Un juez federal rechazó girar órdenes de aprehensión en contra de tres agentes de la Policía Federal por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
David Calderón Blanc, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, negó autorizar las capturas de los agentes, al estimar que no existen pruebas de que incurrieran en los delitos de secuestro y de servidores públicos en agravio de los estudiantes.
Según fuentes federales, para acusar a los oficiales la PGR usó el planteamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el sentido de que fueron omisos para impedir el plagio de los jóvenes y, como consecuencia, propiciaron su desaparición.
En sus informes, el GIEI señaló que la corporación federal estuvo al tanto de los movimientos de los normalistas desde que salieron de Chilpancingo y, pese a ello, tuvo una labor "displicente" e incluso faltó a su obligación de prestar apoyo a los heridos.
De acuerdo con informes de la PGR, en el pliego de consignación también se planteó que hubo dos agentes de la Policía Federal a quienes se les comisionó investigar esa noche lo sucedido y acudieron al Palacio Municipal de Iguala, pero no realizaron en forma debida la tarea encomendada por el Ministerio Público.
No obstante, el juez federal resolvió que esa tesis no puede ser probada, debido a que los elementos de la Policía Federal no tenían jurisdicción y, en su lugar, actuaron los municipales, los cuales más tarde habrían entregado a los estudiantes a la banda criminal Guerreros Unidos.
David Calderón Blanc, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, negó autorizar las capturas de los agentes, al estimar que no existen pruebas de que incurrieran en los delitos de secuestro y de servidores públicos en agravio de los estudiantes.
Según fuentes federales, para acusar a los oficiales la PGR usó el planteamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el sentido de que fueron omisos para impedir el plagio de los jóvenes y, como consecuencia, propiciaron su desaparición.
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No obstante, el juez federal resolvió que esa tesis no puede ser probada, debido a que los elementos de la Policía Federal no tenían jurisdicción y, en su lugar, actuaron los municipales, los cuales más tarde habrían entregado a los estudiantes a la banda criminal Guerreros Unidos.
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