Dos niñas fueron asesinadas a balazos ayer martes al quedar junto con su familia en medio del fuego cruzado entre elementos del Ejército y criminales en el poblado de La Cienguilla del Municipio de Badiraguato, en Sinaloa, informaron fuentes federales.
La responsabilidad compartida del Ejército y la policía en la muerte de dos niñas en Badiraguato
El asesinato de dos niñas y las heridas graves a otros miembros de una familia durante un enfrentamiento entre fuerzas federales y criminales en Badiraguato, Sinaloa, es un hecho que exige un análisis duro y sin concesiones sobre la responsabilidad de las autoridades y el costo humano de la violencia que se ha normalizado en la región.
¿Qué sabemos de los hechos?
- El 6 de mayo de 2025, un convoy del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado sostuvieron un tiroteo con un grupo armado en la comunidad de La Cieneguilla, Badiraguato
- En medio del fuego cruzado, una familia que transitaba por la carretera federal 24 quedó atrapada. Dos niñas murieron por impactos de bala; un niño de 12 años y sus padres resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital en Culiacán.
- Los nombres de las menores no se han dado a conocer, pero tres de los lesionados fueron identificados como Anabel “N”, de 40 años de edad, Saúl “N”, de 45 años de edad, y Gael “N”, de 12 años de edad.
- Ninguna autoridad ha presentado un informe oficial completo ni ha esclarecido todas las circunstancias del enfrentamiento.
Responsabilidad compartida: Ejército y policía
1. Obligación primaria: proteger a los inocentes
La primera y más importante obligación de cualquier fuerza de seguridad -sea militar o policial- es proteger la vida de los civiles aun a costa de la suya, para eso se les paga, para eso se alquilaron. Este principio está por encima de cualquier objetivo de captura o enfrentamiento armado.
La muerte de dos niñas y las heridas a otros miembros de la familia demuestran un fallo grave en esta obligación fundamental
2. Contexto de violencia y normalización
La región vive una escalada de violencia sin precedentes, producto de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.
En los últimos meses, Sinaloa ha registrado más de mil 229 asesinatos, bloqueos, incendios de vehículos y desapariciones masivas. El Estado ha respondido con operativos militares y policiales, pero la población civil queda expuesta una y otra vez al fuego cruzado, a menudo con consecuencias fatales.
3. Responsabilidad operativa
- El Ejército y la policía están obligados a planear y ejecutar operativos considerando la presencia de civiles y minimizando cualquier riesgo para ellos. La emboscada en La Cieneguilla ocurrió en una carretera transitada, en plena tarde, lo que incrementa la probabilidad de víctimas inocentes. No existen indicios de que se haya implementado un protocolo efectivo para proteger a quienes transitaban por la zona.
- Cuando una familia queda atrapada en el fuego cruzado, no basta con lamentar el daño colateral: se trata de una falla sistémica en la planeación, inteligencia y reacción de las fuerzas de seguridad. La responsabilidad no es solo del grupo criminal que dispara, sino también de quienes, por acción u omisión, no previeron ni evitaron el riesgo para los inocentes.
4. Falta de rendición de cuentas y transparencia
Hasta ahora, ninguna autoridad estatal o federal ha presentado un informe claro y completo sobre los hechos, ni ha asumido públicamente la responsabilidad por la muerte de las menores. Esta opacidad contribuye a la normalización de la violencia y a la percepción de impunidad tanto para los criminales como para las fuerzas de seguridad.
El costo de la indiferencia: sociedad y gobierno
Mientras los ciudadanos minimizan y el gobierno normaliza, la tragedia se repite una y otra vez sin cansancio La sociedad ha comenzado a acostumbrarse a que las balas perdidas y los muertos inocentes sean “daños colaterales” de una guerra que parece no tener fin. Pero cada vida perdida, cada niño asesinado, es una derrota colectiva y una señal de que el Estado ha fallado en su deber más elemental: proteger a los más vulnerables.
“Como sociedad estamos obligados a mantener en alto las banderas de paz, que fundamentalmente tienen que ver con la exigencia de que las autoridades y las instituciones aporten los ambientes de seguridad y legalidad para que ninguna vida de inocentes esté en riesgo cuando la delincuencia actúa y la capacidad de contención del gobierno mengúa.”
Conclusión
La responsabilidad por la muerte de las dos niñas en Badiraguato es compartida y recae tanto en los criminales que disparan sin escrúpulos como en las fuerzas de seguridad que, por omisión o falta de protocolos efectivos, no protegen a los ciudadanos inocentes.
El Estado mexicano -Ejército, policía y autoridades civiles- debe asumir esta responsabilidad, rendir cuentas y priorizar la vida de los inocentes por encima de cualquier captura o enfrentamiento. No hacerlo es perpetuar la tragedia y condenar a la sociedad a la resignación y el olvido.
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