México es considerado uno de los países con mayores índices de corrupción, un problema estructural que involucra en gran medida a servidores públicos.
México es considerado el país más corrupto de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el estudio “Las personas y la corrupción”, presentado en octubre pasado por Transparencia Nacional.
De acuerdo con los resultados, el 51 por ciento de las personas que encuestó la investigación, dijeron haber cometido al menos un acto de corrupción o admitieron haber hecho un regalo a funcionarios para poder acceder a servicios escolares u hospitalarios.
Entre las consecuencias que la corrupción trae consigo, es el costo directo o indirecto que recae sobre la ciudadanía o empresas, para agilizar un trámite, hasta obtener contratos para obra pública o de servicios.
El costo total por actos de corrupción es de mil 612 millones de pesos para el sector privado; mientras que para la ciudadanía, implica un gasto de 6 mil 419 millones de pesos, según datos de las Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2016, realizada por el Inegi.
El costo promedio por persona que es víctima de un acto de corrupción es de 2 mil 799 pesos; mientras que para las unidades económicas del sector privado, significa un costo de 12 mil 243 pesos en promedio.
La corrupción en México es un problema estructural, debido a que en la mayoría de estos actos se encuentran involucrados funcionarios. La Encrige señala que a nivel nacional, el 82.2 por ciento de las unidades económicas consideraron que la corrupción ocurre con frecuencia o mucha frecuencia entre los empleados del gobierno o servidores públicos.
“Cabe resaltar que 64.6% de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4% señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas o sanciones, y 30.7% mencionó que el obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción”, apunta el Inegi.
La tasa de prevalencia de corrupción en la iniciativa privada fue de mil 93 establecimiento que fueron partícipes en al menos un acto de corrupción por cada 10 mil unidades.
Con base en información proporcionada por las empresas, los funcionarios más involucrados en actos de corrupción son las autoridades de seguridad pública, le siguen los servidores públicos de ministerios públicos y los empleados de los tribunales encargados de los juicios laborales y mercantiles.
La Encrige también demostró que los lugares donde más ocurre la corrupción es en instalaciones de gobierno, seguido de oficinas temporales o móviles.
El Inegi asegura que es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, no obstante, la estimación de sus investigaciones son un mecanismo para dimensionar el problema de corrupción en el país, en el que una de cada 10 empresas son víctimas y 8 de cada 10 asegura que ocurre frecuentemente.
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