Bajo la sospecha fundada de que policias estatales y funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Gobierno panista de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, estarían brindando colaboración a Zetas del Cartel del Noreste en Nuevo Laredo,las investigaciones por las desapariciones de mas de 100 personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo no avanzan, tampoco hay resultados en su búsqueda y los operativos de seguridad en ese camino han fallado: al menos cinco personas más desaparecieron después del 25 de junio, cuando autoridades estatales y federales montaron un operativo de seguridad y anunciaron que la zona estaba protegida.
En esta autopista de 219 kilómetros, que desemboca en Estados Unidos, hace más de una década que grupos delictivos desaparecen a personas. Por sus conexiones con los estados norteños de México y la frontera, es una carretera valiosa para el crimen organizado. En los últimos años, cientos de personas han sido desaparecidas o asesinadas en esa vía.
Tan sólo durante el primer semestre de 2021, el Colectivo Todos Somos Uno —formado hace unos meses— ha documentado 74 desapariciones de personas. En este año, las víctimas han sido —sobre todo— operadores de camiones que transportan todo tipo de mercancías. Los familiares de las víctimas aseguran que las empresas han logrado recuperar sus vehículos y mercancías, pero los choferes permanecen desaparecidos.
El operativo de seguridad que se instaló en la zona desde el 25 de junio, después de las denuncias de FUNDENL y del Colectivo Todos Somos Uno, no ha detenido la desaparición de personas. Por ejemplo, el pasado primero de julio, José Manuel Morales Peral y su ayudante, Federico Rodríguez García, desaparecieron cuando viajaban por esa carretera a bordo de un camión torton. Diez días después, el 11 de julio, el operador de camiones de carga Ángel Jonás Anguiano de León fue visto por última vez cerca de un lote de carros en Nuevo Laredo.
Bernardo Martínez Acevedo desapareció el miércoles 14, cuando viajaba en un camión de pasajeros para visitar a familiares desde Jalisco hasta el municipio de Miguel Alemán, en la Zona Ribereña de Tamaulipas, colindante con Nuevo León. Y de Roberto Torres Aguilar, ya no se supo desde el 15 de julio, cuando salió a trabajar desde Toluca hasta Nuevo Laredo.
Josefina de León, directora de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, considera las nuevas desapariciones “un completo descaro”. Reclama que tras años de masacres, secuestros y familias que han quedado incompletas por la violencia en Tamaulipas y los estados colindantes, el tráfico de armas, droga y migrantes sigue siendo una constante en las carreteras del norte del país.
“Pusieron vigilancia con la Guardia Nacional; tuvo que ocurrir todo eso para que la Federación venga. Y como hay un divorcio del estado (Tamaulipas) con la federación, los ciudadanos están en medio, esperando a ver a qué hora intervienen. Y no nada más en esta zona, sino en toda la frontera Reynosa-Matamoros, incluyendo la zona ribereña, un corredor en el que ya hemos tenido algunos eventos ahí conocidos, como el caso de Camargo, la matanza de Reynosa. Toda esa zona es muy vulnerable en estos momentos, es el cruce, el paso, el tesorito de Tamaulipas para actividades del crimen”, explica De León.
La activista recuerda el conflicto que existe entre la Federación y el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
“Hemos sentido el abandono de todos“, reclama Josefina de León, “de todas las instituciones y organizaciones. Nos dan las condolencias, pero no se trata de eso, sino de acompañarnos”.
El pasado 8 de julio, el Proyecto A dónde van los desaparecidos publicó un reportaje sobre las desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el que se menciona que el Colectivo Todos Somos Uno contabiliza 111 casos de desaparición ocurridos desde el 2011.
Por su parte, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDENL) tiene registro de, por lo menos, 53 personas desaparecidas en la carretera durante los primeros seis meses de 2021. Mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene documentados 71 casos de personas desaparecidas desde octubre de 2020.
A partir de las denuncias y protestas de FUNDENL y el Colectivo Todos Somos Uno, el 25 de junio pasado se implementó el operativo “Carretera Segura”, en el que participan elementos del Ejército, la Guardia Nacional, Fuerza Civil, así como elementos de Seguridad Pública de Nuevo León y Tamaulipas. Este operativo, de acuerdo con información oficial, se reforzó el 7 de julio con patrullajes terrestres y aéreos. Aun así las desapariciones de personas no se detienen.
Operativo de vigilancia y búsqueda de personas realizado en los alrededores del kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo del 7 al 9 de julio del 2021. Foto: Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Un operativo que no encuentra a los desaparecidos
El esposo de Juana María Prado desapareció el 23 de abril del 2021 en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Ella corre de un lado a otro para imprimir lonas, carteles de búsqueda, organizar manifestaciones y trabajar para llevar dinero a casa. Dice que las familias del Colectivo Todos Somos Uno, al que pertenece, ya no saben a quién pedir ayuda.
