Durante el sexenio de Felipe Calderón y como resultado de su falsa guerra contra el narcotráfico, 25 mil 276 personas adquirieron la imprecisa categoría de “desaparecidas”. Se trata de 25 mil 276 seres humanos que oficialmente no están vivos ni muertos. Simplemente no están. Desaparecieron.
Los gobiernos locales y el gobierno federal los muestran como número. Si es algo impersonal pareciera entonces ser menos dramático o importante. Lo cierto es que detrás de cada cifra hay una mujer, un hombre o niños, y familias que sufren y esperan que aparezcan y volver a abrazarlos.
Ante las escandalosas cifras de muertos y desaparecidos, el gobierno de Calderón optó por la fórmula perversa de criminalizar a las víctimas. Durante todo su sexenio quiso hacer creer que todos ellos eran criminales; por desgracia el discurso oficial fue permeando en la conciencia de una sociedad aterrorizada que comenzó a especular que si alguien era asesinado o desaparecido “en algo andaba”, sin pensar que esa misma sospecha un día puede recaer en uno mismo.
La acusación sin sustento de que todos los muertos o desaparecidos eran sospechosos de haber participado en algún crimen provocó que los familiares de las víctimas no levantaran denuncias, ante el temor de, además de no tener justicia, comenzaran a ser perseguidos o señalados por el propio gobierno o los vecinos. Este silencio forzado de los familiares de las víctimas ha sido tan injusto y traumático como la pérdida del ser querido.
En diciembre de 2012, una fuente de información vinculada a la PGR me entregó la Base Integrada de Personas no Localizadas y el informe de todas las procuradurías del país actualizado hasta el 17 de julio de ese año. Cuando me la entregó me dijo que tenían miedo que esa base de datos desapareciera o fuera ocultada para siempre.
Ese mes, el Washington Post y yo en la revista Proceso publicamos el contenido de la infame lista. La reacción inmediata del recién llegado gobierno de Enrique Peña Nieto fue negar la existencia de la lista. Parecía que las inquietudes del informante de la PGR se estaban cumpliendo.
Todavía hasta febrero de 2013, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró públicamente que la lista no existía. Días después la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la señora Lía Limón, reconoció que sí existía una lista de cerca de 27 mil desaparecidos pero que apenas se había obtenido dos días antes. Eso no era cierto, mintió. ¿Por qué el gobierno entrante de Peña Nieto ocultaba una lista de personas desaparecidas en un periodo de gobierno ajeno a ellos?
Como si no fuera suficiente injusticia por la desaparición impune de más de 25 mil personas en seis años (2006-2012), el gobierno pretendió durante dos meses ocultar en la infamia del olvido los nombres de cada una de las 25 mil 276 personas.
Pese a que se conocen cotidianamente casos de personas desaparecidas en todo el país, las cifra de personas desaparecidas en los registros oficiales de los gobiernos estatales y federal permanece prácticamente inamovible. ¿Aparecieron los que se esfumaron?, ¿Regresaron a sus hogares? ¿Se encontró su cadáver?
En septiembre pasado la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron al congreso que hasta el 31 de diciembre de 2014 se habían registrado 25 mil 230 personas extraviadas o desaparecidas en todo el país, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que Gobernación envió al Senado.
El 10 de diciembre pasado, Peña Nieto envió al Congreso Federal dos iniciativas de ley, una para sancionar los delitos de desaparición forzada y otra contra la tortura y tratos degradantes. Según su propio discurso “son proyectos de gran trascendencia para enfrentar con determinación estos flagelos”.
En su propuesta de ley sobre desapariciones piensa crear un Sistema Nacional de Búsqueda y un Registro Nacional Forense, controlado principalmente por el gobierno federal. En tanto que en la iniciativa contra la tortura se sugiere la creación de Unidades Especializadas de Investigación tanto a nivel federal como en los gobiernos estatales, así como un Registro Nacional de Delitos de Tortura y Tratos Degradantes, alimentado por información proporcionada por la PGR y las procuradurías de justicia estatales.
El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y la detención de más de 110 personas acusadas de haber participado en los hechos, son la muestra clara que una vez más, Peña Nieto pretende resolver en el papel lo que su gobierno se niega a solucionar en los hechos.
Cada vez hay más evidencias de la participación del gobierno federal a través del Ejército, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en los hechos ocurridos en Iguala contra los estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Pero con ley o sin ley contra desapariciones forzadas, la administración de Peña Nieto se niega a reconocer su participación y hasta ahora ha protegido a los mayores responsables de los hechos ocurridos esa terrible noche en Iguala.
Es tal el encubrimiento a los que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, que la PGR hasta ahora se ha negado a llamar a declarar a los militares del 27 Batallón de Infantería que esa noche controlaban las cámaras de seguridad instaladas en el municipio, las cuales fueron claramente manipuladas, e incluso se presume que las videograbaciones fueron alteradas para borrar evidencia.
La PGR tampoco ha llamado a declarar a Luis Antonio Dorantes Macías, el jefe de la base de la Policía Federal en Iguala, cuyos muchachos participaron activamente en al menos una de las agresiones contra los estudiantes.
¿Qué ley contra la desaparición forzada puede funcionar cuando el mismo gobierno protege a los que perpetraron la desaparición?
De acuerdo con los dictámenes médicos practicados por la propia PGR o por los penales federales al momento del ingreso de los detenidos, el 80 por ciento de las 111 personas arrestadas por la PGR acusadas de haber participado en el ataque y desaparición de los normalistas fueron brutalmente torturados por la Marina, Ejército, Policía Federal y Policía Federal Ministerial para hacerlos confesar falsedades y con ellas dar por resuelto el caso, para que no se indague más.
La información documental y testimonios que he obtenido en los últimos 12 meses señalan torturas brutales que van desde toques eléctricos en paladar, testículos, y recto, hasta agresiones sexuales contra los detenidos para obligarlos a firmar declaraciones previamente redactadas por la propia PGR.
Pese a las graves lesiones en muchos de los detenidos, algunos de los cuales después de las torturas apenas y podían caminar, la PGR y la administración de los penales federales han obstaculizado que se les aplique el Protocolo de Estambul, prueba pericial que prueba si hubo o no tortura.
Ese gobierno que en este caso aplicó masivamente la tortura, es el mismo que hoy quiere legislar en contra de esta práctica y adjudicarse a través del “Registro Nacional de Delitos de Tortura y Tratos Degradantes” el derecho de decir quién ha sido torturado y quién no, cosa sumamente peligrosa.
Los registros nacionales de personas desaparecidas o torturadas, bajo ninguna circunstancia deberían quedar en manos del o los gobiernos que desaparecen y torturan personas, eso es un sinsentido. Para que esos registros puedan arrojar verdad y justicia es indispensable que queden totalmente fuera del control o influencia del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
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