El gigante brasileño
Odebrecht no fue la única empresa extranjera en incurrir en acciones de
corrupción en México y ser sancionada en Estados Unidos: también fue el caso de
Teva, la empresa farmacéutica israelí, que pagó sobornos a médicos del gobierno
federal desde el año 2005 a cambio de lo cual recetaron su producto Copaxone,
una medicina contra la esclerosis.
A raíz de que el Buró
Federal de Investigación (FBI) detectó los “sobornos de millones de dólares a
funcionarios de distintos países” –en particular en Rusia, Ucrania y México–,
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. aceptó pagar 283 millones de dólares al Departamento
de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para evitar la comparecencia ante
los tribunales.
Según la justicia
estadunidense, “Teva admitió que su filial mexicana sobornó a médicos
(públicos) para recetar Copaxone desde el año 2005 por lo menos. Los ejecutivos
de Teva en Israel responsables del desarrollo de los programas anticorrupción
sabían de los sobornos a los médicos públicos en México”.
El DOJ añadió: “Sin
embargo los ejecutivos de Teva aprobaron políticas y procedimientos que sabían
eran insuficientes para enfrentar los riesgos que representa el negocio de Teva
y eran inadecuados para prevenir o detectar los pagos a funcionarios
extranjeros”.
En septiembre pasado,
la empresa madre de Teva en Israel interpuso una demanda en Nueva York contra
la empresa mexicana Rimsa –que pertenecía a Fernando y Leopoldo de Jesús
Espinoza Abdala, hasta que Teva la compró en octubre de 2015 por 2 mil 300
millones de dólares–, en la cual alegó que desde 2007, Rimsa falsificó los documentos
sobre por lo menos 105 productos para obtener permisos.
Además de pagar los
283 millones de dólares al DOJ, la empresa aceptó pagar otros 236 millones de
dólares a la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC, por sus siglas en
inglés) –equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana—en
el mismo proceso; en total, Teva pagó 520 millones de dólares al gobierno
estadunidense.
El DOJ informó que la
Procuraduría General de la República (PGR), a través de la subprocuraduría
jurídica y de asuntos internacionales, proveyó “asistencia” en este caso.
Fuente.-
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