El PRI
está bajo la lupa de la autoridad electoral ante un posible financiamiento
ilícito a sus campañas, tanto por gobiernos locales como por la empresa
brasileña Odebrecht.
La
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE)
tiene al menos 19 casos en los que investigan recursos recibidos y ejercidos
por el tricolor de los que no se tiene certeza del origen y destino. La última
actualización de estas indagatorias se realizó el 7 de diciembre.
Además de los desvíos en Chihuahua, se investigan gastos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y financiamientos a campañas y a comités estatales en el Estado de México, Zacatecas, Veracruz, Colima, Coahuila y Baja California.
Entre las indagatorias en Chihuahua, se encuentra el presunto desvío de 250 millones de pesos al CEN PRI y el gasto de 31.5 millones de pesos que el tricolor de esa entidad pagó el 31 de diciembre del 2015 a una empresa constructora que no se encuentra registrada en el padrón de proveedores electorales.
También está bajo investigación la retención de cuotas de 800 empleados estatales, por cerca de 100 millones de pesos que fueron entregados al tricolor.
En otro expediente relacionado con Pedro Mauli Romero, ex tesorero del PRI de Chihuahua -actualmente preso por peculado electoral-, se indagan contratos de supuestas obras de remodelación y construcción de edificios del partido.
La Unidad Técnica de Fiscalización también investigan las denuncias por financiamiento ilegal de Odebrecht relacionado con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el supuesto financiamiento a la campaña de Peña Nieto.
Además, el INE investiga la celebración de un convenio realizado entre el PRI y el proveedor "Servicios Integrales de Aviación" que ampara erogaciones por 10. 7 millones y la condonación de un monto de 28.8 millones y de 17.2 millones de intereses moratorios.
También están en la mira 52 cuentas bancarias no registradas por el PRI y que fueron reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como 9.7 millones de dinero presuntamente ilícito que recibió el PRI en Baja California.
El INE tiene abiertos cinco procedimientos oficiosos para revisar posibles irregularidades financieras y transferencias bancarias realizadas por la Fundación Colosio.
Otra investigación, es la del PRI de Zacatecas que recibió financiamiento ilícito por parte de órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de Gobierno.
También se indagan los recursos depositados en tarjetas BBVA Bancomer a empleados estatales en Veracruz para el pago de representantes de casilla.
A solicitud del organismo electoral de Coahuila, el INE tiene un expediente por las aportaciones que recibió el tricolor de retenciones vía nómina a trabajadores del Municipio de Frontera.
Además de los desvíos en Chihuahua, se investigan gastos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y financiamientos a campañas y a comités estatales en el Estado de México, Zacatecas, Veracruz, Colima, Coahuila y Baja California.
Entre las indagatorias en Chihuahua, se encuentra el presunto desvío de 250 millones de pesos al CEN PRI y el gasto de 31.5 millones de pesos que el tricolor de esa entidad pagó el 31 de diciembre del 2015 a una empresa constructora que no se encuentra registrada en el padrón de proveedores electorales.
También está bajo investigación la retención de cuotas de 800 empleados estatales, por cerca de 100 millones de pesos que fueron entregados al tricolor.
En otro expediente relacionado con Pedro Mauli Romero, ex tesorero del PRI de Chihuahua -actualmente preso por peculado electoral-, se indagan contratos de supuestas obras de remodelación y construcción de edificios del partido.
La Unidad Técnica de Fiscalización también investigan las denuncias por financiamiento ilegal de Odebrecht relacionado con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el supuesto financiamiento a la campaña de Peña Nieto.
Además, el INE investiga la celebración de un convenio realizado entre el PRI y el proveedor "Servicios Integrales de Aviación" que ampara erogaciones por 10. 7 millones y la condonación de un monto de 28.8 millones y de 17.2 millones de intereses moratorios.
También están en la mira 52 cuentas bancarias no registradas por el PRI y que fueron reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como 9.7 millones de dinero presuntamente ilícito que recibió el PRI en Baja California.
El INE tiene abiertos cinco procedimientos oficiosos para revisar posibles irregularidades financieras y transferencias bancarias realizadas por la Fundación Colosio.
Otra investigación, es la del PRI de Zacatecas que recibió financiamiento ilícito por parte de órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de Gobierno.
También se indagan los recursos depositados en tarjetas BBVA Bancomer a empleados estatales en Veracruz para el pago de representantes de casilla.
A solicitud del organismo electoral de Coahuila, el INE tiene un expediente por las aportaciones que recibió el tricolor de retenciones vía nómina a trabajadores del Municipio de Frontera.
Fuente.-
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