La
histórica campaña anticorrupción, inaugurada por el Presidente Enrique Peña
Nieto bajo una intensa presión de responder a los escándalos que cimbran a su
Administración, está siendo bloqueada por la negativa del Gobierno a cooperar
en algunos de los casos más importantes que enfrenta el País, de acuerdo con
miembros del comité que coordina el esfuerzo.
Los
intentos por investigar el uso de la tecnología de vigilancia gubernamental
contra civiles, el desvío de decenas de millones de dólares a través de
universidades públicas y acusaciones de sobornos generalizados para obtener
contratos de construcción han sido frustrados, revelan miembros del comité.
DOMINGO, 29 DE OCTUBRE DE 2017
Manchado por escándalos que han envuelto a su
Gobierno, a sus aliados e incluso a su familia, Peña Nieto aceptó la creación
de un amplio sistema anticorrupción el año pasado que fue consagrado en la
Constitución, un momento parteaguas en México.
Sin embargo, tras nueve meses de presionar para indagar el tipo de corrupción que provocó indignación pública y dio origen al nuevo organismo de vigilancia, algunos de sus miembros más prominentes dicen que han sido obstaculizados a cada paso, sin poder lograr los avances más básicos.
Tras anunciar el nuevo sistema con gran fanfarria, el Gobierno se está rehusando a permitir cualquier investigación seria a sus acciones, afirman.
"Sienten pánico porque tal vez entremos muy duro y desenmarañemos algo, porque encontremos a individuos responsables de actos de corrupción", aseveró José Octavio López.
Él trabajó en el Gobierno la última vez que el partido de Peña Nieto ocupó la Presidencia, en los 90, y ahora es parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
"Están acostumbrados a nombrar a alguien que controlan", dijo López sobre el Gobierno.
Pero cuando los funcionarios se enteraron de que él y otros en el nuevo comité querían actuar con independencia imparcial, "no les gustó eso", añadió.
En principio, ciudadanos regulares están a la cabeza del nuevo sistema, dándoles facultades para garantizar que trabaja en favor del pueblo mexicano, no del Gobierno. Pero en entrevistas, los cinco miembros del comité especial de participación ciudadana recitaron una larga lista de obstáculos que les pone el Gobierno.
Ninguno de los 18 jueces que se supone que supervisan los casos anticorrupción han sido designados por legisladores. El fiscal facultado bajo el nuevo sistema para llevar las investigaciones independientemente no ha sido nombrado. Y los miembros del Comité de Participación Ciudadana dicen que comúnmente son relegados de las discusiones sobre casos de corrupción importantes.
"Es un mal chiste", aseveró Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado fiscal en el comité. "Fui ingenuo cuando fue lanzado el sistema. Creía y tenía la esperanza de que funcionaría.
"Ahora sé que están tratando de sabotear todo lo que hacemos", agregó.
Una gran parte del problema, sostienen los miembros del comité, es que su poder está arraigado sólo en el título. Todas las decisiones importantes tienen que ser tomadas por un conjunto de siete dependencias. Pero seis de ellas provienen de distintos poderes del Gobierno, dejando al Comité de Participación Ciudadana, que técnicamente supervisa todo el proceso, muy superado en votos.
"Me han otorgado toda la responsabilidad, pero nada de poder", expresó Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del sistema anticorrupción en general.
El Gobierno niega categóricamente las acusaciones, asegurando que ha apoyado totalmente a los miembros del comité y que han malentendido su mandato. Se supone que los ciudadanos involucrados en el proceso no deben investigar la corrupción, explica el Gobierno.
En vez de ello, están allí para establecer las políticas y coordinar a las diversas autoridades que tienen la responsabilidad legal de procesar los delitos.
Sin embargo, Peschard y otros miembros declaran que se les ha impedido hacer precisamente eso porque por lo común se les oculta información, como cuando trataron de abordar el escándalo de hackeo que ha envuelto al Gobierno de Peña Nieto, este año.
Sin embargo, tras nueve meses de presionar para indagar el tipo de corrupción que provocó indignación pública y dio origen al nuevo organismo de vigilancia, algunos de sus miembros más prominentes dicen que han sido obstaculizados a cada paso, sin poder lograr los avances más básicos.
Tras anunciar el nuevo sistema con gran fanfarria, el Gobierno se está rehusando a permitir cualquier investigación seria a sus acciones, afirman.
"Sienten pánico porque tal vez entremos muy duro y desenmarañemos algo, porque encontremos a individuos responsables de actos de corrupción", aseveró José Octavio López.
Él trabajó en el Gobierno la última vez que el partido de Peña Nieto ocupó la Presidencia, en los 90, y ahora es parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
"Están acostumbrados a nombrar a alguien que controlan", dijo López sobre el Gobierno.
Pero cuando los funcionarios se enteraron de que él y otros en el nuevo comité querían actuar con independencia imparcial, "no les gustó eso", añadió.
En principio, ciudadanos regulares están a la cabeza del nuevo sistema, dándoles facultades para garantizar que trabaja en favor del pueblo mexicano, no del Gobierno. Pero en entrevistas, los cinco miembros del comité especial de participación ciudadana recitaron una larga lista de obstáculos que les pone el Gobierno.
Ninguno de los 18 jueces que se supone que supervisan los casos anticorrupción han sido designados por legisladores. El fiscal facultado bajo el nuevo sistema para llevar las investigaciones independientemente no ha sido nombrado. Y los miembros del Comité de Participación Ciudadana dicen que comúnmente son relegados de las discusiones sobre casos de corrupción importantes.
"Es un mal chiste", aseveró Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado fiscal en el comité. "Fui ingenuo cuando fue lanzado el sistema. Creía y tenía la esperanza de que funcionaría.
"Ahora sé que están tratando de sabotear todo lo que hacemos", agregó.
Una gran parte del problema, sostienen los miembros del comité, es que su poder está arraigado sólo en el título. Todas las decisiones importantes tienen que ser tomadas por un conjunto de siete dependencias. Pero seis de ellas provienen de distintos poderes del Gobierno, dejando al Comité de Participación Ciudadana, que técnicamente supervisa todo el proceso, muy superado en votos.
"Me han otorgado toda la responsabilidad, pero nada de poder", expresó Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del sistema anticorrupción en general.
El Gobierno niega categóricamente las acusaciones, asegurando que ha apoyado totalmente a los miembros del comité y que han malentendido su mandato. Se supone que los ciudadanos involucrados en el proceso no deben investigar la corrupción, explica el Gobierno.
En vez de ello, están allí para establecer las políticas y coordinar a las diversas autoridades que tienen la responsabilidad legal de procesar los delitos.
Sin embargo, Peschard y otros miembros declaran que se les ha impedido hacer precisamente eso porque por lo común se les oculta información, como cuando trataron de abordar el escándalo de hackeo que ha envuelto al Gobierno de Peña Nieto, este año.
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