«ANDABA BIEN RECIO»: «PENILLA le OFRECIO a AMLO PACIFICAR al PAIS con AYUDA del Z-40 SI NO lo EXTRADITABAN y SI CANTA CAE TODO el MORENISMO NARCO»…egresado de la UAT subió como las palmas y esta cayendo como los cocos.

Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, líder de una de las organizaciones criminales más violentas y sanguinarias de México, evitó en más de 70 ocasiones su extradición a Estados Unidos.

A lo largo de 12 años, Treviño logró una y otra vez suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales de distintos estados. En ese tiempo fue transferido 15 veces a distintos centros penitenciarios. Desde 2014, el gobierno de Estados Unidos había iniciado el proceso para su extradición.

El puente entre el Z-40 y los jueces que lo protegieron fue el abogado tamaulipeco Juan Pablo Penilla Rodríguez, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de señalar como intermediario del capo y los actuales jefes del Cártel del Noreste, organización en la que se reagruparon varios integrantes de alto perfil del grupo conocido como Los Zetas.

Penilla acaba de ser sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, al lado de otras personas vinculadas con una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo que, según el gobierno de Estados Unidos, era operada por el Cártel del Noreste.

La OFAC sancionó también dos casinos vinculados con ese grupo: el Casino Centenario, de Nuevo Laredo, así como el Diamante Casino, de Tampico, Tamaulipas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el primero de estos es empleado como depósito de drogas, sirve para lavar ganancias ilícitas y tiene áreas internas que son utilizadas como cuartos de tortura.

El abogado Penilla Rodríguez se colocó en el ojo público cuando, poco después de su misteriosa entrega al gobierno de Estados Unidos, el capo sinaloense Ismael El Mayo Zambada lo señaló en una carta como encargado de su defensa legal. Él llevaba, sin embargo, varios lustros haciendo ese tipo de trabajo: la defensa de narcotraficantes de alta gama, al lado de su socio Sergio Arturo Ramírez Muñoz, registrado como militante de Morena en 2018 y candidato a diputado suplente por ese mismo partido en 2021.

Más tardó en hacerse pública la carta de El Mayo que en circular el nombramiento de Penilla como asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un documento firmado por el propio gobernador.

Más tardó en hacerse pública la carta de El Mayo que en aparecer fotografías del abogado al lado de toda la élite de Morena: fotos con Claudia Sheinbaum, con Citlalli Hernández, con Arturo Zaldívar, con Mario Delgado, con Ricardo Monreal, con Martí Batres, con Félix Salgado Macedonio, con Clara Brugada, con Sergio Gutiérrez Luna y con Pedro Haces.

Más de 40 fotografías que mostraban su acceso pleno a la más alta cúpula gobernante. En 2019 la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero subió a redes sociales una foto con él y con el subsecretario Ricardo Peralta en su oficina de Bucareli. Según el texto que acompañó la imagen, analizaba al lado de estos “estrategias para mejorar la implementación de justicia”.

Penilla fue negado por el gobierno de Américo Villarreal, que sostuvo que el nombramiento, ya firmado por el propio gobernador, no se había concretado “tras una valoración”. Fue negado por quienes posaron a su lado en decenas de fotos, y que rechazaron tener cualquier tipo de relación con él.

Los mismos que lo negaron lo habían premiado dos veces en el Congreso (Lucía Trasviña y Ana Lilia Rivera le otorgaron el Premio Pro Humanitas, “por contribuir a la transformación”).

Fuentes de inteligencia reportan que Penilla fue el encargado de transmitir al gobierno de López Obrador una propuesta de su cliente, el Z-40, quien ofrecía colaborar en la “pacificación” de Tamaulipas a cambio de que no se le extraditara a los Estados Unidos.

A lo largo del sexenio, en al menos 60 veces, el Z-40 obtuvo amparos contra esta y siguió manejando a su grupo desde la prisión.

Según los reportes de agencias de Estados Unidos, Penilla fue llamado a Gobernación a través de Ricardo Peralta en tiempos en los que AMLO buscaba la manera de amnistiar narcotraficantes como una forma de “serenar el país”.

