El pecho se le hizo hielo cuando escuchó esa voz: “¡Somos del Cártel Jalisco!”, dijo la voz incendiaria del otro lado. “¡Te cargó la verga!”, sentenció.
La llamada fue breve. “Un familiar te puso”, aseguró el sujeto desde la otra línea; ·te vamos a chingar·, añadió, pero iban a darle una oportunidad a Jorge: “él, ‘tu familiar’, ofreció 10 mil pesos por ‘bajarte’ ¿tú cuánto puedes dar?”.
El supuesto emisario del cártel mostró lo que sabía: le soltó su nombre completo, su lugar de trabajo, la ciudad donde vivía… información personal que no era de fácil acceso. Demasiados datos para quien busca lanzar un anzuelo, pensó Jorge.
A partir de ahí, cuando la bocina dejó de soltar las frases que le habían hecho sentir la bilis en la garganta, trató de razonar de dónde venía tanta información sobre él.
Recordó que, una semana atrás, había recibido una llamada supuestamente de su banco por un cargo no reconocido. Le dijeron su número de tarjeta y le pidieron unos datos para corroborar que no existían movimientos realizados por el titular. No proporcionó claves ni números confidenciales, pero sí ratificó muchos elementos que le proporcionaban, supuestamente, para validar que era el responsable de la cuenta.
La investigación de las autoridades arrojó que ambas llamadas, tanto la del supuesto emisario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el ejecutivo del banco, salieron de un mismo radio de lugar: el que abarca al Reclusorio Metropolitano en la localidad de Puente Grande, Jalisco.
En septiembre de 2020, el gobierno federal anunció el cierre del que era denominado Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, así como la reubicación de los internos de alta peligrosidad a otros complejos. Con base en las medidas de seguridad del gobierno, el otrora Cefereso contaba con inhibidor de señal de telefonía.
Jorge, cuya identidad es protegida, supo, por el peritaje a su teléfono, que las líneas a través de las cuales recibió las llamadas estuvieron activas un mes, entre abril y mayo, y arrojaron casi un centenar de comunicaciones posiblemente relacionadas con extorsión.
Sin embargo, uno de los puntos centrales de las indagatorias es, además de la forma en la que se lograron realizar las llamadas en zonas restringidas, la manera en la que los posibles extorsionadores se hicieron de datos exclusivos de banca móvil y, también, de las víctimas en cuestión.
MERCADO NEGRO DE DATOS
Su hipótesis es que han comprado los datos en el mercado negro que se nutre de información que, en algún momento, los usuarios proporcionaron al solicitar algún servicio legal, pero que, aun con la obligación de protección de datos personales de las empresas, las han vendido a presuntos grupos de la delincuencia organizada.
“Cuando escuché que la persona se identificó como del Cártel Jalisco pensé si se podría tratar de una extorsión, pero cuando iba a colgar empezó a decirme mucha información personal, que no cualquier extorsionador tendría. Estaba claro que tenían más información de la que podía tener una persona que intentara sacarte dinero”, dice Jorge.
Con base en las cifras proporcionadas por las fiscalías y procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México registró 9 mil 407 víctimas de extorsión el año pasado, un incremento del 12.3% respecto a 2020. El caso de Jorge no es aislado, es un móvil que se indaga por su recurrencia, en el que presuntamente está implicado el comercio de datos personales.
EL ANZUELO
“Compra en proceso. App B. móvil $4,900.00, Si no reconoce este movimiento, responda cancelado”.
Cuando vio el mensaje de texto, Jorge dudó. A los pocos minutos llegó otro, después otro. Tres cargos en menos de 15 minutos. Entonces pensó que su tarjeta había sido clonada.
No sería la primera vez. Dos ocasiones le han cambiado el plástico y ha validado de nuevo su identidad porque le han duplicado las tarjetas.
En el momento en el que se disponía a revisar lo que sucedía con su banca, un supuesto ejecutivo le llamó para corroborar los presuntos movimientos. Era una llamada similar a las que había tenido antes, cuando sí le clonaron las tarjetas.
Toda la información coincidía con su cuenta. Le dijeron que, por un momento, habían suspendido todo hasta corroborar con él qué sucedía. En esta ocasión, habían bloqueado las supuestas compras, y no sería requerido sustituir el plástico. Aunque le extrañó, ellos le insistieron que no tomarían ningún dato personal; al contrario, eran ellos quienes se los proporcionaban. Le decían que toda información personal no era, nunca, requerida por ejecutivos, que si en algún momento alguien se la pedía, que denunciara.
Después intuyó que, posiblemente, y de acuerdo con lo que le dijeron en el ministerio público, lo que hacían era corroborar los datos que ya tenían.
Durante dos semanas no sucedió nada anormal. Ni con sus cuentas ni en su línea. Lo siguiente fue la llamada de los supuestos emisarios del cártel.
Para Jorge, aunque le han dicho que es un esquema de validación de datos y de intento de extorsión que ha sido denunciado antes, la tranquilidad no vuelve, al conocer que personas tienen información precisa sobre quién es, aunque, al vivir en el centro del país y que las llamadas se originaran de Jalisco le da un ligero margen de tranquilidad, de no sentirse atacado directamente. Sin embargo, prefiere no dar su nombre, por temor a que los posibles agresores lo identifiquen.
A pesar de que se ha detectado el origen de las llamadas, Jorge acusa que el proceso que lleva a cabo la policía cibernética ha sido lento, sin más elementos detectados; además, el requerimiento de medidas cautelares no fue validado ya que, a consideración de las autoridades, no representa un riesgo directo a un ataque en su contra.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que tres de los 12 delitos clasificados como de alto impacto han aumentado en el país: el robo de transporte público, los feminicidios y la extorsión.
El último año cerró con 25 víctimas de extorsión al día, sólo por casos denunciados, sin considerar la cifra negra.
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