"104 en 2025 y 6 en ABRIL ?": "NI HARFUCH,NI el EJERCITO HAN PODIDO ATAJAR al CHAMUCO MATAMUJERES en SINALOA"...la muerte sigue trabajando triple turno 24/7/365.

El peso de las cifras de feminicidios en medio de la trilogía de violencia normalizada en la guerra de Sinaloa,cuyos números son saldo de la barbarie de levantón, muerte y despojo ,equivalen a una inatajable crisis humanitaria, si atendemos con seriedad el mas reciente balance publicado por Noroeste.

Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de abril de 2026 es de:

◉ 3,089 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,650 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)

◉ 10,627 vehículos robados (18.3 diarios)

◉ 3,438 personas detenidas (5.9 diarios)

◉ 183 personas abatidas

Como se advierte, Sinaloa ya no está viviendo una guerra: la está administrando a diario, como si el horror fuera trámite, como si la cuenta de mujeres asesinadas pudiera leerse en una libreta de oficina y no en una tragedia de Estado.

Mientras las autoridades siguen vendiendo discursos de contención, la realidad les revienta en la cara: en 2025 el estado acumuló decenas de feminicidios y homicidios de mujeres, un año que lo colocó en la cima nacional del espanto.

En 2025 mataron a 104 mujeres en Sinaloa, más que en cualquier año desde 2011, cuando el conteo cerró en 110 casos. No fue una racha, fue una forma de gobierno: asesinatos en todos los municipios, a cualquier hora, contra mujeres de cualquier edad y condición.

Y no es un episodio aislado ni una mala semana: es la continuidad de una rutina de muerte que ya lleva casi dos años desangrando al estado entre balaceras, desapariciones, “levantones” y despojos, como si el crimen hubiera asumido la administración territorial y la autoridad sólo hiciera el inventario del desastre.

Made with Flourish • Create a chart

La cifra que más debería avergonzar a cualquier gobierno es esta: las mujeres siguen cayendo en Sinaloa con una regularidad que ya no permite hablar de “casos” sino de una estructura de violencia sostenida, impune y profundamente misógina.

Cada feminicidio no sólo exhibe el fracaso de la prevención; también desnuda la precariedad de la reacción institucional, esa costumbre oficial de llegar tarde, explicar mal y no resolver nada.

Y mientras el parte de guerra suma homicidios, vehículos robados y privaciones de la libertad, la violencia contra las mujeres queda como el subrayado más brutal de un estado capturado por el miedo y por la incapacidad pública para proteger siquiera la vida de las más expuestas.

Si la guerra ya cumple casi dos años, el saldo no es sólo de muertos: es de territorios tomados, familias rotas y mujeres convertidas en el objetivo más castigado de una normalidad criminal que el gobierno sigue llamando “incidencia” para no decir fracaso.

En Sinaloa, la estadística ya no describe la violencia: la denuncia.

Con informacion: NOROESTE/

«NI se ATREVAN a MORIRSE en ACCIDENTES»: «INGENIERIA JURIDICA de CORTE del ACORDEON FALLA CONTRA VICTIMAS y en FAVOR de ASEGURADORAS y entes PUBLICOS»…ahora indemnización será menor.

La sentencia sí huele a “fallo caro” para las familias y muy barato para las aseguradoras y entes públicos, aunque la Corte lo disfrace de estricta obediencia constitucional a la UMA.

Qué decidió exactamente la Corte

• El pleno de la SCJN resolvió por unanimidad que las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse en UMA y no en salario mínimo.
• El criterio se fija como jurisprudencia derivada de una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala, es decir, se vuelve la regla a seguir en casos futuros.
• El parámetro aplica a indemnizaciones por fallecimiento en accidentes, responsabilidad civil, y casos donde están implicadas aseguradoras, IMSS, ISSSTE y empresas del Estado.
• El argumento formal: la Constitución prohíbe usar el salario mínimo como referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral, y la UMA fue creada para esos otros cálculos.

Traducido del leguleyo al castellano: la Corte dice “no es que quiera pagar menos, es que la Constitución me obliga a usar UMA y no salario mínimo”, aunque el efecto práctico sea un recorte brutal de montos.

El tamaño real del tijeretazo

• Para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos.
• El salario mínimo general anda en 315 pesos diarios.
• Eso significa que, por cada “día” usado como base de cálculo, la indemnización cae a un tercio de lo que hubiera sido con salario mínimo.
• Varios medios calculan que el techo de indemnización por muerte baja de alrededor de 1.5 millones de pesos (con salario mínimo) a unos 585 mil pesos (con UMA).

