Era 1 de diciembre de 2006 y,
tras una polémica elección y una accidentada toma de protesta, Felipe Calderón
leía su primer discurso como presidente de la República, en el Auditorio
Nacional.
En la parte medular de su mensaje
a la nación, minutos antes de trasladarse al Campo Marte a pasar revista a las
tropas como su nuevo comandante en jefe, Calderón leyó: "Sé que
restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que
costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por
seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que
tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la
delincuencia".
Exactamente 10 días después, en
la sala de prensa de Los Pinos, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez
Acuña, anunció el Operativo Conjunto Michoacán, un primer despliegue de tropas
(4 mil 260 soldados, mil 54 marinos y mil 420 policías federales) con la misión
de "recuperar el territorio" que, se admitía, estaba en manos del
crimen organizado. "La batalla contra el crimen organizado apenas comienza",
anunció Ramírez Acuña, emulando a Calderón, "y será una lucha que nos
llevará tiempo".
El 3 de enero de 2007, Calderón
visitó el centro de control del Operativo Conjunto Michoacán, en Apatzingán.
Vestido con una chamarra verde olivo y un quepí militar con el escudo nacional
y cinco estrellas bordadas en negro -que le quedaban grandes-, volvió a
anticipar una larga batalla, "una labor que quizás no dé frutos con
rapidez". Y, días después, advirtió: "es una guerra, un tema que yo sé
que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como Presidente".
Diez años después, la guerra
sigue y, según las cifras oficiales, no la va ganando el Estado mexicano.
Michoacán, el estado natal de
Calderón, donde inició el combate, ha transitado del dominio de La Familia
Michoacana al de Los Caballeros Templarios y, actualmente, al del Cártel
Jalisco Nueva Generación.
La estrategia de descabezar
cárteles no funcionó, pues fraccionó a los grupos delictivos, generó nuevas
generaciones de capos y propició enfrentamientos cada vez más violentos entre
ellos, con consecuencias funestas para la sociedad civil.
Al final del sexenio de Calderón,
los muertos sumaban más de 104 mil y los desaparecidos, más de 14 mil, según
cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El gasto público en seguridad se
multiplicó, hasta llegar a un billón de pesos en seis años.
Se militarizó el
país, con presencia de soldados, marinos y policías federales. La agenda
bilateral con Estados Unidos se concentró en la guerra contra el narco. Los
abusos militares fueron recurrentes y las Fuerzas Federales fueron acumulando
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero la violencia no paró, el
narcotráfico tampoco, y la delincuencia común no se contuvo.
Calderón dejó el gobierno en
diciembre de 2012 y, durante su último año de administración, dedicó decenas de
discursos a justificar su guerra, con frases como "¿qué querían que
hiciera?".
Regresó el PRI a Los Pinos y, a
pesar de las críticas de este partido a la estrategia fallida de Calderón, la
guerra continuó.
Aunque el tema desapareció del
discurso presidencial, en los hechos, las acciones militares se mantuvieron con
la misma intensidad. En 2016, la Sedena contabiliza ya 265 mil operaciones y la
Marina 37 mil.
El gasto en seguridad ascendió a
248 mil millones de pesos en 2015, y para 2016 se programó una cantidad
similar. En total, la guerra contra el narco ha costado 1.8 billones de pesos
al Estado mexicano.
Y los homicidios siguen al alza.
Suman casi 70 mil en lo que va del sexenio de Peña Nieto, para un acumulado de
174 mil en la década, según el SNSP. Otros estudios elevan esta cifra a más de
200 mil, usando como fuente los homicidios registrados por el INEGI entre 2007
y 2016.
Los desaparecidos superan los 29
mil y, según observadores internacionales, durante la guerra se han vuelto
práctica común las ejecuciones masivas, los abusos de poder, la tortura
(provocada por criminales, pero también por agentes del Estado), la desaparición
forzada, los ataques a defensores de derechos humanos y el asesinato de
periodistas.
Entre los saldos, el gobierno
federal presume la detención de 33 de los 37 capos de la droga que, en 2009, la
PGR ubicó como los más buscados.
Pero investigadores como Eduardo
Guerrero (Lantia Consultores) y Luis Astorga (UNAM) han advertido que los
cárteles siguen operando y multiplicándose.
El mercado de la droga sigue
expandiéndose y aumentó el consumo doméstico, sobre todo entre los más jóvenes.
Tan sólo entre 2008 y 2011, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de
consumidores de drogas ilegales en México (según la versión más actual de la
Encuesta Nacional de Adicciones) y, en 2014, 1.7 millones de jóvenes de
secundaria y bachillerato consumieron alguna droga.
En una cosa tenía razón Calderón:
la guerra será larga, costará dinero y muchas vidas humanas.
fuente.-
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