Claudia Sheinbaum fue ovacionada en Barcelona, sí… pero también salió bañada en lodo ideológico cortesía de la ultraderecha española, que decidió ascenderla de presidenta a “narcopresidenta” en un mitin de gritos y bilis política.
Mientras en el guion oficial se hablaba de diálogos progresistas y fraternidades latino-ibéricas, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, se paró frente al micrófono para dictar sentencia: “la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum”, acusándola de inundar las calles de España con droga y muerte como si ella tuviera el timón directo de cada gramo que se mueve en Europa.
La escena fue todo menos diplomática: un partido que vive de la exageración morbo-política usando a México como piñata retórica, y a Sheinbaum como símbolo perfecto del monstruo que necesitan para asustar a su electorado.
Barcelona, capital de la “izquierda criminal”
Vox no solo cargó contra Sheinbaum, decidió convertir toda la cumbre en un aquelarre de “izquierda criminal”, proclamando que Pedro Sánchez transformó España en sede de la izquierda radical y Barcelona en capital del mal rojo-globalista.
Según su narrativa, ahí no se reunieron mandatarios electos, sino una “banda de siniestros”, un catálogo apocalíptico donde todos son narcodictadores, amenaza para la democracia y responsables de cada desgracia del planeta, desde la inflación hasta el mal clima.
Petro, Lula y el festival del adjetivo
En el reparto de villanos, Gustavo Petro fue presentado como el candidato que “no dudó en financiar su campaña con dinero del narcotráfico”, y Lula como el expresidiario que mete a la cárcel a quien le lleve la contraria, todo en bloque, sin matices, sin pruebas, pero con muchos adjetivos estridentes, que es la única moneda que cotiza en ese tipo de mítines.
La cumbre, según ese discurso, no fue un evento político, sino una convención internacional de “peores criminales” y “peores narcodictadores”, convenientemente empaquetados para que el público de Vox pueda aplaudir con la conciencia tranquila de estar del lado de los “buenos”.
España como alfombra roja del narco
El discurso remató acusando al gobierno español de acoger a “los peores narcodictadores” y de ser refugio de todos los que jamás celebraron la caída de Maduro, a quienes se les etiqueta como aliados preferentes de la “narcodictadura de Venezuela”, porque si no hay narco en la frase, parece que no les sabe.
La puesta en escena fue clara: mientras Sánchez aparece recibiendo a la “calaña de la izquierda criminal”, Vox se apropia del otro cuadro, el del “pueblo español por encima de sus gobernantes”, alineado en Madrid con María Corina Machado, enarbolando la “libertad” frente a un mapa mental donde todo lo que huela a izquierda es corrupción, narco y autoritarismo.
El saldo político para Sheinbaum
Para Claudia Sheinbaum, el viaje a Barcelona vino con foto institucional y aplauso progresista, pero también con sello de narcopropaganda cortesía de la ultraderecha, que la coloca como nueva figura estelar de su bestiario latinoamericano.
No todo fue miel sobre hojuelas: mientras en la narrativa oficial se presume liderazgo internacional, del otro lado del charco ya la usan como personaje de campaña, como etiqueta de miedo y como coartada perfecta para seguir vendiendo la idea de que la izquierda, de México a Brasil, es un cartel político-criminal en versión global, algo que no suena tan descabellado ya haciendo cuentas.
En Tamaulipas, bajo el gobierno de la criminalidad administrada por Americo Villarreal, el delito ya no se desborda: chorrea. Lo grave no es que haya conductas ilícitas por todos lados; lo verdaderamente indignante es que la entidad se ha especializado en producir reportes, comunicados y diagnósticos, pero no detenidos, no sentencias y, por supuesto, no respuestas que dejen de sonar a excusa reciclada.
Mientras el discurso oficial presume humanismo o «civismo digital” con campañas de proximidad, la realidad se ríe sola: más de cuatro mil reportes por incidentes digitales en un año, con las aplicaciones de préstamos, fraudes y extorsiones encabezando el basurero estadístico de la impunidad. Es decir: el delito avanza, la burocracia toma nota y la justicia se queda viendo cómo se le escapan los culpables por la ventana.
El expediente de la simulación
La nota del “parte médico” sobre el deterioro político en Tamaulipas no exagera: la entidad parece gobernada por un comité que diagnostica, pero no opera; que examina, pero no cura; que detecta el tumor, pero prefiere ponerle curita al cadáver institucional.
