La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó ayer los actos de destrucción en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo y el saqueo en el Centro Cultural Universitario.
“Esta tarde un grupo de personas que actuó con violencia se desprendió del contingente de manifestantes que participaban en una protesta contra la gentrificación y se redirigió hacia Ciudad Universitaria, en donde destruyeron casetas de vigilancia, dañaron el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y la librería Julio Torri, instalaciones emblemáticas que promueven la reflexión, el arte y la literatura.
Ningun episodio aislado
Pero estos hechos lamentables , ocurridos este domingo en Ciudad Universitaria representan mucho más que un episodio aislado de vandalismo. Revelan—con claridad y crudeza—la existencia de dos graves males sociales: la acción impune de criminales disfrazados de manifestantes y la claudicación cómplice de unas autoridades que, por omisión ,conveniencia o calculo politico, eluden la responsabilidad de preservar el orden y proteger el patrimonio común.
Resulta inaceptable que los denominados “manifestantes”, escudados en la legitimidad de la protesta, recurran a la destrucción, el saqueo y la violencia para expresar sus demandas.
Los daños causados al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y a la librería Julio Torri no son actos de “rechazo a la gentrificación”: son delito puro y simple, un avance brutal contra la cultura, el diálogo y la vida universitaria. Quienes destruyen casetas, agreden instalaciones y ponen en riesgo la integridad de la comunidad no son activistas ni luchadores sociales: son criminales, y como tales deben ser identificados y sancionados con todo el peso de la ley.
Peor aún es la actitud de las autoridades, que decidieron no intervenir ni durante ni después de los violentos acontecimientos. No hubo presencia policiaca ni elementos suficientes de Seguridad UNAM, como si la protección del espacio público y universitario fuera una concesión y no una obligación elemental. Ese silencio y esa ausencia equivalen a una traición institucional: convertir la ley en letra muerta y la autoridad en un espectro inútil. Se optó por la inacción bajo el disfraz de la tolerancia, una inacción que, lejos de ser prudencia, se transforma en complicidad.
La obligación de actuar ante el delito no es opcional, ni moral ni jurídicamente. Toda autoridad que, siendo responsable de hacer valer la ley y proteger el interés público, decide no actuar, se coloca al mismo nivel que quienes delinquen. Su omisión convierte la criminalidad en costumbre y sanciona con su pasividad el reino de la impunidad.
Seamos claros: hoy, tanto quienes destruyeron como quienes permitieron la destrucción, portan la marca de la criminalidad. La sociedad y la comunidad universitaria reclaman una revisión urgente y profunda del papel de quienes deberían garantizar la integridad del patrimonio cultural y la seguridad de estudiantes, maestros y trabajadores. De no hacerlo, serán parte del mismo problema, partícipes silenciosos de la decadencia que denuncian.
La UNAM, emblema de pluralidad y libertad, merece más que comunicados tibios: exige acción firme, justicia pronta y denuncia clara del doble crimen cometido por violentos y omisos.
Con información: ELNORTE
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