“Es muy desesperante, estamos con mucho dolor y ante la indiferencia de las autoridades de Tamaulipas. Prácticamente nos dicen que ya están muertos y no los vamos a encontrar. (…) Tienen muchas pruebas para dar con nuestras personas desaparecidas, tienen datos de tarjetas de crédito que han sido utilizadas después de las desapariciones, siguen utilizando los teléfonos. Son muchas pruebas y no hacen nada”, lamenta Prado.
En la misma situación están cientos de familias que desde hace una década buscan a sus personas desaparecidas en la misma carretera.
Entre 2009 y 2013, las vías terrestres que conectan a los estados de Nuevo León y Tamaulipas se convirtieron en hoyos negros de desaparición ante la disputa del llamado Cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas.
Tras la captura de Omar Treviño Morales “Z-42″ en 2013 en Nuevo León —y de acuerdo con la narrativa oficial— los Zetas se convirtieron en el Cártel del Noroeste, que hasta hoy se disputa el territorio norteño del país con el Cártel del Golfoy recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una década después, las desapariciones de personas en la carretera y la violencia en esa zona han permanecido en la impunidad, frente a los ojos de las corporaciones de seguridad estatales y federales.
El 3 de agosto pasado, Luis Alberto Rodríguez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, confirmó en entrevista que el operativo de seguridad se mantiene: “(las) caravanas se realizan todos los días desde las inmediaciones del puente fronterizo hasta el kilómetro 26”, lugar de riesgo señalado por integrantes de FUNDENL y el Colectivo Todos Somos Uno. Sobre las desapariciones registradas después de los operativos, el funcionario aseguró que no tiene información.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Tamaulipas, del 2 al 6 de agosto pasado se realizó un operativo de búsqueda en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y alrededores, así como en diversos puntos de la ciudad. Para las investigaciones, “se asignaron cuatro especialistas en las materias de sociología, economía, antropología social y criminología para que, en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda, realicen estudios de análisis de contexto que permitan aportar mayores datos a la investigación”.
Por su parte, Mario Pérez, vocero de la Fiscalía de Nuevo León, dijo que los operativos de seguridad están a cargo de la Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad Pública de ambas entidades, y que cualquier información se hará pública sólo a través de comunicados institucionales.
Desaparecen las personas, aparecen los camiones
Greta Martínez contesta el teléfono desde el Estado de México. Su esposo, Alfredo Martínez, es uno de los poco más de 30 choferes de camiones de carga o de pasajeros que han desaparecido en los últimos cuatro años en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
“Las unidades aparecen intactas, la carga aparece intacta, no le hacen falta ni placas ni nada, ni las pertenencias de los operadores. Todos los trailers han sido localizados, lo único que desaparecen es a ellos”, dice frustrada.
Datos obtenidos a través de una revisión hemerográfica muestran que en la carretera que conecta a Nuevo León, Tamaulipas y Estados Unidos han desaparecido, al menos, 82 personas desde el 2018: 61 de ellas en este año, de las cuales seis han sido localizadas con vida y un hombre más que fue asesinado.
Los primeros en desaparecer durante este periodo fueron los operadores de camiones de carga, que ya suman 39; dos más ya fueron localizados, pero —como las otras víctimas que han logrado regresar— tienen miedo de compartir su testimonio, comenta Greta Martínez.
Los operadores son originarios de Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México.
Con información de los colectivos y las fichas de búsqueda, se identificó a 12 empresas con uno o más trabajadores desaparecidos: Transportes TLC, Aralo Express, TransMex, Transportes Brenda, Innovativos, Autobuses Atah, Timsa, Transportes Gasa, PAM Transportes Inc., Transportes Orta y Ragá Express.
La mayoría de estas compañías tienen cobertura de entrega de todo tipo de mercancías en México, Estados Unidos y algunas en Canadá.
“¿Las empresas qué nos dicen? Lo primero es que ellos van por sus unidades. Ninguna empresa levanta la denuncia de desaparición, digo porque, pues, es su empleado. A nosotros como familiares, si conseguimos contactarlos (a la gente de la empresa) nos dicen que abandonó la unidad, que tenía otra familia, que se fue con otra mujer o que se fueron para Estados Unidos”, explica Greta Martínez, quien administra el grupo de Facebook Operadores desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el cual sube información de los hombres desaparecidos y lleva un registro de 33 casos.