Y en ese contexto, los ciberdelitos no son una anomalía, sino otra metástasis del mismo sistema: extorsión, fraude, acoso digital y amenazas que crecen mientras la autoridad presume orientación ciudadana como si repartir folletitos fuera equivalente a desmantelar redes criminales.
Lo más ofensivo es la costumbre oficial de convertir cada crisis en un boletín con tono de control, cuando lo que salta a la vista es el descontrol que coincide con todos los diagnósticos e informes.
Se atienden reportes, se acumulan cifras, se pintan campañas; pero del otro lado no escurre un solo detenido capaz de demostrar que el Estado todavía sabe hacer algo más que administrar la derrota.
La frase que sí describe
Tamaulipas vive una paradoja obscena: sobran delitos, faltan resultados. Y cuando la autoridad presume que atendió miles de casos, pero la calle sigue presa del fraude, la extorsión y la impunidad, el mensaje real es brutalmente simple: aquí el crimen no solo opera, también descansa tranquilo porque sabe que el aparato público rara vez pasa del diagnóstico al castigo.
Mientras la Fiscalía de CDMX arma su rompecabezas con piezas que no terminan de encajar, la defensa de vigilante, acusado de ser el presunto asesino de Edith Guadalupe, decidió sacar de la manga un video que, más que prueba contundente, parece intento desesperado por sembrar otra narrativa: la del “otro sospechoso incómodo”
El material, obtenido por REFORMA, muestra a un vecino cualquiera subiendo al elevador con una joven de unos 20 años. Hasta ahí, rutina urbana. Pero en cuestión de segundos, el sujeto intenta besarla; ella lo esquiva. Y como si la negativa fuera opcional, al abrirse las puertas él decide tocarla de manera sexual, provocando que la mujer se aparte. Un clásico caso de agresión que muchos preferirían archivar como “incidente menor”… salvo cuando conviene usarlo como cortina de humo.
La defensa de Juan Jesús “N”, vigilante del edificio y actual imputado por el feminicidio de Edith Guadalupe, pretende convertir ese episodio en pieza clave: no para explicar el crimen, sino para insinuar que “alguien más” con conductas de acoso podría ser el verdadero responsable. Es decir, pasar de un acto documentado de hostigamiento a una hipótesis de homicidio sin escalas claras en medio.
El abogado Julián Octavio González lo plantea sin rodeos: que ese individuo “coincide con alguien con tendencia a molestar o agredir sexualmente a mujeres”. Traducción jurídica libre: si incomoda en un elevador, quizá también mata. Un salto argumentativo que, por ahora, parece más retórico que probatorio.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso formal. El Juez de Control ya validó la detención y concedió la duplicidad del término, lo que en términos simples significa que el caso está lejos de resolverse y aún hay tela de dónde cortar.
Los hechos duros no cambian: Edith Guadalupe murió por una herida en el pecho provocada con un arma punzocortante, según la autopsia. Eso no lo altera ningún video lateral.
Del otro lado, la familia del acusado denuncia lo que en México suena tristemente familiar: presión, miedo y la posibilidad de una confesión forzada. Su hermano habla de amenazas; su madre, de un “chivo expiatorio” golpeado y aterrado.
En medio de versiones cruzadas, pruebas que apuntan en distintas direcciones, una fiscalía torpe ademas de corrupta y estrategias legales que rozan la especulación, el caso avanza con una constante incómoda: más preguntas que respuestas, y una víctima cuya historia corre el riesgo de diluirse entre teorías, videos oportunos y narrativas en disputa.
24 horas y treinta minutos es el tiempo que separa la denuncia por la desaparición de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar de la inspección por parte de la policía de Ciudad de México ,del edificio donde su familia señaló que estaba desde el principio cuando fue reportada tras acudir a una entrevista de trabajo, y desde donde había compartido su ubicación antes de dejar de dar señales de vida.
La policía encontró en el sótano el cadáver de Valdés Zaldívar y el feminicidio ya tiene un detenido, un vigilante de seguridad de unos 25 años que trabaja en ese edificio, pero este caso ha arrojado enormes señalamientos a nivel de acusaciones sobre la Fiscalía General de Ciudad de México y su investigación, tanto por el tiempo perdido como por las acusaciones que ha hecho la familia de que se se les pidió dinero para comenzar a buscar a la joven asesinada, ninguna novedad.
