Por si faltara algo para dañar aún más la imagen de la principal entidad pública encargada de velar por la seguridad nacional y proteger el territorio, incluido el espacio aéreo, así como cuidar el bienestar en seguridad de mas de 126 millones de mexicanos; en 2014,un teniente coronel del Ejército, Héctor Castañeda Sáinz, segundo comandante del XII Regimiento de Caballería en el Campo Militar 1-A, relacionado con el área de adquisiciones y licitaciones de la Defensa ahora vinculado al desaseo militar en la compra "PEGASUS",el software Israelita para espiar , se suicidó el miércoles 2 de julio de 2014, de un tiro en la cabeza en sus oficinas militares.
Este teniente coronel de entonces 41 años de edad, se había desempeñado como jefe de la Sección de Adquisiciones Especiales y Servicios, dependiente de la Subdirección de Adquisiciones, frente a la cual estuvo en el sexenio pasado el general de brigada José Luis Castañeda Jiménez, quien también enfrento un proceso penal por corrupción en el área de adquisiciones y licitaciones de contratos de bienes y servicios.
En mayo de 2014, el reportero Abel Barajas del diario Reforma informó que Castañeda Jiménez buscó el amparo de la justicia federal ante una probable orden de aprehensión en su contra, pero el juez segundo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, Antonio González García, lo negó porque hasta esos días no había orden de captura en su contra. La solicitud de amparo que tramitó el 9 de mayo el general de brigada, quedó registrada con el número 428/2014.
El 5 de enero de 2013, el diario Novedades de Quintana Roo publicó las declaraciones que hizo el general Castañeda por las acusaciones de corrupción en su contra, cuando se desempeñó como subdirector de Adquisiciones en la Sedena. El militar negó que fuera investigado por el órgano de control de la Sedena.
Ese día, en conferencia de prensa, el general de brigada Castañeda, quien el 1 de enero de 2013 fue nombrado por el Presidente Enrique Peña Nieto comandante de la 34 Zona Militar con sede en Chetumal, Quintana Roo, declaró que nada tuvo que ver con la asignación directa, sin licitación de por medio, de al menos ocho contratos millonarios a una empresa estadunidense, pues aseguró que de haber tenido alguna responsabilidad no lo hubieran designado comandante de esa plaza, y asumió que su nombramiento era un premio a su desempeño en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde ha ocupado cargos tan diversos como jefe de prensa, jefe de Inteligencia y subdirector de Adquisiciones.
El general de Brigada dijo que aplicaría las líneas principales del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda que seria luego vinculado a la proteccion al narco y detenido por Estados Unidos que eran de “mucho respeto a la sociedad, mucho respeto a los medios, a los derechos humanos, mucha disciplina a los efectivos militares y con la misma tendencia de proteger a la sociedad como autoridad”. Sin embargo, un año después, el 15 de enero de 2014, Castañeda Jiménez fue removido del cargo bajo acusaciones graves de corrupción.
La orden de su despido fulminante fue cuando el órgano de control de la Sedena le entregó al general Cienfuegos todas las pruebas de corrupción del general Castañeda, pero para no hacer más escándalo como suele ocurrir en el ejercito que promueve y alienta la impunidad militar, solo se le retiró del cargo a principios de 2014 y se iniciaron en su contra procedimientos penales, que según decian al interior de la Defensa, llevarian a juicio a varios militares involucrados en el otorgamiento de contratos ilícitos en la adquisición de bienes y servicios, lo que nunca ocurrio.
En aquella conferencia de prensa, el general Castañeda ya delineaba sus acciones a seguir en torno a la delincuencia y al crimen organizado, y al referirse a las instrucciones del jefe del Ejecutivo dijo: “la indicación del Presidente Enrique Peña Nieto es de mucho respeto a la sociedad, cuidar a la sociedad y bueno, creo que los delincuentes también son ciudadanos, saben lo que tienen qué hacer y dónde lo pueden hacer, eso no va a dejar de existir y vamos a tratar de convencerlos de que lo mejor es en convivencia armónica”,toda una barrabasada militar.
Ambos militares y compañeros de trabajo, el general Castañeda Jiménez y el suicidado teniente coronel Castañeda Sáinz, habrían participado directamente en la asignación de ocho contratos sin licitar por cinco mil 628 millones de pesos que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional entre los años 2010 y 2012 a la empresa estadunidense Security Tracking S.A. de C.V., propiedad del empresario José Susumo Azano, a quien se investiga también por lavado de dinero en México y en Estados Unidos.
En la Secretaría de la Defensa del General Cienfuegos innovado en el narcotrafico,sostuvieron entonces,que el teniente coronel que se suicidó estaba sometido a una enorme presión por la investigación que había desatado en su contra el área de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, así como por el resultado de la auditoría sobre los supuestos detectores moleculares GT-200, que significaron otro cínico y escandaloso fraude y la conveniente ingenuidad del ejercito, ademas de un daño al erario público federal por 211 millones de pesos.
Se trato de 739 dispositivos que durante la gestión del general Secretario Guillermo Galván Galván, se autorizó su compra para combatir supuestamente al crimen organizado, pero dichos dispositivos fueron una farsa y todo resultó en un enorme fraude al erario público cometido por la empresa inglesa, Global Technica LTD, en complicidad con empresas privadas mexicanas y algunos mandos del Ejército.
LOS CONTRATOS DE LA DISCORDIA
En un amplio reportaje de Zósimo Camacho, publicado el 22 de julio de 2012 en Contralínea, se explica que los ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocaron intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones.
La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, sobre los productos y servicios adquiridos para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor, y que se utilizarían para espiar y contener los movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico.
Eran los últimos días en Los Pinos de Felipe Calderón y de Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa, por lo cual a ambos les urgía que todos los órganos de control y vigilancia avalaran esas compras directas del Ejército por miles de millones de pesos, pues dejarle la investigación al siguiente Gobierno priísta representaba un enorme riesgo, porque podría enfrentar a ambos ex funcionarios con la justicia, como ahora ocurre con militares de menor rango.
El motivo de la preocupación de Calderón y del general Galván, es que se otorgaron sin licitar ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados por la Defensa con una empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza los cinco mil 628 millones de pesos.
En el reportaje de Contralínea, se explica que los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones directas son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe era en aquel año el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.
Los ocho contratos auditados —asignados sin licitación de por medio, “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del entonces director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo— se celebraron con la empresa Security Tracking, SA de CV. Otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas compañías son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.
El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos —proporcionadas a Contralínea por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión—, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.
De los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 (Sección Segunda] (Intl) (Inteligencia) EMDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional)”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos ocho contratos asciende a cinco mil 628 millones 499 mil 999 pesos.
El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena.
Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia —mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados—, computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.
Pero según el general de división diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, el procedimiento seguido para firmar los polémicos contratos “estába conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha sido apegado al procedimiento”....y aun asi,se mato uno de los involucrados.
Hoy los citados contratos apuntan a un desaseado manejo en la Secretaria de la Defensa donde miles de millones de pesos fueron literalmente tirados a la basura,la INseguridad como pretexto y la seguridad nacional,servieron como marco protector a la tradicional impunidad militar que igual que en 2014,aun prevalece en ejercito, que en vez de ser cuidados excepcionales,han buscado por todos los medios convertirse en "ciudadanos de excepción" a quienes no se les aplica la ley por temor del gobierno y sus instituciones, "PUES SABE ESTAN ARMADOS".
Con informacion.-
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