O sea: el mismo muerto, el mismo dolor, la misma negligencia;lo único que cambia es la creatividad contable del Estado y las aseguradoras, y la SCJN les regaló una rebaja “jurisprudencial” del orden de más de la mitad.

A quién protege el fallo (y a quién no)

• La propia Corte y la ponente Lenia Batres destacan que el criterio protege la “viabilidad financiera” de instituciones como el IMSS y otras entidades públicas.
• También beneficia directamente a aseguradoras privadas, que ahora tienen un parámetro uniforme más bajo para calcular indemnizaciones en casos de muerte.
• Se “homologan criterios” y se da certidumbre jurídica… a las instituciones obligadas a pagar, no a las familias que dependen de esas indemnizaciones para sobrevivir la pérdida del sostén económico.
• La Corte se cura en salud diciendo que la reparación es “compensatoria, no salarial”, y que los jueces siguen teniendo margen para ajustar montos según el caso concreto.

La ironía: el discurso de “justicia” se centra en no presionar al salario mínimo y en cuidar las finanzas públicas, mientras la justicia material para las víctimas queda en el área chica de la “facultad discrecional” de los jueces, con un techo ya amarrado a una unidad de menor valor.

¿Es un fallo “caro” para la ciudadanía?

En términos estrictamente jurídicos, la Corte se parapeta en la reforma de desindexación del salario mínimo: hay mandato constitucional de no usar el mínimo para multas, créditos e indemnizaciones no laborales.

Pero en términos materiales, políticos y de justicia social, lo que hizo fue trasladar el costo de esa ortodoxia constitucional a las familias que pierden a alguien en un accidente o por negligencia del Estado o de particulares.

• Para el ciudadano promedio, el mensaje es claro: tu vida vale jurídicamente menos de lo que creías si la medimos en UMA y no en salario mínimo.
• Para el Estado y las aseguradoras, el mensaje también es clarísimo: hay un tope más manejable, previsible y financieramente cómodo para sus pasivos.
• La supuesta “neutralidad” técnica de la UMA oculta que alguien paga la diferencia, y no es la SCJN ni las empresas aseguradoras: son las familias que ya están en la peor posición negociadora posible, porque están de luto.

El fallo no parece un resbalón técnico, sino una decisión consciente de amarrar a futuro las expectativas de reparación económica en favor de quienes pagan, no de quienes reclaman.

La envoltura discursiva y la cara política

• La Corte vende el criterio como armonización con la reforma constitucional, defensa del salario mínimo y consolidación de la UMA como herramienta moderna de cálculo.
• En la letra, el discurso es impecable: se desindexa el salario, se cumple la Constitución y se evita usar el mínimo para todo.
• En la práctica, la Corte se alinea con un interés muy concreto: reducir el riesgo financiero de Estado y aseguradoras ante condenas por muerte, justo en un país con violencia, accidentes fatales y negligencias institucionales crónicas.

Así que sí: la sentencia tiene toda la cara de ser una pieza de ingeniería jurídica que le saldrá cara a la ciudadanía en cada juicio por muerte, pero muy barata y muy cómoda para el interés que la Corte, con mucha fineza técnica, decidió priorizar.

Con informacion: LA SILLA ROTA/

«YA lo ATORARÓN o CONGELARON su LANA ?»: «PENILLA debe DELATAR TODOS los que ESTAN en las FOTOS AUNQUE NO estén TODOS los que SON»…embarradero de este y su socio fue fusión,no infiltración.

Para Washington, Juan Pablo Penilla Rodríguez es un criminal;para la cuarta transformación, un asesor honorífico de Américo Villarreal Anaya, para el Congreso Federal un embajador por la paz, para Miguel Angel Treviño alias Z-40,su abogado, lo mismo que para Ismael el «Mayo Zambada». Así funciona el doble y triple estándar del moralismo morenista: mientras el Tesoro de Estados Unidos lo sanciona por ser cómplice del Cártel del Noreste (CDN), en México lo aplaudian por «servir al pueblo», y aun no esta detenido, ni su lana congelada, incluida la que tesorería de Tamaulipas le depositaba por sus servicios.

La eventual entrega en un acto inteligente por parte del abogado para salvar su vida, o la solicitud de captura por parte de EE.UU,acabaria de tajo con el discurso soberanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum,a quien también le coqueteaba el abogangster politica y criminalmente organizado.

