Les dicen Las Rastreadoras y llevan meses buscando a sus hijos desparecidos en Sinaloa. El grupo lo encabeza Mirna Nereyda Medina, una profesora de preescolar retirada que no deja de denunciar la indolencia de las autoridades –municipales, estatales y federales–, las cuales se niegan a investigar las denuncias que ellas han presentado. Proceso visitó la entidad, entrevistó a varias de las seguidoras de Mirna y recogió sus desgarradoras historias.
LOS MOCHIS, SIN.– Escondida entre el follaje de mezquites, juncos y huamúchiles para cubrirse del inclemente sol, Mirna Nereyda Medina Quiñónez observa los hilachos de ropas que salen de la tierra. El lugar está infestado de moscas que ensordecen con sus zumbidos.
Maestra de preescolar retirada, Mirna Nereyda es alta y frondosa. Hoy lidera a Las Rastreadoras, un grupo de mujeres que desde septiembre del año pasado explora los campos agrícolas de los municipios del norte de la entidad en busca de sus hijos desaparecidos.
Son alrededor de 20 y forman parte del equipo operativo de un colectivo de más de un centenar de madres llamado Desaparecidos de El Fuerte. Mirna Nereyda creó la agrupación a partir de la desaparición de su hijo Roberto Corrales Medina ocurrida el 14 de julio de 2014.
Las Rastreadoras tienen un registro de 140 desaparecidos en los municipios de El Fuerte, Choix y Ahome. Hasta ahora han encontrado 28 cuerpos, seis de ellos fueron identificados y entregados a sus familias. Hay indicios de que ocho más son familiares de los integrantes del grupo; sólo esperan las pruebas de ADN para corroborarlo.
Mirna está entre las parcelas llenas de surcos en los que sembró maíz. Ella escucha con atención a don Roberto Montes, quien explica cómo encontró los restos en ese lugar cuando buscaba a su hijo Roberto Mario Montes Apodaca, de 33 años, desaparecido el 10 de julio de 2014. Lleva más de un año haciéndolo.
Luego explica a la reportera: “Aquí hay que meter una varilla y detectar si salen gases por la descomposición”.
Don Roberto y su familia iniciaron la búsqueda de Roberto Mario ante el silencio de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJS), donde presentaron la queja.
Cuando supo que su hijo presuntamente había sido inhumado en un paraje cercano al ejido de Ahome, él llamó a las autoridades, pero sólo llegaron a echar un vistazo y se fueron.
“Por eso buscamos a la señora Mirna para que nos oriente. Lo que queremos es encontrar a Robertito para velarlo, meter sus huesitos en una cajita y ponerla en una capillita que él construyó en la casa. Así también podrá descansar mi mujer (Irma Yolanda Apodaca), quien nomás se la pasa llorando.”
Para ayudar a la familia Montes Apodaca, Mirna solicitó el apoyo de la PGJS y de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD) de la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que se comprometió a ayudarla en el rescate de cuerpos el 23 de junio pasado, luego de abrir 66 expedientes de los desaparecidos de El Fuerte.
Ante el silencio de la PGR, la PGJS se comprometió a realizar la expedición el jueves 10, pero de última hora canceló su participación y le prohibió a Mirna acercarse al terreno.
“Dicen que no me acerque porque voy a borrar las evidencias. ¿Cuáles evidencias? Si el muchacho (Roberto Mario) está ahí. Lleva más de un año enterrado. Lo único que su familia quiere es el cuerpo.”
Cifras confusas
Durante la entrevista Mirna Nereyda Medina intenta comunicarse con Joaquín Torres, contacto entre Las Rastreadoras y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, quien se comprometió a apoyar al grupo sinaloense.
Mientras acciona su celular, suelta: “Son chingaderas que nos dejen solas. Si estuviera apoyándonos la PGR, la procuraduría (estatal) estaría en lo suyo y la PGR con nosotros. Deberían enviarnos un equipo de búsqueda, pues más de 60 denuncias (presentadas por Las Rastreadoras) no son pocas, el resto –80– todavía están en la procuraduría local”.
La cifra es un logró mayúsculo, pues los familiares de desaparecidos vencieron el miedo y presentaron sus denuncias. Lo hicieron para conmover a autoridades, pues en el norte de Sinaloa la guerra por el control de la región se inició en 2010.
