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| Fuente.-Internet |
TE RECOMENDMOS:
Con la iniciativa de ley para la
"Seguridad Interior" que busca darle protección legal a aquello que
los militares hacen extralegalmente. Con la propuesta para suspender las
garantías individuales sin controles, sin transparencia, sin vigilancia civil
al ámbito militar.
Generales que crecen mientras
civiles se encogen. Soldados cada vez más presentes, ante policías cada vez
menos profesionalizados. México encaminándose a un Estado de excepción, donde
la excepción se vuelve la regla.
Porque el General
"Milfuegos" amenaza con un motín militar si no le dan la cobertura
constitucional que requiere para seguir en las calles. Porque después de años
de guerra, 52 mil elementos desplegados, 84 operaciones regionales para "reducir
la violencia", el despliegue de 75 puestos de seguridad, 213 mil muertos,
un índice de letalidad espeluznante en el cual el Ejército mata a 8 por cada 1
que hiere, 12 mil 408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de mandos
militares en Tlatlaya y Ayotzinapa, el General necesita leyes que le laven la
cara.
Leyes que lo protejan a él y a
otros altos mandos. Leyes para evitar que algún día la Fiscalía General o la
comunidad internacional lo llamen a rendir cuentas.
Y como sabe que eso es posible, anuncia
que si no las consigue, regresará a los cuarteles, a sabiendas del temor que
eso inspirará. Incita a la desobediencia castrense para producir la protección
civil.
Pero lo que hay detrás de la
exigencia para "regular el uso de la fuerza" es el permiso para
aplicarla inconstitucionalmente. Para darle atribuciones al Ejército que no
debería tener. Para centralizar el poder y debilitar el federalismo después de
criticar a los Gobernadores y a los Presidentes Municipales por no ejercerlo
adecuadamente.
Para militarizar a México de modo sigiloso, tramposo.
El propio Peña Nieto lo admitió
al declarar que "el Ejército hace funciones de investigación y funciona
como Procuraduría". He ahí una cesión voluntaria del poder civil al poder
militar para que ocupe los vacíos que las Policías y el sistema de justicia
penal no han podido llenar. Los vacíos que deberían llevar a la pregunta
central: ¿Quién debe estar a cargo de la seguridad pública del País? ¿El
Ejército o las Policías?
La respuesta no debería siquiera
estar a debate. La respuesta se halla en la limpieza, fortaleza, regulación y
profesionalización de civiles. De allí deberían partir las leyes, los recursos,
las asignaciones presupuestales, las reformas constitucionales.
Pero en los últimos dos sexenios,
tanto Calderón como Peña Nieto han demostrado dónde están sus preferencias,
dónde están sus compromisos. No con los azules, sino con los verdes. No con las
patrullas, sino con los tanques.
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La evidencia está en el
crecimiento del presupuesto para el Ejército vis vis el decrecimiento de lo que
la Federación destina a Policías locales y estatales.
La autoridad civil destruye la
posibilidad de la profesionalización policial, creando un círculo vicioso: como
no hay buenas Policías necesitamos al Ejército, pero mientras usemos al
Ejército jamás profesionalizaremos a las Policías.
Y Enrique Peña Nieto permite esto
por pusilánime, por débil, por el miedo que tiene de perder el poder si el
Ejército no lo apuntala. Por el temor que carga ante tantos homicidios, tantos
desaparecidos, tantas fosas, y el juicio internacional e histórico que
invitarán.
Para protegerse a sí mismo está
dispuesto a hacerle concesiones inaceptables al General Cienfuegos y los suyos.
Está dispuesto a violar la Constitución y volver legal lo que ningún Presidente
civil ha permitido por los peligros que entraña. Una situación de la cual no
habrá ruta de regreso o será después de muchos más muertos, desaparecidos,
torturados o ejecutados extrajudicialmente.
Está avalando -de la mano del
Congreso y sus iniciativas- un auto-golpe de Estado. Porque en lugar de
regresar al Ejército a los cuarteles, el Gobierno está permitiendo la
cuartelización del País.
Fuente: Denise Dresser/opinion@elnorte.com
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