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martes, 8 de febrero de 2022

"ALCALDE MORENO que TRAIA "CARMONETA BLINDADA" COMPRO CASA "PLAYERA" al DEUDOR EDUARDO VELA de 11 MILLONES de PESOS 13 DIAS DESPUES de ASUMIR el CARGO de EDIL de CD.VICTORIA...azules manchados andan movidos exhibiendo lo prieto de los morenos.



En medio de una indagatoria oficial por su relación con Sergio Carmona, un empresario de Tamaulipas acusado de huachicoleo que fue ejecutado en noviembre en Nuevo León, el Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, ha ampliado su patrimonio.

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Luego de su triunfo electoral del 6 de junio, Gattás no sólo empezó a aparecer en una camioneta de lujo y blindada comprada por una empresa de Carmona, sino que también adquirió una residencia junto al mar con un valor de 11 millones 390 mil pesos.


De acuerdo con documentos en poder de Grupo REFORMA, el ex priista comenzó la operación de compraventa con la desarrolladora Construcciones Aryve el pasado 19 de junio, apenas 13 días después de ganar los comicios.

El morenista pagó de contado 2 millones 850 mil pesos para asegurar la operación.

Aunque se ostenta como empresario, a Gattás no se le conocen actividades empresariales relevantes en Ciudad Victoria más allá de unas discotecas que tuvo y cerró hace más de 10 años.

La Alcaldía es el primer cargo de elección que tiene Gattás y, tras asumir en octubre pasado, el morenista presumió la llegada de la austeridad al municipio asegurando que cobró 6 mil 400 pesos en su primera quincena.

En el tabulador municipal el Alcalde tiene una percepción máxima bruta de 80 mil 698 pesos, que se vuelven 61 mil 270 pesos netos.

La residencia de Gattás se ubica en la villa en la zona costera de Playa Miramar, en Ciudad Madero, el principal destino turístico de Tamaulipas.

La villa de dos pisos y varias recámaras cuenta con alberca, vista a la playa, clima central, jardín, patio y más amenidades.

"Construcciones Aryve"(...propiedad de Eduardo Vela,importante deudor fiscal en el pais), consta en el acuerdo notarial, "promete vender libre de todo gravamen, responsabilidad y limitaciones al C. Eduardo Abraham Gattás Báez, por sus propios derechos, promete Comprar en propiedad exclusiva y-o privativa y sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado 'Condominio Villas Mar de Coral' el Town House número 2.

UN PRIISTA DE LA ALIANZA CON EL PAN:


"El precio del inmueble materia de este contrato", agrega, "lo fijan las partes en la cantidad de 11 millones 390 mil pesos, suma que el prominente comprador, se obliga a pagar al promitente vendedor".

Gattás y otros morenistas son investigados oficialmente luego de que el PRD los denunciara en noviembre a nivel local y federal por presuntamente recibir financiamiento ilegal durante sus campañas por parte de Carmona.

En la acusación se señala el uso del Alcalde de una camioneta Tahoe del año, placas SPM-378-A, de más de 1.5 millones de pesos, sin tomar en cuenta el costo del blindaje, comprada por la empresa Permart, propiedad de Carmona.

Grupo REFORMA publicó el pasado 31 de enero fotos, documentos y adelantos de las indagatorias en las que, además de Gattás, los morenistas Héctor Villegas, Alcalde de Río Bravo, y Erasmo González, Diputado federal por Tamaulipas, usaron camionetas de lujo y blindadas de Carmona.

Fuentes allegadas a las investigaciones señalaron que también se indaga a Américo Villarreal, precandidato único de Morena a la Gubernatura, y otros morenistas por recibir financiamiento de Carmona.


Con informacion de.-(enlace original)

LA SCT de AMLO "INFLABA COSTOS" en OBRAS ENTREGADAS a CARMONA el EX-FINANCIERO de CABEZA de VACA y de MORENA en TAMAULIPAS...cuando se trata de dinero, unos mas ,otros menos, pero todos son de la misma religión.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Nuevo León, con José Adalberto Vega Regalado como delegado, canceló, en apenas un mes, 12 contratos millonarios ya licitados para reasignarlos a otras empresas con aumentos en los pagos de hasta 26 por ciento.

Entre las compañías más beneficiadas con los cambios está al menos una de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ex-financiero del panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en 2016 vinculado al "huachicol" y que obtuvo multimillonarios contratos con su gobierno,asi como de gobiernos de Morena en el pais,que tambien  financiaba ilegalmente las campañas de Morena en Tamaulipas y que regalo una suburban blindada al hoy precandidato Americo Villarreal,antes de ser ejecutado en San Pedro el pasado 22 de noviembre,en una trama que apunta a Tamaulipas,pues rivalizaba con Garcia Cabeza de Vaca por las cuotas del "Huachicol" y donde este y el precandidato de la alianza,Cesar Verastegui "El Ttruko" , resultan beneficiarios de su asesinato.


Además, las empresas beneficiadas por estos cambios de contratos en Nuevo León por parte de Vega habían sido favorecidas por el mismo funcionario cuando fue delegado de la SCT en Veracruz.