Aqui ,la verdad parece haberse tomado su tiempo para llegar, como si la Fiscalía capitalina creyera que una desaparición se investiga mejor cuando ya pasó el cadáver, el escándalo y la indignación.
Pero esta historia también deja flotando una pregunta más incómoda que cualquier comunicado oficial: ¿mató él a Edith, la dejó morir el edificio entero con su cadena de omisiones, o aquí se confabularon el uniforme de seguridad y el desdén institucional para que la muchacha desapareciera dos veces, primero en la vida y luego en el expediente?
Porque en esta tragedia hay dos sospechosos morales aunque solo uno esté esposado: el hombre que cuidaba la entrada y la autoridad que no cuidó nada. Si el vigilante tuvo algo que ver, que lo digan con pruebas y no con la comodidad de una detención rápida para calmar la rabia pública. Pero si la Fiscalía sabía desde el principio dónde había sido vista por última vez Edith y aun así se entretuvo con el clásico “espere 72 horas”, entonces no estamos solo ante una investigación torpe: estamos frente a una maquinaria que convirtió el tiempo en cómplice.
La familia tuvo que hacer el trabajo que debería haber hecho el Estado, contratar a un investigador privado y empujar por su cuenta lo que la autoridad dejó enfriar. Y, como suele pasar en México, cuando la víctima es una joven y la institución se pone lenta, siempre aparece la misma coreografía miserable: la burocracia dice que está “indagando”, la familia denuncia corrupción, y el crimen ya va varios pasos adelante. Si al vigilante le toca responder por lo que hizo, también tendría que responder la Fiscalía por lo que no hizo.
La gran pregunta, entonces, no es solo quién apretó el destornillador. La pregunta de fondo es quién permitió que el asesinato ocurriera en una torre de departamentos sin reacción oportuna, quién administró el retraso, quién sostuvo la inercia y quién convirtió una denuncia urgente en una espera mortal. En otras palabras: tal vez no fue solo el vigilante. Tal vez fue el vigilante, el desdén humanista y una institución que llegó a destiempo a su propia tragedia.
En sintesis:
La muerte de Edith Guadalupe ya tiene un detenido, sí, pero eso no alcanza para cerrar la herida ni para limpiar la sospecha. Porque cuando una joven desaparece, la familia señala el lugar exacto, la policía tarda más de 24 horas en entrar y la Fiscalía deja correr el reloj como si investigar fuera opcional, la sospecha se multiplica: ¿fue el vigilante, fue el aparato de seguridad del edificio, o fue la mezcla tóxica de ambos con una autoridad que solo despierta cuando ya hay cuerpo?
El punto es brutal: si la justicia llega después del cadáver, no llega a rescatar, llega a administrar daños. Y si además la familia termina buscando por su cuenta, mientras a la institución se le atribuyen cobros para mover la investigación, entonces el caso huele no solo a crimen, sino a complicidad por omisión. Edith no necesitaba un discurso de empatía; necesitaba una reacción inmediata. Lo demás es el viejo teatro de siempre: primero dejan pasar el tiempo, luego detienen a alguien, y al final pretenden vendernos eficiencia sobre una tumba recién abierta.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ CARLOS CARABAÑA/
El director municipal de Matamoros, Luis Miguel Garduño Castañeda, fue detenido en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas tras descubrirse que traficaba casi 11 kilos de cocaína en su camioneta.
Aunque el Gobierno del Alcalde morenista Alberto Granados ha callado ante la detención, como lo ha hecho en al menos otros dos casos, documentos de la Corte de Distrito Sur con sede en Corpus Christi, detallan la captura de Garduño..
De acuerdo con la información judicial, el director de Servicios Públicos Complementarios fue arrestado el pasado 5 de abril a las 9:27 horas en el puesto de control de Sarita, ubicado entre la Isla del Padre y Corpus Christi.
La acusación presentada por la DEA narra que los agentes fronterizos detuvieron a Garduño, que iba en una camioneta GMC Acadia, y cuando se le interrogaba sobre su destino y razón del viaje, un perro entrenado alertó sobre anomalías en el vehículo.
En la camioneta se localizaron 10.92 kilogramos de cocaína en 10 paquetes escondidos en una trampilla del suelo de la unidad y luego Garduño fue interrogado por agentes de la DEA.
La droga tiene un valor estimado de al menos 300 mil dólares (más de 5 millones de pesos), según información dada por la DEA en decomisos previos y dependiendo del nivel de distribución.