Ahí, dice la entrevistada, los cárteles de Joaquín Guzmán Loera y el de los hermanos Beltrán Leyva –“notoriamente mermado”– condenaron a los habitantes de la región, vecina al Triángulo Dorado, a vivir inmersos en la violencia.
Cuenta que a partir de 2013 las paredes de mercados públicos, los postes de las avenidas más transitadas y los puentes peatonales se poblaron de carteles y mantas con rostros de los desaparecidos, la mayoría eran hombres jóvenes, en los que solicitaba a la población información sobre sobre su paradero.
Es el caso de O, un menor que intentó localizar a su hermano mayor y terminó por involucrarse con el mercado de drogas.
“Cuando desapareció mi hermano –relata O–, vi a mi papá y mi mamá desesperados. Siempre estaba solo y un día fui a buscar a los batos que venden droga cerca de la casa. Les pregunté si ellos lo habían levantado.
“El jefe me dijo que no sabía nada, que iba a investigar. Me pidió que le ayudara en su negocio mientras sabía algo. Fue así que me metí de todas las drogas; al principio lo hice para olvidar lo que le pasó a mi hermano, después ya no podía salir.”
Al final fue rescatado por su madre, quien lo llevó a una clínica de rehabilitación. Ella sigue buscando a su hijo mayor.
“Yo le digo a mi mamá que ya dejé eso (la búsqueda), que si algo le pasó a mi hermano, lo va a encontrar. Yo quiero pensar que se lo llevaron a trabajar a los campos de mariguana: Eso dicen que pasa con los desaparecidos”, asegura O.
La falta de información torna más complejo el problema. Cada dependencia maneja sus propias cifras.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), por ejemplo, indica en su reporte que comprende del 1 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2015, que de los 916 casos enlistados en el fuero federal, sólo 21 corresponden a Sinaloa; ocho de ellos ocurrieron en el Fuerte y tres en Ahome.
En tanto, la Base de Datos de Personas Desaparecidos, No Localizadas y Alerta Amber General, de la PGJS, señala que de los mil 49 reportes de desapariciones 915 corresponden a hombres y el resto a mujeres de la década de los setenta a 2015.
El 80% de las desapariciones ocurrieron entre 2009 y 2015 y se concentraron sobre todo en Ahome, con cabecera en Los Mochis, y Culiacán.
Los logros
Mirna Nereyda Medina cobró fama porque fue ella la que destapó el tema de los desaparecidos en la región norte de Sinaloa.
Su hijo Roberto Corrales, un vendedor de autopartes, fue visto por última vez el 14 de julio del año pasado en Mochicahui, municipio de El Fuerte.
Al día siguiente Mirna emprendió su búsqueda. Se enteró que el jefe de la plaza de un grupo delincuencial, Gilberto Duarte Zapién, El Cucho, era el presunto responsable de la desaparición de Roberto y fue a buscarlo.
Él lo negó. Días después, el 27 de julio, Duarte Zapién fue levantado. Mirna comenzó a formar su grupo en septiembre. Y cuando Las Rastreadoras comenzaron a recorrer la entidad, la familia del Cucho le pidió a Mirna integrarse al grupo.
Mirna relata que el 19 de julio de 2014, durante su primera búsqueda, descubrió cinco cuerpos en un área cercana a un canal de riego, donde los ejidatarios suelen tirar a los animales que se les mueren.
“Me dijeron que ahí tiraba los cuerpos El Cucho. Lo primero que vi fue una pierna que salía de la tierra. Avisé a la policía y me quedé velando en el lugar. Al día siguiente acudieron los uniformados y dijeron que los cuerpos tenían más de un mes enterrados”, dice Mirna.
El 5 de diciembre siguiente, localizó cinco cuerpos más en un paraje cercano a un canal de riego:
“Llegó la policía y me detuvo de las cinco de la tarde a las cinco de la mañana del día siguiente. Me quitaron mi teléfono. Querían que les dijera quién me había dado la información. Les dije que deberían estar agradecidos de que estaba haciendo el trabajo que ellos no quieren hacer.”
Su ejemplo contagió a las mujeres. Semanas después ya eran 38 las que comenzaron a buscar a los desaparecidos en El Fuerte; después eran 104. En febrero de 2015 Las Rastreadoras se adhirieron al movimiento de Red de Enlaces Nacionales. Eso les permitió acercarse a la titular de la PGR, Arely Gómez, para pedir la intervención de la dependencia en la región, y capacitarse para participar en la búsqueda de fosas con Los Otros Desaparecidos de Iguala.
