Sin controles patrimoniales ni auditorías, México es un paraíso para el narco, el lavado de dinero y la corrupción política: Buscaglia.
Entre el 80 y el 90 por ciento del dinero que se gasta en campañas políticas mexicanas es ilícito, y habría muchos casos en donde este financiamiento proviene de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, aunque el problema que verdaderamente lacera a México no es el narcotráfico, sino la corrupción política mexicana, expuso Edgardo Buscaglia.
“El narcotráfico es una mínima proporción comparado con el tema de lavado de dinero, que tiene su origen en la corrupción política que hay no sólo en México sino en todo el mundo, y la cual se abastece de conflictos de intereses, tráfico de influencias, malversación de fondos y sobornos, entre otros”, expuso Buscaglia, autor del libro Lavado de Dinero y Corrupción Política.
El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana y catedrático de la Universidad de Columbia, destacó situaciones en las que políticos llegan a cargos de elección popular, y al término de sus administraciones son dueños de propiedades valuadas en varios millones de dólares, o son socios de empresas cuyas acciones millonarias adquirieron mientras administraban el erario público.
“Cada jefe de gobierno, cada gobernador, o jefe delegacional se hizo de propiedades o tiene un negocio ligado a empresarios legales, en donde les pasan un pedazo del pastel; es el modus operandi por el cual la política mexicana se ha constituido y se ha convertido en un negocio empresarial”, observó Buscaglia, durante una entrevista con Ríodoce.
El señalamiento del investigador trae a la memoria casos como el del ex gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, quien al término de su administración era dueño del Rancho Las Cabras, el cual vendió posteriormente en mil 203 millones 123 mil pesos.
Otro caso documentado es el de Juan Millán, quien terminando su sexenio se le contabilizaron varias propiedades en Sinaloa. También está el caso de Jesús Aguilar Padilla, quien al finalizar su mandato resultó con varios bienes inmuebles, y hasta era socio de Jesús Vizcarra, con varias acciones valuadas en millones de pesos.
“Toma el caso que quieras, al final de cuentas la metodología es la misma: el funcionario termina ligado a empresas legales, pero la pregunta es de dónde provino ese dinero: de malversación de fondos o fue tráfico de influencias o sobornos, el resultado siempre es el mismo”, reviró Buscaglia.
Pero el activista no se queda ahí, y tomando como referencia su libro, critica la política mexicana que ignora cómo los partidos llegan a obtener financiamiento del narcotráfico, y en algunos casos, son los mismos partidos quienes imponen a sus candidatos, los cuales, gracias a compromisos previos que hicieron con grupos criminales, pueden resultar mafiosos o gente ligada al narcotráfico.
“Esto significa que les estás dando un parque de diversiones a las organizaciones criminales porque no sólo financian campañas para obtener inmunidad, sino que además colocan a mafiosos en las listas. Estamos ante un sistema electoral cerrado, y en los países o estados donde se aplican estos sistemas, es donde menos controles patrimoniales y auditorías hay; es un paraíso”, insistió el activista.
De acuerdo con reportes hechos por diversos medios de comunicación, en Sinaloa hay casos en los que funcionarios electos fueron ligado al narcotráfico o con personas dedicadas a esa actividad, algunos de ellos, incluso investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como fueron los ex gobernadores de Sinaloa: Jesús Aguilar, Juan Millán, Toledo Corro. O como ocurrió con el ex presidente municipal de Culiacán Jesús Vizcarra Calderón, o bien el caso del diputado Oscar Lara, y más recientemente la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López. Todos ellos fueron acusados, pero la autoridad mexicana nunca los investigó, en cambio los señalados le apostaron al olvido.
“Lo que vemos aquí es que no hay participación ciudadana; un periodista, o un líder social reporta una anomalía, y qué hace la sociedad, la abandona y se olvida de ellos, cuando en otros países se les reconoce y se les trata como héroes”, dijo Buscaglia.
