Información oficial de Pemex obtenida por ejecentral vía transparencia, revela que tan sólo en los primeros dos años de la actual administración se han alcanzado máximos históricos, tanto en la cantidad de denuncias, como en el número de “piquetes” (tomas ilegales) para la ordeña en la red de ductos y poliductos en el país.
Del 1 de diciembre de 2018 hasta noviembre del 2020, en el país se abrieron en promedio diario al menos 33 tomas ilegales en la red nacional de poliductos de Pemex. A tal grado llegó el repunte en la incidencia de este delito que, según los datos de la petrolera mexicana, la cantidad de tomas clandestinas para extraer ilegalmente el combustible alcanzó un total de 13 mil 219 al cierre de 2019.
Lo anterior significa que en el primer año del actual gobierno —cuando estaba el auge de la estrategia contra el huachicol por parte del gobierno federal— se alcanzó la mayor cantidad de tomas clandestinas de la última década. Según la información de la empresa productiva del Estado, de las poco más de 420 tomas que se registraron en 2010, el aumento de estas fue gradual al paso de los años y alcanzó un máximo en 2018, al contabilizar un total de 14 mil 966 tomas.
Para Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt, el problema de fondo que muestran los números es que persiste una situación de corrupción, en la que si bien el tiempo de respuesta para atender y cerrar estas tomas se ha logrado reducir en un lapso de dos horas, el robo continúa.
“El número de tomas aparentemente indica que no se ha dejado de robar, en volumen tampoco, entonces, seguimos igual. Hasta en eso pareciera ser que este gobierno está contradiciéndose y viéndonos la cara a todos porque ¿cómo es posible que digas que se redujo en 90% el volumen —de combustible robado— y andamos en más de 11 mil tomas? Lo lógico que cualquiera pensaría es que estas organizaciones pican, pican, y pican, y si no encuentran tendrían que dejar de hacerlo, pero no es así”, explicó.
En entrevista con este periódico, el también especialista en temas de seguridad, y quien a través de Etellekt le ha dado seguimiento tanto al comportamiento del robo de combustible como a la estrategia que anunció el presidente López Obrador 27 días después de asumir el gobierno y que llamó “Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex”, sostuvo que el discurso oficial choca con la realidad.
Cuando llegó Obrador reconoció que, con Peña Nieto, en su último año, se estaban robando 60 mil (millones de pesos); ahora nadas más se roban el 10% de lo que se robaban con Peña. Pero está la situación contradictoria de que aumentaron los famosos piquetes o tomas clandestinas. El dato del volumen ahí es donde no han sido del todo transparentes. Ya tiene rato que no he escuchado al gobierno ofrecer datos sobre el volumen, sólo siguen informando sobre el mismo porcentaje, que prácticamente lo abatieron”, subrayó Salazar Vázquez.
Cuentas ¿claras?
De acuerdo con el último reporte del gobierno sobre el robo de combustible en el país, el cual fue presentado por el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el pasado 7 de enero de 2020, durante el primer año de esta administración se redujo la incidencia en un 91%, con la inhabilitación en 2019 de un total de 13 mil 016 tomas (203 menos de lo que la paraestatal informó a este diario), lo cual habría implicado un ahorro de 56 mil millones de pesos, tras el aseguramiento de 8.3 millones de litros de combustible.
Sin embargo, el análisis del número de tomas ilegales en comparación con la cantidad de las denuncias que presentó la empresa productiva del estado ante las autoridades ministeriales por el delito de robo de hidrocarburo en su modalidad de toma clandestina en las entidades federativas, arroja un desfase. Por ejemplo, en el caso del 2019 se registró un total de 7 mil 217 denuncias, lo cual implicó que en teoría sólo se habrían denunciado en ese año alrededor del 54.5 por ciento del total de tomas clandestinas localizadas.
›La diferencia en cuanto al número de denuncias con la cantidad de tomas ha variado en los registros oficiales de los últimos 10 años, aunque en la gran mayoría se refleja un subregistro de querellas ante una mayor cantidad de tomas localizadas. De 2011 al 9 de diciembre de 2020, el mayor déficit de denuncias ante un número mayor de tomas lo encabezan los registros de 2018, cuando se presentaron querellas por 7 mil 482 casos de las 14 mil 966 tomas con las que cerró el año.
Sin contar con las cifras completas al cierre de 2020 por parte de Pemex, la misma tendencia prevaleció en los años subsecuentes, pues en el caso de 2019 la diferencia entre denuncias y tomas fue de 6 mil 02, y para los primeros 11 meses del año pasado se alcanzó una diferencia de 6 mil 112 tomas más de las 3 mil 870 denuncias hasta el corte de noviembre pasado.
Esto exceptuando el caso de 2013 que fue lo contrario, pues se interpusieron 2 mil 708 denuncias, la mayoría de ellas focalizadas en Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, con 430, 307 y 283 de expedientes respectivamente; en contraste con las 2 mil 612 tomas localizadas a nivel nacional al cierre de año, las cuales la mayor incidencia casi es de forma coincidente con las entidades con más denuncias, pues los ‘piquetes’ se concentraron en Tamaulipas con 539 tomas; Veracruz sumó 238; y Jalisco con 230, superando apenas por una decena de tomas a Sinaloa.