El 27 de noviembre pasado, Mirna recibió una llamada anónima. Sus interlocutores le dijeron que acudiera a un paraje si quería saber dónde estaba su hijo. Al llegar al lugar la esperaban seis hombres armados, quienes la amenazaron:
“Me dijeron que me dejara de reunioncitas y de traer a la PGR. Que si seguía, a la que iban a buscar era a mí, que me iban a matar como mataron a mi hijo. Yo les dije que el problema era empezar, y que ahora había más de 100 mujeres que van a seguir mi camino si me mataban.”
Así fue como Mirna conoció a Rosa Elia Vázquez, madre de Ramón Alberto Soto Vázquez, detenido por policías municipales de Ahome el 17 de noviembre de 2013.
Rosa Elia se sumó al grupo de Mirna y logró que el pasado 5 de octubre cuatro de los 40 policías municipales presuntamente implicados en la persecución y detención de Ramón Alberto fueran sentenciados a 28 años y nueve meses de prisión por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, su hijo sigue desaparecido.
“En la lucha nos hemos encontrado con que de los 80 casos que tenemos de El Fuerte, en 90% intervinieron policías municipales; en Ahome donde hay unos 40 casos, es la misma proporción en la que son señalados policías municipales, pero a diferencia de mi caso en el que hubo testigos valientes que declararon sobre la detención de mi hijo, en los demás casos la gente tiene miedo”, cuenta Rosa Elia.
Experiencias singulares
Un caso ejemplar es el de Rufina Beltrán Morales, madre de José Juan y Enrique Perezchica Beltrán, de 41 y 35 años, respectivamente. Ambos desaparecieron el 25 de septiembre de 2013.
Entrevistada en su vivienda, doña Rufina admite que cuando su hijo mayor fue detenido, llevaba “yerba para vender”. Se la había dado su cuñado, un sicario.
“Cuando se llevaron a mis hijos yo fui al Ministerio Público. Me pidieron copias de los nombres de mis hijos dizque para hacer volantes. Eso lo puedo hacer yo les dije. Quiero que agarre al que los levantó (un comandante de apellido Santos). No me hicieron caso.
Otra integrante de Las Rastreadoras es Noelia Galeana, quien busca a dos de sus hijos Noel Abraham y José Pablo Ramírez Galeana, detenidos en Ahome el 18 de febrero de 2013 y el 22 de noviembre de 2015, respectivamente.
Del primero, Noelia tiene la certeza de que fue llevado a barandilla, luego de haber sido detenido junto con un amigo suyo, con quien estaba bebiendo. Del segundo, algunos testigos dicen que lo subieron a una camioneta blanca. Atrás estaba una patrulla, cuidándola. José Pablo había sido detenido cuatro veces, pero nunca se dejó amedrentar, dice Noelia.
María del Rosario Norsagaray Sánchez, madre de Jesús Alonso Balderrama, desaparecido el 29 de diciembre de 2014, también pertenece a Las Rastreadoras.
Antes de unirse al grupo, ella realizó actos de protesta para llamar la atención del gobernador Mario López Valdez, originario de Los Mochis. También denunció a las autoridades de Sinaloa ante los medios de comunicación locales por la falta de voluntad para buscar a su hijo. Y aunque fue amenazada de muerte nunca se arredró.
“Nunca he pedido a los culpables porque no me van a revivir a mi hijo. Yo sentí cómo lo mataron al tercer día que se lo llevaron. Estaba trabajando en la taquería. Primero le dieron un balazo. Lo sentí; sacudí la cabeza. Después sentí otro, Yo sólo pido que me digan dónde lo dejaron, para poder descansar.”
Su compañera Consuelo Chaparro, mamá de Gabriel Alonso Ceceña Chaparro, desaparecido el 30 de septiembre de 2015, tiene una historia diferente:
“Yo sé que mi hijo vive. En 2006, la migra mató a mi otro hijo, a Roberto, cuando quería pasar la frontera. Yo lo sentí. Ahora no siento lo mismo con Gabriel Alonso, cuyo único defecto era que le gustaba la coca.”
Ella confía en que sea cierta la versión de que los hombres son secuestrados para que trabajen para el crimen organizado.
“Dicen que luego los sueltan. Yo voy a esperar a mi hijo Gabriel”, dice doña Consuelo.
Fuente.-
