El Castillo, una pequeña congregación de Xalapa dedicada principalmente al comercio y al turismo, se ha convertido en un territorio predilecto de la delincuencia organizada; su laguna, sus cañaverales y la carretera que comunica a la capital de Veracruz con siete municipios se consolidó en 2017 como un tiradero de cadáveres.
"Hemos sido testigos de la situación que se está viviendo en todo el estado y principalmente aquí, en la capital de Veracruz. Por sorpresa, a altas horas de la noche, nos han venido a dejar diferentes cuerpos; algunos desmembrados, en bolsas y en estado de descomposición".
Son palabras de Juan Gabriel Hernández Baizabal, agente municipal de El Castillo, quien reconoce que los hallazgos se dispararon a partir de 2015, durante el gobierno de Javier Duarte, y no han sido contenidos en 2017, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
Con base en registros de la autoridad local y en publicaciones periodísticas, en 2017 al menos siete cadáveres han aparecido en diferentes lugares de la congregación, como en la Laguna de El Castillo, que en el periodo vacacional de Semana Santa recibe a turistas de diferentes lugares de la entidad.
El Castillo es una de las siete congregaciones que alberga la capital veracruzana y una entrada que comunica a los municipios de Emiliano Zapata, Tepetlán, Naolinco, Alto Lucero, Jilotepec, Actopan y Juchique de Ferrer.
Su ubicación geográfica hoy es considerada un infortunio para sus habitantes, dedicados a la venta de comida, flores o esculturas talladas en madera, propias de la región centro del estado. "Lo que pasa en el pueblo afecta en las ventas. En la laguna donde se baña la gente y llegan turistas ya aventaron dos cuerpos hace poquito", se lamenta el dueño de una pollería.
De acuerdo con el agente municipal, sobre la carretera estatal que comunica atraviesa a El Castilla, Xalapa-Alto Lucero, en promedio circulan 5 mil vehículos por hora, situación que beneficia a delincuentes que culminan sus crímenes con el abandono de víctimas. "Es lamentable que la congregación sea empleada para estas situaciones", explicó Hernández Baizabal para E-Consulta y La Silla Rota.
El entrevistado aseguró que el abandono de restos humanos no ha sido contenido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pese a contar con dos casetas policiales en las dos entradas de la comunidad y la vigilancia de la Gendarmería Nacional que ingresó a Xalapa a inicios de 2017.
El primer evento violento en 2017, se registró el 1 de enero, en las inmediaciones de una tabiquería de El Castillo. Sobre la avenida Popocatépetl fueron encontrados los cuerpos de dos hombres. Esa misma tarde, en un camino de terracería de la colonia La Troja, fue encontrado un tercer cadáver envuelto en cobijas, con lesiones punzocortantes en el cuello y huellas de tortura.
Dos meses más tarde, el 3 de marzo, pobladores reportaron la presencia de un cadáver en la laguna de El Castillo. La víctima flotaba en el interior de una bolsa, vestía pantalón de mezclilla color azul y presentaba contusiones en la cabeza.
El 2 de mayo de 2017, una persona del sexo masculino en estado de descomposición fue abandonado entre cañales de la congregación. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul y había sido despojado de su camiseta.
La mañana del 7 de julio, Daniel Efrén Sánchez Peña, de 44 años de edad, fue asesinado en la entrada de su vivienda, cuando descendía de en un automóvil Platina, color gris, placas SJZ-8172.
El crimen más reciente se cometió el 13 de agosto, Pedro Paulo López, de 22 años de edad, fue asesinado de al menos dos impactos de bala y su cuerpo fue hallado en un predio de La Tranca, a escasos metros de la avenida Antonio Chedraui Caram.
"Evidentemente hay focos rojos, se ha incrementado la inseguridad en esta administración y hemos sido afectados", refirió Juan Gabriel Hernández.
El 10 de julio de 2017, el Ayuntamiento de Xalapa reconoció mediante un comunicado la preocupación de los pobladores de El Castillo debido el aumento de la inseguridad en la zona. Los lugareños exigieron al alcalde Américo Zúñiga Martínez urgir a las autoridades estatales una solución al problema.
A la fecha, el problema persiste en El Castillo y el agente municipal desconoce si la única presencia policial será removida de la congregación, como amagó el gobernador Yunes Linares el pasado 27 de noviembre al final de una reunión de seguridad con alcalde electos y en funciones en Antón Lizardo, Alvarado.
"Esperemos solo haya sido un mensaje y los retenes se mantengan. De otro modo, contender este tipo de problemas será imposible", concluyó Hernández Baizabal.
fuente.-LaSillaRota/
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