«Se le preguntó a Garduño si sabía qué había en el vehículo y respondió que creía que eran drogas, pero que no sabía de qué tipo», señala la acusación, que añade que el funcionario habría aceptado realizar el viaje debido a una deuda, sin darse más detalles.
La acusación precisa que el acusado quedó internado en el Centro de Detención Coastal Bend del Servicio de Inmigración (ICE), en Corpus Christi.
Según fuentes, Garduño y Granados coincidieron como funcionarios con el ex Alcalde morenista Mario López,tambien multiacusado de ligas con el narco.
Tras ganar la Alcaldía en el 2024, Granados nombró a Garduño como director.
En abril del 2025 Estados Unidos retiró la visa a Granados, lo que el Alcalde negó, pero sin mostrar el documento.
El esfuerzo narco truncado (lo que realmente se pierde)
No es solo droga. Es una operación logística completa fallida:
Costo de producción en origen (Andes): ~1,500–2,500 USD/kg
Transporte internacional + sobornos + protección: 5,000–10,000 USD/kg
Costo total estimado puesto en frontera: ≈8,000–12,000USD/kg
Para 10.92 kg:
Inversión total: ~90,000–130,000 USD
Ganancia esperada en mayoreo: ~170,000 USD
Ganancia potencial en retail: >900,000 USD
Lo que se pierde:
Capital invertido
Margen esperado
Red logística quemada (rutas, contactos, vehículo, operador)
Esto último es clave: el golpe no es financiero, es operativo.
La “infraestructura invisible”
Para que esos 10.92 kg existieran en esa camioneta, se requirió:
a) Producción transnacional
Cultivo de hoja de coca (Colombia, Perú o Bolivia)
Procesamiento químico (laboratorios clandestinos)
Precursores controlados (ácidos, solventes)
Esto implica redes químicas y financieras, no solo campesinos.
b) Cadena de transporte multinivel
Salida de Sudamérica (aérea, marítima o terrestre)
Paso por Centroamérica/México
Almacenamiento intermedio (bodegas seguras)
Asignación a corredor fronterizo específico (Matamoros)
Cada kilo suele cambiar de manos 3 a 5 veces.
c) Inserción institucional
Aquí está el punto crítico:
El operador no es un “mula” cualquiera
Es director municipal en funciones
Eso sugiere:
Acceso a información sobre operativos o rutas
Capacidad de moverse sin levantar sospechas
Uso de redes políticas como cobertura del Cartel
No es transporte improvisado: es narco-logística con blindaje institucional de un partido ya se ha destacado como una organización criminal politicamente organizada que podria incluso ser declarada colaboradora del terrorismo.
Lo más delicado: el perfil del traslado
El dato clave del expediente:
Droga oculta en trampilla del vehículo
Paso por checkpoint interior (Sarita, no frontera inmediata)
Eso implica:
Nivel medio de sofisticación (no amateur)
Confianza en pasar filtros iniciales
Ruta ya probada o considerada “segura”
Este no era un primer viaje.
Lectura política-criminal
El silencio del gobierno municipal no es anecdótico,es la norma, pero solo es temporal,el alcalde esta analizando que pierde mas, si habla o si calla, pero pierde con las dos.
El alcalde de Morena en Matamoros, Alberto “Beto” Granados, no se junta con el pueblo bueno, se rodea de gente mala que huele a cocaína hasta en las fotos; el problema ya no es el “entorno”, es que el entorno y el alcalde son prácticamente el mismo paquete político–escorpión criminalmente organizado que cuenta no solo con el apoyo de un gobernador que cojea de la misma pata,tambien de una estrategia federal de seguridad que presume «inteligencia+coordinacion» mientras calcula politicamente cada acto de autoridad cuyas omisiones van en perjuicio de los ciudadanos en Matamoros,como en el resto de Tamaulipas, gobernados de facto por el crimen organizado que gobierna MORENA y Americo Villarreal.
Caso mas reciente: Garduño el empleado “de confianza” con 10.92 kilos
El expediente 2:26‑mj‑00284, USA v. Garduño, registra el arresto mas reciente ,el del empleado del ayuntamiento de Morena y Alberto Granados,identificado como Luis Miguel Garduño,quien fue detenido el 6 de abril de 2026 en la Corte Federal de Corpus Christi, acusado bajo el expediente 21:841A‑N.D.F.—por poseer cocaina con intento de distribuirla ,“possess with intent to distribute”.