EL NORTE publicó el pasado 3 de febrero que Vega realizó vuelos privados con Carmona antes de que la SCT en el Estado le reasignara en abril del 2021 las obras de repavimentación en la Carretera Nacional.

De acuerdo con revisiones a la plataforma Compranet, en todos los contratos "tumbados" por Vega, la dependencia federal alegó que el Subdirector de Obras, Armando Ávalos Montes, firmó los contratos sin aclarar que suplía a otro funcionario, lo que ha sido señalado como una falla menor.

De los 12 concursos cancelados en total, nueve licitaciones fueron relanzadas por Vega antes de que Blanca Estela Aburto García llegara a ocupar el cargo de delegada en agosto pasado. 

Los tres restantes no alcanzaron a ser reasignados por Vega.

Grupo Industrial Permart, empresa de Carmona, obtuvo las polémicas obras en la Carretera Nacional, que ahora se buscan rescindir por incumplimiento.

Permart recibió un contrato por 22 millones 059 mil 547 pesos, un 24 por ciento más que los 17 millones 733 mil 405 pesos que cobraba Luensa Ingeniería, empresa que originalmente tenía las obras.

El 30 de enero, EL NORTE reveló que la reasignación a Permart fue "cantada", porque en la sesión para entregar el contrato, de las 28 personas contempladas, sólo asistieron Vega y dos colaboradores.

Otra favorecida es Construservicios VH, que obtuvo trabajos en la Carretera a Monclova por 19 millones 911 mil 064 pesos, un 26 por ciento más que el contrato previo dado a Industrial de Asfaltos y Pavimentos.

Entre el 2019 y el 2020, con Vega como delegado, la SCT en Veracruz dio a Permart trabajos por 33 millones 140 mil 733 pesos y a Construservicios VH otros por 17 millones 194 mil 493 pesos.

Vega pasó a la SCT de Nuevo León en enero del 2021.

Los nueve contratos reasignados por Vega en Nuevo León suman 136 millones 889 mil 282 pesos, un encarecimiento del 11 por ciento.

Con informacion de: (enlace original)

CABEZA de VACA se ACORDO del "CUMPLE" del SECRETARIO de DEFENSA y los "DOS se OLVIDARON del SEGUNDO ANIVERSARIO del ASESINATO de INGENIERO COMETIDO por el GOPES con CASI 300 BALAZOS....y luego dejaron escapar a los "asesinos".



Ayer 7 de febrero, el mismo dia en que Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,aun gobernador de Tamaulipas,en tono "zalamero y arrastrado" le mandaba un abrazo al Secretario de la Defensa General Luis Crescencio Sandoval por su cumpleaños con una foto de ambos que busca mandar señales equivocas de "No pasa nada y nadie me hace nada",se cumplían 2 años del artero asesinato del Ingeniero Juan Daniel Ortiz Martínez,que se atrevió a salir de noche a una tienda de conveniencia en Río Bravo,cuando efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que suelen andar "drogados" y bajo las ordenes de Felix Arturo Rodriguez, "compadre" del Gobernador y ex-ficha roja de la Interpol por secuestro,le dispararon casi 300 balas de ametralladoras oficiales "AR-15" y luego les fue permitida la huida.


De los 8 presuntos responsables, 3 fueron detenidos posteriormente  como suele ocurrir, para simular castigo y mensajes de que no hay impunidad y aun hay 5 peligrosos asesinos prófugos.


Juan Daniel, ingeniero de 23 años, fue asesinado la noche del viernes 7 de febrero de 2020, aproximadamente a las 21 horas. Un grupo de policías estatales dispararon 242 balas contra el hombre que iba a la tienda a bordo de una camioneta blanca Ford tipo Silverado.


La muerte de Juan Daniel “N” salió a la luz pública debido a que un usuario de redes sociales difundió dos videos del asesinato.

Al día siguiente, el gobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, obligado por la difusión de los materiales, afirmó que hombres armados viajaban en la camioneta que conducía Juan Daniel, pero tras una persecución huyeron y el conductor perdió control de la unidad. “Hubo una persona muerta que quedó a un costado de una camioneta dentro de la cual había ponchallantas y cargadores. Se aseguró un arma larga”, dijo el gobierno.

La familia Ortiz Cepeda y los ciudadanos indignados protestaron por el asesinato de Juan Daniel Ortiz durante el 8 y 9 de febrero. En las marchas, su madre María Guadalupe Martínez Cepeda narró la noche del asesinato. 



El joven de 23 años salió a comprar cerveza, a los pocos minutos, la familia escuchó los disparos y lo llamaron para alertarlo. Lograron comunicarse y escuchar que el ingeniero gritaba a los agentes que no le dispararan. Su familia llegó al lugar del hecho cuando seguían las detonaciones. “Ese fue un asesinato, esos policías me arrebataron a mi hijo que porque lo confundieron”, afirmó el padre Diego. 



El 8 de febrero, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron que los 8 policías implicados en el hecho había sido concentrados en las oficinas de Ciudad Victoria. 


