El jurista uruguayo Ricardo Pérez Manrique, presidente en 2022 y 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), advirtió que militarizar la seguridad pública en varios países de América Latina y el Caribe para combatir al narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado le remite a la época “nefasta” de mayor represión política de las dictaduras castrenses del siglo XX en la zona.
Expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, de 74 años, casado, con dos hijos y dos nietos, Pérez fue electo en 2021 para asumir, a partir del primero de este mes, la presidencia del máximo tribunal hemisférico de derechos humanos e instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, desde su creación en 1979, funciona en Costa Rica. El siguiente es un extracto de una entrevista de Pérez con EL UNIVERSAL.
Informes de organizaciones no estatales y multilaterales confirman en 2021 un deterioro en América Latina y el Caribe de los derechos humanos. ¿Hay retroceso?
—Sí. Indudablemente estamos en un momento muy especial en la situación de los derechos humanos en la región por varios factores como la incidencia del Covid-19 en distintos países por las distintas formas como reaccionaron a la epidemia. Hay gobiernos que van asumiendo actitudes que son más resistentes al respeto a los derechos humanos, que deben ser el norte de la política dentro de cada Estado.
¿Cree que hay gobiernos que piensan que cuestionarlos por derechos humanos amenaza su seguridad nacional?
—Sí, hay gobiernos que miran con desconfianza todo esto, porque sienten que el sistema [interamericano de derechos humanos] los escruta, controla y nos les da garantías. Nuestro propósito es pensar en una Corte muy abierta y con ojos, oídos y todos los sentidos pendientes de lo que pasa en los países y garantice imparcialidad en defender los derechos humanos.
¿Qué nexo concibe entre cambio climático y derechos humanos?
—Las alteraciones al medio ambiente cuestionan la sobrevivencia en determinadas regiones del planeta y vemos que el calentamiento global lleva a sequías, a elevación del nivel de los océanos y de los mares y a que territorios insulares se vuelven inhóspitos a la vida humana. Esto altera la posibilidad de sobrevivencia del planeta.
Por eso los llamados desesperados a trabajar ante el cambio climático. Va de por medio la vida actual y futura. El mundo debe ir al desarrollo sostenible. El Covid-19 puede haber retrasado la ruta hacia los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [de la Organización de Naciones Unidas].
De ninguna manera podemos renunciar a ellos: son imprescindibles para mantener una vida útil en el planeta, el Estado de derecho, la democracia y un mundo justo e inclusivo.
Estados Unidos lanzó en 1971 la guerra a las drogas. Hay violaciones a los derechos humanos porque en distintos países americanos se militarizó la seguridad pública. ¿Qué opina de esa militarización?
—La guerra a las drogas es una guerra en la cual se ha invertido muchísimo dinero con muy pocos resultados y con el enorme desafío [en el área] de lucha a la corrupción. La experiencia que tengo por ser yo del sur del continente es que la militarización de la seguridad pública enfrentando la existencia de movimientos guerrilleros [en la segunda mitad del siglo XX], tuvo una deriva autoritaria hacia dictaduras militares y abundantes violaciones a los derechos humanos con miles y miles de personas desaparecidas, procesadas extrajudicialmente, torturadas y familias separadas.
La experiencia que ha habido con el involucramiento militar en seguridad pública, por lo menos en esta región [del sur del continente] en la época del denominado terrorismo de Estado, realmente ha sido nefasta.
México militarizó la seguridad pública, pero ni la violencia cesa ni la inseguridad mejora.
—Desconozco exactamente la situación [de la militarización de la seguridad pública] de México. Yo lo que entiendo es que los militares están formados y armados para una lucha, para una guerra y en esa guerra lo que sustenta es aplastar y destruir al enemigo. En materia de seguridad interna lo que se procura es, por una parte, combatir a la delincuencia, pero, por otra, esencialmente asegurar las condiciones imprescindibles de convivencia entre las personas. Ese es el concepto de seguridad ciudadana y no el concepto de una seguridad que tiene que ver con la permanencia de los objetivos del Estado. Me parece que quienes deberían estar encargados de temas de seguridad ciudadana tendrían que ser los cuerpos preparados especialmente para esto. (…) Hay una responsabilidad del Estado en cuanto a cómo se dirigen esos cuerpos, cómo se integran y cómo se supervisan. Hay responsabilidad esencialmente política de los gobiernos [en el manejo de esos cuerpos].
El fenómeno migratorio en América exhibe atrocidades y peligros. ¿Cómo enfrentarlo con respeto a los derechos humanos?
—Quienes migran lo hacen porque están al borde de la desesperación por encontrar un futuro mejor y, al acumularse rumbo a los destinos deseados, en el intermedio sufren una y mil privaciones de derechos humanos, son acosados por los coyotes o traficantes de personas, son robados, las mujeres son violadas. Quedan muchas vidas por el camino, campea la corrupción y las soluciones exclusivamente militares o exclusivamente represivas son absolutamente insuficientes. Hay que pensar en alternativas para que esa gente halle una vida digna en sus lugares de origen.
Si los derechos humanos retroceden en la zona, ¿retrocede la democracia?
—Debo ser optimista. La historia de América Latina y el Caribe, desde la independencia colonial, es de lucha por lograr que los países se desarrollen en libertad, justicia y sociedades equilibradas. Este camino no es lineal e implica baches y retrocesos. Quizás podamos estar en una etapa en la que se destacan algunos retrocesos, pero también donde, aun en esta etapa, hay algunos elementos que permiten ser moderadamente optimistas hacia el futuro.
Fuente.-
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