El resumen judicial indica que el empleado municipal está en custodia de esa corte, con defensor público federal y traductor asignado, es decir, no lo pararon por exceso de velocidad, sino por tráfico serio de cocaína.
La informacion: el 5 de abril de 2026, a las 9:27 am, Garduño llegó solo, manejando una GMC Acadia, al checkpoint Javier Vega Jr., donde un agente canino alertó a los Border Patrol. Tras mandarlo a inspección secundaria, los agentes revisan la tercera fila de asientos, detectan tornillos manipulados, encuentran una trampilla bajo el piso y, al abrirla, aparecen 10 paquetes de cocaína con peso bruto de 10.92 kilos.
Garduño dijo que iba de Brownsville a Corpus Christi “a sacar información para su hija” y que el viaje lo hacía porque un conocido le pidió llevar el vehículo para cubrir una deuda, supuestamente sin saber qué llevaba adentro. Sin embargo, la propia agente especial de la DEA concluye, con base en la cantidad, forma de ocultamiento y el contexto, que Garduño sí sabía que transportaba cocaína y que la cantidad es típica de narcóticos destinados a distribución, no consumo personal.
De “empleado municipal” a mula del CDG
Mientras el expediente federal lo sienta en la silla de “cocaine, possess with intent to distribute”, en Matamoros lo describen como empleado de confianza del gobierno municipal y cercano al clan de los gemelos Granados.
Publicaciones locales señalan que Garduño trabajaba para la administración de Beto, que se movía como gente de casa de los hermanos Granados y que su caída se suma a la lista de los amigos y empleados cercanos del alcalde atrapados con coca.
La narrativa irónica que circula en redes lo resume en una frase: “11 kilos de fabuloso en polvo traía empleado de Beto Granados”, subrayando que CBP lo presentó como trabajador del ayuntamiento y que lo investigan por pertenecer al Cartel del Golfo. La propia publicación de Carlo Vela pregunta por qué, si Estados Unidos ya tiene las pruebas y el caso abierto, en México no existe ni investigación ni cateos ni operativos “enjambre” contra la red política que lo cobija.
Cómo encaja en el patrón de Beto
Con Garduño, ya no hablamos de un par de “manzanas podridas”, sino de una línea de montaje:
2020: Rodrigo Iván Sánchez Cantú, secretario particular de Beto, detenido con 8.8 kilos de coca y arsenal ligero.
2025: Edgar Alejandro Villarreal “Fresa”, narco‑financiero de la campaña de Beto, detenido por la DEA con 8.8 y 8.24 kilos de coca.
2026: Luis Miguel Garduño, empleado municipal cercano a Beto, atrapado con 10.92 kilos en el Javier Vega Jr. checkpoint.
La constante no es la mala suerte: es que alrededor del alcalde de Morena en Matamoros siempre hay alguien cruzando la frontera con entre 8 y 11 kilos de cocaína escondidos en vehículos, mientras el gobernador Américo Villarreal sigue protegiendo al edil como pieza útil del Cartel del Golfo ,ambos bajo cobijo del calculo politico en ese ajedrez que juega la supuesta estrategia federal de seguridad que comanda otra curricula tatemada convertida mediaticamente en Idolo de barro que ve como todos estan «embarrados» ,pero su nivel de salario no le alcanza para capturar a todos de manera pareja.
En Estados Unidos, los cercanos a Beto aparecen encuadrados bajo el 21:841 por “possess with intent to distribute”; en México, aparecen en nómina, en fotos oficiales y en campañas, como si la coca fuera un requisito de confianza para el círculo del alcalde escorpión.
Caso 1: el secretario particular con 8.8 kilos de Coca
En 2020, mientras Granados despachaba en la Secretaria de Bienestar Social de Matamoros y Mario Lopez Hernandez,era el alcalde,tambien «Escorpion»,el secretario particular de «Beto Granados» era Rodrigo Iván Sánchez Cantú,este fue detenido cargando 8.8 kilos de cocaína, 60 kilos de marihuana, cristal, plantas de cannabis y hasta una pistola .45 de uso exclusivo del Ejército. Transportaba el combo hacia una casa de seguridad en Matamoros, presuntamente para su posterior envío a Estados Unidos, no precisamente para un convivio de colonia.
En papeles oficiales, Sánchez Cantú aparecía como “Coordinador A” en programas sociales, cobrando casi 20 mil pesos mensuales mientras servía como brazo derecho de Granados en la Secretaría. Fotos lo muestran recibiendo nombramientos y acompañando al hoy alcalde en actos públicos, es decir, no era “un conocido” sino parte del círculo duro.