Para el 12 de febrero de 2020, cuando el Juzgado de Control otorgó las órdenes de aprehensión en la carpeta procesal 139/2020, los policías escaparon con el el aval del gobernador y la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Irving Barrios Mojica,otro acusado en carpetas federales ante la FGR.

Buscan justicia con el gobernador y se hizo "pato"


El pasado 8 de octubre, en la inauguración del Centro de Justicia Estatal, los familiares de Juan Daniel protestaron ante el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el fiscal Barrios Mojica, el titular del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán, y el entonces secretario general de gobierno, César Verástegui Ostos. El mandatario tamaulipeco habló con la señora María Guadalupe y el señor Diego apenas un minuto afuera de las instalaciones judiciales.
La familia de Daniel buscó a Cabeza de Vaca para pedirle justicia. Crédito: Cortesía
CNDH emite recomendación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una indagatoria por el homicidio, de la cual emitió una recomendación donde señala omisiones de dos elementos de la Fiscalía y la responsabilidad por parte de ocho policías, que estaban al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), vicealmirante Augusto Cruz Morales, quien renunció el 21 de julio, sin admitir el asesinato.

La investigación de la CNDH arrojó datos precisos del caso. El 7 de febrero, el Ministerio Público de la FGJ adscrito a Río Bravo inició la carpeta de investigación, con las primeras pruebas y testimonios de la familia. La primera decisión del Ministerio Público fue vincular solamente a elementos de dos de las cuatro patrullas que encontró al llegar a la escena del crimen. Dicha actuación impidió conocer el grado de participación y deslindar las responsabilidades penales.

Un mes después, el 16 de marzo, uno de los policías que condujo la patrulla 2 dio su testimonio de la noche del 7 de febrero a la CNDH:

“Como un minuto después posterior a que se inspeccionara el área me acerqué a la camioneta blanca, observando a un joven sin vida, tirado a un costado de la camioneta del lado del copiloto, en esos momentos ya habían arribado también unidades de la Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, en ese momento, el comandante [AR2] le ordenó a [AR4] y [AR3], que bajaran un arma larga tipo cuerno de chivo que estaba en los asientos traseros de la unidad [patrulla 2] esta arma no es de la que nos proporciona la dependencia de Seguridad Pública, y desconozco de donde la obtendría el Comandante [AR2], (…), el comandante [AR2] ordenó que dicha arma se la entregaran a los compañeros de Reynosa, posteriormente llegaron de periciales y me acerqué a donde estaba la persona fallecida y observé que el arma que antes mencioné estaba en las manos del cuerpo sin vida, desconociendo quién se la haya colocado, aclarando que cuando lo vi por primera vez el cuerpo no tenía el arma en sus manos (…)”, refiere el policía testigo.

La Unidad de Servicios Periciales encontró un arma de fuego larga tipo fusil de asalto, con cargador abastecido con seis cartuchos, 1 tiro en la recámara; un cargador abastecido con 25 cartuchos hábiles; 3 cartuchos hábiles; cartucho hábil; un cargador “A” abastecido con 16 tiros hábiles; cargador “B” abastecido con 30 tiros hábiles y 3 casquillos percutidos. Los indicios recolectados al día siguiente fueron: 3 casquillo percutido calibre .223, uno casquillo percutido calibre 7.62×39 y una esquirla de proyectil de arma de fuego.

El informe de dactiloscopia y la prueba de radizonato de sodio emitido por un perito de la FGJ refutó que Juan Daniel “N” haya disparado un arma de fuego. Además, el dictamen de balística con la prueba de Griess, con fecha de 11 de febrero de 2020, rechazó que el arma encontrada dentro de la camioneta de la víctima fue disparada el 7 de febrero o en meses anteriores.

La camioneta en la que viajaba Juan Daniel “N” recibió 242 e impactos producidos por proyectiles disparados por arma
de fuego. De los cuales, 214 presentaron características de entrada y 28 de salida. Para la CNH, el uso excesivo de la fuerza “… evidenció la forma injustificada y desproporcionada en la que actuaron los elementos de la SSP-Tamaulipas en contra de la víctima, ya que dispararon en múltiples ocasiones hacia la camioneta en la que viajaba”.

Juan Daniel “N” murió por heridas por proyectil de arma de fuego penetrante en la región del cráneo, tórax y abdomen.

La CNDH sostiene que el médico forense realizó una autopsia deficiente, que impidió conocer penetración, direcciones y trayectorias de los proyectiles.

“Con su actuar, AR10 incumplió con su obligación establecida en el articulo 9, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que establece que los servidores públicos de la Fiscalía actuaran con profesionalismo, realizando sus funciones con apego a los más altos niveles técnicos, de empatía, compromiso, diligencia y desempeño ético”, determinó la CNDH.

A 10 meses del asesinato se desconoce si el gobierno de Tamaulipas, en especial la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de José Jorge Ontiveros Molina, atendieron la recomendación de la CNDH y sancionaron al personal judicial que con su actuar evitó el esclarecimiento del homicidio.