Epicentro huachicolero
Este plan (de combate al robo de hidrocarburos) tiene como propósito evitar este robo, no tolerar que se sigan cometiendo, no permitir la corrupción y quiero hacer un llamado a todos los mexicanos para que nos apoyen y que entre todos logremos erradicareste robo que se hace a la nación”, sostuvo el presidente López Obrador, cuando el 27 de diciembre de 2018 anunció su estrategia para abatir el llamado huachicol.
Lo cierto es que no sólo aumentó la ordeña a la red de ductos de Pemex, sino que la mayor incidencia se diversificó a otras entidades y se disparó en ellas, como es el caso de al menos dos de las seis entidades que actualmente son consideradas el foco del huachicoleo.
›El crecimiento gradual que se registró en Hidalgo desde 2011, con un aumento en la cantidad de tomas clandestinas localizadas por las autoridades lo lleva a tener el primer lugar a nivel nacional hoy en día, ya que seis de sus municipios conforman el top 10 de localidades que contabilizan más tomas ilegales de combustible en el país.
De 2019 a noviembre del año pasado, la entidad gobernada por el priista Omar Fayad Meneses se ubica muy encima del resto de los 27 estados, en cuanto a la cantidad de tomas clandestinas que se ha detectado en ese periodo. El mayor repunte se dio a partir del primer año de este gobierno, cuando 2019 se alcanzaron las 4 mil 50 tomas, lo cual representó un aumento del 90.94 por ciento con respecto a 2018.
Bajo esta postura de decir que el petróleo es nuestro y todo lo que pasa por esos ductos también, pues la gente lo asume, y ahora cuando viajas por esos municipios de Puebla e Hidalgo ves que se ha desarrollado de manera muy rudimentaria, pero han construido sus casas, ahora ya hay colonias, manzanas llenas de construcciones de uso habitacional, la gente no encontró otra forma más que empezar a tomar lo que ellos consideraban lo que era suyo”, señaló Rubén Salazar en cuanto a la evolución que reflejan los grupos de huachicoleros.
Y añadió, “e incluso eso se les salió de control a las propias bandas del crimen tanto de delincuencia común como las más organizadas, y por eso se dio esa euforia por el huachicol por ahí de 2016, que es cuando se estaban matando entre las bandas más grandes en contra de grupos integradas por pobladores principalmente”.
No obstante la cantidad de tomas que se registraron entonces, la información oficial difiere mucho del número de tomas hoy en día, y cuya incidencia está distribuida en prácticamente el 80 por ciento del territorio nacional, pues son en total 27 entidades que registran al menos una toma clandestina, como es el caso de Colima, donde apenas en 2020 se contabilizó uno de estos ‘piquetes’ de ordeña.
De fondo hay un problema muy grave de corrupción y todo inició con Felipe Calderón, cuando en 2009 se firmó el convenio por parte de la comisión de protección civil de la Conago con Pemex, y quien se desempeñaba como coordinador de esa comisión era Mario Marín, —entonces gobernador de Puebla, hoy preso—, en el que se acordó que Pemex entregara las claves de acceso del atlas de infraestructura estratégica de la paraestatal a los gobernadores y los 400 alcaldes por donde pasa la infraestructura de ductos”.
Al respecto, señaló el consultor, dicho convenio permitió que los funcionarios, autoridades y gobernantes de esos estados pudieran contar no sólo con el trazado de los ductos sino saber qué había por encima, es decir, en los derechos de vía si había escuelas, gasolineras, domicilios, predios.
“A partir de entonces se da un boom para adquirir predios y propiedades, por donde pasaban estos ductos, y estas bandas de huachicoleros empiezan a camuflarse para realizar el robo y es cuando empezamos a ver estas historias de que extraen el combustible desde una escuela o que cavaban túneles. La autoridad siempre se hará de la vista gorda porque es la misma autoridad la que está involucrada en esto. Y hay casos muy emblemáticos de mandos policiacos, alcaldes o sus familiares que son detenidos por encabezar estas redes de robo, que se ha convertido en un negocio para diversos fines”.
›Precisamente el pasado 21 de octubre el gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención del expresidente municipal de Cuyuaco, José Luis Rechy Tirado, acusado de pertenecer a una de estas redes dedicadas al robo de hidrocarburos; en agosto de 2018, también en Puebla, tras una serie de cateos a cargo de la extinta Policía Federal, fue detenida la entonces presidenta del DIF del municipio de Venustiano Carranza, Ilse Lucía Bernabé Gutiérrez, esposa del alcalde de dicha localidad, quien fue aprehendida junto con otras dos personas como presuntos integrantes de una banda de huachicoleros.
El huachicol “se terminó”, aseveró el presidente López Obrador cuando realizó una gira por Hidalgo, el pasado 21 de julio de 2019, apenas seis meses después de que el 18 de enero de 2019, la explosión de un gasoducto en la localidad de Tlahuelilpan, en esa misma entidad, a causa de una toma clandestina había provocado la muerte de más de 70 personas y decenas de heridos al momento del siniestro, pero que al paso de los días la cifra de fallecimientos se elevó a más de 130 personas.
fuente.- Jonathan Nácar/
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