En círculos políticos de Tamaulipas se sabe que el abogado del Z-40 fue propuesto para quedar al frente de la aduana de Nuevo Laredo (una aduana que su cliente manejaba desde años atrás), pero que el grupo de la viuda de Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, operó en el gobierno de Américo Villarreal para que esto no ocurriera.

El asesor honorífico, el premiado en el Congreso, el que llegó decenas de veces con las más altas figuras del régimen, es considerado ahora por el gobierno de Estados Unidos como colaborador de una organización terrorista, cargo que podría extenderse a cualquier persona que haya tenido tratos con él.

Las aguas vuelven a sacudirse. Como abogado de narcotraficantes, Penilla tiene información en varios frentes. Y todos esos frentes apuntan al mismo sitio, al mismo partido, al mismo sexenio.

Con informacion: HECTOR DE MAULEON/ELUNIVERSAL+/

LA «OFAC HABLÓ y MARIACHIS CALLARÓN»:»TRAS ESCANDALO de PENILLA NARCO ASESOR de AMERICO SILENCIAN la PRENSA para ENGAÑAR CONTRIBUYENTES»…paradogicamente,con su mismo dinero.

Luego de escandalo desatado tras la sanción de la OFAC,por parte del Departamento del Tesoro de los EE.UU,que involucra al abogado Morenista,ex-asesor de Americo Villarreal Anaya,gobernador de Tamaulipas,citado profusamente por la prensa nacional, no fue asi en la prensa tradicional tamaulipeca como se advierte en los rastreos visibles, el eco ha sido más bien tímido, sin menciones al mandatario, casi como si los mariachis hubieran guardado la trompeta por orden de algún dueño de la plaza.

Lo que no sorprende, pues una operación en marcha desde el epicentro de la Comunicación Social del Gobernador de Tamaulipas, trabaja a marchas forzadas,dia y noche, para silenciar a los medios de difusión y alentar los de confusión, todo con el propósito de engañar a los contribuyentes, paradogicamente,con su mismo dinero,como advierte la evidencia. 

En Tamaulipas no faltan voces, faltan corajes 

Cuando Washington puso en la vitrina a Juan Pablo Penilla —abogado, operador y exasesor honorífico del gobierno de Américo Villarreal— la señal fue brutalmente clara: no era un personaje de utilería, sino alguien a quien la OFAC identifica como facilitador de servicios ilegales para el Cártel del Noreste y pieza útil para sostener la operación criminal desde la comodidad de un despacho.

Lo verdaderamente grotesco no es solo la sanción; es el teatro posterior. Aquí, donde se supone que la prensa local vigila al poder, la reacción luce como coro afinado de silencios, con notas muy cuidadas para no incomodar a quien reparte el oxígeno institucional y, de paso, el presupuesto público en forma de «cochupo,chayote o embute».

Porque el problema no es únicamente Penilla. El problema es lo que su caso destapa: una red de relaciones, fotos de la presidenta Sheinbaum pa’bajo, cargos honoríficos y puertas giratorias que durante años se maquilló como normalidad política, mientras desde Estados Unidos se describía una estructura donde el dinero, la violencia y la influencia institucional se mezclan con una facilidad obscena.

Y ahí entra la parte más cínica: si la operación de silencio existe, no solo engaña a los contribuyentes; también los financia con su propio dinero, porque la propaganda, los boletines y las lealtades compradas rara vez se pagan solas. El resultado es una prensa domesticada que a veces informa menos de lo que administra el daño reputacional del gobernante de turno.

Tamaulipas: donde los mariachis callan y la OFAC habla

La sanción del Departamento del Tesoro contra Juan Pablo Penilla dejó al descubierto algo más grave que un nombre en la lista negra: exhibió la costumbre del poder tamaulipeco de convivir con personajes que después intenta borrar de la foto. Penilla no era un desconocido; fue presentado como asesor honorífico de Américo Villarreal, y hoy Washington lo coloca como pieza funcional en la red de apoyo al Cártel del Noreste.