El Departamento del Tesoro lo describe sin rodeos: Penilla presta “servicios ilegales” a Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z40”. Traducción libre: el despacho jurídico del narco firmó convenio con el poder. Desde prisión, “Z40” mantiene su imperio gracias al abogado que, según el gobierno norteamericano, opera como enlace con el cártel y sus lavadores de dinero.

Pero aquí no pasa nada. En México, el mismo abogado fue nombrado —aunque luego “cancelado por error administrativo” — Asesor Honorífico del Ejecutivo de Tamaulipas, bajo el gobierno del morenista Américo Villarreal. 

Antes ya había estado en el presidium del Congreso de la CATEM, la central sindical apadrinada por Pedro Haces y bendecida por López Obrador. Y sí, también fue laureado por la Cámara de Diputados como “Embajador Internacional por la Paz”. Difícil saber si era humor negro o simple complicidad institucional.

No es la primera vez que su nombre circula entre expedientes del narco y pasillos de la 4T: aparece en una carta de Ismael “El Mayo” Zambada dirigida al Consulado en Nueva York, pidiendo su retorno a México y mencionando a Penilla como su abogado. 

A estas alturas, el discurso de “no somos iguales” parece redactado en bufete compartido con el crimen organizado. En el país donde ser sancionado por Washington es certificado de confianza, el oficialismo morenista sigue fabricando “embajadores de la paz” entre narcos, lavadores y sus defensores legales.

Con informacion: ELNORTE/

EL «HABILITADOR CLAVE ERA ASESOR HONORIFICO»: «AMERICO CUMPLE PERFIL para ser SANCIONADO por la OFAC IGUAL que PENILLA»…empresa criminal que construyó con triple ejecutor,es aliada del Contador y aun viste la capa que todo tapa.

La “empresa criminal” que tejieron Juan Pablo Penilla y su socio politico y criminalmente organizado, Americo Villarreal Anaya,gobernador de Morena en Tamaulipas, encaja punto por punto, en el mismo molde de “asociado clave” y “habilitador prominente” que el propio Departamento del Tesoro de EE.UU ya describió para CDN: un esquema donde el abogado no solo litiga, sino intermedia órdenes, lava legitimidad y vende la investidura del gobernador como servicio al crimen organizado.

I. De abogado del Z‑40 a “asesor honorífico del Ejecutivo”

OFAC ya dejó asentado que Juan Pablo Penilla Rodríguez “provee servicios ilegales a miembros del CDN más allá del alcance de una relación normal abogado‑cliente”, fungiendo como intermediario de Miguel Ángel “Z‑40” Treviño Morales con la actual dirigencia del CDN y otros socios criminales, permitiéndole mantener control de la organización aun desde prisión. Esa conducta fue suficiente para designarlo como “prominente habilitador” del CDN bajo E.O. 14059 y E.O. 13224, el mismo estándar con el que se persigue a quienes sostienen la campaña de terror del cártel en la frontera.

Al otro lado de la historia oficial, en Tamaulipas, el mismo Penilla fue nombrado como “asesor honorífico del Ejecutivo” por el gobernador de Morena, Américo Villarreal Anaya, mediante documento de 10 de enero de 2023, precisamente cuando Juan Pablo Penilla dirigía las ordenes del Z-40 al Cartel por su conducto, como señaló MILENIO el 16 de Junio de 2023,citando un de informe de la MARINA tras la captura del «Tory» en Puebla,entonces Americo Villarreal no se puede dar por despistado.

“Se encontraba resguardado en la Ciudad de Cholula, Puebla por contar con amenazas de Miguel Ángel Treviño Morales (a) Z-40, detenido en julio de 2013, menciona que la “gente de Z-40” lo persigue por “evadirse”, asimismo manifestó que desde la prisión mantiene territorio controlado ejecutando las operaciones delictivas a través de sus abogados Juan Pablo Penilla ‘N’ y Niniveth ‘N’.” según el informe de la Semar….Milenio.

Juan Pablo Penilla ya era abogado del mandatario y su intermediario con el Cartel del Noreste como quedó acreditado en el rescate del alcalde de Guerrero,Coahuila plagiado por Zetas y liberado casi enseguida por la intermediación del abogado Penilla. 