Detenciones

El 12 de julio, la Fiscalía informó de la aprehensión del policía Adán Wilfredo “M” en la capital del estado. Al cierre de la edición se desconoce si el Juez de Control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado.

A partir del 19 de junio, la Fiscalía "sin ganas de hallarlos", ofrecio 250 mil pesos a la persona que aporte información que ayude a la captura de los ochos policías presuntos responsables del asesinato de Juan Daniel “N”.


El acuerdo de recompensa FGJE/04/2020 señala a los objetivos Luis Enrique Contreras Izaguirre, Humberto Camargo Alfaro, Alejandro Zequera Meza, Francisco de Jesús Fernández y Eusebio Hernández Gerónimo.

El 30 de julio, el policía estatal de Tamaulipas, Óscar Alberto “N”, implicado en el asesinato de Juan Daniel en Río Bravo, fue detenido en Cuautla, informó la Fiscalía General de Justicia de Morelos.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la Región Oriente de Morelos realizaron la aprehensión de Óscar Alberto “N”, por el delito de violencia familiar. El agente del Ministerio Público descubrió que el hombre estaba prófugo por el delito de homicidio y lo entregó a la autoridad tamaulipeca.

El 5 de agosto, el Juez de Control vinculó a proceso al policía por el delito de homicidio calificado, con los agravantes de alevosía y ventaja.

Luis Roberto Jaramillo Cedillo, originario de Tantima, Veracruz, fue capturado el 4 de noviembre en la capital de la entidad. Ocho días después el juez de control dictó su vinculación a proceso por el delito de homicidio.

Con informacion de:(enlace original)


EL "TIMADOR #1 de TAMAULIPAS": NO SOLO esta ENDEUDADO con la JUSTICIA FEDERAL,SU JUSTICIA ESTATAL DEBE EXPLICACIONES de la INACCION JUDICIAL VS. su COMPLICE EGIDIO TORRE...la Vaca resulto un perro que no mordió la mano que le dio de comer.


Es tan fácil comparar los hechos con las palabras para encontrar el engaño.

Mientras el gobernador de Tamaulipas -quien todavía está acusado por la Fiscalía General de la República de desvío de recursos y evasión fiscal- asegura que trabaja por el bien de Tamaulipas, en la práctica muestra lo contrario, sacando el cobre.

Por ejemplo, por pura terquedad, Francisco García Cabeza de Vaca quiere hacer el cobro de placas vehiculares este año, para recaudar más de 500 millones de pesos. ¿Para qué cambiar placas que todavía sirven perfectamente? Ese dinero, según Armando Zertuche, líder de Morena en el Congreso, podrían meterlo en una “bolsa negra” del gobierno estatal para desviarlo en pleno proceso electoral. No sería la primera vez.

Otro ejemplo de malgasto. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que el “Subejercicio de gasto: (son) las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución”.


El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ha dejado un subejercicio de más de 2 mil 343 millones de pesos. ¿Para qué quiere cobrar las placas, si de por sí no maneja bien los recursos regulares. Hay más de mil 784 millones de pesos que no se ejercieron en 2021 por inversión pública.

Otro ejemplo. En el ejercicio de Egidio Torre Cantú, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, faltan por aclarar o recuperar más de 3 mil 300 millones de pesos. ¿Por qué el gobierno de Cabeza de Vaca encubre y deja en la impunidad ese dinero que es de los tamaulipecos? ¿Por qué la Fiscalía estatal no exige cuentas al anterior gobierno?.

el midas texano de la transa:



¿Qué acuerdos o tratos tiene el panista Cabeza de Vaca con el priista Torre Cantú?

Son muchas las evidencias de un mal gobierno, más las que se conozcan en el futuro.

El gobierno de Cabeza de Vaca tiene mucho que explicar a los ciudadanos.

fuente.-Editorial/ElMañana de Nuevo Laredo/

lunes, 7 de febrero de 2022

"MAÑOSOS les DISPARARON y CHALECOS BLINDADOS los AHOGARON": EN REYNOSA y el PAIS la "VIOLENCIA ARMADA COBRA la VIDA de MILITARES y COSTOS ASCIENDEN a MAS de 220 MILLONES de PESOS en ULTIMOS 12 AÑOS"...y la cuenta sigue.


“Si tan sólo se hubieran quitado los chalecos, hoy estarían vivos.

 “Los militares que me dijeron de la muerte de mi tío me dijeron que sí logró quitarse el cinturón de seguridad, que se pudo quitar el casco y que, al final, a punto de salvarse, sí logró abrir la puerta blindada de la camioneta para intentar flotar hasta la superficie, pero cargaba demasiado peso y se fue hasta el fondo del río. 


“¿Sabe usted cuánto pesa un chaleco antibalas? Así, con el arma, las balas, todo eso pesa como unos 20 kilos. Imagínese usted que su coche se cae al río y usted tiene que nadar con todo eso encima. La gente dice ‘¡ay!, ¿por qué no soltó el arma para no hundirse?’. Es gente tonta que no entiende que a mi tío y a sus compañeros les estaban disparando los narcos. Si sale del agua sin el arma, lo matan a balazos ahí al instante, ¿cómo se hubiera defendido? Por eso no dejó su arma. 