La prensa tradicional tamaulipeca, por su parte, parece haber entrado en modo bolero: mucho arreglo, poca letra. El asunto amerita preguntas elementales que nadie en el circuito oficialista quiere formular con precisión: ¿quién lo llevó, quién lo protegió, quién lo legitimó y quién recibió la orden de bajar el volumen cuando estalló la sanción ?.

Porque aquí no estamos frente a una anécdota, sino ante una operación política de encubrimiento por omisión. Y si el dinero público sostiene a quienes callan, entonces el contribuyente termina pagando la mordaza con la misma caja chica con la que se compra la simulación.

Con informacion: @Redes/ medios/

"ENTRÓ en SHOCK...JUSTO a TIEMPO": "POLICIA de TRANSITO de SAN PEDRO de las EJECUCIONES N.L CAMBIÓ su DECLARACIÓN TRAS ASESINATO"...lo dejan en libertad, pero detenido su teléfono chismoso.

El lunes pasado, en plena zona de confort de San Pedro Garza García, un sinaloense fue ejecutado dentro de una Grand Cherokee blindada, justo enfrente de una patrulla municipal. No fue un atentado relámpago ni un crimen a la distancia: fue una ejecución con precisión quirúrgica, realizada a pie, a plena luz del día, con un policía armado mirando desde unos metros atrás. Y, como dicta el manual del absurdo regio, el agente no disparó, no persiguió, no se movió. “Cayó en shock”, justificó el Secretario de Seguridad José Luis David Kuri. Qué conveniente.

El oficial —cuyo nombre la autoridad no ha querido revelar, aunque eso ya es una confesión de complicidad institucional— primero declaró ante la Fiscalía que revisaba los documentos del vehículo del ejecutado, Juan Carlos García Núñez. Luego cambió su versión: no revisaba, negociaba un “arreglo”. Un moche. Porque claro, nada más natural que detener una camioneta blindada y pedir dinero para “regularizar papeles”… justo antes de que un sicario aparezca y ejecute a su ocupante con cinco balazos en la cabeza.

Y mientras las versiones oficiales se desmoronan, surge la pregunta incómoda: ¿a quién servía el policía vial? Porque no se trata sólo de negligencia, sino de un patrón clásico de delación: distraer, entretener, “aflojar” el objetivo para que el ejecutor llegue sin resistencia. Lo llamó “shock”, pero en los códigos del crimen eso se llama cubrir el trabajo.

Expertos en seguridad —de esos a quienes la Secretaría sólo escucha cuando necesita justificar el desastre— recuerdan lo obvio: ningún policía medianamente entrenado se paraliza al ver un arma. Por instinto de supervivencia, desenfunda. El hecho de que este agente no lo hiciera sugiere que no era amenaza lo que veía, sino ejecución pactada.

Pero las autoridades, hábiles para la opacidad, siguen jugando al escondite. El Fiscal estatal Javier Flores reconoció que el agente fue detenido “por falsedad de declaraciones”, aunque liberado bajo reserva y con su teléfono en revisión voluntaria —otro gesto casi poético de buena fe en medio de un homicidio doloso. Según Flores, “en tiempo breve” se ofrecerá información más exacta. Tradúzcase: cuando la versión oficial esté bien planchada.

Mientras tanto, las cámaras de la Avenida Roble —al menos 63— podrían contar una historia menos conveniente: la de un policía que entregó al ejecutado, una víctima que bajó la ventanilla al creer que trataba con autoridad, y un sicario que actuó sin miedo porque sabía exactamente que nadie iba a intervenir.

San Pedro no vivió una ejecución cualquiera. Vivió un homicidio asistido por el silencio táctico de un uniforme.

Con informacion: ELNORTE/

LA «JUSTICIA EMPUERCADA»: «AMERICO ENTREGÓ CONTRATOS a EMPRESA de CASINO DIAMANTE LIGADA a PENILLA INDICIADA por NARCO por EE.UU»…gobernador no dispara el arma, solo la lubrica, la carga y la pone a trabajar.