Que un sujeto que OFAC califica como engrane indispensable del CDN haya recibido rango de asesor del gobernador no es casualidad: es la institucionalización, vía oficio y membrete estatal, de un enlace narco‑político al nivel de política de Estado local que fue ademas financiero del Gobernador antes de romper por los escándalos.

II. La estructura: casinos, plazas y “asesores”

En su sanción más reciente, Tesoro describe un ecosistema criminal donde el CDN controla plazas, usa casinos como casas de resguardo de droga, centros de tortura y lavadoras de efectivo, y se apalanca de despachos, fachadas empresariales y “profesiones honorables” para blanquear operaciones. El patrón es claro:

• Un cártel que ya fue Los Zetas, hoy CDN, con presencia dominante en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, designado TCO y después FTO y SDGT.
• Casinos operados por una empresa (CAMSA) que sirven como bodegas de fentanilo y cocaína, instrumentos de lavado y espacios para intimidar enemigos.
• “Asociados prominentes” que usan su credencial profesional para blindar al cártel y torpedear esfuerzos de autoridades.

En ese mismo tablero, Penilla aparece como pieza de doble cara:ante OFAC, abogado del Z‑40 y operador de sus vínculos con CDN; ante el gobierno estatal, asesor del gobernador con acceso a la investidura y capacidad de “resolver” secuestros y crisis de seguridad a través de gestiones con los mismos grupos que el Tesoro califica como terroristas. 

Lo que en el lenguaje de Washington se llama “habilitador clave”, en Palacio de Gobierno se bautizó como “asesor honorífico del Ejecutivo”; la función material, sin embargo, es idéntica: garantizar continuidad operativa al cártel, solo que con sello oficial.

III. Américo, patrocinador, intermediario y beneficiario

Las piezas juntas terminan de completar la ecuación política que OFAC aún no escribe, pero cuyo formato ya tiene listo. Diversos trascendidos documentados describen:

• Que Penilla no solo fue asesor formal de Américo, sino su intermediario con el CDN durante y después de la campaña de 2022.
• Que, de acuerdo con un narcomensaje divulgado en 2024, el abogado habría exigido al gobernador el “retache” de 10 millones de dólares aportados por Zetas para la campaña, detonando el rompimiento y la posterior negación pública al estilo “Judas moderno”.
• Que se ha acreditado que el gobernador conoció via Alejandro Rabago,su ex-jefe de asesores y ex-representante en CDMX a Juan Pablo Penilla y que fue este el conducto que permitió que se beneficiara, primero como candidato y luego como mandatario de Morena del “quehacer legal y criminal” de su asesor, una relación que sostuvo hasta que el costo político se volvió inmanejable.Penilla rompió con el gobernante y enseguida Alejandro Rabago,ahora ambos con motivaciónes suficientes para colaborar con EE.UU.

En paralelo, se describe que Penilla operó como “chamba de asesor” la resolución del plagio del alcalde de Guerrero, Coahuila, en Nuevo Laredo en octubre de 2022, apenas dos semanas después de que Américo asumiera el poder, en un “favor” criminal que marcó la pauta de cómo se gestionarían secuestros y crisis: vía cártel, no vía instituciones. 

La misma fórmula que había replicado el Gobernador con el Cartel del Golfo de Matamoros en marzo de 2023, cuando, tras el secuestro y asesinato de estadounidenses, la “entrega” de responsables se habría negociado con la facción que, de acuerdo con la narrativa local, “votó por Américo”.

IV. La “conexión Matamoros”: del CDN al CDG con el mismo operador

La sanción del Tesoro advierte que CDN compra voluntades políticas, corrompe autoridades, intimida periodistas y extorsiona negocios para sostener su dominio en Nuevo Laredo. En la trastienda tamaulipeca, el mismo abogado que OFAC señala como brazo ilegal del CDN aparece vinculado también con la estructura del Cartel del Golfo en Matamoros.

De acuerdo con trascendidos el mando criminal Alberto Castillón cuya familia esta incrustada en la nomina municipal del Alcalde de Morena,Alberto Granados,habría fungido como enlace entre el Cartel del Golfo, Penilla y Américo con Alfredo Cardenas,alias El Contador,ligados todos con un arreglo que termió en ejecución.

Es decir, la empresa criminal no se limita a una franquicia: el mismo asesor de un gobernador opera multi‑cártel, conectando CDN y CDG, mientras el discurso público se reduce a deslindes por tuit y aclaraciones tardías cuando el escándalo ya reventó.

