El Gobernador Samuel García obtuvo ayer una suspensión provisional de amparo que frena que el Congreso local pueda concluir el juicio político que le inició.
La suspensión la otorgó el Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, para que la Comisión Anticorrupción del Congreso no pueda emitir un dictamen en torno a ese juicio ni el Pleno pueda votarlo.
El proceso contra García fue solicitado por los Diputados federales Annia Gómez, del PAN, y José Luis Garza Ochoa, del PRI, acusando al Gobernador de violaciones graves a la Constitución local al no presentar a tiempo el Presupuesto 2023.
La resolución judicial a favor del Ejecutivo se da luego de que el pasado 3 de febrero el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, le negó una suspensión contra el juicio político.
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García, que ayer estuvo en Washington, estaba citado a acudir, personalmente o por escrito, ayer a las 16:30 horas ante la Comisión Anticorrupción.
"Debe otorgarse la suspensión provisional para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento instaurado en su contra, las autoridades encargadas de su instrucción se abstengan del dictado de la resolución que ponga fin al mismo", establece el resolutivo.
"Es decir", detalla, "que el Congreso del Estado y la Comisión Anticorrupción se abstengan de emitir el dictamen definitivo para que sea puesto a votación del Pleno hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual implica, a su vez, que no sea citado a comparecer en la fecha programada para ello, o bien, no se verifique ante su incomparecencia".
La suspensión se dio a conocer alrededor de las 13:40 horas y a las 15:43 horas, en la Oficialía de Partes del Congreso se recibió un escrito de Ulises Carlín, Consejero Jurídico del Gobernador, informando de ésta y anexando una copia certificada de la misma.
Sin embargo, a las 16:27 horas llegó un informe de 207 páginas con el que García comparecía "ad cautelam" (por precaución), por lo que durante la sesión de la Comisión Anticorrupción, su presidente, el panista Jesús Gómez, dijo que con ello se daba por desahogada la audiencia.
Las emecistas Sandra Pámanes e Iraís Reyes dijeron que no podía realizarse ese proceso por la suspensión y acusaron un manejo faccioso y "mañoso" de la documentación recibida en la Oficialía.
"Aquí nadie nos notificó de esa suspensión", dijo Carlos de la Fuente, del PAN.
Fuentes vinculadas al caso dijeron que, en su informe, el Ejecutivo afirma que el Congreso y la Comisión Anticorrupción, al no ser autoridades judiciales o jurisdiccionales, no podían iniciarle un juicio político.
Abogados consultados anoche dijeron que, con la suspensión provisional de amparo, la Comisión no puede dictaminar y prueba de ello es que no fijó fecha para la revisión de las pruebas y alega.
Fuente.-Imagenes/Web
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