Nuevo León, una mujer con hijos puede luchar durante años y ganar todas las instancias posibles en juicios de paternidad, alimentos y hasta penales, y aun así quedarse sin nada.
Eso es lo que ha vivido María Josefina Ramírez junto con su hijo, quienes durante más de 15 años ganaron un juicio tras otro y siguen sin recibir lo que les corresponde, ahora por la Intervención del Instituto de Defensoría Pública, según denunciaron.
La mujer denunció, incluso con una carta al Gobernador Jaime Rodríguez, que la dependencia está beneficiando a un empresario que durante años intentó, sin éxito, esconder su patrimonio, en numerosos juicios familiares y de amparo.
UNA LARGA HISTORIA
De acuerdo con la documentación del caso, esta historia comenzó en 1998, cuando Ricardo González Cantú, entonces presidente de la empresa Alimentos Santa Isabel, fue demandado por Ramírez para que reconociera como suyo al hijo que tuvieron en 1996.
Durante años, el empresario con domicilio en la Colonia Contry la Silla se negó a hacerse la prueba de paternidad, pero en el 2009 llegó la sentencia definitiva y el menor se convirtió oficialmente en su quinto hijo, pues ya tenía otros cuatro.
En el 2010 se interpuso un juicio de alimentos, en el que González alegó ser insolvente porque había donado sus bienes a su esposa y las acciones de su empresa a su otro hijo varón.
LA SIMULACIÓN
Pese a sus alegatos de que sólo era un asalariado en la empresa de su hijo y esposa, el empresario perdió en todas instancias.
"Resultan burdos los argumentos del quejoso relativos a que los ricos no toda la vida permanecen ricos, lo cual quiere atribuir a una crisis económica, cuando lo que realmente enfrenta es una crisis moral y de valores", recalcó un magistrado en uno de numerosos juicios.
"Es manifiesto que su poder económico menguó no por problemas económicos, sino por la donación de bienes que realizó en favor de su esposa".
Fue sentenciado a pagar una pensión mensual y en forma retroactiva los alimentos no pagados desde el nacimiento de su hijo y aunque peleó no logró revertir el fallo.
El adeudo inicial de 2.6 millones de pesos, aseguró Ramírez, llegó a 3.5 millones.
DEFENSORÍA PÚBLICA... ¿Y PRIVADA?
Sin pago ni acuerdo para pagar, la mujer y su hijo denunciaron penalmente el incumplimiento.
Aunque por años fue auxiliado por abogados particulares, a partir de septiembre del 2019 el acusado empezó a ser representado por la Defensoría Pública del Estado, que le ha ayudado a alargar el proceso.
Este 10 de agosto se le impuso una sentencia de un año de prisión por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, y nuevamente el Instituto se prepara para representarlo en la apelación, señaló Ramírez.
La Ley de Defensoría de Oficio establece que el Instituto prestará sus servicios en distintas materias poniendo énfasis en la defensa de los derechos de personas de escasos recursos y grupos vulnerables, pero no detalla los requisitos que se deben cumplir para ser sujeto de sus servicios en la materia penal.
Santiago Piconne, titular de ese organismo, negó realizar tácticas dilatorias y aseguró que en la materia penal no pueden negar el apoyo a nadie, pueda o no pagar abogados privados.
REVANCHA SELECTIVA
En febrero del 2019 el demandado se convirtió en demandante y exigió una pensión alimenticia al hijo que nunca quiso reconocer, cuando éste obtuvo su primer empleo.
Aunque González Cantú tiene otros cuatro hijos que cuentan con empresas y propiedades, a ellos no los demandó, argumentando que tienen familias que mantener.
En enero de este año, el hijo demandado se contagió de coronavirus, sus riñones dejaron de funcionar y ahora requiere un transplante.
Pese a contar con seguro de gastos médicos, han enfrentado muchas dificultades para hacer frente a los gastos relacionados con el tratamiento y que el seguro no da por adelantado.
Ni estas circunstancias hicieron que el empresario cumpliera las obligaciones pendientes con el muchacho.
fuente.-
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