La difusión pública del acuerdo mediante el cual el gobierno autorizó a las autodefensas a portar armas de uso exclusivo del Ejército demuestra varias cosas: que las propias autoridades violaron la Constitución, que Alfredo Castillo y Gobernación mintieron al decir que dicho aval no existía, y que la principal acusación contra el doctor José Manuel Mireles se diluye.
Ante esto, figuras centrales del panismo michoacano se unen a la exigencia de abogados y activistas: que el excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán sea juzgado por el desastre sangriento que dejó en la entidad.
José Manuel Hinojosa Pérez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República (PGR) que dejen de “proteger al excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la Conade, por todos los embustes, violaciones a la ley y actos de impunidad que permitió y cometió en la entidad”.
El panista exige que también se retire el manto de impunidad al exgobernador Fausto Vallejo Figueroa (PRI) y al actual procurador, José Martín Godoy Castro, quien ocupa el puesto desde los tiempos de Castillo.
El exhorto surge luego de que se confirmara que, el 26 de enero de 2014, Castillo, Vallejo e Hipólito Mora –dirigente de las autodefensas de La Ruana y varias ciudades del estado– efectivamente firmaron un acuerdo mediante el que se permitió que las guardias comunitarias emplearan armas de uso exclusivo del Ejército.
El miércoles 9, Hinojosa Pérez entregó ante la delegación estatal de la PGR una denuncia penal en contra de Castillo, donde lo acusa de falsedad de declaraciones, ya que el funcionario había negado la existencia de dicho aval.
“Nosotros consideramos que sí hubo un delito. Y esto viene a razón de los hechos acontecidos en Apatzingán y en La Ruana”, considera Hinojosa, en alusión a sendas balaceras que derivaron en ejecuciones extrajudiciales.
En entrevista, Ignacio Mendoza Jiménez (uno de los defensores del doctor José Manuel Mireles, fundador de las guardias comunitarias), asegura: “En el proceso contra el exvocero de las autodefensas de Michoacán, Manuel Mireles (actualmente preso), se han destapado todas las mentiras y convenios con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), (Secretaría de) Gobernación, zonas militares del estado y hasta la firma de un acuerdo con los civiles armados de la entidad, que Castillo siempre negó ante el juez Quinto de Distrito de Uruapan, Jorge Armando Wong Aceituno”.
Una a una, abunda, se han descubierto “las mentiras” de Castillo en la tortuosa relación que mantuvo con las autodefensas y en la detención de Mireles y otros 450 comunitarios acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército.
Javier Estrada Cárdenas, secretario general del PAN en Michoacán, coincide en que el excomisionado incurrió en falsedad de declaraciones cuando negó ante el juez la firma del acuerdo, cuya existencia se confirmó cuando los abogados de Mireles lograron que el documento saliera a la luz mediante una solicitud interpuesta ante el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI):
“Al legalizarlos (a los guardias comunitarios) y sentarse con ellos a planificar el combate a los delincuentes, (Castillo) ya está aceptando que los grupos están armados. Y el colofón fue la licencia que el gobierno de la República dio a las autodefensas, luego Fuerzas Rurales, de portar armas.”
Añade que el artículo 10 de la Constitución mexicana es muy claro: “Nosotros los civiles podemos tener armas para nuestra legítima defensa siempre y cuando no sean de uso exclusivo del Ejército. Y de esas armas uno tiene que informar a la Sedena, y registrarlas. Y la ley es clara: las que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas no se pueden tener ni registrar. ¡Pero el gobierno de la República las registró y permitió que las (autodefensas) las tengan en su casa, porque todavía las tienen! Hay 7 mil armas registradas.
“Eso es lo que le estamos acreditando al juez, y esa circunstancia hace que el doctor José Manuel Mireles y los autodefensas no sean penalmente imputables. No se les puede reprochar esa conducta porque el gobierno mexicano les dio ese permiso.”
Los rastros del aval
En una audiencia del Juzgado Quinto de Distrito –durante la diligencia del 30 de noviembre, realizada en el marco de la causa penal 137/2014-II-M–, el secretario del juzgado, Gerardo Constantino Rojas Chávez, le preguntó a Hipólito Mora Chávez: “Que diga el testigo si en esos operativos en conjunto las autodefensas portaban armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas”.
La respuesta fue contundente: “De todas: cuernos de chivo, calibre 50 milímetros, algunos hasta granadas, y ni el Ejército ni Castillo dijeron nada, menos el procurador”.
La siguiente pregunta fue qué autoridades permitieron a las autodefensas hacer operativos en conjunto. Mora respondió: “Alfredo Castillo Cervantes, Martín Godoy Castro (el procurador michoacano), el general Patiño (Miguel Ángel Patiño Canchola, en ese tiempo comandante de la 43 Zona Militar) y Fausto Vallejo” (Proceso 2043).
El siguiente cuestionamiento fue: “Que diga el testigo si dentro de los acuerdos que sostuvieron las autoridades y los grupos de autodefensas se determinó el registro de armas de uso exclusivo del Ejército por parte de la (Secretaría de la) Defensa Nacional”. El comunitario explicitó: “Así es. Se nos invitó para registrar las armas. Yo registré algunas de la gente que me acompaña. La invitación fue para todos los autodefensas, incluido el doctor Mireles”.
En su declaración asentó que las autoridades jamás les dijeron que su actuar y su armamento carecían de sustento jurídico, “nunca jamás”.
En entrevista, se le inquiere al abogado Mendoza: “¿Qué hay de un documento de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde niega un convenio?”.