“Me da sentimiento, porque yo digo que estuvo bien que se aferraran a sus armas, pero… si tan sólo se hubieran quitado los chalecos, no sé, yo creo que hubieran salido a flote, se agarran a balazos con los narcos y en una de esas hasta estarían vivos”. 

Militares durante operativo "Culiacán" en octubre de 2019. Foto: Juan Carlos Cruz / Cuartoscuro.com.

UN SEPULCRO PARA ELLOS DE HONOR

Del otro lado de la línea telefónica, Luz María tiene dificultades para hablar de corrido. Si alguien pusiera atención sólo en el tono de su voz pensaría que el coronavirus que la atacó en diciembre le ha dejado una secuela respiratoria, pero no es así: a la vendedora de ropa de 30 años le cuesta respirar porque el duelo le sigue atenazando la garganta.

En enero del 2020, el cuerpo de su tío Gerónimo N, policía militar e integrante del 12° Batallón de Guardia Nacional, fue hallado en el canal Anzaldúas en Reynosa, Tamaulipas. Murió ahogado junto con sus compañeros de batallón Victor Manuel S. y Jessica Abigail A. y Sergio X., perteneciente al 8° Regimiento de Caballería. Pero sus muertes fueron todo excepto naturales.

Los cuatro patrullaban el ejido Corrales en busca de traficantes de drogas y de migrantes indocumentados… cuando vieron a una caravana sospechosa. Apenas intentaron acercarse a esos hombres de comportamiento extraño, fueron atacados a balazos. Uno de los proyectiles impactó directo en el cuello del conductor del cabo de caballería Sergio X., quien perdió el control del vehículo y aceleró hacia el canal.

El impacto con el agua volteó la camioneta militar dificultando el escape de los soldados. El peso de los cascos, el uniforme, las botas, el equipo táctico, el chaleco antibalas, los cinturones de seguridad, el blindaje de las puertas, impidieron que salieran del agua. Los cuatro fallecieron, mientras los atacantes escaparon.

Un día después, a la explanada de la 8/a. Zona Militar en Reynosa, Tamaulipas, llegaron ocho coronas fúnebres y cuatro banderas mexicanas sobre cuatro ataúdes con los cuerpos de los fallecidos. La banda de guerra despidió a los militares entre el llanto de sus compañeros y familiares, entre ellas, Luz María, azorada por la noticia. 

Cuando terminó enero de 2020, en la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron sumas y restas: aquel mes dieron 112 ayudas económicas para los sepelios de militares. La Secretaría de la Marina, 31 apoyos. En total, 143 que sumaron 2 millones 12 mil 156 pesos en 30 días. 

Son los otros costos de la “guerra contra el narco”: los funerales que el crimen organizado provoca y que el gobierno costea para sus fuerzas armadas.

LOS MILLONES QUE CUESTA LA VIOLENCIA

EMEEQUIS obtuvo la lista de gastos que ha realizado el gobierno federal entre enero de 2010 y septiembre de 2021 para financiar los sepelios de personal militar.

La lista, desglosada por mes y año, está elaborada en conjunto por las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina y no distingue entre miembros activos, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes, aunque fuentes dentro del Ejército mexicano aseguraron a este reportero que más del 60% de los apoyos económicos son para militares asesinados o muertes a consecuencia de la guerra, como suicidios por estrés postraumático o depresión de familiares por la ausencia de un familiar.

En total, en los últimos 12 años, los gobiernos federales con los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han gastado 220 millones 383 mil pesos en funerales castrenses.

Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional ha pagado 14 mil 218 ayudas por un monto de 169 millones 457 mil pesos, la Secretaría de Marina ha otorgado 18 mil 230 apoyos equivalentes a 50 millones 915 mil pesos. Es decir, los soldados pagan menos funerales, pero más cargos, mientras que los marinos costean más exequias, pero más austeras.

En lo que va del sexenio de la llamada Cuarta Transformación, las Fuerzas Armadas –soldados y marinos– han recibido 6 mil 505 apoyos del gobierno federal para financiar funerales, una cifra récord en la historia moderna de México. 

La base de datos oficial da cuenta que la administración de Andrés Manuel López Obrador es la que más funerales militares ha costeado, si se toma en cuenta el último año completo de cada sexenio: bajo la administración del tabasqueño, el gobierno federal ha dado el visto bueno para 2 mil 684 apoyos mortuorios en todo 2021, es decir, uno cada siete horas.

En contraste, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó mil 587 ayudas para gastos de sepelios en todo 2017, mientras que el de Felipe Calderón –quien inauguró la llamada guerra contra el narco– apenas mil 109 en el 2011. 

El gobierno federal emanado de Morena ha utilizado, hasta ahora, 94 millones 246 mil pesos para enterrar a militares y marinos, muchos de ellos caídos en el cumplimiento del deber.

