Obtener ganancias por medio del crimen o la corrupción en México; invertirlas en departamentos, casas y propiedades comerciales en Estados Unidos. Una práctica bien conocida, poco comprendida y raramente castigada.
SUELDOS EN EL GOBIERNO SON BUENOS SUELDOS Y EN DOLARES:
Pero finalmente, un reporte elaborado por la organización Global Financial Integrity -Integridad Financiera Global, en español- y publicado este agosto, explica cómo la falta de controles en el sistema financiero estadounidense han convertido a las bienes raíces de ese país en el destino predilecto de las actividades ilícitas de múltiples países, pero sobre todo de México.
UNOS CUANTOS DESGRACIADOS CAEN EN DESGRACIA:
Basados en un análisis de 56 casos de lavado de dinero reportados entre 2015 y 2020, los investigadores de GFI descubrieron que en los últimos cinco años al menos 2 mil 300 millones de dólares han sido lavados en el mercado inmobiliario de Estados Unidos.
De esa impresionante cantidad de dinero, 82 por ciento provino del extranjero. Y de ese 82 por ciento, 16 por ciento tuvo su origen en México, lo cual convierte al país en el principal lugar de origen de dinero ilícito invertido en bienes raíces en Estados Unidos en los últimos cinco años, por encima de países como Venezuela, Guatemala, Irán, China y Corea del Norte.
Pero quizá lo más destacable -porque no sorprendente- es que más de la mitad de los casos de lavado inmobiliario en Estados Unidos figuraron a Personas Políticamente Expuestas – o, en otras palabras, a políticos, funcionarios de gobierno o a personas cercanas a ellos.
El estudio descubrió que en la gran mayoría de los casos (82%) se recurrió a estructuras corporativas de algún tipo -como las famosas empresas fantasma y los fideicomisos-, así como a terceros, para ocultar la identidad de los propietarios reales de los bienes raíces obtenidos con fondos de procedencia ilícita.
Entre los principales facilitadores en suelo estadounidense se encontraron abogados y agentes de bienes raíces dispuestos a gestionar los entramados necesarios para esconder los orígenes del dinero. En menor medida también figuraron compañías depositarias e inmobiliarias.
A manera de ejemplo, el reporte hace mención de casos de funcionarios mexicanos de alto nivel acusados de corrupción, malversación de fondos públicos y enriquecimiento inexplicable, quienes en la última década adquirieron bienes raíces multimillonarios en Estados Unidos.
Asimismo, hace eco a otros casos, como el del operador financiero Jesús Rodríguez Jiménez, quien en 2018 fue sentenciado a 30 años de prisión por encabezar un negocio de lavado de dinero, en el cual el regiomontano movió al menos 250 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas. En parte, a través de la compraventa de bienes raíces en Estados Unidos.
Pese a que los controles en el mercado inmobiliario no son completamente laxos, explica Global Financial Integrity, los investigadores destacaron las deficiencias en las llamadas Órdenes de Objetivos Geográficos, instrumentos que obligan a reportar al Departamento del Tesoro a los involucrados en las transacciones de compraventa de bienes raíces en efectivo en solo 22 áreas metropolitanas del país y que no obligan a reportar transacciones de propiedades comerciales, ni contempla cuestiones como sobrevaloración o infravaloración, ni es lo suficientemente estricta para identificar el origen del dinero del comprador, lagunas legales aprovechadas por PPEs mexicanos e internacionales, así como por sus facilitadores en suelo estadounidense.
El reporte de 90 páginas arroja luz al papel central que juega el mercado inmobiliario de Estados Unidos como paraíso del botín de criminales y políticos acusados de corrupción no solo en México, sino alrededor del mundo y subraya que, de los países del G7; es decir, los más desarrollados del mundo, Estados Unidos es el único que no requiere que sus agentes de bienes raíces y otros profesionales del sector inmobiliario cumplan con obligaciones para prevenir el lavado de dinero.
Así que, mientras las autoridades financieras y judiciales de Estados Unidos no sigan la ruta del dinero que ingresa a su economía inmobiliaria, el discurso anticorrupción y de lucha frontal contra el crimen organizado proveniente de Washington quedará como un simple discurso.
Fuente.-Bernhard Buntru/
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