–Ese documento se desprende del caso de (el guardia comunitario) Cemeí Verdía. La defensa pidió a la Segob que pusiera a disposición del juez los convenios firmados, y Gobernación contestó que no existían esos convenios.
El abogado añade que jurídicamente esto “forma parte del engaño” que el gobierno orquestó contra las autodefensas, a las que hicieron creer que su conducta estaba justificada y a la mera hora no les cumplieron.
“Y a los únicos que les genera responsabilidad es a las autoridades que participaron en el engaño. Ellos no pueden omitir que juntarte con gente armada es ilegal, porque no había marco legal para hacerlo; no lo procuraron, no lo hicieron conforme al artículo 29 constitucional.”
Paralelamente, en el exhorto 216/2015.IV, promovido por el Juzgado Tercero de Distrito de Morelia (derivado de la causa penal II-85/215 y dirigido al juez Segundo en Materia Penal Federal en Nuevo León), se le preguntó al general Patiño Canchola si estuvo presente en los acuerdos celebrados con los líderes de autodefensas los días 27 de enero y 14 de abril de 2014, y la respuesta fue: “Sí”.
Ante la pregunta de quién determinó que las armas exclusivas podrían ser registradas por las autodefensas, Patiño contestó: “La Secretaría de la Defensa Nacional”.
El abogado de Mireles sostiene que, según los expedientes con que cuenta, se fijaron días y lugares para que el Ejército inscribiera dichos arsenales.
Detalla que el oficio 1126 de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, enviado con carácter de “urgente” el 22 de abril de 2014, se refiere al Programa de Registro de Armamento DN-1-s-7 (OCN) SS. SG.PUB.
El pasado jueves 3, el abogado Mendoza Jiménez presentó ante el Juzgado Quinto de Distrito el acuerdo suscrito entre los gobiernos federal y estatal para que los grupos de autodefensas fueran reconocidos oficialmente como Fuerza Rural.
El documento está fechado en Tepalcatepec el 26 de enero de 2014 y fue suscrito por el propio Castillo en su calidad de comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, cargo con amplias atribuciones creado ex profeso por el presidente Enrique Peña Nieto.
También figura la rúbrica del entonces gobernador Fausto Vallejo, así como de dirigentes de las autodefensas, entre ellos Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, Papá Pitufo. En calidad de “testigo de la sociedad civil” signó María Elena Morera de Galindo, presidenta de Causa Común, A. C.
El miércoles 9, Mendoza Jiménez y Carlos Iván Martínez Rosas (otro defensor de Mireles) solicitaron al Juzgado Quinto que, dentro de la causa penal 137/214-II, llame a comparecer nuevamente a Castillo y a Vallejo Figueroa para contestar preguntas de la defensa respecto de la celebración del convenio.
La traición
El 26 de febrero y desde el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, José Manuel Mireles, preso desde el 27 de junio de 2014 por uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, dijo en charla telefónica con su esposa, Ana Valencia: “No hay nada que festejar (el 24 de enero, día en que se levantaron las autodefensas en 2013), porque el gobierno federal traicionó a todos los que hacíamos una lucha social, y nos dejó peor porque nos dejó desarmados y en manos del crimen organizado”.
La grabación de la charla fue proporcionada por Mendoza Jiménez. Ahí se escucha:
“Desgraciadamente el despertar fue muy doloroso para nosotros, pero nos dimos cuenta que podíamos enfrentar nuestros temores. Nos dimos cuenta de nuestra grandeza. Me tocó ver personalmente que, cuando un niño de 14 años enfrentó a los desgraciados con una ‘taquera de chispa’, hizo correr a los perros que iban en seis camionetas llenos de cargadores y armas en todo el pecho.”
Cuestionó: “¿Por qué durante los 17 meses que los autodefensas tuvimos el control de los 36 municipios jamás se volvió a perder una aguja, y en la capital, Morelia, con todas las policías –federales, estatales–, con la 21 Zona Militar, tenían cinco carros robados por día, 20 asesinatos por día y miles de asaltos diarios, y no los podían controlar?”.
“Pensé que este año iba a pelear; pero ya no quiero luchar. Quiero la paz para la nación. Gracias”, concluyó.
El 27 de febrero pasado, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el michoacano Marko Cortés Mendoza, manifestó que es momento de que Castillo responda ante la justicia por las graves irregularidades cometidas durante su gestión.
En un comunicado expresó: “En Acción Nacional estamos convencidos de que nadie debe estar por encima de la ley, mucho menos los servidores públicos encargados de hacer cumplir el marco jurídico. Por esa razón, Alfredo Castillo debe responder ante la justicia”.
Recordó que el 25 de noviembre último, en rueda de prensa en la Cámara de Diputados, exigió que las autoridades llamaran a cuentas a Castillo por su probable responsabilidad en las cinco ejecuciones extrajudiciales perpetradas el 6 de enero de 2015 en Apatzingán por parte de policías federales, confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Expuso que las autoridades deben valorar seria y responsablemente los presuntos delitos cometidos por Castillo y, en su caso, presentar las denuncias y hacer las indagatorias correspondientes.
Ante las nuevas evidencias exhortó al gobierno federal a no seguir protegiendo al excomisionado: “Porque se trata de vidas humanas, aquí no puede haber ni perdón ni olvido”.
De acuerdo con comunitarios, políticos de oposición y abogados, lo que hizo Castillo fue engañar a las autodefensas y posteriormente desaparecerlas, lo que provocó que se gestaran nuevos cárteles y se fortalecieran otros. Es el caso del H3, Los Viagras, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana, Los Justicieros, Los Caballeros de Troya y el grupo Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS).
fuente.-
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