Organizaciones no gubernamentales y activistas, entre ellos los actores Gael García y Diego Luna, pidieron al presidente Enrique Peña Nieto vetar la ley de seguridad interior aprobada ayer en el Congreso.
“El diálogo con la sociedad civil que usted sugirió no se dio; le exigimos que actúe con responsabilidad y vete la ley de seguridad interior”, expresó Luna en un video difundido en redes sociales, e invitó al mandatario a llevar a cabo “un diálogo robusto y profundo” sobre la legislación.
Por su parte, García Bernal llamó al titular del Ejecutivo “no dejar pasar las recomendaciones de múltiples organizaciones nacionales e internacionales, y de la voz de millones y millones de mexicanos” que se han manifestado en contra.
El colectivo #SeguridadSinGuerra calificó de “imposición” que en la Cámara de Diputados aprobará la ley y destacó la necesidad de activar controles extraordinarios para revisar su constitucionalidad.
Mediante un comunicado advirtió que la legislación no soluciona problemas de inseguridad y no contiene controles para supervisar el despliegue militar, y criticó que no se tomó en cuenta el llamado al diálogo al que instó Peña Nieto.
Destacó que el mandatario puede emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que generó un rechazó en más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.
Resaltó que entre los mecanismos para revisar la convencionalidad de la ley están, entre otros, que la minoría legislativa puede presentar una acción de inconstitucionalidad.
También mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la ley, puede presentar la acción, y municipios y gobernadores, en un ejercicio de soberanía, pueden interponer una controversia constitucional.
Exigió que los contendientes en el próximo proceso electoral manifiesten explícitamente su posición frente a la ley y sus propuestas en materia de justicia y seguridad. Instaron a José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador a decir si, en caso de acceder a la Presidencia de la República, derogarán la legislación.
Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), manifestó que los militares no deben patrullar las calles “intentando investigar y prevenir delitos”, porque son funciones que competen a las fuerzas policiales y a un sistema de justicia “eficaz”.
“Si México toma en serio su compromiso de defender los derechos humanos y de implementar las reformas necesarias para reducir la impunidad y fortalecer el estado de derecho, el presidente Enrique Peña Nieto debe rechazar esta ley”, indicó.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “lamentable” la aprobación de la ley.
“No creemos que sea un paso positivo”, señaló la portavoz, Elisabeth Throssell, y subrayó que la posición personal del alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, es que el principal valedor de la seguridad nacional sea la Policía, no las fuerzas armadas.
VOTACIÓN EN EL CONGRESO
En las primeras horas de ayer y a punto de concluir el periodo ordinario, el Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la ley que regula la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como patrullajes y tareas de inteligencia, y la remitió a la Cámara de Diputados.
La izquierda diseñó una estrategia para retrasar un día el debate, pero no logró doblar a PRI y PVEM, que junto con los “panistas rebeldes” impuso su mayoría con 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
El dictamen ajustó los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, así como el 5 transitorio, para establecer la coadyuvancia de las fuerzas armadas con la autoridad civil.
Posteriormente, en San Lázaro, tras una discusión de una hora y cinco minutos, diputados avalaron el proyecto con 262 votos a favor y 26 en contra, en ausencia de representantes de PRD y MC, así como de la mayoría del PAN, y lo turnaron al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Además de los legisladores de PRI, PVEM y Panal, 11 panistas y dos de Encuentro Social votaron a favor. Veintitrés diputados de Morena, dos de PAN y uno de PES votaron en contra.
Al reinicio de la sesión ordinaria, la bancada lopezobradorista presentó una moción suspensiva para frenar la discusión y votación, pero la mayoría priista y sus aliados desecharon ese recurso para proceder al desahogo de la propuesta.
Con información de: Mónica García, Angélica Mercado, Omar Brito, Fernando Damián, Elia Castillo y EFE.
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