La palabra amnistía significa olvido. Desde hace más de 15 años la ausencia del Estado se convirtió, de facto, en una amnistía otorgada a los criminales por parte de los gobiernos y sus instituciones incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ante la falta de voluntad política, del diseño de estrategias integrales y la designación de personas con experiencia, talento y capacidad para encabezar las áreas de seguridad y procuración de justicia con una visión que atienda las causas y comprenda los procesos históricos.
El Estado no pudo, en más de una década, ni revertir el fenómeno de la violencia ni siquiera frenarlo con la operación de fuerzas federales, cambios legislativos y con el dispendio de recursos financieros que se han hecho. La razón, hasta ahora, a pesar de todos los diagnósticos que se han elaborado, no existe una comprensión real del fenómeno y de sus procesos históricos en las regiones y microrregiones del país, por tanto, el proyecto y todos los proyectos son y serán fallidos.
En la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Interior, para justificar una ley retrógrada y que sólo busca blindar a las Fuerzas Armadas de delitos, los legisladores debieron confesarse: “si bien es cierto que en los últimos años se han implementado cambios trascendentales en los modelos de seguridad nacional, interior y pública del Estado mexicano, éstos continúan presentando deficiencias propias de la complejidad y la velocidad con que las amenazas se están transformando y adecuando a los nuevos modelos de seguridad a fin de vulnerarlos”.
Y páginas adelante aceptan: “para decirlo claro, el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad”. Esto mismo se dijo hace casi 20 años y después, y todo ha empeorado.
Hace casi 30 años se analizaron en Guerrero las causas por las que surgían organizaciones subversivas, y también las comunidades hacían justicia por propia mano en peleas intercomunitarias o entre vecinos. El resultado fue uno: la ausencia del Estado, de sus instituciones. La carencia de policías, ministerios públicos y jueces que atendieran los delitos y los castigaran en cada lugar, detonaba la violencia y la subversión. El problema sigue igual, no hay Estado.
El aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, al hablar de las causas de la violencia, el fracaso de la estrategia y la necesidad de pacificar el país, mencionó que estaba evaluando todas las alternativas y, una de ellas era otorgar la amnistía.
De inmediato se pronunciaron los secretarios de Estado, legisladores y adversarios políticos. Todos con un discurso muy simplón, el no permitir la impunidad, el castigar con todo el peso de la ley, el que sería un retroceso y claudicar, y más. Todos ellos, son los protagonistas del fracaso de la estrategia, cada uno desde su trinchera y en diferente medida, algunos hasta de forma involuntaria porque se han visto supeditados a las decisiones políticas, en las que ha prevalecido el interés personal y de grupo, al de la nación.
Ninguno dijo que para López Obrador, si fuera presidente, sería casi imposible emitir una ley de amnistía para narcotraficantes o miembros del crimen organizado porque para ello debería tener el apoyo del Poder Legislativo, porque como lo plantea la Constitución en su artículo 73, fracción XXII, el Congreso es el que tiene la facultad de “conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación”. Y también deberá de tener a su lado al Fiscal General, porque es el que deberá ejecutarla.
Tampoco ninguno de esos políticos mencionó que las leyes de amnistía que se han emitido históricamente han servido, todas, para pacificar al país. Así ocurrió después de la Revolución, la Guerra Cristera y hasta del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, por ejemplo. En todos los casos se favorece con este recurso a quienes incurrieron en delitos cometidos por móviles políticos, y se justifica su aprobación “por la utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos”, como plantea la Suprema Corte.
Es entonces una discusión, nuevamente politiquera, entre actores que utilizan el espacio para no abonar nada en lo que sí es urgente, y que es la definición de una estrategia integral contra la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad, y es este último factor el que ha sido, hasta ahora, en los últimos tres gobiernos, la verdadera amnistía para los criminales.
Fuente.-Maria Italia Gomez/
(Imagen/Internet)
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