En Tamaulipas no gobierna Morena,ni Americo Villarreal: administra la podredumbre. Y lo hace con una desfachatez que ya no cabe en el lenguaje de la sospecha, porque el caso del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez,ex-asesor del gobernador hasta que estalló el escándalo, ahora exhibe los contratos de la Fiscalía estatal de Justicia a una empresa ligada a este y sancionada por Estados Unidos que dibujan un patrón demasiado claro para seguir fingiendo sorpresa: el poder público no solo convivió con la red criminal, sino que le abrió la puerta, le puso silla y hasta le colgó el gafete de “asesor honorífico”.

El abogado que ya olía a OFAC

El primer golpe viene del lado de Washington. El 14 de abril de 2026, la OFAC sancionó a personas y entidades ligadas a una red de lavado de dinero y contrabando operada por el Cártel del Noreste, y entre los señalados aparece Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V., empresa que —según la versión periodística consultada— estaba vinculada con casinos usados para lavar dinero, mover droga y sostener operaciones criminales.

Pero la joya del caso no es solo la empresa. Es el personaje que se paseó por el gobierno de Tamaulipas con tratamiento de distinguido mientras, del otro lado, el Tesoro estadounidense lo retrataba como un engrane útil de una maquinaria criminal. 

El “asesor” que no asesoraba al Estado

La parte más obscena es la que en Tamaulipas intentaron maquillar con lenguaje burocrático. Penilla fue nombrado “asesor honorífico del Ejecutivo” por Américo Villarreal Anaya, pero la evidencia advierte que eso no fue un accidente administrativo, sino la institucionalización de un vínculo político-criminal que favoreció la campaña de Americo Villarreal en 2022.

Penilla operaba como intermediario del Cártel del Noreste y el gobernador tenía un papel funcional para mantener comunicación entre el mundo del abogado y el mundo del crimen organizado. Traducido al español callejero: no era un asesor; era una bisagra entre el palacio y la cloaca con extensión a todo el firmamento Morenista.

La Fiscalía y la empresa vetada

Mientras el gobierno estatal jugaba a la amnesia, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas firmó contratos con una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro. El reportaje de El Universal documenta que, en 2025, la dependencia otorgó por adjudicación directa dos contratos que suman más de 1 millón 200 mil pesos a CAMSA, señalada por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

El detalle ya es de antología: uno de los contratos fue por 882 mil 549 pesos para módulos LED, y el otro por 330 mil 020 pesos para una pantalla LED tipo “pitch”, ambos destinados a oficinas de la Fiscalía en Ciudad Victoria. O sea: mientras Estados Unidos marca a una empresa por su relación con el narco, la Fiscalía de Tamaulipas le compra pantallas y módulos como si nada.

El manual de la impunidad

La lectura política es brutalmente simple: en Tamaulipas no estamos ante un error de contratación aislado, sino ante una forma de gobernar donde la frontera entre institución y complicidad se vuelve decorado. El caso Penilla apunta a una lógica de protección, acceso y legitimación; el caso CAMSA muestra el otro lado de la moneda, el de los recursos públicos circulando hacia una empresa tocada por sanciones estadounidenses.

Si se toma en serio lo que dice la evidencia, el mensaje es devastador: el gobierno de Américo Villarreal no solo toleró personajes con olor a cártel, sino que los convirtió en parte de su maquinaria política y administrativa. Y cuando la autoridad se vuelve vehículo de los mismos intereses que debería perseguir, ya no hay gobierno: hay cobertura institucional del crimen.

La pregunta que queda

El escándalo no está en que Washington vea lo que Tamaulipas negó durante meses. El escándalo está en que, con evidencia pública sobre la mesa, el gobierno local siga actuando como si el problema fuera de comunicación y no de estructura. 

Si un asesor honorífico termina descrito como habilitador criminal, y una Fiscalía contrata a una empresa sancionada por EU, entonces lo que se exhibe no es una pifia: es un sistema que huele a descomposición desde la oficina principal.

Con informacion: ELUNIVERSAL/ AZUCENAU/ U.S TREASURY/