Un tribunal federal determinó que Jorge Luis Lavalle permanecerá en el Reclusorio Norte durante el tiempo que lleve su proceso por los supuestos sobornos que Emilio Lozoya dice haberle entregado para la aprobación de la reforma energética.
PUROS BANDIDOS:
El Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México confirmó que la suspensión definitiva concedida al ex senador panista sólo tiene como efecto quedar a disposición del juez de la causa, para la continuación de su procedimiento penal.
Por unanimidad, los magistrados del colegiado estimaron que legalmente una suspensión no puede restituir un derecho como la libertad, razón por la que el campechano deberá litigar el amparo de fondo para tratar de conseguir su propósito.
"En ese sentido, de concederse la suspensión para efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, significaría constituirle un derecho que no tenía en su esfera jurídica, lo que no es jurídicamente posible realizar a través del incidente de suspensión", resolvió el colegiado.
Por lo anterior, ratificó los términos de la suspensión definitiva dictada en primera instancia por Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad, cuyos términos impiden que Lavalle lleve su proceso en libertad.
Entre otros argumentos, el ex legislador planteó en su demanda modificar la prisión preventiva justificada, impuesta por un juez de control, ya que es el responsable del cuidado y alimentos de 4 hijos, de los cuales 3 son menores de edad, "quienes el no contar con su padre les ocasiona afectaciones que son de la mayor relevancia y gravedad".
Pero el colegiado desestimó estos motivos que, en su criterio, carecen de razón legal.
"La suspensión en el juicio de amparo no tiene por efecto ordenar al juez de control dejar sin efectos la prisión preventiva justificada, con base en el interés superior de menor; ya que, con ese actuar se sobrepasarían los límites constitucionales, al privilegiar los derechos del menor y desaplicar otras normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico mexicano, lo cual sería contrario a los principios de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de Constitución", determinó.
El 9 de abril el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dictó la prisión preventiva justificada al panista dentro de dicha cárcel capitalina, ante el posible riesgo de fuga.
Cuatro días después, lo vinculó a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, al mismo tiempo que le ratificó la medida cautelar que lo priva de la libertad durante el proceso, aunque ninguno de los delitos imputados prevé la prisión en automático.
Derivado de las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y de Rafael Caraveo, colaborador del panista, a Lavalle le imputan haber recibido sobornos de 97 millones 190 mil pesos y haber lavado 52 millones 390 mil pesos.
El dinero supuestamente provendría de Odebrecht y Lozoya lo habría entregado por conducto de Lavalle, para que legisladores de oposición aprobaran la reforma energética.
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