El juez federal aprovecho las inconsistencias y lo dejó libre en mayo de 2020 por irregularidades cometidas por sus aprehensores, no por inocente, y lejos de volver al anonimato, regresó al proyecto político de Granados y participó en su campaña a la alcaldía de 2024. Fuentes periodísticas lo ubican todavía operando en la administración municipal bajo órdenes directas de Beto, como si cargar 8.8 kilos de coca fuera apenas una falta administrativa.
Caso 2: el narco‑financiero “Fresa” y la DEA
El 22 de enero de 2025 la DEA detuvo en Brownsville, Texas, a Edgar Alejandro Villarreal Guajardo, alias “Fresa”, acusado de conspiración y posesión con intención de distribuir más de 5 kilos de cocaína: 8.8 kilos en una causa y 8.24 kilos en otra, todo bajo el Título 21 del Código de EE. UU. El expediente federal detalla montos, fechas y posibles penas que van de 10 años de prisión a cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares.
Villarreal no era un narco cualquiera perdido en los linderos de Matamoros: fue descrito como financiero de campaña de Beto Granados y operador clave de la “Avanzada Tamaulipeca” que encabezaba Americo Villarreal Santiago, hijo de Américo Villarreal y la Gobernadora de «Facto» de Tamaulipas,Maria Santiago de Villarreal. Hasta antes de su caída, participaba en eventos patrocinados por el ayuntamiento con Razers 4×4 y movimientos políticos, mientras en paralelo era investigado por narcotráfico y lavado de dinero.
Para rematar, como si no fuera tan poca la falta de verguenza,el propio alcalde de Matamoros aparece aun como supervisor de las medidas cautelares que permiten que Alfredo Cardenas,alias El Contador,maximo jefe de la faccion de «Escorpiones» y lider del Cartel del Golfo que tiene afiliados a Morena,el gobernador y el alcalde a sus interéses criminales.
La “revisión de rutina” de 8 horas y la visa evaporada
En abril de 2025, cuando Beto cruza por Brownsville, CBP no lo trata como turista que va por compras: lo retienen casi ocho horas, lo interrogan y finalmente le cancelan la visa a él y a siete acompañantes, negándoles la entrada a Estados Unidos. Medios nacionales y el periodista Salvador García Soto reportan que la investigación está directamente ligada al arresto de Villarreal con casi 9 kilos de cocaína, sobre cuya relación con el alcalde el gobierno estadounidense quería detalles, no selfies.
Lejos de la versión de “revisión de rutina”, el episodio revienta su agenda pública: Beto no llega a un evento programado a las 7:30 de la mañana y termina reacomodando su presencia en Playa Bagdad después de ser literalmente “retachado” sin visa. Aqui se sostiene que, con la evidencia acumulada, en cualquier estado de derecho el alcalde ya estaría al menos indiciado por terrorismo en EE. UU., considerando sus vínculos con una facción del Cartel del Golfo.
El patrón: mismos amigos, misma coca, mismo cartel
Cuando al alcalde se le acumulan un secretario particular detenido con 8.8 kilos de coca, un narco‑financiero atrapado con otro paquete de 8.8 kilos y una retención de ocho horas en Texas por sus nexos con ese mismo financiero y Garduño hace tan solo unos dias, ya no estamos ante casualidades: estamos frente a un modus operandi político al servicio del Cartel del Golfo donde Beto como su gemelo Toño son “Escorpiones morenos”, piezas de la estructura que el gobernador Américo Villarreal habría entregado a la facción de Alfredo Cárdenas, “El Contador”, en Matamoros a cambio de votos para no perder la plaza electoral.
La triada Américo–Ameriquito–CDG aparece como la matriz que lo impuso como candidato, financió campañas y protege a los operadores cuando los agarra la DEA o un juez en Texas, mientras en México el silencio oficial y la simulación de la estrategia federal de seguridad funcionan como blindaje político.
De ese lado del río, Trump presume que México es aliado de los cárteles; de este lado, Morena se indigna en el discurso mientras tolera alcaldes que coleccionan amigos cargados de cocaína en sus fotos, sus nóminas y hasta en sus expedientes migratorios.
Ta solo basta con volver a escuchar al periodista Julio Alberto Rubio,cuando claridoso advertía quien era «Beto».