Como una rápida solución, Buscaglia propone en su trabajo de investigación auditorías e inspecciones, no sólo a las empresas que donen dinero a las campañas políticas de algún candidato, lo cual aliviaría parte del problema, sino también auditar a los partidos, a los candidatos, a los funcionarios públicos, y ello va a contribuir a que gobernadores no aparezcan con negocios, o con casas de cuatro millones de dólares.
Agregó: “Es preocupante que México se olvide de auditorías electorales, auditorías estatales y controles judiciales. Sin esos tres poderes, les estás dando un parque de diversiones a los grupos criminales y a funcionarios para generar más lavado de dinero, y que a su vez sigan saqueando al estado”.
México: el paraíso
En su libro, publicado en noviembre de este año, Buscaglia destaca cómo entre el 68 y el 70 por ciento del lavado de dinero en el mundo va a parar a las economías con mayor seguridad jurídica, como México, que indiscutiblemente ha resultado un paraíso para los lavadores de dinero.
“Es la paradoja de la sociedad mexicana: la política mexicana lava dinero con la sangre y lágrimas de sus ciudadanos, pero además está la otra cara de la moneda, que son las 27 mil desapariciones forzadas que hay en el país; y todo ocurre a través de cientos de transacciones que pasan desde compras de edificios en el DF, hasta fondos de inversión, fondos de pensión, con que fácilmente compran un Penhouse en Manhattan, o invierten en hoteles en Las Vegas”, sostuvo.
Con esto digo, añadió, que este fenómeno no sólo se está dando en México, también en Estados Unidos, inclusive, gente como Rafael Caro Quintero, que llegó a comprar grandes fraccionamientos en Guadalajara en los 80, ahora invierte en el extranjero, pero lo mismo hacen funcionarios mexicanos, que gracias a la corrupción política se siguen enriqueciendo a costa de la sociedad, y cuyo objetivo principal es hacer que circule el dinero por el mundo, lejos de donde se obtuvo ilícitamente.
—¿Qué pasa con el otro porcentaje que no proviene del lavado de dinero? —se le cuestiona.
—Ese porcentaje cubre costos operativos, que no sólo son armas, sino incluye hasta un sistema de seguridad social para las familias de las víctimas que caen, fachadas de empresas que sólo muestran el frente del edificio, sin nada adentro (Shell companies), acciones que generalmente son aplicables en lugares donde los controles patrimoniales son tan débiles, y donde el costo para traer capital es nulo.
En uno de los apartados del libro, Buscaglia hace referencia al caso del banco HSBC en Sinaloa, que realizó transacciones por hasta mil 100 millones de dólares, sólo en el 2008, y aun cuando fue un caso bien documentado, ni las autoridades mexicanas ni las de Estados Unidos castigaron a nadie.
“México es la economía ilícita más grande del planeta, sólo superado por China y Rusia; y ello demuestra cómo los oligopólicos mexicanos se han disfrazado de empresarios y se han aprovechado de un sistema que sirve al poder político, lo cual expone que la delincuencia mexicana, no son delincuentes, sino políticos”.
Para finalizar, Buscaglia hace referencia a reportajes hechos por Ríodoce, en los que se publicaron nombres y hasta direcciones de empresas que estaban en manos de familiares de Joaquín el Chapo Guzmán, o de Ismael el Mayo Zambada, que hasta recibía subsidios del gobierno, sin que las autoridades siquiera les hicieran auditorías tributarias, calificando casi como surrealista.
Con ello, no sólo se demuestra la falta de interés del gobierno y el pacto de impunidad existente, lo cual expone que hay políticos que protegieron esas redes, como ocurriera con la segunda fuga del Chapo, lo cual nos lleva a donde mismo; los políticos mexicanos que, incluso, llegan a tener negocios legales, pero que provienen de la corrupción política mexicana, y mientras no se frene el dinero sucio en la política, no habrá democracia.
Manhattan y Las Vegas, dos de los circos del Tío Sam
Aun cuando la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) fue creada en 1950 para detectar operaciones y empresas que son una amenaza para Estados Unidos, realizar transacciones en el vecino país del norte no representa un obstáculo significante; sólo basta tener el dinero y una bien elaborada cadena de cómplices que borren toda huella de fraude o lavado de dinero.