V. Por qué el estándar OFAC ya alcanza al gobernador

El comunicado de Tesoro deja claro que las sanciones no se limitan a sicarios: alcanzan a cualquier persona o entidad que “materialmente asista, patrocine o provea apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios” a un designado, o que actúe en su nombre directa o indirectamente. Bajo ese estándar, OFAC ya castigó a:

• Los casinos usados como bodegas de droga y lavadoras de efectivo.
• La empresa fachada que los opera.
• El operador de tráfico de personas que controla “pateros” y casas de resguardo de efectivo.
• Los “habilitadores prominentes” que, como Penilla, usan la toga o el activismo para apuntalar al CDN.

En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal no puede alegar ignorancia: nombró asesor a un abogado del Z‑40 que ya fungía como enlace con CDN, lo mantuvo como operador político‑criminal, toleró que resolviera secuestros y crisis vía cártel, y, según trascendidos, recibió y administró aportaciones millonarias del mismo grupo para su campaña. 

Si los casinos y los abogados están siendo designados porque sostienen la maquinaria terrorista del CDN, el político que eleva a uno de esos abogados a rango de asesor del Ejecutivo, que le abre la puerta del poder y capitaliza su “chamba” para gobernar con respaldo de plazas y facciones, cumple el perfil de “asociado clave” que OFAC ya ha descrito, solo que con banda tricolor y partido guinda.

En lenguaje llano: si el Tesoro está sancionando la casa donde se guarda la coca, la empresa que emite las facturas y el abogado que pasa los recados del Z‑40, el siguiente escalón lógico es el gobernador que convirtió a ese abogado en política pública y a la protección del cártel en programa de gobierno no escrito. 

La “empresa criminal” de Penilla no se construyó sola; tuvo socio mayoritario en la gubernatura de Tamaulipas, y el expediente público ya suena, línea por línea, a borrador de sanción para Américo Villarreal, el aliado político que, a ojos de la OFAC, hace todo lo que hace un habilitador… solo que lo hace desde un palacio de gobierno,como lo hace MORENA.

Con informacion: DEPARTAMENT OF TRESURY/

«NINGUN DETENIDO OTRA VEZ»: «SI la JUSTICIA y el COMBATE a la IMPUNIDAD con AMERICO FUERA ALIMENTO,NOS esta SIRVIENDO PURA MIGA»…y eso no sirve, salvo para fomentar la impunidad.

En Tamaulipas, las capturas oficiales ya parecen gastronomía experimental: camionetas abandonadas, sujetos que siempre huyen, droga decomisada, pertrechos abandonados y comunicados con más adjetivos que resultados. La Guardia Estatales que renombró el medico que iba sanar Tamaulipas mientras lo enfermaba, vuelve a presumir la hazaña de hallar una troca como si hubiera desmantelado al Cártel del Golfo versión integral. Pero debajo del barniz institucional, el sabor real es el de siempre: bolillo sin relleno, operativo sin responsables, informe sin justicia que choca con la dicharacheria oficial.

El nuevo episodio “a la mexicana” viene de Ciudad Victoria, donde se reportaron disparos y tras arribar la autoridad “aseguró” droga, casquillos y un inmueble. Hasta ahí todo bien en la climatización narrativa del éxito, hasta que uno lee la letra chica: cero detenidos, cero vinculaciones, cero investigación. Es el eterno teatro del “aseguramiento”, esa palabra que el gobierno usa como antídoto contra el fracaso. Porque mientras haya decomisos fotogénicos, el informe trimestral puede seguir fingiendo combate.

Esto ya no suena a ineficiencia; suena a método. Se opera para vaciar la escena, congelar los rastros, y quedarse con la foto. Y en cada comunicado brilla la misma estrategia subliminal: la impunidad como política de seguridad. 

El “aseguramiento sin captura” funciona perfecto para evitar demasiadas preguntas —¿a quién pertenecía la troca?, ¿cuál grupo controlaba el predio?, ¿por qué siempre llegan cuando ya no hay nadie?— y sobre todo para blindar la complicidad estructural entre policía y criminales locales.

Tamaulipas sigue exportando el mismo producto institucional:simulación. Es el Estado que cosecha balazos y recoge envoltorios, mientras los verdaderos responsables navegan impunes en las aguas turbias de la protección oficial. Como diría el sarcasmo popular, si la justicia fuera alimento, aquí nos están sirviendo pura miga.

Con informacion: HoyTamaulipas/medios