FUNERALES MILLONARIOS PARA MILITARES OLVIDADOS

El funeral para el militar Alfredo González Muñoz, asesinado durante el fallido operativo de seguridad conocido como “Culiacanazo”, que pretendía arrestar a Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, (19 de octubre en Veracruz). El sepelio de los dos militares emboscados en Aguililla, Michoacán, en mayo de 2021. Las exequias del soldado que el Cártel Jalisco Nueva Generación asesinó en octubre del año pasado en un ataque en el municipio de Jilotlán... 

La lista de funerales para militares luce larga y dolorosa en el actual sexenio. Muchos de los renglones de la base de datos del gobierno federal son uniformados que perdieron la vida en las regiones más violentas del país: Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, donde patrullar es un oficio de muerte.

Debido a la violencia en el país, en los últimos 12 años el gobierno federal gasta, en promedio, 1.5 millones de pesos cada 30 días en funerales para militares: en el mes más austero pagó 364 mil en gastos de sepelio y en el mes más costoso dio apoyos de hasta 6.2 millones de pesos en ayudas para los fallecidos. 

“Jamás se me va a olvidar esa llamada. Cuando me dijeron ‘tu tío está muerto’. Es como si uno se hubiera ahogado en el río con él. También te vas al fondo.

“Lo cuento y siento que te platico una película. Las sillas, los ataúdes, las banderas, las trompetas que le daban una última despedida. Todo me parecía como un sueño, como si fuera una ceremonia que se iba a terminar y mi tío iba a aparecer después. Ningún funeral militar se siente real.

“Lo que sí es que con los días uno lo va aceptando. No se murió, lo mataron. Y la forma: ahogado porque unos malditos les dispararon. Alguien bueno, alguien que se ponía un uniforme porque quería un mejor país.

“Te digo que aún me duele mucho pensar ‘¡ay, tío, si tan sólo te hubieras quitado el chaleco a tiempo!’”. 

Fuente.-@oscarbalmen


LA 'FIRMA,la GALLINA y el SAPO": LA DEA TIENE en la MIRA a 3 lMPORTANTES JEFES del NARCOANIMALERO del CARTEL de JALISCO...y un dia si no cane al encierro lo haran al entierro.



La Administración de Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés), la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene en la mira a tres importantes jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que siguen libres y operan en uno de los puertos más importantes de México. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estos narcotraficantes son de los más violentos del cártel de Nemesio Oseguera, alias el Mencho.

Los jefes regionales son: Carlos Andrés Rivera Varela, apodado “la Firma”, él tiene doble nacionalidad (colombo-mexicano); además de Francisco Javier Gudiño Haro, mejor conocido como “la Gallina”; y Gonzalo “el Sapo” Mendoza Gaytán; todos ellos operan en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano. Las autoridades estadounidenses señalaron que estos criminales ofrecen apoyo financiero y tecnológico al Cártel Jalisco Nueva Generación, según medios mexicanos.

Ataques contra políticos

Los estadounidenses también consideran que estos narcos podrían estar relacionados con
el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, registrado en diciembre de 2020; además del atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Además hay otro sospechoso para el Departamento del Tesoro, se trata de Alejandro Chacón Miranda, quien se encarga de organizar viajes para miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación; a través de la empresa Dale Tours, la cual fue fichada por las autoridades. Al parecer Chacón Miranda es socio del Sapo.

Cabe recordar que el Mencho es el objetivo número 1 de la DEA, por lo que marzo de 2020 anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que ayude a ubicar al máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, al que considera altamente peligroso.

fuente.-

"NO DURAN en la DURA CARCEL": LA MARINA DETUVO al "POLLO" OPERADOR de los CHAPITOS en "TEPITO" que HABIA SIDO DETENIDO en 2016 y 2021...siempre entra por la puerta giratoria de la justicia.



El pasadoe sábado fue detenido Josué Ramón Medina, alias "El Pollo", presunto operador del Cártel de Sinaloa (del grupo de los hijos del Chapo Guzmán), durante un operativo contra el narcomenudeo en el barrio de Tepito, de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades se ejecutaron ocho órdenes de cateo en diversos inmuebles en seguimiento a denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia. En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de élite de la Policía capitalina.

Se estableció un cerco de seguridad en las calles Granada, Gorostiza, Tenochtitlán, Toltecas y en la Avenida del Trabajo. Un helicóptero de la Marina sobrevoló la zona por más de dos horas.

En estas acciones fueron detenidos tres hombres y tres mujeres, una de ellas de 17 años. Se aseguraron básculas grameras y varias dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína.

Los imputados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en la avenida Jardín, en la alcaldía Azcapotzalco. Josué Ramón "M", "El Pollo", de 36 años, es presunto operador de un grupo delincuencial ligado al Cártel de Sinaloa que opera en calles del Centro Histórico.

"El Pollo" ya había sido detenido en 2016 por distribución de droga en la zona de Tepito y en el año 2021 por el delito de delincuencia organizada en Zumpango, Estado de México.

fuente.-


"NO TRABAJABA y era AMA de CASA": DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA al CODIGO CIVIL FEDERAL que EXIGIRA COMPENSACION al HOMBRE en CASO de DIVORCIOS...lo que es derecho no es chipotudo.



