animal Político
Fuente.-ANIMALPOLITICO.

"NARCO se APODERA de ALCALDES y ALCALDIAS"...para operar con las llaves del estado.


Loan Grillo, multicitado autor de un libro sobre el narcotráfico, escribió un artículo este domingo en la sección dominical de opinión en The New York Times, sobre “la nueva sangre en la política en México”, donde dijo que el narcotráfico y las bandas criminales han adoptado una nueva estrategia. En lugar de sobornar alcaldes, apuntó, hacen que los alcaldes les paguen. 

“La política no es sólo una forma de ayudar su negocio criminal”, enfatizó, “es un negocio en sí mismo”. Grillo dijo que los criminales han tomado el control de los alcaldes, “transformándose en un ominoso poder en las sombras, utilizando las llaves del Estado para afectar a cualquiera que vive o trabaja dentro de su jurisdicción”. El autor lo dice bien, pero extemporáneamente. El problema se había ido controlando, pero renació con mayor vigor en la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.   

Desde el primer lustro de este siglo, un alto número de alcaldías y poblaciones en varios estados estaban bajo el dominio del narcotráfico. No había Estado, ni autoridades en sus diferentes niveles de Gobierno. Los narcotraficantes, a través de sus legiones de sicarios, controlaban a los políticos locales y afectaban la vida de quienes vivían o trabajaban en esas jurisdicciones. Las ciudades fronterizas en Tamaulipas y Chihuahua, además de ciudades como Acapulco, fueron las primeras en sucumbir. Otras fueron cayendo como dominó hacia el sur. En 2005, la incapacidad del Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por frenar la tendencia, lo forzó a pedir al Presidente Vicente Fox que el Gobierno Federal interviniera. Fox lo ignoró, pero su sucesor, Felipe Calderón, inició la guerra contra el narcotráfico. 

Cuando inició la guerra contra las drogas con el operativo en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, más de 80 municipios estaban en manos del narcotráfico, donde controlaban la política, la policía y la obra pública. Grillo escribió este domingo que la evolución criminal en México provocó que el crimen organizado se desdoblara en otro tipo de delitos, como secuestros, extorsiones, trata y piratería. En realidad,  la mudanza de delitos federales y delitos del fuero común se dio durante la guerra de Calderón contra el narcotráfico, donde al golpearle sus redes de distribución y comercialización se quedaron sin dinero para nóminas, por lo que sus matones incursionaron en otros delitos. Los secuestros exprés estallaron en Tijuana; Los Zetas, independizados del Cártel del Golfo, se volcaron a la extorsión y el tráfico humano a Estados Unidos; y el Cártel del Pacífico se concentró en las metanfetaminas y La Familia Michoacana en la minería.   

La estrategia de Calderón no previó las externalidades de este desdoblamiento, en particular la violencia, que tocó su máximo en abril de 2011 y que, conforme al plan de acción, empezaría a bajar en 2017. Pero para esto se requería que la estrategia de confrontación con los criminales en todos los campos, se mantuviera en los mismos términos. El gobierno de Peña Nieto cambió la estrategia. Bajo la lógica de que la violencia era resultado del combate a criminales, en los ocho primeros meses de la administración, dejó de combatir a los cárteles y las bandas criminales. Como era de esperarse, fue un fracaso. El gobierno peñista cambió la estrategia y regresó a la de Calderón, pero las consecuencias de aquella decisión equívoca se están viviendo. La región de Tierra Caliente es su mejor ejemplo, al estar dominada una buena parte de los municipios por las bandas criminales que nacieron de la estela de los cárteles, sin que haya fuerza que impida su control. En el estado de México, el crimen floreció en la parte norte y oriente de la zona metropolitana de la ciudad de México, con lo que la delincuencia organizada se acercó al corazón político del país.

El conflicto actual en Morelos, razón del artículo de Grillo, es la expresión pública del fenómeno que se alimentó en lugar de erradicarlo. El gobernador Graco Ramírez, asegura que los 13 alcaldes que se oponen al Mando Único de la Policía, han sido amenazados por el crimen organizado. En el pasado también había plata o plomo si los alcaldes no les entregaban las secretarías de Obras, de Finanzas y las áreas de seguridad y policía. En la actualidad hay una evolución adicional y más ominosa. Ya no sólo se involucran en esas áreas que ayudan al negocio criminal, sino que inyectan recursos en campañas políticas para poder tener a sus propios gobernantes. No importa de qué partido sean, invierten dinero sucio en los procesos electorales.   

Los grupos criminales se están apoderando de todos los procesos en los municipios, y promoviendo sus candidatos, sin mucha resistencia del gobierno federal o de las instituciones políticas y electorales. En Guerrero y Morelos hay pruebas de ex alcaldes y ex diputados locales vinculados al narcotráfico contra los que no se ha ejercido acción alguna. Varios estados que irán a elecciones para gobernador este año, tiene como pre candidatos a políticos investigados en el pasado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Es cierto que el crimen organizado ha recuperado el ritmo de su avance, como también que la poca resistencia que han enfrentado de las instituciones, se los ha permitido. Evitar que esto se traduzca pronto en acusaciones de complicidad institucional requeriría ver acciones claras que demuestren que socios de criminales, en el gobierno no hay, y no la retórica insultante de que todo está bajo control. 
Fuente.-  @RivaPa

Sigue "JUICIO en TEXAS contra FUGITIVO EX-ALCALDE "PRIISTA" de MATAMOROS ACUSADO de RECIBIR MILLONARIOS SOBORNOS.


