El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación (Segob), reservó por cinco años los videos de todas las reuniones que ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, por lo que será hasta 2028 cuando la población pueda conocer su contenido.
En respuesta a una solicitud vía Ley de Transparencia hecha por EL UNIVERSAL, en la que se pidió una versión pública de estas videograbaciones, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de Segob propuso su clasificación al señalar que su divulgación puede representar un riesgo real a la seguridad nacional.
El 27 de octubre de 2022, el Presidente reveló que todas las reuniones que se han sostenido en Palacio Nacional con los familiares de los normalistas, a las que han acudido el fiscal general Alejandro Gertz y demás funcionarios que coadyuvan en la investigación, han sido grabadas.
“En las reuniones, que además todas las hemos grabado, todas, con los padres, aunque no han sido reuniones públicas, yo he planteado que lo más importante es saber dónde están los jóvenes”, dijo.
La dependencia justificó la clasificación al indicar que hay un proceso penal en trámite, por lo que en caso de que se revelaran los videos “vulneraría la investigación del caso y se rompería con el sigilo de la investigación”.
Se argumenta que el caso de desaparición de los 43 estudiantes, ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cobró tal relevancia que por decreto presidencial se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR, la cual tiene por objeto avanzar en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales bajo un nuevo esquema que permita una actuación focalizada, multidisciplinaria y experta en el conocimiento y resolución de los procedimientos penales, administrativos u otros relacionados con los hechos ocurridos.
“Por tal razón resulta pertinente señalar que la citada Unidad Especial tiene una carpeta de investigación en curso por la desaparición de los 43 estudiantes, por lo que la divulgación de información del caso lesionaría el interés jurídicamente protegido por la ley, toda vez que hay un proceso penal en trámite, por lo que el menoscabo que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla, ya que vulneraría la investigación del caso y se rompería con el sigilo de la investigación.
“No se omite recordar que la representación que ostentan la Unidad Especial y su titular guarda las características de un Ministerio Público de la Federación, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de la FGR, por lo que toda la información relacionada con sus actuaciones se reconoce como parte de las acciones realizadas en representación de los intereses de la sociedad en su conjunto; es decir, del interés público, en este caso por conocer la verdad y llegar a la justicia”, detalla.
Se añade que se deben guardar estos videos para no entorpecer la investigación en curso por la desaparición de los 43 estudiantes, dado que su divulgación podría obstruir la persecución de delitos, es decir, el hacer pública esta información “pondría en riesgo la vida y la integridad física de las personas involucradas y de sus familiares, podría alertar a los presuntos perpetradores, y pondría en riesgo el sigilo de investigación para la obtención de datos de prueba, mismos que son fundamentales para la sustanciación del juicio y poder llegar a la verdad de la desaparición de los 43 normalistas”.
Esta propuesta de reserva fue sometida a la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de Segob, la cual confirmó su clasificación.
“Resolución: se confirma la propuesta de clasificación de la información como reservada del contenido de los videos de las reuniones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos”.
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