Cuando las mujeres se dedican por completo al cuidado de hijas, hijos, pareja y casa, no les queda tiempo ni energía para otro trabajo en el que obtengan ingresos. Trabajan todo el día, todos los días, pero no generan antigüedad ni experiencia que le interese al mercado laboral y tampoco adquieren bienes. Pero gracias a que ellas realizan todas esas tareas, sus parejas pueden tener un empleo y un salario.

Si se divorcian, aparentemente nada es de ellas, pues no aportaron dinero. Se enfrentan a buscar empleo con la dificultad de la edad o de no contar con una trayectoria satisfactoria para las empresas, mientras su cónyuge no se ve afectado en ninguno de esos sentidos.

La Cámara de Diputados reconoció esta deuda histórica con las mujeres y con el trabajo del hogar y de cuidados, el cual no ha sido valorado socialmente. Por mayoría, el pleno aprobó una reforma al Código Civil Federal para compensar a las mujeres que durante el matrimonio se dedicaron principalmente a esas tareas, hasta con el 50% del valor de los bienes.

“La compensación significa colocar en igualdad de derechos a las mujeres”, quienes “al asumir las cargas domésticas y familiares no lograron desarrollar en el ámbito laboral las mismas posibilidades”, explicó en tribuna el diputado proponente de la iniciativa Vicente Onofre Vázquez (Morena).

Por 459 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones, el pleno avaló modificar el artículo 273 del Código Civil Federal para que en el convenio de divorcio se establezca el porcentaje de restitución. En ese ordenamiento también se especificará que si la mujer sí pudo laborar no será impedimento para obtener dicha indemnización. La minuta pasó al Senado, donde deberá ser votada.

“Cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, lo hacen en condiciones desfavorables porque generalmente tienen la carga del trabajo doméstico y de cuidado”, señaló. Por esa razón muchas buscan empleos flexibles, donde los salarios son bajos y no tienen seguridad social ni prestaciones de ley.

No trabaja, es ama de casa

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado representa el 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 6.4 billones de pesos. De esta cantidad, el 72.2% lo aportan las mujeres con su trabajo y su tiempo, y el 26.7% restante los hombres.

Es decir, que las mujeres generan riqueza con su trabajo al sostener la vida cotidiana, la crianza de las personas. Pese a ello, muchas dependen económicamente de sus parejas, a veces, aunque ellas trabajen, pues en algunos sectores las mujeres ganan hasta 34% menos que los hombres por la misma actividad.

La falta de independencia económica las pone en una situación de vulnerabilidad en caso de violencia. En promedio, las mujeres en México pierden un mes de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no pagado al año a causa de la violencia de sus parejas, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).

Por otra parte, es común escuchar decir que tal mujer “no trabaja, se dedica al hogar”. Una tarea que nunca tiene descanso, que comienza desde muy temprano y acaba a altas horas, a veces también en las madrugadas.

“La distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual del mercado laboral provocan que las mujeres interrumpan su carrera profesional, limiten sus posibilidades de desarrollo, empoderamiento económico y calidad de vida”, dijo el diputado Vicente Onofre Vázquez al pedir el voto de sus compañeras y compañeros.

La reforma indica que cada caso se resolverá de manera particular. Y que será el juez o la jueza de lo familiar quien resuelva las circunstancias y fije el porcentaje de la compensación.
Antecedentes en la Corte

“¿Es decir que yo puedo ser diputada, puedo ser abogada postulante, tener despacho jurídico y concurrir con un juez y decirle que mi marido, al divorciarse, me tiene que dar el 50% de los bienes porque yo, además de hacer todo eso, cuidaba a mis hijos? Hay que tratar de ser equitativos, esto va a generar un revuelo allá afuera”, dijo la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena), quien presentó una reserva a la iniciativa.

Proponía que la compensación sólo fuera para las parejas que se hayan unido bajo el régimen de separación de bienes. Además, que en caso de que la mujer sea profesionista, no podrán obtener la indemnización. Sin embargo, la reserva fue rechazada.

Desde 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que reconoció la importancia de las labores domésticas.

Las ministras y los ministros analizaron el caso de una pareja quien se había divorciado después de varias décadas de matrimonio. La mujer se había dedicado a la familia, por lo que no tuvo un empleo remunerado. Sus hijos eran mayores de edad, por lo que su exmarido se negaba a dar alguna pensión.

Sin embargo, la primera sala resolvió que ella tenía derecho a una compensación, pues por haber dado todo su tiempo a cuidar de hijos y esposo, ahora no tenía los medios de supervivencia.

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VAN por DELINCUENCIA ORGANIZADA contra "EX-JEFAZO del SAT que TRAFICABA HUACHICOL por BARCO y OTRO que BORRABA DEUDAS"...ya iban rumbo a ser Magistrados.



La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que había 2 mil exfuncionarios de esa dependencia denunciados penalmente por diversos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, y añadió que algunos de esos casos ya fueron procesados y sentenciados, mientras que en otros la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la integración de averiguaciones previas para, de encontrar elementos, consignarlas ante juzgados federales.