Una muestra de ello es el edificio de condominios Time Warner Center, de Manhattan, cuyos dueños de departamentos sólo se identifican con siglas y números, que según expertos, es el nuevo “modus operandi” de empresarios lavadores de dinero y políticos mexicanos que adquieren propiedades millonarias en Estados Unidos, para de ese modo esconder su identidad.
De acuerdo con una investigación hecha por el diario estadunidense New York Times, los dueños de departamentos sólo se identifican como 25CC ST74B LLC, que muchas veces son Sociedades Anónimas fantasmas o empresas falsas, conocidas en Estados Unidos como “Shell Companies” (Compañías de Caparazón), que nunca establecen de dónde proviene el dinero, además que dificultan identificar a sus dueños.
“Hasta un 54 por ciento de los compradores de Pent-houses de lujo, ocultan su identidad, principalmente porque se trata de políticos mexicanos, o lavadores de dinero que no desean que se conozca quienes son, ni de dónde sacaron el dinero”, explica la investigación del diario neoyorkino.
Y mientras en México, la OFAC se ensaña metiéndose a cada rincón de territorio nacional, acusando a empresas como el centro recreativo Los Cascabeles, o bien a notarios públicos como Antonio Núñez Bedoya, incluso a medios de comunicación como Unomásuno, no expone lo que ocurre en su propio territorio, donde todo tipo de transacciones de lavado de dinero evidentemente ocurren, sin que se acuse o se exponga a nadie.
“Es claro que el lavado de dinero existe, no sólo en Estados Unidos, también en todo el mundo, pero el gobierno federal ya empieza a tomar cartas en asuntos relacionados con transacciones de los mercados capitales del país”, dijo a Ríodoce Howard Weston, vicepresidente de la agencia para el Sistema Regulatorio de los Mercados Capitales de Estados Unidos.
En la investigación de New York Times, también se explica que al menos 16 de los dueños de Pent-houses en el Time Warner Center de Manhattan son o fueron funcionarios públicos de México, Rusia, China o Colombia, y que llegaron a adquirir departamentos valuados entre 15 y 20 millones de dólares.
Ríodoce ha intentado adquirir documentación en las oficinas del registro público de la propiedad en Las Vegas, en Nevada, y en Nueva York, pero hasta el momento no han aparecido nombres conocidos, muchas veces porque hay prestanombres de por medio, o porque se crean empresas fantasmas o fondos de inversión con que se escritura la propiedad.
Edgardo Buscaglia señala que no sólo políticos mexicanos están adoptando esta medida, sino que también narcotraficantes que adquieren ingresos millonarios por sus actividades ilícitas, y terminan invirtiendo, no sólo en Estados Unidos y México, sino también en Londres, Singapur, París, etcétera.
“Es lo que digo, hay países que son paraísos fiscales para políticos corruptos, narcotraficantes, lavadores de dinero, y es lo que trata mi libro”, dijo Buscaglia.
La cadena de lavado de dinero incluye no sólo agentes de bienes y raíces, sino también abogados, contadores, funcionarios municipales, dueños de los departamentos, y como señalara un ex administrador de esos edificios, “a nosotros no nos interesa saber de dónde viene el dinero, sino que se logre la transacción”.
En Las Vegas, empresas como MGM Resorts, que son dueños de Hoteles y Casinos como Mandalay, MGM, Mirage, Bellagio, entre otros, y cuyo consorcio está valuado en 26 mil millones de dólares, cuenta con accionistas de todo el mundo, incluyendo mexicanos, que bien pueden se políticos, aunque el corporativo no reveló los nombres de los accionistas por cuestiones de privacidad, según dijeron.
“Cuando políticos mexicanos compran en Estados Unidos, el gobierno de ese país nunca cuestiona de dónde provino el dinero”, dijeron fuentes del New York Times.
El sistema estadunidense resulta tan incongruente, que incluso hace más preguntas cuando un mexicano común y corriente cruza la frontera a pie, que sería el caso de un migrante de bajos recursos, pero no haría tantas preguntas cuando un mexicano adinerado llega a comprar un Pent-house, ahí los cuestionamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desaparece.
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