Un ex alcalde frontera con México bajo el escrutinio del  Departamento de Justicia de Estados Unidos está tratando de luchar contra la incautación del dinero que tiene en Bermudas y una casa en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.Como parte de los documentos presentados en el caso, los fiscales citan una historia exclusiva de Breitbart Texas.
El fugitivo del DOJ  Erick Silva Santos fue el alcalde de Matamoros entre 2008 y 2010. A finales de 2014, los fiscales federales lo acusaron de haber aceptado sobornos de varios millones de dólares y fondos de campaña robados durante su mandato como alcalde y luego haber depositado parte de ese dinero en los Estados Unidos y los bancos de Bermudas, así como la compra de propiedades en Texas.
Según los fiscales de Estados Unidos, como alcalde de Matamoros, Silva otorgó más de $ 721,428 millones en pesos mexicanos en los contratos del gobierno durante su mandato en el cargo. Fuera de esos contratos, Silva está acusado de tomar entre 10 a 20 por ciento de ese dinero  otorgado. Los fiscales estiman la cantidad que sea entre $ 5.329.544 a $ 10.659.088 en dólares estadounidenses.
Los fiscales se están moviendo para apoderarse de dinero que se mantiene en una cuenta offshore en el Banco de Butterfield & Son en Bermuda y una casa en Brownsville, Texas. 
Como se informó anteriormente por Breitbart de Texas, Silva fue nombrado un fugitivo por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en 2014 en relación con los cargos penales de lavado de dinero. Poco después fue nombrado un fugitivo, Silva realizó una conferencia de prensa en la ciudad de Matamoros  Mexico controlada por el Cártel del Golfo , donde Breitbart Texas fue el único medio de comunicación de Estados Unidos en la asistencia.Durante esa conferencia, Silva afirmó que fue blanco de ataques políticos y que tenía abogados para hacer frente a sus problemas en los EE.UU.
Desde entonces, Silva y su concubina, María Castañeda Torres, han tenido su abogado en Brownsville, Texas, Trey Martínez, presentaron sus respuestas en un esfuerzo por conseguir su regreso de la propiedad. Silva está luchando por la cuenta de las Bermudas, mientras que Castañeda está luchando por una casa en Texas. Martínez está manejando el caso civil, mientras que el abogado de McAllen Robert Joseph Izaguirre está manejando el caso criminal.
Los fiscales afirman que Izaguirre les había acercado por tener una conferencia de Skype con Silva con el fin de "resolver" la causa penal, sin embargo se negaron a la oferta exigiendo a Silva sea en los EE.UU.
De acuerdo con la corte ,las acusaciones contra Silva se basan en la supuesta actividad criminal en México, pero según el abogado, las autoridades de ese país afirman que no se produjo la actividad criminal.
Como parte de los procedimientos, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos presentó una moción llamada "inhabilitación del prófugo", lo que significa que desde que él es un fugitivo de la justicia, no debería ser capaz de obtener sus activos . Como parte de su movimiento, los fiscales figuran la historia de Breitbart Texas como una exposición sobre el caso.
"Es significativo que a Silva se le preguntó durante la entrevista si él planeaba entregarse a las autoridades de Estados Unidos y enfrentar cargos penales; y en lugar de responder afirmativamente, Silva respondió que sus abogados estaban investigando el caso ", revelaron documentos de la corte .
El mes pasado, el juez de distrito Randy Crane   accedido a la solicitud, el abogado de Silva ha pedido al juez que vuelva a considerar el movimiento.


Fuente.-Breitbart/TX

MATARON a ALCALDESA en MORELOS por OFRECER PUESTO a "CARTEL RIVAL".


La Alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, fue asesinada por sicarios del líder de Los Rojos, Santiago Mazari, "El Carrete", debido a que ofreció la dirección de Tránsito a un personero del grupo rival Guerreros Unidos, indican investigaciones federales conocidas por REFORMA.

Mota, asesinada el 2 de enero, un día después de tomar posesión, sostenía una relación sentimental con un ferretero, quien a su vez tenía nexos con Guerreros Unidos, señalan las indagatorias.

La Edil perredista habría ofrecido a su amigo que se hiciera cargo de Tránsito, puesto que peleaba también el grupo encabezado por "El Carrete".

El jefe criminal envió a sicarios que se desempeñaban también como jinetes de los caballos pura sangre que tenía en un rancho de Amacuzac y usaba en carreras parejeras y competencias de rodeo.

La Alcaldesa había sido advertida por sus compañeros del PRD de la cercanía de su amigo con Guerreros Unidos.

Ella habría desestimado los señalamientos y, aunque aceptó el Mando Único propuesto por el Gobierno de Graco Ramírez, había comprometido con su amigo el puesto en Tránsito.

Según las pesquisas federales, al enterarse de ello, Mazari intentó extorsionar a la Alcaldesa y, como ella rechazó los ofrecimientos, el jefe criminal ordenó ejecutarla.

Fuente.-