Entre esos miles de expedientes, la maestra Buenrostro se refirió en conferencia de prensa el martes pasado, sin dar nombres de los implicados para evitar violaciones al debido proceso, a uno en particular que es muy relevante porque se relaciona con el contrabando de combustibles.

Ese expediente en poder de la FGR y del cual Contralínea obtuvo información adicional, se relaciona con dos abogados, Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos –exadministrador central de Asuntos Penales y Especiales del SAT, entre 2019 y 2021–, y Carlos Contreras Segovia –exadministrador desconcentrado Jurídico en la Zona Norte de la Ciudad de México–, quienes tienen procesos penales abiertos en la FGR por diversos delitos.

En el primer caso por el delito de delincuencia organizada con el contrabando de combustibles en vía marítima, el abogado Peregrina Vasconcelos está acusado de proteger a empresas que trafican en barcos con gasolinas robadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y después simulan con facturas apócrifas que se trata de importaciones de Estados Unidos para vender el combustible en territorio nacional.

El segundo expediente es el del abogado Contreras Segovia, quien fue despedido del SAT porque en sus funciones de atender a grandes contribuyentes, se dedicaba a alterar documentos para evitar que las empresas pagaran los impuestos correspondientes, por lo cual enfrenta una denuncia penal que fue presentada también en la FGR.

La coincidencia de ambos abogados fue cuando sus nombres aparecieron en una lista de siete personas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había enviado a la Cámara de Senadores para que fueran designados como magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Eso ocurrió en abril del año pasado, cuando la Consejería Jurídica y la Procuraduría Fiscal le presentaron al presidente López Obrador un documento de 13 cuartillas para que lo firmara, sin alertarlo de que los dos abogados mencionados habían sido despedidos del SAT por corrupción y que estaban bajo investigación penal.

Afortunadamente alguien en el Senado se dio cuenta de la maniobra ilícita y alertó hasta Palacio Nacional de la delicada situación si eran ratificados como magistrados los abogados Peregrina Vasconcelos y Contreras Segovia, por lo que de inmediato, por órdenes del presidente de la República, se solicitó al Senado detener la votación hasta que los litigantes fueran borrados de la lista.

Algunos senadores se oponían a la decisión presidencial y hasta amenazaron con denunciar que era una violación constitucional frenar la votación y borrar los nombres de los dos abogados, porque ya aparecían en un documento signado por el presidente López Obrador, así que no tuvo más remedio el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca, que informarles a los dos abogados que si se presentaban al pleno para ser ratificados como magistrados, él denunciaría ante los senadores que se trataba de dos personas que habían sido corridas del SAT por corrupción y denunciadas penalmente ante la FGR. Lo que los hizo desistir.

En la conferencia de prensa, la maestra Raquel Buenrostro se refirió a este caso sin mencionar los nombres de los dos abogados, pero señaló que éste fue uno de los primeros casos que el SAT investigó sobre el contrabando de combustibles por mar.

La jefa del SAT contó que armó una estrategia legal con un equipo de abogados para elaborar una denuncia penal que no tuviera deficiencias, pero el problema fue que Peregrina Vasconcelos era el responsable de ese grupo en su calidad de administrador central de Asuntos Penales y Especiales y lo que hizo fue presentar a la Fiscalía General de la República una denuncia penal completamente diferente a la que se había elaborado de manera colegiada.

En referencia a Peregrina, Buenrostro explicó que ese abogado entregó a la Fiscalía informes por escrito llenos de mentiras, que no correspondían a la denuncia que se había trabajado en el grupo de abogados del SAT, con el propósito de que fuera desestimada.

Cuando fue cesado del SAT Peregrina Vasconcelos, la jefa Buenrostro ordenó revisar los expedientes que el abogado había armado de otros casos por diversos delitos, y encontraron que no solamente había manipulado la denuncia por contrabando de combustibles, “que toda estaba mal”, sino que otras denuncias penales las había integrado premeditadamente con deficiencias para que la Fiscalía las rechazara o las declarara improcedentes.

Por tal motivo, dijo la jefa del SAT, al abogado tiene varios procesos penales en su contra iniciados en la FGR por denuncias que el SAT presentó en su contra, y “nada me encantaría más, porque llevaba más de 20 años en el SAT”, que fuera procesado penalmente.

“En algún momento me lo querían promover de magistrado, porque tiene muchas redes muy complejas y muchos lazos, de tal manera que sí hay gente de la actual administración que ha sido despedida del SAT y acusada penalmente. De hecho, esos casos son los que presionamos más para darle seguimiento, porque son de los que tenemos más elementos porque se trata de casos más frescos, y nos consta porque son exfuncionarios que trabajaron en la actual administración”, explicó la funcionaria.

Agregó que “este como otros casos, deben de salir en el tiempo y ritmo de la Fiscalía General de la República, porque ya no depende de nosotros, del SAT. Nosotros ya cumplimos con mandarlos y darles seguimiento, y tratamos de tener reuniones para estar pendientes de lo proceda”.

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