El servicio de algunas de las empresas —como Transportes TLC, Aralo Express, TransMex— incluye localización satelital, monitoreo en tiempo real y la “aplicación de los estándares Internacionales de seguridad en la cadena de suministros”, de acuerdo con sus páginas de internet. Pero, hasta ahora, Greta Martínez asegura que ninguna compañía ha apoyado en la búsqueda de sus trabajadores. Las empresas tampoco respondieron a las solicitudes de entrevista, salvo PAM Transportes Inc., que negó que su operador haya desaparecido en horario laboral.
“A ningún tráiler le hicieron los peritajes, por lo mismo de que las empresas no levantaron denuncia por la desaparición, ellos nada más fueron por los traileres. Lo único que les importa es eso, y ahí ya se perdió mucha evidencia”, denuncia Martínez.
Josefina de León, de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, añade que las familias de transportistas desaparecidos buscan ayuda para exigir a las empresas que cumplan con los derechos laborales y de seguridad social.
A Greta Martínez la voz se le apaga cuando menciona que su esposo, Alfredo Martínez, desapareció cuando tenía 33 años.
“Ahorita ya tiene 34, en agosto cumple 35”, se le escucha apenas decir: “Alfredo trabajaba para la empresa Transportes Brenda, que no ha hecho nada por ayudar a localizarlo”.
Sin avances en las investigaciones
Desde el 1 de julio de este año, las fiscalías de ambos estados acordaron que la mayoría de las carpetas de investigación se trasladarían a Ciudad Victoria.
Actualmente, la Fiscalía de Tamaulipas tiene abiertas 48 carpetas de investigación por desapariciones en el tramo carretero. Otras nueve carpetas de investigación se trabajan en la Fiscalía de Nuevo León, aunque desde ahí colaboran con los demás casos radicados en Tamaulipas.
Juana María Prado, del Colectivo Todos Somos Uno, asegura que no se han registrado avances en las investigaciones. Lo mismo señalan familiares de otras víctimas desaparecidas.
En las redes del Proyecto A dónde van los desaparecidos se han recibido mensajes de personas que denuncian la falta de pistas sobre el paradero de sus seres queridos o que las fiscalías no les dan información. También hay quienes destacan que viajar a Nuevo Laredo o a Monterrey, para exigir respuestas de las autoridades, es riesgoso.
El pasado martes 3 de agosto, las familias del Colectivo Todos Somos Uno se manifestaron afuera de la Fiscalía de Nuevo León, tras la renuncia de una de los dos Ministerios Públicos a cargo de las investigaciones por las desapariciones en la carretera.
Con gritos y pancartas, los miembros del colectivo lograron, por lo menos, tener una fecha para que les informen sobre los avances en las investigaciones: el próximo 3 de septiembre tienen agendada una reunión con el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios; con la titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Elizabeth Almanza y con integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de esa entidad, además de las autoridades ministeriales de Nuevo León.
Para los integrantes del colectivo, el próximo paso será llevar sus exigencias hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien planean buscar a mediados de agosto, durante su conferencia mañanera. Por ahora, las familias tienen el desafío de reunir los recursos económicos necesarios para realizar el viaje a la Ciudad de México.
Cuando comenzaron los operativos de seguridad, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que se realizaban acciones para localizar a personas desaparecidas alrededor del kilómetro 26 de la carretera (uno de los sitios de mayor riesgo); incluso, se resaltó que el operativo se transmitía en vivo en diferentes comisiones de búsqueda de los estados.
Juana María Prado Vega, del Colectivo Todos Somos Uno, dice que funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda mostraron a las familias fotografías de un rancho donde posiblemente habría indicios de las personas desaparecidas. Pero los integrantes del colectivo no saben si confiar en esa información, se preguntan de cuándo son las fotografías y si son reales.
Aunque se pidió entrevista, en la Comisión Nacional de Búsqueda solicitaron tiempo para poder emitir una declaración.
“Yo no tenía miedo. Yo dije: ‘Voy a encontrar a mi esposo porque lo voy a encontrar’, y ahorita tengo miedo, tengo miedo de salir a la calle, escucho un ruido y me fijo en la ventana de mi casa a ver si no van a ir por mí, o me van a hacer algo. Es tan feo vivir con el miedo. Voy manejando y voy volteando para ver que nadie me vaya siguiendo”, narra Juana María Prado.
Una fuente extraoficial confirmó a la reportera que las autoridades federales de seguridad han detectado posibles casas en donde opera el crimen organizado y que estarían relacionadas con las desapariciones en la carretera. Sin embargo, también aseguró que hasta principios de agosto, las autoridades no habían realizado cateos en esos lugares.
Con informacion.-Mónica Cerbón/
www.adondevanlosdesaparecidos.org (@DesaparecerEnMx).
